Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 116/2012 (DV RPOS) con costas.
2Confirmar las Resoluciones Nros. 338015, 338035, 338055, 338075, 338095, 338135, 338155, 338195 –acompañadas a fs. 309/327- con costas por su orden (cfr. Considerando XII).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-32315535-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 27 de Marzo de 2024 En la ciudad de Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “A” Dres. Pablo Porporatto (Vocal subrogante de la 3° Nominación), Armando Magallón (Vocal subrogante de la 1° Nominación) y Laura Guzmán (Vocal titular de la 2° Nominación) a efectos de resolver la causa N° 36.316-I caratulada “SULBRA S.R.L. s/ recurso de apelación”.
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que a fs. 286/308 la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 116/2012 (DV RPOS) emanada de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Posadas de la A.F.I.P.-DGI, mediante la cual se determina la obligación tributaria relativa al Impuesto al Valor Agregado -períodos fiscales 06/2007 a 12/2007 y 05/2008 a 10/2008- con más sus intereses resarcitorios.
Primeramente, relata los hechos que dieron lugar a la presente apelación, y expresa que es una sociedad dedicada a la “Venta al por mayor y empaque de frutas, legumbres y hortalizas frescas” y a la exportación de dichos productos.
Posteriormente, refiere a la prueba presentada en sede administrativa, que a su entender demuestra la improcedencia del ajuste realizado.
A su vez, expone que la notificación de la vista conferida en el procedimiento determinativo, no ha sido notificada debidamente, por no haber existido; hecho que derivo –según sus dichos- en la imposibilidad de producir su descargo y acompañar prueba, violando el debido proceso, la defensa en juicio y el derecho a la propiedad. En atención a ello, deduce que las notificaciones efectuadas en autos resultan nulas. Alega que cuando se procede bajo los términos del art. 100 inc. e) de la Ley 11.683, ello implica que los actuantes deben entregar la notificación y la copia que se adune al domicilio real del contribuyente; en caso de no encontrarse la persona, deben dejar aviso para que espere al día siguiente y si tampoco se hallare, recién en ese momento –y no antes- los notificadores se encuentran habilitados para fijar la cédula en la puerta de acceso (cfr. art. 339 y cctes. del CPCCN). En virtud de dicha explicación, concluye que no se han cumplido los extremos previstos por la ley, acarreando la nulidad del acto.
Además, dice que la referida norma hace alusión a la intervención de más de un empleado en esta clase de situaciones; circunstancia que -según su parecer- tampoco fue satisfecha de acuerdo a las constancias obrantes en los antecedentes administrativos.
Agrega que todas las notificaciones previas fueron efectuadas personalmente al autorizado de la empresa –Contador Sergio R. Marosek- y solo la notificación de la vista fue realizada por vía del citado art. 100 inc. e). Sobre este aspecto, manifiesta que el acta labrada por el Organismo Fiscal no respeta lo dispuesto por el artículo 43 del Decreto 1759/72, reglamentario de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Por otra parte, describe su operatoria comercial y se agravia respecto de las operaciones impugnadas, por carecer –a su juicio- de fundamentación.
Afirma que operó de acuerdo a las Leyes, Decretos y Resoluciones emitidas por la AFIP, mencionando todos los controles realizados para llevar adelante las compras cuestionadas.
Luego, efectúa una descripción de la documentación obtenida por cada proveedor y las circunstancias que llevaron a su contratación, reiterando que cumplió con toda la normativa que regula el recupero del crédito fiscal, y que ha tomado todos los recaudos posibles.
Cita jurisprudencia y doctrina que considera apoyan su postura.
Finalmente, ofrece prueba documental, informativa, testimonial, pericial contable y pericial técnica, hace reserva del Caso Federal y solicita se revoque el acto apelado, con costas.
II. Que, a fs. 310/327 denuncia como hecho nuevo las intimaciones efectuadas por la División Fiscalización I de la Dirección Regional Posadas, a través de las cuales se intimó el ingreso de los créditos fiscales, en caso de haberse percibido o transferido en la cancelación de deudas propias o de terceros, todo ello de conformidad con el Régimen de reintegros atribuibles a exportaciones (RG 2000 AFIP).
