Abriendo la norma
Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Sala 2
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por el actor y modificar la sentencia definitiva nro. 352/25, en lo que respecta a la extensión de la partida indemnizatoria por incapacidad sobreviniente la que prospera por la suma de pesos seiscientos noventa y nueve millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil setecientos cincuenta y nueve con veintinueve centavos ($699.459.759,29) y daño moral que prospera por el cinco por ciento (5%) de dicho monto, es decir pesos treinta y cuatro millones novecientos setenta y dos mil novecientos ochenta y siete con noventa y seis centavos ($34.972.987,96), todo ello con más la tasa de interés anual del cuatro por ciento (4%) desde la fecha del accidente (22/02/2008) hasta la fecha de la sentencia de grado (08/10/25) y desde allí en adelante la tasa activa del BNA hasta su efectivo pago, manteniéndose en lo restante la sentencia de grado.
2Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida.
3Regular los honorarios por los trabajos efectuados en primera instancia, conforme la extensión, éxito obtenido y calidad de las labores, de los Dres. <PER_5>, <PER_6> y <PER_7>, conjuntamente en el veinte (20%), los del letrado de la demandada Dr. <PER_3> el once por ciento (11%); al perito licenciado en Seguridad e Higiene en el Trabajo <PER_8> el dos por ciento (2%), los de la médica del CIF Dra. <PER_9> en el dos por ciento (2%), al perito contador <PER_11>, por las presentaciones de fs. 831/382, 834/835 en el …
001142/2025 En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil veintiséis, se reúne en acuerdo la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial nro. II con asiento en esta ciudad, con la presidencia de la Dra. María Marta Nieto y la vicepresidencia del Dr. Ricardo Rubén Enrique Hayes (Acuerdo Plenario nro. 5394/2025, arts. 1 a 5), para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "<PER_1> c/ <PER_2> s/ SUMARIO - Accidente de trabajo (Accion Civil)", expte. nro. 1142/2025, venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral N° 1 (expte. nro. 235/2011), y atento al resultado del sorteo de fecha 14 de octubre de 2026 (art. 271 del Código Procesal Civil y Comercial), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. María Marta Nieto y Dr. Ricardo Rubén Enrique Hayes.
Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la Sentencia nro. 352/2025 de fecha 8 de octubre de 2025? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión, la Dra. Nieto dijo:
I. Vienen a conocimiento de este tribunal de apelaciones en virtud de los recursos de apelación interpuestos oportunamente por la parte actora (ID 2100536), sus letrados (ID 2100525), la letrada de la ART demandada (ID 2101659) y la perita contadora (ID 2092798) contra la sentencia definitiva nro. 352/2025. Concedido los recursos en las providencias 13 y 17 de octubre de 2025, los profesionales que recurrieron su regulación de honorarios fundaron su queja en su escrito de interposición, y la parte actora expresó agravios en el escrito ID 2110679. A través de las sentencias interlocutorias nros. 281/2026 y 308/2026 se tuvo por inexistente los escritos acompañados por la parte demandada, en consecuencia, se rechazó su apelación y contestación de agravios del memorial de la accionante.
II. Antecedentes del caso:
El Sr. <PER_1> interpuso demanda de reparación integral de los daños y perjuicios ocasionados a su persona como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió el 22 de febrero de 2008 contra la firma <PER_2> a fin de que se la condene a abonar la suma de $6.030.662,66 en concepto de daño material y $1.250.000 por el daño moral o lo que en más o menos se estime corresponder, con más los intereses desde la fecha de producción del daño y hasta la de su efectivo pago a la tasa activa para operaciones de descuento del Banco Chubut SA o del Banco de la Nación Argentina. Asimismo, requirió se declare la inconstitucionalidad de las normas previstas en la Ley 24557 que impiden el acceso a los tribunales ordinarios y la formulación de acciones reclamando la indemnización por el derecho común de los daños y perjuicios causados por el accidente de trabajo que sufrió y del art. 75 LCT. Puso en conocimiento que, de los montos de condena, debe deducirse lo que la ART abonó como indemnización tarifada (ley 24557), con costas. Relató hechos, fundó en derecho, acompañó documental, ofreció prueba y efectuó reserva de caso federal.
