Abriendo la norma
Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Sala 3
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello, a fin de fundar mi pronunciamiento en este punto, me remitiré a lo señalado por nuestro máximo tribunal en su función de profilaxis normativa a través del recurso extraordinario de casación.
En definitiva se cuestiona a) la fecha hasta o desde la cual se capitalizan los intereses y b) la naturaleza dineraria o de valor de la prestación por incapacidad laboral.
Siendo ello así, me remito al ya muchas veces citado voto del Dr. Vivas en las causas “<PER_3>” y “<PER_4>”, esto es sentencias definitivas nro. 29 y 30 de 2023. Allí dijo el ministro al que me refiero:
“Corresponde distinguir, por un lado, los intereses sobre las indemnizaciones que corren desde la fecha del accidente o desde la primera manifestación invalidante, ello con fundamento en lo que dispone expresamente el art. 2 de la Ley 26773 y el art. 1748 del CCCN (fallo «<PER_5>», STJCh SD n° 14/SL/2019). Recordemos que, en 2012, la Ley 26773 dispuso lo siguiente, en lo referido al comienzo de la mora: «El derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal adecuada de la enfermedad profesional» (art. 2°, párr. 3°). …
000682/2026 En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil veintiséis, se reúne en acuerdo la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial nro. II con asiento en esta ciudad, con la presidencia de la Dra. Verónica Daniela Robert y la vicepresidencia del Dr. Manuel Horacio Pis Diez (Acuerdo Plenario nro. 5394/2025, arts. 1 a 5), para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "<PER_1> C/ <PER_2> S/ SUMARIO- Accidente de trabajo (sistémico) (EXPEDIENTE DIGITAL)", expte. nro. 682/2026, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral N° 1 (expte. nro. 503/2024), y atento al resultado del sorteo de fecha 28 de octubre de 2026 (art. 271 del Código Procesal Civil y Comercial), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Verónica Daniela Robert y Dr. Manuel Horacio Pis Diez.
Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la Sentencia nro. 68/2026 de fecha 3 de julio de 2026? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión, la Dra. Robert dijo:
I. El fallo apelado:
Mediante SD N° 68/26, del 03/07/26, el magistrado de grado hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad respecto de los arts. 6, 8 inc. 3, 21, 22 y 46 de la Ley 24557, así como de cualquier otra norma que implique la obligatoriedad de actuaciones de la actora ante órganos distintos a los pertenecientes al Poder Judicial de la Provincia del Chubut; declaró la inconstitucionalidad del Decreto 669/19, conforme los fundamentos vertidos en los considerandos y la inaplicabilidad del Baremo 549/2025 para el presente caso en concreto; e hizo lugar parcialmente a la demanda por accidente profesional sufrido por el actor y denunciado con fecha 02/08/2024 y en consecuencia, condenó a <PER_2>, a que abone al Sr. <PER_1>, en el término de diez (10) días la suma de pesos cuarenta y siete millones setecientos sesenta y tres mil seiscientos ochenta y nueve con siete centavos ($ 47.763.689,07) en concepto de prestación dineraria debida a causa del accidente profesional denunciado en fecha 02/08/2024, que devenga un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina desde el 02/08/2024 capitalizando a la fecha de notificación de la demanda y hasta el efectivo pago (arts. 770 inc. b y 7 del CCC). Impuso las costas a la demandada vencida, y reguló los honorarios de los profesionales actuantes.
I.1. Recursos:
Contra el fallo se alzó la demandada mediante Id 2432481, concedido mediante resolución del 27/07/26, expresándose agravios mediante ID 2449254, que mereció réplica de la contraria en ID 2459030.