En este punto, manifiesta que el accionar del Fisco Nacional resulta confuso, pues por un lado determina de oficio las obligaciones tributarias apeladas, mientras que por otro, intima el pago de los mismos montos por una vía improcedente.
Sobre el particular, señala que si se considera a dichas resoluciones como actos distintos al plexo determinativo que origino las presentes actuaciones, debe otorgarse a las mismas el tratamiento de nueva apelación.
III. Que a fs. 334/354vta. contesta el recurso la representación fiscal, reiterando los argumentos de fondo vertidos en la resolución apelada, y peticiona se confirme la misma, con costas.
En cuanto al hecho nuevo alegado por la recurrente, sostiene que las notas acompañadas no reúnen las condiciones establecidas por los artículos 159 y 165 de la ley de rito, para abrir la competencia de este Tribunal, quedando expedita la acción residual prevista por el artículo 74 del Decreto Reglamentario del aludido cuerpo legal.
En relación a la nulidad fundada en la supuesta falta de notificación de la vista conferida, asevera que el acto procesal se encuentra debidamente notificado al domicilio declarado y se ajusta a derecho; en atención a ello, concluye que el planteo expuesto resulta ser un típico caso de nulidad por la “nulidad misma”, rechazado reiteradamente por la jurisprudencia.
Por último, acompaña los antecedentes administrativos como prueba y hace reserva del caso federal.
IV. Que a fs. 367 se abrió la causa a prueba; mediante la PV-2023-147248652-APN-VOCIII#TFN se clausuró el período probatorio y se elevaron las actuaciones a consideración de la Sala A; a través del IF-2023-151158297- APN-VOCIII#TFN se pusieron a disposición de las partes para que produzcan sus respectivos alegatos, obrando a fs. 602/607 solo el alegato del Fisco Nacional; por último, con el IF-2024-27185523-APN-VOCIII#TFN se pasaron los autos a sentencia.
V. Que en lo atinente al planteo de nulidad, relativo a la supuesta falta de notificación de la vista corrida en el procedimiento determinativo, cabe adelantar su rechazo.
En efecto, la presente notificación se efectuó bajo los términos del artículo 100 inc. e) de la ley de rito, la que –a contrario sensu de lo sostenido por la actora- resulta eficaz con una sola visita por parte del oficial notificar designado por la AFIP. Asimismo, se observa que la cedula glosada a fs. 109 –Cuerpo Principal- cumple con las disposiciones de los artículos 137, 140 y 141 Código Civil y Procesal de la Nación y los preceptos del artículo 153 de la acordada CSJN 19/1980, modificada por la Res. 188/2007 del Consejo de la Magistratura. A ello, debe agregarse que el domicilio consignado en dicha notificación también fue utilizado en el requerimiento cursado a fs. 3 del Cuerpo Principal -el cual fue respondido mediante multinota obrante a fs. 7 del mencionado cuerpo- y la resolución cuestionada en autos, acto que fue recepcionado por el actor y posteriormente apelado ante este Tribunal (fs. 146 del Cuerpo Principal).
Sobre este aspecto, es dable señalar que la fijación del instrumento en la puerta del domicilio –tal como aconteció en el sub examine- resulta suficientemente idónea para otorgarle eficacia a la notificación, poseyendo virtualidad suficiente para anoticiar al interesado desde el momento en que se fija el instrumento y es consignada la fecha por el oficial notificador. Dicho procedimiento realizado de conformidad con lo normado por la ley de rito no altera garantías constitucionales, ni tampoco el derecho de defensa del interesado. Además, si no se planteó vicio de la notificación en sí misma, sino que se niega su recepción –como lo hace aquí la recurrente- no habiendo redargüido de falsedad la constancia del oficial notificador en torno a las circunstancias en que se ha llevado a cabo la notificación de las cédulas, queda sin sustento cualquier alegación de no haber recibido las mismas, ya que no se advierte vicio alguno que pueda tornar procedente la nulidad de las notificaciones consideradas deficientes (cfr. argumentos vertidos en el precedente “Caberah S.A. s/apelación - Ganancias”, Sala B, Expte. N° 47.128-I, del 22/02/2017).