En tiempo oportuno se presentó el Dr. <PER_3> como gestor procesal. Seguidamente acreditó su personería invocada, contestó demanda solicitando su rechazo total con costas. Formuló las negativas de rigor, efectuó su propio relato de los hechos, rechazó el planteo de inconstitucionalidad, alegó eximente de responsabilidad por ausencia de nexo causal, acompañó documental, impugnó la liquidación de la accionante, citó como terceros a <PER_4> y a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y Superintendencia de Seguros de la Nación, ofreció prueba y efectuó reserva de caso federal. Luego toma participación la ART citada como tercera, solicitando su rechazo con costas. Formuló las negativas de rigor, se explayó acerca del alcance de la citación, impugnó la liquidación del actor, detalló el costo de las prestaciones que su parte brindó, acompañó documental, ofreció prueba y efectuó reserva de caso federal.
Con posterioridad tomó participación el delegado del cuerpo de abogados del Estado dependiente de la Procuración del Tesoro de la Nación, contestó la citación de la Superintendencia de Riesgos de Trabajos, solicitando su rechazo con costas. Formuló las negativas de rigor, brindó fundamentos para el rechazo de la acción, ofreció prueba y efectuó reserva de caso federal.
Los demás antecedentes de autos han sido debidamente reseñados en la sentencia de grado, por lo que a los mismos me remito y tengo presentes a la hora de resolver.
En lo que aquí interesa, la jueza de grado hizo lugar a la demanda del Sr. <PER_1> condenado a la firma <PER_2> a abonarle la suma de $7.605.944,66, en el plazo diez días de quedar firme el fallo, con más los intereses a la tasa pura del 8% anual desde la fecha del accidente -22/02/08- hasta la fecha de esta sentencia, y a partir de la misma a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina y hasta su efectivo pago. Impuso las costas a la parte demandada vencida. Reguló los honorarios de los Dres. <PER_5>, <PER_6> y <PER_7>, conjuntamente en el 17%, al Dr. <PER_3> el 10%, en ambos casos con más IVA de corresponder, debiendo tenerse presente que el monto resultante deberá equivaler como mínimo a 20 JUS a la fecha de la firma de la sentencia resolución con más intereses a la tasa establecida para el capital de la sentencia definitiva hasta su efectivo cobro (conf. art. 277 LCT); al perito Licenciado en Seguridad e Higiene en el Trabajo <PER_8>, le asigno el 2% del monto de la liquidación que se practicará en autos (limitación art. 277 LCT). A la médica del CIF Dra. <PER_9> el 2%, a la psicóloga del CIF Lic. <PER_10> el 2%, en ambos casos del monto a cobrar por el actor, conforme al Acuerdo Plenario Nro. 5104/2022, el monto de los honorarios regulados los distribuyo de la siguiente manera: 100% para el Fondo de Recursos Propios del Poder Judicial (art. 6). Hizo saber a la parte condenada en costas que, para proceder al pago de estos emolumentos, deberá estarse a lo previsto en el art. 4 del mencionado acuerdo. Se deberá depositar el 100% mencionado en la cuenta de Recursos Propios del Poder Judicial, a través del comprobante (boleta de Tasa de Justicia)
“Honorarios de Peritos Cuerpo Interdisciplinario Forense”/Honorarios de Peritos CMF (F-412), disponible para su generación en la página web del Superior Tribunal de Justicia Al perito contador <PER_11>, por las presentaciones de fs. 831/382, 834/835 en el equivalente a 0,50% del monto de condena; a la perita contadora <PER_12> dada su trascendencia procesal, la complejidad y extensión de la pericia y su efectiva utilidad práctica para resolver el caso, regulo sus honorarios profesionales en la suma equivalente al 1,5% del monto a cobrar por el actor (arts. 5, 60 y concordantes de la Ley XIII Nº 4 DJP), con más IVA. si correspondiere, debiendo tenerse presente que el monto resultante deberá equivaler como mínimo a 8 jus. En relación a las terceras que comparecieron a juicio por citación de la demandada, señaló en primer término que las costas relativas a la misma no quedan incluidas en la limitación estipulada por el art. 277 LCT, dada la iniciativa de la citación y lo resuelto sobre dichas citaciones; y estableció que las costas de dicha citación son a cargo de la demandada, y fijó los honorarios del letrado apoderado del Estado Nacional en Dr. <PER_13> en el 2% y la Dra. <PER_14> en el equivalente al 2%, montos que resulten de la liquidación que se practicará en autos, con más IVA de corresponder, debiendo tenerse presente que el monto resultante deberá equivaler como mínimo a 20 JUS a la fecha de la firma de la presente sentencia con más intereses a la tasa establecida para el capital hasta su efectivo cobro.