I.2. Antecedentes:
En lo que aquí resulta atinente, se presenta el Sr. <PER_1>, con patrocinio letrado y promueve demanda contra <PER_2>, por el accidente profesional sufrido en fecha 02/08/2024, por el cobro de la suma de pesos cincuenta y cinco millones quinientos ochenta y un mil cuatrocientos noventa y nueve con treinta y dos centavos ($55.581.499,32), con más intereses legales desde la fecha del evento dañoso y hasta el momento de su efectivo pago. Pretende la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 6, 8 inciso 3, 12, 17, 21, 22 y 46 de la LRT y el Decreto N° 472/2014 y de los Baremos de Ley Decretos 658/96, 659/96 y 49/14 y solicita la aplicación de las modificaciones introducidas por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1694/2009 y Ley 26.773. Relata los hechos en los que funda su pretensión, practica liquidación provisoria, acompaña documental, ofrece prueba, funda en derecho, formula reserva del Caso Federal y peticiona.
A su turno se presenta <PER_2>, mediante letrada apoderada, y contesta demanda, solicitando su rechazo con costas. Formula negativa de los hechos afirmados por el actor, expone su versión, acompaña documental, ofrece prueba, funda su defensa, formula reserva del Caso Federal, y peticiona.
Los demás antecedentes de autos han sido debidamente reseñados en la sentencia de grado, por lo que a los mismos me remito y tengo presentes para resolver.
II. Agravios de la demandada:
En su primer agravio, cuestiona la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 6, 8 inc. 3, 21, 22 y 46 de la Ley 24557, por considerarla dogmática y carente de fundamentación concreta.
Sostiene que el sentenciante efectuó un control de constitucionalidad en abstracto, sin identificar un perjuicio actual y efectivo derivado de la aplicación de dichas disposiciones, ni explicar de qué manera habrían afectado el derecho de defensa del actor, quien pudo acceder plenamente a la jurisdicción y obtener un pronunciamiento definitivo.
Afirma que la decisión importa una indebida extensión del control constitucional, en desmedro de su carácter excepcional y de última ratio, así como de la seguridad jurídica.
En su segundo agravio, la recurrente se agravia por la omisión de tratamiento de la cuestión relativa a la naturaleza in itinere del accidente, oportunamente introducida en la contestación de demanda y reiterada en los alegatos. Señala que el magistrado soslayó que el siniestro ocurrió durante el trayecto hacia el lugar de trabajo y no en ocasión de las tareas laborales. En sustento de su postura, invoca la propia demanda, el informe médico acompañado por el actor y la denuncia del siniestro, documentación que según afirma, describe de manera coincidente que el trabajador se torció el tobillo mientras se dirigía al establecimiento laboral, al realizar una parada en una estación de servicio.
A partir de ello, sostiene que correspondía encuadrar el hecho como accidente in itinere y excluir el adicional indemnizatorio del 20% previsto en el art. 3 de la Ley 26773, reservado a los accidentes ocurridos en el lugar de trabajo o mientras el dependiente se encuentra a disposición del empleador.
Entiende que la falta de consideración de esta cuestión esencial configura arbitrariedad y vulnera su derecho de defensa.
En su tercer agravio, cuestiona la capitalización de intereses dispuesta desde la notificación de la demanda, con fundamento en el art. 770 inc. b del CCCN. Sostiene que su aplicación resulta improcedente en el caso, por tratarse de una deuda de valor cuya cuantificación se determina judicialmente, y que genera un incremento desproporcionado del crédito, incompatible con el régimen del art. 12 de la Ley 24557 y con la prohibición general del anatocismo.
Agrega que, al contestar demanda, solicitó la declaración de inconstitucionalidad de aquella disposición, por entender que su aplicación afecta los derechos de propiedad y de defensa en juicio, el principio de razonabilidad y la tutela judicial efectiva.
Invoca jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y afirma que la capitalización desde la notificación de la demanda puede traducirse en un enriquecimiento sin causa del acreedor y en una sanción económica para el deudor por el solo hecho de ser demandado.
En consecuencia, solicita que se revoque este aspecto del pronunciamiento y se disponga la aplicación de intereses simples hasta la mora procesal, admitiéndose en su caso, la capitalización únicamente a partir de la liquidación.
Formula reserva de caso federal.