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar los agravios de nulidad articulados por la apelante, sin costas atento que el mismo no mereció un tratamiento previo y de especial pronunciamiento (conf. CSJN, “Bolland y Cía.
S.A.”, 21/2/13).
VI. Que, a continuación, corresponde establecer el contexto sobre el cual se produjo la cuestión traída a debate. De acuerdo al Informe Final de Inspección (O.I. 618.397) obrante a fs. 56/63 del Cuerpo Principal, el presente cargo se generó por los resultados obtenidos en la fiscalización efectuada bajo la O.I. 385.486, la que determino créditos fiscales improcedentes vinculados con proveedores apócrifos en operaciones de reintegro por exportación. En razón de ello, se dictaron los actos administrativos Nros. 134.755, 134.756, 134.757, 134.758, 134.759, 134.760, 134.761 y 134.762 -notificados el 22/06/2010- por medio de los cuales se comunicó la detracción de tales créditos fiscales en los reintegros oportunamente solicitados, de conformidad con la Resolución General N° 2000/06 (AFIP), su complementaria y modificatoria. Contra ello, la actora interpuso el recurso de apelación previsto por el artículo 74 del Decreto 1397/79, que fue tratado por la Resolución 199/11 (DI RPOS) donde se dispuso: “… habiéndose constatado que los Actos… no indican los motivos por los cuales se comunicó la improcedencia de los créditos fiscales vinculados a exportaciones, incluidos en las solicitudes oportunamente presentadas en los términos de la Resolución General (AFIP) N° 2000/06, su complementaria y modificatoria, corresponde dejar sin efecto dichos actos a fin de dictar actos nuevos que contengan detalladamente los motivos que dan lugar dicha improcedencia”.
Dicha circunstancia motivó la emisión de nuevos actos administrativos (Nros. 338015, 338035, 338055, 338075, 338095, 338135, 338155 y 338195) notificados el 22/06/2012, que fueron acompañados como hecho nuevo por la recurrente a fs. 309/327.
En función de los antecedentes enunciados, se corrió la vista contemplada por el artículo 17 de la ley procedimental por las operaciones realizadas con Orona, Elena Rocío del Valle, Pronetto Mónica Isabel, Heredia Raúl Oscar y Cooperativa Agrícola Ganadera Forestal Granjera Unión Ltda.; ello derivó en la eliminación: a) del cómputo del crédito fiscal reflejado en las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado –períodos fiscales 06/2007 a 12/2007 y 05/2008 a 10/2008- y b) de la imputación de los mismos en el ítem “Impuesto facturado vinculado con exportaciones perfeccionadas o no en el período o asimilables” por idéntica suma. Transcurrido el plazo de la vista, la fiscalizada no presentó descargo alguno, por lo que el ente fiscal procedió a emitir la Resolución (N° 116/12) aquí apelada.
VII. Que, tal como quedaron planteados los hechos, la cuestión a resolver en autos radica en discernir si corresponde convalidar la caracterización como apócrifos de ciertos documentos emitidos por los proveedores ORONA ELENA ROCIO DEL VALLE, PRONETTO MÓNICA ISABEL, HEREDIA RAÚL OSCAR y COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA FORESTAL GRANJERA UNIÓN LIMITADA.
Ante tal problemática, este Tribunal ha centrado su atención y análisis en la actividad desplegada por el Fisco, en el convencimiento que a él le corresponde, en primer lugar, el control de la verificación. En otras palabras, el Fisco debe sustentar su pretensión impugnativa a través de elementos concretos y razonables, lo que le permite suponer el carácter apócrifo de las facturas. Frente a dicha impugnación, la cuestión fáctica queda desplazada al contribuyente, que en ejercicio de su derecho de contradicción debe acreditar la verdad de sus dichos, esto es, la veracidad de las operaciones.