III. Agravios, tratamiento.
III.1. Agravios de la parte actora.
III.1.a. Como primer agravio considera que fue arbitraria la cuantificación de los daños (patrimonial y extrapatrimonial) y perjuicios en el fallo, resultando insuficientes e írritos en orden a la entidad del daño y su valor actual, habiéndose considerado la cuestión como una obligación dineraria y no como deuda de valor.
Critica que no se empleó ningún parámetro o mecanismo para ajustar el valor a la fecha del dictado de sentencia teniendo en cuenta como salario nominal el devengado por el actor el mes de enero de 2008 ($13.936,72). Ejemplifica que el salario de su parte a la fecha del siniestro representaba catorce veces el SMVM vigente en esa época y que lo resuelto por la magistrada implica un apartamiento de la aplicación de principios y derechos de jerarquía constitucional (arts. 1, 2 y 3 CCCN, arts. 169 Const. Provincial) que necesariamente deben ponderarse para la reparación del daño.
Solicita la modificación de la indemnización ajustada a los estándares de protección de los derechos humanos, haciendo énfasis que al día de hoy transcurrieron casi dos décadas del siniestro, configurándose una situación jurídica abusiva (art. 10 CCCN).
III.1.b. Luego en forma específica detalla la infravaloración del daño patrimonial. Insiste en la distorsión incurrida en la sentencia para cuantificar el daño sufrido por su parte que asciende a una incapacidad del 66%, cuando si bien fue correcta la aplicación de la fórmula Vouto- Mendez, esta resulta distorsionada por la falta de actualización del salario histórico devengado en favor de su parte en enero de 2008, hace más de diecisiete años, no representando un resarcimiento pleno, justo e integral.
Considera correcta la aplicación de una tasa de interés pura hasta que la sentencia adquiera firmeza, pero cuando la cuantificación del daño esté determinada en valores fijados a la fecha de la resolución, disponiéndose la corrección del valor salarial a un monto actual. Cita jurisprudencia.
III.1.c. Seguidamente se queja por la obligación de valorar la prueba pericial contable donde se consignó el salario de un Chofer Guinchero al mes de octubre de 2024 ($2.426.163,44), al que se le debió agregar la incidencia de horas extras que incrementan el salario en un 120%. Reitera lo dicho respecto al salario del actor, efectuando cálculos comparativos al valor de la fecha del siniestro, en la actualidad utilizando diversos parámetros para su actualización.
Agrega que los días 31/10/2024, 12/03/2025 y 09/06/2025 se suscribieron actas paritarias para incrementar las remuneraciones, que fueron homologadas por las Disposiciones nro. 259/2024, 553/2025 y 1433/2025 de la DNRYRT del Ministerio de Capital Humano, lo que implica un aumento de más del 25% desde que se efectuó la pericial contable, resultando el salario actualizado de su parte a la fecha de la sentencia de $11.180.148,60. Efectúa cálculo de la fórmula Vouto- Mendez y señala que el resultado es $1.173.321.174,39 por el daño patrimonial sufrido. Requiere se fije una indemnización del daño patrimonial utilizando los parámetros que expuso en términos de un valor actual con más intereses a tasa pura y la capitalización de intereses del art. 770 inc. b) del CCCN.
III.1.d. Finalmente se queja por el monto insuficiente e irrazonable determinado para el rubro daño moral. Indica que la premisa de fijar el 40% del daño patrimonial le resulta correcto, pero ante la infra valorización del rubro tomado como base, solicita su incremento en la misma proporción en la que se incremente el daño patrimonial.
Efectúa reserva de caso federal.
III.2. Agravios perito contadora.