II.1. Réplica de los agravios:
La actora plantea la deserción del recurso y subsidiariamente peticiona la desestimación de la expresión de agravios de su contraria. Da respuesta a los mismos, contraponiendo los fundamentos y solicitando se rechace en su totalidad el recurso interpuesto por su oponente.
III. Tratamiento de los agravios:
Ingresando en el tratamiento de la cuestión traída a análisis, bien vale recordar aquí y ante todo, que no es preciso que el tribunal considere todos y cada uno de los planteos y argumentos esgrimidos por las partes, ni en el orden en que son propuestos, bastando que se lo haga únicamente respecto de aquellos que resulten esenciales y decisivos para sustentar debidamente el fallo de la causa. Tal como lo ha establecido el más alto tribunal federal, los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino solo aquellos que estimen pertinentes para la solución del caso (CSJN, Fallos, 248:385; 272:225; 297:333; 300:1193, 302:235, entre muchos otros). En sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art.386, in fine, del CPCCN; CSJN, Fallos: 274:113; 280:3201; 144:611).
Por otro lado, estimo conveniente recordar que el obrar jurisdiccional del tribunal opera con sujeción al principio de congruencia, existiendo una serie de campos de actividad de los que no puede exceder el tribunal ad quem, limitación que –entre otros aspectos– resulta ser absoluta en tanto no puede conocer sino en la medida de los agravios planteados; ni respecto de las cuestiones que no fueron puestas a consideración del a quo; hallándose asimismo vedada la reforma de la resolución apelada en perjuicio del recurrente, salvo que medie recurso de la contraparte. Sentado ello, no cabe considerar por la Alzada cuestiones consentidas, entendiéndose por tales las que no fueron apeladas o que, apeladas dentro de un contexto mayor de impugnación, no fueron referidas en la expresión de agravios (Rivas, Adolfo A., Tratado de los recursos ordinarios, T° 2, p. 841/854, Abaco, 1991). En efecto, el Tribunal de Alzada no realiza un nuevo juicio, sino que se encuentra más limitado que el de primera instancia, por cuanto de conformidad con lo dispuesto por los arts. 271 y 277 del Código Procesal debe limitarse a decidir sobre aquellas cuestiones de hecho y derecho que hubieran sido sometidas a la decisión del magistrado interviniente, debido a que la segunda instancia es sólo un medio de revisión del pronunciamiento emitido en la primera y no una renovación plena del debate. Así, el principio de congruencia, que limitó la sentencia de primera instancia, limitará del mismo modo la de la segunda (CNCiv., Sala “F”, LL 35-858-S).
Sentado lo anterior y avocada al tratamiento del recurso planteado, cabe señalar en forma preliminar, que <PER_2> estructura su queja en tres agravios: indebida declaración de inconstitucionalidad de los arts. 6, 8 inc. 3, 21, 22 y 46 de la Ley 24557; omisión de tratamiento de la cuestión relativa a la naturaleza in itinere del accidente; y capitalización de intereses.
III.1. Declaración de inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley 24557.
La demandada cuestiona la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 6, 8 inc. 3, 21, 22 y 46 de la Ley 24557, por entender que el pronunciamiento carece de fundamentación concreta y que el magistrado efectuó un control constitucional en abstracto, sin identificar un perjuicio actual derivado de la aplicación de tales disposiciones.
Al respecto, corresponde mencionar que la queja del apelante apenas supera las previsiones del art. 268 C.Pr. en tanto reproduce los argumentos planteados en la contestación de demanda.
El quejoso endilga un razonamiento equivocado al sentenciante, pero no rebate eficazmente el fundamento del juzgador, en definitiva, insiste en su postura inicial y no logra superar el mero desacuerdo o disconformidad con lo decidido. En suma, no aporta el quejoso, elementos de convicción que demuestren el yerro del juez a quo de manera tal que me convenza de apartarme de lo resuelto en grado.
En efecto, el criterio adoptado por el juez de grado encuentra sustento constitucional y jurisprudencial en cuanto procura garantizar el acceso directo del trabajador a los tribunales ordinarios de la provincia, el cual debe confrontarse especialmente, con la fecha del accidente, de la demanda y de la adhesión de la provincia del Chubut, a la ley 27.348, resultando en ese contexto particular, adecuado al caso en examen.