A tal fin, corresponde analizar los elementos colectados y adjuntados en los antecedentes administrativos por el Fisco en la instancia administrativa que motivaron la impugnación de las operaciones, para luego considerar las pruebas acompañadas por el contribuyente en autos, a saber:
1. ORONA ELENA ROCIO DEL VALLE CUIT 27-24527509-4: a) el domicilio declarado corresponde a un inmueble tipo casa-habitación de Barrio IPV de humildes condiciones, adjuntándose fotografías del mismo (fs. 6, 24 y 25 del Cuerpo Anexo Antecedentes Proveedores); b) el día 06/06/2007 presentó multinota manifestando: “…aún no he operado en el comercio de granos debido a que estoy realizando los trámites necesarios para ser habilitada por el ONCCA no tengo compra-venta de cereal alguna a la fecha y por ende tampoco la documentación en lo que respecta a retenciones, certificados depósitos etc.-“ (fs. 44 del citado cuerpo); c) no registra propiedades, automotores ni maquinarias agrícolas a su nombre o empleados en relación de dependencia (fs. 35/36 del Cuerpo Anexo Antecedentes Proveedores y fs. 86 del Cuerpo Principal); d) la última declaración jurada del Impuesto a las Ganancias corresponde al período fiscal 2006, y no efectuó pagos por tal tributo desde el 2004. En el IVA tampoco realizó pagos desde el período fiscal 2006 (fs. 86/88 Cuerpo Principal); e) mediante requerimiento de fecha 04/12/07 se solicitó documentación, el cual fue incumplido pese a la prórroga concedida (fs. 56/61 Cuerpo Anexo Antecedentes Proveedores); f) fue excluido del Registro Fiscal de operadores de granos por “incorrecta conducta fiscal” y no posee inscripción en la O.N.C.C.A. (fs. 15 y 65 Cuerpo Anexo Antecedentes Proveedores). También se destaca la falta de habitualidad en el comercio de granos, ya que presenta DDJJ de IVA sin movimientos (fs. 7 Cuerpo Anexo Antecedentes Proveedores y fs. 58 del Cuerpo Principal).
2. PRONETTO MÓNICA ISABEL CUIT 27-16328974-7: a) se detectó de la consulta a la página web de la ONCCA la existencia de una planta a su nombre, inscripta bajo el número 97046-8 en la localidad de Santa Eufemia, Provincia de Córdoba (fs. 130 Cuerpo Anexo Antecedentes Proveedores). El personal fiscalizador visitó el lugar, entrevistando a los propietarios de las Plantas de Acopio, los que manifestaron desconocer a la Sra. Pronetto Mónica y la existencia de instalaciones a su nombre. Además, los inspectores concurrieron a un destacamento policial de la localidad citada, levantando acta en presencia de un agente, quien manifestó desconocer el paradero de la Sra. Pronetto y no poseer información sobre su paradero (fs. 120/128 Cuerpo Anexo Antecedentes Proveedores); b) el 09/10/08 los funcionarios del Organismo se constituyeron en el domicilio fiscal, dejando constancia en acta de que no fueron atendidos (fs. 131/132 Cuerpo Anexo Antecedentes Proveedores); c) por Resolución N° 303/2008 de fecha 25/08/08 fue excluida del Registro de Operadores de Granos y Legumbres Secas “… debido a las nuevas inconductas fiscales detectadas posteriores a la medida cautelar…” (fs. 139 y 159/170 Cuerpo Anexo Antecedentes Proveedores); d) de la base de datos del ente fiscal no surge que posea propiedades, automotores, ni maquinarias agrícolas a su nombre, habiendo declarado empleados en relación de dependencia únicamente en los meses de mayo y junio del año 2006 (fs. 89/92 Cuerpo PRINCIPAL); e) se presentaron declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias únicamente en los años 2006 y 2007, habiendo efectuado un pago de $ 200 en el primero de los períodos citados, en tanto que las operaciones cuestionadas datan del año 2008. Asimismo, en el IVA se registraron pagos durante el año 2007 por la suma total de $ 2.874,24 (fs. 89 y 93 Cuerpo Principal).