La perita se queja por considerar que su regulación de honorarios es nula y violatoria de lo reglado en la Ley XIII –N°18 arts. 2, 7 inc. 4; 21, 22 y 23, art. 14 CN. Califica de desproporcionada en relación al tiempo de trabajo que uso para efectuar el informe pericial. Describe las tareas que realizó y en base a ello expone que el auto regulatorio produce un daño de efectos irreparables e insanables a su parte al regular un 1,5% de $7.605.944,66, lo que se traduce en $114.089, porcentaje menor a la mitad del mínimo del 4% que correspondería según el art. 22 de la norma citada. Aduna a ello las complejidades procesales para perseguir el cobro de los honorarios conforme a los largos plazos a respetar y las diversas diligencias a las que debe acudir para finalizar la percepción de sus emolumentos, lo que ha generado la deserción de profesionales auxiliares de justicia. Remarca el carácter alimentario que detentan.
Solicita que se efectué una nueva regulación conforme la normativa de honorarios.
III.3. Agravios abogada ART. Se queja por considerar baja su regulación de honorarios del 2% del monto de la condena por no regular el rango legal ni representa una justa ponderación de la labor que desempeñó durante los trece años que duró este pleito, así como el éxito obtenido.
Remarca que su parte ocupa el lugar de “vencedora” dentro de la posición procesal en que fuera colocada como tercera citada, de modo que el rango legal para la regulación de los emolumentos de la suscripta va del 11% al 20% conforme art. 6 de la Ley arancelaria, con más el 40% de incremento por procuración, el letrado que representa a la parte que resulta vencida en el juicio, es acreedor de una regulación de un rango del 7% al 17%; bajo ninguna hipótesis la ley admite una regulación de honorarios del abogado, en causas con valor pecuniario, por debajo del 7%; menos aún en un proceso de conocimiento pleno, y cuando se ha sostenido la representación desde el inicio de la contienda, hasta el final.
III.4. Agravios abogados parte actora.
Los letrados requieren que se incremente su regulación de honorarios conforme las pautas emergentes de la ley arancelaria provincial, atendiendo calidad, extensión, naturaleza y resultados de sus trabajos profesionales como procuradores y letrados del actor. Enfatizan que resulta baja en relación a las previsiones de la ley arancelaria y de lo usual en el foro por trabajos profesionales de similar entidad, así como también se aparta de criterios mayoritarios de la jurisprudencia tanto de los juzgados laborales de primera instancia como también de esta Excma. Cámara de Apelaciones, criterios estos que determinan que la regulación por la actuación conjunta como “procuradores y abogados” de los letrados de la parte vencedora en un juicio laboral sean valorados en un porcentaje medio del 20%. Lo expuesto también se aparta de criterios regulatorios de los procesos civiles, a los cuales se puede asimilar el presente proceso en el que tramitó una acción civil por daños y perjuicios derivados de un accidente de trabajo, en el cual los letrados de la actora fueron los únicos que realizaron alegatos, y tuvieron una activa participación en toda la producción de la prueba, todo lo cual determina que el porcentaje correcto a regular sea del orden del 21% o con mínimo del 20% del monto del proceso.
Peticionan que se regulen sus honorarios conforme el principio de retribución justa y equitativa de la Ley XIII Nro. 4 lo cual debiera haber determinado una regulación del orden del 15% o 16% como abogados y un mínimo del 30% o 40% adicional como procuradores, por lo que entiende que su regulación de honorarios se debería incrementar al 21% del monto del proceso.
III.5. Tratamiento de los recursos.
Antes de ingresar a la cuestión de fondo, suelo hacer un señalamiento, a fin de facilitar el alcance de mi resolución: en el estudio y análisis de los agravios he de seguir el rumbo de la Corte y de la buena doctrina interpretativa. En efecto, claro está que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, «Fallos»: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado”, T° I, pág. 825; Fenocchieto Arazi. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado”, T 1, pág. 620).
Tengo presente que la mecánica del accidente sufrido con fecha 22/02/2008, como asimismo la responsabilidad civil respecto a su producción, la edad del actor, tareas al momento del accidente y las consecuencias dañosas, como las partidas indemnizatorias condenadas, que arriban firmes a esta instancia, cuestionándose la extensión de las mismas.