Se rechaza el agravio.
III.2. Naturaleza in itinere del accidente.
Improcedencia del adicional del art. 3 de la Ley 26773. La demandada se agravia por la omisión de tratamiento de la cuestión relativa a la naturaleza in itinere del accidente, oportunamente introducida al contestar la demanda y reiterada en los alegatos. Sostiene que, conforme surge del propio relato de los hechos efectuado por el trabajador y de la documentación acompañada, el siniestro ocurrió mientras este se dirigía a su lugar de trabajo, luego de realizar una parada en una estación de servicio, por lo que correspondía excluir el adicional indemnizatorio del 20% previsto en el art. 3 de la Ley 26773.
El agravio no puede prosperar.
En primer lugar, corresponde señalar que el art. 6, apartado 1, de la Ley 24557 incluye dentro de las contingencias cubiertas los accidentes ocurridos por el hecho o en ocasión del trabajo, así como aquellos que se producen en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre que no se hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo.
Por su parte, el art. 3 de la Ley 26773 establece una indemnización adicional del 20% para los casos en que el daño se produzca en el lugar de trabajo o mientras el trabajador se encuentre a disposición del empleador, excluyendo expresamente los accidentes ocurridos en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo.
De tal modo, la procedencia de la prestación adicional exige determinar si el accidente ocurrió en alguna de las circunstancias específicamente contempladas por la norma, sin que resulte suficiente, a tal efecto, la sola acreditación de que el hecho constituye una contingencia cubierta por el sistema de riesgos del trabajo.
Ahora bien, en el caso, el propio trabajador manifestó en el escrito de demanda que el día 02/08/2024 se encontraba realizando sus tareas habituales y que, al descender del transporte de personal en una estación, se dobló el tobillo derecho.
En similares términos, el perito médico consignó en su informe que el accidente se produjo cuando el trabajador descendió del transporte de personal y pisó un terreno irregular, provocándose un esguince en el tobillo derecho.
De las circunstancias descriptas surge que el infortunio no fue denunciado como ocurrido durante un desplazamiento autónomo del trabajador desde su domicilio hacia el establecimiento laboral, sino en oportunidad de descender del transporte de personal utilizado para concurrir a prestar servicios.
Esta circunstancia resulta relevante, pues el transporte de personal organizado o proporcionado por el empleador constituye un elemento que debe ponderarse al determinar si el trabajador se encontraba todavía cumpliendo el trayecto protegido o si, por el contrario, había comenzado a encontrarse a disposición de aquel. En efecto, no puede equipararse sin más el supuesto de quien se traslada por sus propios medios desde su domicilio hasta el establecimiento laboral con aquel en que el trabajador utiliza un transporte dispuesto por su empleador para llegar al lugar de prestación de tareas. En este último supuesto, las circunstancias concretas del traslado y particularmente, el motivo y las condiciones del descenso, adquieren especial relevancia para establecer el encuadre jurídico de la contingencia.
En el caso, la demandada sustenta su postura en que el accidente habría ocurrido durante el trayecto hacia el lugar de trabajo, luego de una parada en una estación de servicio. Sin embargo, no basta con la mera invocación de esa circunstancia para concluir que el trabajador se encontraba comprendido en la exclusión prevista por el art. 3 de la Ley 26773.
En particular, no se ha demostrado que el descenso del transporte obedeciera a una interrupción o alteración del trayecto por motivos personales ajenos al trabajo, ni que el trabajador hubiera abandonado el transporte para realizar una actividad desvinculada de la prestación laboral.
Por el contrario, el relato de la demanda y los antecedentes consignados en la pericia médica permiten tener por acreditado que el accidente se produjo al descender del transporte de personal utilizado para concurrir a prestar tareas, sin que se haya acreditado una circunstancia que permita atribuir al trabajador una interrupción voluntaria y ajena al trabajo del trayecto. En tales condiciones, considero que no corresponde encuadrar el supuesto, sin más, como un accidente in itinere excluido del adicional previsto por el art. 3 de la Ley 26773.