3. HEREDIA RAÚL OSCAR CUIT 23-20256179-9: a) según informe obrante a fs. 88/91 del Cuerpo Anexo Antecedentes Proveedores: “… se procedió a realizar una visita al domicilio fiscal declarado… siendo el mismo un pequeño local de una Galería comercial ubicado en el centro de la ciudad de Bell Ville, encontrándose el mismo cerrado, dejándose constancia en acta en form. 8400/L 006 N° 0079221 de fecha 03/05/2007. Al día siguiente se visitó nuevamente el domicilio encontrándose en las mismas condiciones, exhibiendo en la puerta un cartelito con el nombre del contribuyente en el que se leía “Compra-ventas de cereales”, dejando constancia en acta en form. 8400/L 006 N° 0079222 de fecha 04/05/2007 procediendo a notificar en ese acto formulario 8600/I 017 N° 0066976 de requerimiento de documentación para a cabo la presente verificación. El día 10/05/2007 se realizó una nueva visita al domicilio en cuestión, encontrándose nuevamente cerrado, por lo que es la tercera visita realizada (todas en horario comercial)…”. Por otra parte, se visitó el domicilio legal sito en la calle Paraguay 88, Villa Carlos Paz –Provincia de Córdoba- y del acta labrada se desprende que: “Se trata de un barrio humilde a muy humilde en donde abundan los galpones con talleres… Al llegar al portón se constata que este está cerrado… No tiene timbre ni numeración visible… Se observa que hay un señor que se acerca… y se le pregunta al mismo si conoce al señor Heredia, este manifiesta que si, que se trata de un señor que está en el negocio de los cereales… Agrega a continuación que suele irse a la mañana temprano y no vuelve hasta la tarde o noche…” (vide fs. 95/96 Cuerpo Anexo Antecedentes Proveedores); b) de la información obtenida del sistema informático de la AFIP, surge que se presentaron declaraciones juradas en el Impuesto a las Ganancias únicamente por los períodos fiscales 2005 y 2006 –sin movimientos en ambos casos- en tanto que las operaciones pretendidas datan del año 2007, mientras que en el IVA no se efectuó pago alguno (fs. 94/96 Cuerpo Principal); c) no se observó que posea propiedades ni maquinarías agrícolas o empleados en relación de dependencia, habiéndose registrado vehículos de su propiedad modelos 1992, 1995 y 1995 hasta el 11/07/07 (fs. 94/96 Cuerpo Principal).
70966090-6: a) de la información obtenida en los sistemas del Fisco Nacional, se verificó que las declaraciones juradas presentadas en el Impuesto a las Ganancias y el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa, responden a períodos anteriores al discutido, esto es, el 2008 (fs. 97 Cuerpo Principal); b) en los períodos fiscales correspondientes a las facturas emitidas, se observó que el proveedor declaró un solo empleado en relación de dependencia. A su vez, se advirtió que no existen inmuebles bajo su titularidad, habiéndose registrado únicamente un automotor que fue vendido el 08/05/08 (fs. 97/99 Cuerpo Principal); c) en el informe agregado a fs. 76/78 (Cuerpo Anexo de Proveedores) se desprende que: “Con fecha 14/08/2008 se procede a visitar el domicilio fiscal de la firma, a los efectos de notificar requerimiento de documentación en form. 8600/I 006 N° 0030707, al no encontrarse responsable alguno se procedió a realizar dos (02) visitas con el fin de notificarlo según lo establecido por el art. 100 inc. b) de la Ley N° 11.683... Con fecha 03/09/2008 la firma presenta una multinota en formulario 2060/I en donde solicita una prórroga de diez (10) días para su cumplimiento, siendo lo único aportado por la firma al momento del presente descargo. Con relación a esta firma, existe una verificación realizada mediante la O.I. 316191, donde se analizó la permanencia en el registro fiscal de operadores de granos, arrojando como resultado la suspensión del mismo con fecha 08/09/2008… Asimismo se corroboró que el Sr. Fernando Baeza [integrante de la cooperativa] firmado como librador y cobrador de valores que utilizaba la firma…”; d) en las cartas de porte utilizadas no se consignó que las mercaderías comercializadas provenían de la planta de acopio declarada por la firma (vide fs. 81 Cuerpo Anexo Proveedores).