Por ello sobre tal eje se abordarán los agravios, no sin antes efectuar una consideración respecto al prolongado tiempo del proceso, 18 años a la fecha de la presente. He afirmado en otras oportunidades, similares al presente, que la garantía constitucional de debido proceso y tutela judicial efectiva, implica, el respeto por el plazo razonable de duración de los procesos judiciales, así, sin reiterar los fundamentos y conclusiones de la CIDH en los casos “Furlan” o “Mémoli”, entre varios más, donde se ha responsabilizado al Estado Argentino por la violación del plazo razonable. Debo señalar que, en estas actuaciones, a poco que se avanza en su estudio, claramente puede advertirse que, tanto por la actividad de las partes, como por la falta de dirección enérgica del juzgado, el proceso ha durado 15 años desde su promoción (27/12/2011) hasta la fecha de la sentencia de grado (08/10/2025), plazo excesivo en relación al bien jurídico protegido y el derecho cuyo reconocimiento estaba en juego.
Valoro que una vez iniciada la demanda (diciembre de 2011) para el mes de abril del año 2012, se encontraba trabado el litigio, ante la presentación y contestación de la demanda. Un año después, marzo de 2013 la causa se recibe a prueba y ordena la producción de las ofrecidas por las partes. Ya en octubre de 2015, se certifican las pruebas pendientes de producción de las partes, habiendo intentado una conciliación, fracasada, sólo por mencionar los actos procesales más trascendentes al impulso de un juicio. Ahora bien, aun cuando se pretendiera intentar justificar parte del tiempo posterior, en el acaecimiento de la pandemia generada por el Covid-19, recuerdo que el Poder Judicial de la Provincia del Chubut, al 20 de abril del año 2020 (un mes de iniciada la pandemia) ya había establecido la presentación electrónica de escritos, y la posibilidad de teletrabajo y firma digital para los empleados judiciales, es decir, tal excusa, podría ser atendible solo en un mínimo impacto.
¿Y cómo impacta en el caso? La respuesta surge de la fundamentación de los propios agravios, (que la parte ya advertía en sus alegatos), la magistrada utiliza un salario de hace 18 años atrás, entonces aquello que se convierte en fundamento del cuestionamiento, en un país de marcada inestabilidad económica como el nuestro debió llevar a los interesados, tanto actor en pretender ver reconocido su derecho, como el demandado liberarse de su deuda, a imprimir celeridad al proceso, instar la actividad jurisdiccional que naturalmente exige al fuero laboral oficiosidad, para evitar las consecuencias dañosas del transcurso del tiempo por el cual ahora reclama.
Si los jueces estamos llamados a juzgar sobre las cuestiones sometidas a su conocimiento vigentes al momento de la resolución, advierto que no es lo mismo una persona de 28 años de edad a la fecha del accidente, en el apogeo de su fuerza laboral, que la misma persona, 18 años después, si la ley procura colocar al sujeto lo más cerca posible de la situación en que se encontraba antes de padecido el daño, 18 años después, cualquier resolución judicial, aparece como injusta o insatisfactoria a los intereses tutelados, o desproporcional e irrazonable, en la cuantificación de su condena. Por ello insto a los operadores jurídicos a que, en lo sucesivo, acomoden su gestión del caso, con el máximo respeto por la garantía constitucional de tutela judicial efectiva, a fin de reducir las consecuencias dañosas provocadas por el transcurso del tiempo.
Finalmente, en atención a la fecha del accidente (2008), corresponde efectuar una mención sobre el derecho aplicable a la resolución de los agravios. Una vez entrada en vigencia el nuevo texto del CCCN, la doctrina y jurisprudencia fueron determinando lineamientos de interpretación del art. 7 del CCCN y la retroactividad o no de las normas allí dispuestas, así esta Cámara de Apelaciones, ha afirmado que en lo que respecta a la atribución de responsabilidad- que arriba firme- debe aplicarse el texto legal vigente al momento de producirse el daño, y, el nuevo texto del CCCN respecto a la cuantificación de los daños por los que procede la pretensión. Resolución con la que coincido, que ha sido receptada, comentada y estudiada por la Dra. Kemelmajer de Carluchi, el Dr. Alferillo y el prestigioso colega Dr. Jalil.