La cuestión es examinada por la jurisprudencia con estricta aplicación de los principios tuitivos, y en éste sentido se ha señalado, incluso en casos en que no existe duda sobre la naturaleza del accidente, que: ”…resulta impensable que por tratarse de un accidente in itinere se vea privado de la indemnización adicional, puesto que el trabajador accidentado en el trayecto de ida o vuelta a su trabajo, como accidente de trabajo que es, merece estar en un pie de igualdad con el resto de los accidentados en el lugar de trabajo o mientras se encuentren a disposición del empleador. Resolver en contrario implicaría violar el principio de igualdad que tiene raigambre constitucional (art. 16, CN)” (“Blanco Sebastián Nicolás c/ Horizonte Cía. Argentina de Seguros Generales SA s/ accidente-ley especial” –Cañal, Rodríguez Brunengo-, CNTrab. Sala III, 12/7/2013). Por consiguiente, al no encontrarse acreditados los presupuestos fácticos invocados por la demandada para excluir la aplicación de la norma, corresponde confirmar la procedencia del adicional indemnizatorio reconocido en la instancia anterior.
Se rechaza el agravio.
III.3. Capitalización de intereses. Art. 770 inc. b del CCCN.
La recurrente cuestiona la capitalización de intereses dispuesta desde la notificación de la demanda, sosteniendo que se trata de una deuda de valor cuya cuantificación se determina judicialmente y que la aplicación del art. 770 inc. b del CCCN genera un incremento desproporcionado del crédito.
Adelanto que el agravio no prospera.
En el caso, el crédito reconocido tiene origen en una contingencia laboral ocurrida el 02/08/2024 y su cuantificación se efectuó mediante la aplicación de la fórmula prevista en el art. 14 apartado 2 inc. a) de la Ley 24557, tomando como base el ingreso del trabajador y el porcentaje de incapacidad determinado en la pericia médica.
En tales condiciones, el hecho de que la determinación definitiva del importe indemnizatorio requiera una operación de cálculo judicial no resulta, por sí solo, suficiente para excluir la aplicación del art. 770 inc. b del CCCN.
Tampoco puede perderse de vista que la indemnización reconocida se encuentra expresada en una suma de dinero, determinada mediante parámetros legales objetivos, y que los intereses fueron establecidos desde la fecha del accidente, conforme lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 26773.
El tema traído a revisión ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por esta alzada y por el Superior Tribunal de la provincia a cuya doctrina nos debemos remitir.
Por ello, a fin de fundar mi pronunciamiento en este punto, me remitiré a lo señalado por nuestro máximo tribunal en su función de profilaxis normativa a través del recurso extraordinario de casación.
En definitiva se cuestiona a) la fecha hasta o desde la cual se capitalizan los intereses y b) la naturaleza dineraria o de valor de la prestación por incapacidad laboral.
Siendo ello así, me remito al ya muchas veces citado voto del Dr. Vivas en las causas “<PER_3>” y “<PER_4>”, esto es sentencias definitivas nro. 29 y 30 de 2023. Allí dijo el ministro al que me refiero:
“Corresponde distinguir, por un lado, los intereses sobre las indemnizaciones que corren desde la fecha del accidente o desde la primera manifestación invalidante, ello con fundamento en lo que dispone expresamente el art. 2 de la Ley 26773 y el art. 1748 del CCCN (fallo «<PER_5>», STJCh SD n° 14/SL/2019). Recordemos que, en 2012, la Ley 26773 dispuso lo siguiente, en lo referido al comienzo de la mora: «El derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal adecuada de la enfermedad profesional» (art. 2°, párr. 3°). Esta disposición legal junto con la regla similar que emana del art. 1748 CCCN, implica que los intereses se deben, como regla, desde que el daño se produce, no desde que se determina, lo cual implica que la sentencia que los manda a pagar no sea constitutiva del derecho, sino meramente declarativa (Formaro, Juan J., Riesgos del Trabajo, 2013, pág. 212, con cita de Schick, Riesgos del Trabajo, 2011, 4ª ed., t. II, p. 546)”.