VIII. Que ello sentado, corresponde ahora que este Tribunal aprecie el elenco probatorio obrante en los presentes autos.
Del resultado del informe contable (obrante a fs. 161 Cuerpo de IVA) no surge elemento alguno que refute la tesis fiscal. En efecto, los peritos solo hacen referencia a la registraciones, controles, pagos y declaración de las facturas impugnadas, cruzando dicha información con el stock de mercaderías de la empresa y los despachos de exportación de los productos comercializados; hechos que no se relacionan con el tema central de la litis trabada, o sea, la existencia de las operaciones en cabeza de las firmas cuestionadas.
A idéntica conclusión se arriba respecto del informe técnico presentado a fs. 412/417, donde se especifican cuestiones relativas a los procesos productivos/operativos que sigue Sulbra S.R.L. y la necesidad de contar con las mercaderías facturadas por los proveedores apócrifos. Sobre el particular, es preciso recalcar que la auditoría fiscal no controvierte la existencia física de los bienes facturados, sino la capacidad económica y financiera de los proveedores para poner a disposición tales productos; circunstancia que echa por tierra el valor probatorio de la pericia glosada en autos.
Tal extremo tampoco se ve revertido por la prueba informativa dirigida a la AFIP (fs. 505/529) en la cual se acompañaron las retenciones ingresadas tempestivamente por las facturas y pagos impugnados.
En definitiva, podemos decir que ninguna de las medidas probatorias llevadas a cabo ante esta instancia hacen al "thema probandum" de los presentes obrados, ni constituyen el objeto aquí de prueba.
IX. Que entrando al análisis de la cuestión de fondo, corresponde señalar que la impugnación de los proveedores ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves, precisos y concordantes, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y que los bienes a los que ellas se refieren hayan sido adquiridos a tales proveedores, en cuanto se acredita entre otros, que se trata en todos los casos de sujetos sin capacidad operativa, patrimonial y económica necesarias para efectuar las operaciones comerciales que registran con la actora.
Conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad de los sujetos emisores de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando su impugnación.
Por último, se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M) /CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.”
X. Que, bajo tales pautas, resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, corresponde que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar y evidenciar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007).
Cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la existencia de las operaciones, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario, lo que no ha ocurrido en la presente causa. En el particular, surge que ante los graves indicios en que sustenta el ajuste el Fisco Nacional, la parte actora no ha logrado desvirtuarlos con la prueba aportada en las presentes actuaciones –cfr. Considerando VIII-. También, es preciso mencionar que si bien no le son imputables a la contribuyente los incumplimientos de terceros así como que no le es oponible que en el domicilio no puedan ser ubicados, si le cabe a la recurrente relevar la calidad de aquellos con quienes supuestamente contrató, y en tal sentido resulta oportuno mencionar que no pueden considerarse las impugnaciones realizadas por el Fisco Nacional en forma aislada y someterlas a un análisis individual como pretende equivocadamente la actora, para concluir si tenía obligación de conocerlas o no, cuando la realidad indica que se trata de situaciones reiteradas, irrazonables desde el punto de vista del supuesto trato comercial con el proveedor, que se conjugan con un conjunto de otras anomalías propias de operaciones irregulares.