Es que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario, por ello la norma a aplicar a la resolución de los agravios, limitados a la extensión de las partidas indemnizatorias condenadas, es el nuevo texto legal. II.5.a. Cuantificación insuficiente de la indemnización por incapacidad sobreviniente.
El accionante cuestiona la utilización del valor correspondiente a los haberes del actor percibidos el mes anterior al siniestro por el que reclama (enero de 2008) para integrar la fórmula utilizada por la sentenciante (Méndez), con fundamento en el apartamiento de la consideración de “deuda de valor”. Advierto que la crítica resulta acertada, y doy fundamentos. En efecto, aun cuando no es materia de revisión en esta instancia la utilización de fórmulas matemáticas a fin de cuantificar el daño, siendo que tanto la fórmula a utilizarse como los valores que se incorporen a la formula, son los que discrecionalmente entiende que corresponden el juez, como más justos al resarcimiento pleno. Para dar respuesta al agravio, en forma preliminar, corresponde expedirme sobre el uso de las fórmulas matemáticas para calcular la indemnización por daño incapacidad sobreviniente, sin dejar de advertir que el tema, aún después de la reforma del CCCN, continúa siendo tema de análisis y pronunciamientos a favor y en contra. Sin embargo, esta Cámara que integro, ha asumido una postura que comparto, postura que recepta su uso en el entendimiento que resulta la forma más eficaz al cumplimiento de la garantía de reparación plena, sea la Fórmula Vuoto o Méndez.
El art. 1746 CCCN sostiene “...En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades...”.
Por supuesto, determinar ese capital, no resulta tarea sencilla, por cuanto para el sujeto dañado nada será suficiente, ningún monto alcanzará, pues solamente el damnificado está en condiciones de estimar el valor de sus bienes de vida afectados, plasmando en su reclamo el interés de la propia víctima como eje de sistema resarcitorio.
En uso de las facultades discrecionales, conforme prudente arbitrio y la prueba recolectada en la causa se exige al órgano judicial que determine la extensión de la condena, “Es la obligación impuesta por sentencia en las acciones de daños y perjuicios que impone al responsable restablecer la situación de la víctima conforme a derecho, o sea, las cosas tales como se hallaban antes del acto dañoso” (Stiglitz, Gabriel y Echevesti, Carlos, “La determinación de la indemnización en Responsabilidad Civil”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires,1992), por ello, entiendo que el uso de fórmulas, no sólo transparenta el mecanismo utilizado, sino también uniforma valores.
Así, el norte de dicha cuantificación será “La reparación plena o integral es uno de los pilares fundamentales sobre los que se erige nuestro sistema de responsabilidad por daños, y supone la necesidad de una razonable equivalencia jurídica entre el daño y su reparación. Por eso, cuando alguien ha sufrido un perjuicio, ya sea este patrimonial o moral, debe percibir una indemnización que le permita que el estado de cosas actual sea razonablemente coincidente con el estado en que se encontraba antes de sufrir el daño. Lo que se persigue, entonces, es suprimir los efectos nocivos del suceso dañoso, de la manera más completa posible” (Sappia, M. Candelaria y Márquez, José F., “La reparación integral del daño.
Su consolidación en la Constitución, la doctrina, la jurisprudencia y en el Proyecto de CCyC 2012”, en RCyS 2013-IX, p. 121). La CSJN en “Ontiveros” dijo: “Tanto el derecho a una reparación integral –cuyo reconocimiento busca obtener la actora- como el derecho a la integridad de la persona en su aspecto físico, psíquico, y moral y el derecho a la vida que enlaza a los dos primeros se encuentran reconocidos por el plexo convencional incorporado al artículo 75, inc. 22 de la CN. (…) Y agregó que “el principio de la reparación integral es un principio basal del sistema de reparación civil que encuentra su fundamento en la Constitución Nacional…”. En el fallo “Aquino” el voto del Ministro Lorenzetti refirió “…Una reparación eficaz impone la exigencia de abandonar parámetros abstractos, elaborados para un sujeto medio e hipotético, para otorgarle pleno sentido a la reparación del daño conforme una dimensión concreta de los perjuicios sufridos por la víctima.