Por otro lado, está Cámara se ha pronunciado en reiteradas ocasiones desde la vigencia del art. 770 del CCCN, sosteniendo la procedencia del supuesto previsto en el art. 770 inc. b) del CCCN respecto del crédito proveniente de una indemnización tarifada por despido incausado o por accidente a solicitud de la parte, dentro del sistema cerrado por accidentes de trabajo en el que se establecen “Prestaciones Dinerarias” mediante la aplicación de fórmulas que tarifan las indemnizaciones, distando de la naturaleza de una deuda de valor.
Así también lo sostuvo el ministro que estoy citando en SD 24/24 del 14/6/2024 frente a similar planteo respecto que las prestaciones dinerarias de la LRT se tratarían de “deudas de valor”. Dijo “no se hace cargo de que la acción instaurada posee características especiales, en tanto es un sistema tarifado cuya cuantificación se determina a partir de la fórmula prevista en el art. 14, ap. 2.a de la LRT y en tal esquema se diferencia de aquellas acciones no cuantificadas al momento de la interposición de la demanda”.
Con lo dicho hasta aquí se da respuesta a los cuestionamientos efectuados respecto de la procedencia de la capitalización con fundamento en el art. 770 inc. b) del CCCN a las prestaciones dinerarias debidas por incapacidad laboral en el sistema.
Sentado ello también me referiré a las sentencias dictadas por el máximo órgano judicial de la provincia en torno a la expresión “desde”.
En tal sentido, me es forzoso remitir a lo ya sostenido siguiendo al Dr. Vivas como preopinante, en la SD 2/SCA/2022. Allí subrayó que “la preposición "desde" que surge del texto normativo debe interpretarse como la habilitación a la producción de intereses de los intereses que fueron prohibidos expresamente en la primera parte del artículo. Es decir, ya capitalizados los intereses devengados entre la mora y la notificación de la demanda, puesto que la excepción prevista permite que se vuelvan a devengar intereses fruto de ese nuevo capital desde la fecha de la mentada notificación. De allí que como dijimos en muchísimas oportunidades, el supuesto previsto en el inc. b) del art. 770 supone una deuda que viene devengando intereses, se demanda judicialmente su pago, y en la liquidación posterior se pueden capitalizar esos intereses devengados desde el momento de la mora hasta la fecha de notificación de la demanda (Santarelli, Fulvio Germán, “El anatocismo en el Régimen del Código Civil y Comercial”, Revista del Notariado, julio 2018). Finalmente, tampoco corresponde admitir el planteo de inconstitucionalidad del art. 770 del CCCN, pues la recurrente no demuestra que la aplicación de la norma en los términos señalados produzca una lesión concreta a los derechos constitucionales invocados. La mera invocación de un incremento patrimonial derivado de la capitalización legalmente prevista no resulta suficiente para descalificar una disposición vigente. Se rechaza el agravio.
IV. Solución del caso:
Por los fundamentos expuestos, propongo rechazar los agravios y confirmar la sentencia venida en apelación.
IV.1. Costas y honorarios:
En virtud de cómo se decide el recurso, por el principio general de la derrota, las costas de esta instancia se imponen a la demandada apelante vencida. Los honorarios profesionales por las labores desplegadas en esta instancia deben ser regulados de conformidad con las pautas generales previstas por los artículos 5 a 10, 13 y 46 ccdtes. de la ley arancelaria. En consecuencia, regulo los honorarios profesionales a la Dra. <PER_6>, en el 30%; y a la Dra. <PER_7>, en el 25%, en ambos casos de los que les fueron regulados por su actuación en la primera instancia, con más el IVA si correspondiere.
A la segunda cuestión, la Dra. Robert dijo:
Fórmula postulatoria:
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada mediante ID 2432481 y confirmar la sentencia venida en apelación en lo que fue materia de agravio.