Cabe añadir que en el examen de las presentes actuaciones, carece de relevancia que el proveedor no figurase en la base APOC al momento de las operaciones cuestionadas y que contara con autorización para emitir comprobantes (conf. Excma. Cámara, Sala III, Causa Nº 27618/2013, “Giménez Rosa Martina (TF 29583-I) c/ DGI” del 19-11-13; y Sala II, Causa Nº 17663/13, “Agroservicios Sur SA (TF 33325-I) c/ DGI” del 10-13) pues lo concreto y decisivo es que al demostrarse los extremos que tornan inverosímiles las operaciones, la inclusión o no del proveedor en la citada base, no comporta un factor que permita soslayar los datos obtenidos y menos aún prescindir de la realidad que implica la imposibilidad de la concreta realización de las mismas. Vale aclarar que no es suficiente la oportuna aprobación por parte de la AFIP o de otros organismos estatales o que tales sujetos se encuentren habilitados o en condiciones de existir jurídicamente, operar comercialmente o emitir facturación. Lo que fundamentalmente debe establecerse es la materialidad y veracidad de la operación en cabeza de los proveedores cuestionados desde el punto de vista económico dado que el hecho imponible en crisis, que pudo haber dado lugar al cómputo de créditos fiscales, es un hecho económico más allá de las relaciones jurídicas entre las partes.
En conclusión, dado que la recurrente no reúne los requisitos necesarios a fin de validar el cómputo de los créditos fiscales correspondientes a las operaciones de compras con Orona, Elena Rocío del Valle, Pronetto Mónica Isabel, Heredia Raúl Oscar y Cooperativa Agrícola Ganadera Forestal Granjera Unión Ltda.; y que, además, no ha logrado probar que esas entidades hayan sido las reales proveedoras de los conceptos facturados, pese a contar con la oportunidad de hacerlo en la presente instancia, se resuelve confirmar las impugnaciones efectuadas por el Fisco Nacional en la Resolución N° 116/2012 (DV RPOS), con costas.
XI. Que, en materia de intereses resarcitorios, sólo cabe su confirmación, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
XII. Que en lo referente a las notas, agregadas como hecho nuevo a fs. 309/327, por medio de las cuales se comunicó la improcedencia de los créditos fiscales y la devolución de los mismos -en caso de haberse percibido, transferido o compensado los reintegros solicitados- corresponde su confirmación de conformidad con los argumentos vertidos en los Considerandos anteriores. Las costas se imponen por su orden.
Sin perjuicio de ello, cabe remarcar que le asiste razón al recurrente cuando sostiene que dichos actos forman parte del mismo plexo determinativo, pues reposan en los créditos fiscales cuestionados por la resolución apelada. Va de suyo que si bien la Administración Fiscal emitió la determinación de oficio por un lado, mientras que por otro comunicó las referidas notas, ambas resultan jurídica y económicamente inescindibles, ya que -en definitivala devolución de las sumas reintegradas por el ente fiscal encuentra sustento en el acto determinativo. El Dr. Magallón dijo:
Que adhiere al voto del vocal preopinante.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que se adhiere al relato de los hechos y al voto del Dr. Porporatto con excepción de las costas en la defensa de nulidad.
En efecto, toda vez que los argumentos que sustentan su defensa están dirigidos a obtener expresamente la declaración de nulidad prevista en el artículo 171, inc. h) de la ley de rito, pues reposan –como quedó dicho- en violación de su derecho de defensa por defectos procesales y por carecer el acto administrativo de motivación, agravios que acarrean inexcusablemente aquélla declaración. Asimismo, su planteo mereció replica concreta por parte de la apelada, por lo que no advierto razones para apartarme de la aplicación del artículo 68 del C.P.C.C.N. Resulta oportuno recordar que como señalara la C.S.J.N. in re “Bolland y Cía S.A.” la exención de costas procede cuando el planteo –de haber prosperado- hubiese implicado la revocación de la pretensión fiscal, supuesto que no es el de autos.
En definitiva, el tratamiento de cuestiones incidentales como la de autos no puede encontrarse exentas de las consecuencias procesales que hacen a su rechazo.
En virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución N° 116/2012 (DV RPOS) con costas.
2. Confirmar las Resoluciones Nros. 338015, 338035, 338055, 338075, 338095, 338135, 338155, 338195 –acompañadas a fs. 309/327- con costas por su orden (cfr. Considerando XII).
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2024.03.26 14:17:24 ART Date: 2024.03.27 13:26:13 -03:00 Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.03.27 15:51:35 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.03.27 15:51:36 -03:00
Fin de la sentencia