Solo de tal modo la tutela resarcitoria cumple con el principio cardinal, base de todo sistema jurídico, de la inviolabilidad de la persona…”. Frente a ello la tutela de dicho derecho constitucional, impone como necesario que el valor cuantificado (determinado o determinable) al menos, al momento de la sentencia, es decir el valor real y actual al momento del dictado de la sentencia, no pierda su consistencia de actualidad y realidad por el transcurso del tiempo desde el dictado de la misma hasta su percepción. Así me he pronunciado en los últimos casos donde integre el tribunal en esta Cámara. En este contexto, el Código Civil comentado tratado exegético del cual es director general Alterini, refiere “…La reparación plena o integral es uno de los pilares fundamentales sobre los que se erige nuestro sistema de responsabilidad por daños y supone la necesidad de una razonable equivalencia jurídica entre el daño y la reparación.
(…) En definitiva, lo que se busca es suprimir los efectos nocivos del suceso dañoso, de la manera más completa posible. Este objetivo de la reparación plena se plasma en cuatro pautas que deben ser tenidas en cuenta en el caso concreto: el daño debe ser fijado al momento de resolver, la indemnización no debe ser inferior al perjuicio sufrido, la apreciación debe efectuarse en concreto, y la reparación no debe ser mayor al daño padecido…” (Jorge H. Alterini Director General, “Código Civil Comentado - Tratado Exegético, Tomo VIII, Ed. Thomsom Reuters La Ley, pág. 297). Por su parte en el Código Civil explicado dirigido por Ricardo Luis Lorenzetti, se concluye “…No hay plenitud ni tutela definitiva de la víctima cuando: (i) se restringe el concepto normativo de daño resarcible; (ii) queda sin cobertura daños con nexo causal; (iii) el monto no guarda relación con la importancia del daño; (iv) se establecen topes legales sin contrapartida que equilibren esta solución especial; (v) se producen discriminaciones arbitrarias entre los damnificados; (vi) el resarcimiento no es temporalmente oportuno; (vii) no se considera el valor actual del daño; viii) se calculan incorrectamente los intereses del capital indemnizatorio; (ix) se fija una tasa de interés inadecuada…” (Ricardo Luis Lorenzetti Director General, “Código Civil y Comercial Explicado Doctrina – Jurisprudencia”, Responsabilidad Civil Artículos 1708 a 1881, Ed Rubinzal – Culzoni Editores Año 2020 pág. 120).
Conforme tales fundamentos, respecto al valor “ingresos económicos” que deba integrar la fórmula, asiste razón al recurrente y el valor adoptado por la sentenciante no respeta el principio de reparación plena, por tratase de un valor histórico de 18 años atrás, prueba de ello son las referencias que efectúa el propio apelante como fundamento del recurso. Para cumplir con la discrecionalidad que implica seleccionar los valores que integrarán la fórmula matemática, tengo presente que esta Cámara en sus distintas integraciones y, especialmente esta Sala hemos utilizado en reiteradas oportunidades distintos valores, como el valor SMVyM vigente al momento del pronunciamiento juridicial no sólo cuando no existen ingresos económicos, sino también cuando los acreditados se encuentran en un valor histórico (por ejemplo salario al momento del accidente), y también tengo presente que desde el pronunciamiento (SD 15/2026) del Superior Tribunal de Justicia donde se ha casado la Sentencia Definitiva dictada por esta Cámara en el expediente 418/2023 con votos de la Dra. Zanatta y la suscripta, indicando que debe integrarse la fórmula para determinar la incapacidad sobreviniente tomando el ingreso base del salario real del actor derivado de su relación de empleo al momento de la decisión, de encontrarse el mismo acreditado.
En el presente, conforme los precedentes de este cuerpo y el citado caso “<PER_15>”, siendo que no existe en el caso ingresos económicos acreditados al tiempo de la sentencia de grado, no siendo la prueba pericial contable suficiente a tal fin, pero si un indicador de cuáles serían los ingresos actualizados del actor, considero que deberá utilizarse el valor Salario Mínimo Vital y Móvil con las particularidades que efectúo seguidamente, a fin de cuantificar los ingresos económicos.