2. Imponer las costas de esta instancia a la recurrente vencida.
3. Regular honorarios profesionales en la forma propuesta.
A la primera cuestión, el Dr. Pis Diez dijo:
I. Análisis de los agravios. Solución.
Así, y adentrándome en el tratamiento de la cuestión traída a mi estudio, destaco ante todo que tiene dicho nuestro máximo tribunal que “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las constancias de la causa, sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones (Fallos, 311:571) y para la correcta solución del litigio (311:836), y tampoco están obligados a tratar todas las cuestiones propuestas por las partes ni analizar los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (301:970 y 311:1191).
Pongo de manifiesto asimismo que, atendiendo a la letra de la Ley V N° 203 DJP, la que reglamenta los alcances de la fundamentación individual de las resoluciones judiciales dictadas por órganos colegiados, conforme lo establecido por el art. 169 de la Constitución provincial; concuerdo con el detalle de antecedentes de la causa que efectuó la Dra. Robert en los apartados I, I.1, I.2, II y II.1, motivo por el cual remito a la reseña allí introducida (artículo 2 ley V- 203).
Luego, a fin de expedirme sobre las cuestiones materia de agravio, dejo expresa constancia que comparto los fundamentos de la solución dada a los agravios de la demandada por la colega preopinante Dra. Verónica Robert, desarrollada en los ptos. III, III.1, III.2, III.3 y IV. que hago propias ( art. 3 ley V203). En efecto, comparto los fundamentos brindados por la colega preopinante para desestimar los agravios de la demandada con relación a la declaración de inconstitucionalidad dispuesta por la jueza de primera instancia en lo atinente a varias disposiciones de la LRT.
Del mismo modo con los argumentos expuestos por la colega que me precede, para concluir que el accidente de trabajo padecido por la actora, no encuadra en las previsiones de exclusión contempladas en el artículo 3 de la ley 26773.
Finalmente, adhiero a los fundamentos para confirmar el fallo de primera instancia con respecto a la capitalización de intereses, conforme el inciso b del art. 770 del CCCN, siguiendo los precedentes de “<PER_3>” y “<PER_4>”, del STJCh.
Por ende, se rechazan los agravios de la demandada.
II. Costas y honorarios:
Las costas de esta instancia, por el principio de la derrota se imponen a la demandada vencida (art. 69 del CPCCCh).
Regulo, dada la naturaleza del proceso, la labor desarrollada y el éxito obtenido, los honorarios de la abogada de la actora en un 30% y los del abogado de la demandada en el 25%, en ambos casos de lo fijado en primera instancia, con más IVA de corresponder (art. 13 de la Ley XIII-nro.4).
A la segunda cuestión, el Dr. Pis Diez dijo:
Propongo la siguiente fórmula postulatoria:
1. Se rechaza el recurso de apelación de la demandada.
2. Las costas de esta instancia se imponen a la demandada vencida.
3. Regulo, dada la naturaleza del proceso, la labor desarrollada y el éxito obtenido, los honorarios de la abogada de la actora, Dra. <PER_6>, en un 30%, y los del abogado de la demandada, Dra. <PER_7>, en un 25%, en ambos casos de lo fijado en primera instancia, con más IVA de corresponder (art. 13 de la Ley XIII- nro.4).
Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente, SENTENCIA:
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada mediante ID 2432481 y confirmar la sentencia de grado nro. 68/2026 venida en apelación en lo que fue materia de agravio.
2. Imponer las costas de esta instancia a la demandada recurrente vencida.
3. Regular los honorarios profesionales a la Dra. <PER_6>, en el treinta por ciento (30%); y a la Dra. <PER_7>, en el veinticinco por ciento (25%), en ambos casos de los que les fueron regulados por su actuación en la primera instancia, con más el IVA si correspondiere.
4. Regístrese, notifíquese y devuélvase.
REGISTRADA BAJO EL nro 153 DEL AÑO 2026 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS "L"
Fin de la sentencia