Así, el Excmo. S.T.J. en los autos caratulados: “<PER_16> y otros c/ <PER_17> y otros s/ daños y perjuicios”, expte. nº 15.054-S-1994, confirma como doctrina que ante la ausencia probatoria la facultad jurisdiccional debe focalizarse en elementos que admitan el debido control, con lo que admitió la elección del Salario Mínimo Vital y Móvil como pauta conducente ante el defecto de prueba, a los fines de establecer los ingresos de la víctima, la jurisprudencia precedente resulta dirimente, lo que no excluye otros elementos de valoración interpuestos, ya que tratándose de aquilatar deudas de valor, es correcta la estimación del daño al momento de la sentencia.
Sostiene el STJ en dicho antecedente (<PER_16>) “También es cierto que el requisito de la certeza o existencia del daño no debe confundirse con la determinación del alcance económico. Mientras que, en principio, el daño debe estar probado al tiempo de la condena resarcitoria, los sistemas procesales instituyen -tal el nuestro- algunas liberalidades probatorias como lo es la fijación prudencial del monto por el juez, subsanando jurisdiccionalmente el onus probandi (art.165 del CPCC.). Así, que existe un margen más amplio de apreciación discrecional del juzgador. Cuando las pruebas no acercan con exacta precisión el monto de algunos daños pero éstos se encuentran probados, el juzgador puede sentenciar igualmente aplicando parámetros usuales y universalmente conocidos, máximas de experiencia en la materia, lógica y sana crítica…, se ha dicho a la facultad del juzgador de apreciar con cierta discrecionalidad la suma de la condena, cuando ésta no se encuentre probada, es una situación de excepción y tiende a evitar que se torne ilusoria la pretensión de la víctima ante el fracaso probatorio de su perjuicio…”(STJ SD 15/08/2002 Expte.
N° 15.054-S-1994).
Aclaradas las cuestiones referidas al uso de las fórmulas y a la utilización de parámetros como el valor del SMVyM, corresponde determinar si el mismo será el vigente al momento del hecho generador del daño 22/02/2008), o a la fecha de la resolución (08/10/2025), diré, al igual que en el caso “P., E. M. c/ B., O. A. y otro s/Sumario” Expte. N° 562/21 SD 16/22 que en un país como el nuestro, donde la economía resulta inestable por desvalorización de la moneda, inflación, entre otras cuestiones político económicas más, difícil es que un valor vigente en un tiempo determinado, pueda resultar ajustado a su fin, en otro momento de tiempo, es decir, a fin de mantener la integralidad de la reparación, entiendo que ésta, debe cuantificarse al momento más cercano a su pago, a su cumplimiento, a su liquidación, estableciendo igualmente tasas de interés para el supuesto de incumplimiento, tasas activas. Conforme a ello, la fórmula matemática a utilizarse, para cuantificar la partida indemnizatoria, propongo que el valor que la integre sea el SMVyM correspondiente a la fecha de la sentencia de grado, por entender que tal valor de referencia, por su imparcialidad, ajuste a la realidad económica al provenir de un instituto oficial, es el que más se ajusta al principio constitucional de reparación integral, el que conforme resolución N° 05/25 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el SMVyM publicada en el sitio oficial, asciende a la suma de $322.200 a lo que deberá adicionarse zona desfavorable (20 % zona patagónica).
Ahora bien, los ingresos del actor al tiempo del siniestro ascendían a la suma de $13.936,72, conforme Resolución N° 02/07 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el SMVM vigente a enero de 2008, dichos haberes significaban 14 veces el valor del SMVM que ascendía a la suma de $980. En consecuencia, conforme vengo desarrollando, ante la inexistencia de ingresos actuales del actor, siendo facultad del juez estimar la extensión de la partida indemnizatoria, respetando pautas de razonabilidad y proporcionalidad, estimo que deberá tomarse el valor del SMVM vigente a la fecha de la sentencia, respetando así la consideración de deuda de valor, más el 20% correspondiente a la zona patagónica, y multiplicado por 14 veces, entendiendo que es el parámetro más transparente, para considerar cuales serían los ingresos del actor, a la fecha de la sentencia, de haber continuado trabajando en las mismas tareas.
Ello arroja una variable de ingresos económicos de $5.490.288, que es el monto que propongo al acuerdo. Existen dos fórmulas que se utilizan jurisprudencialmente para cuantificar la partida indemnizatoria, este Cuerpo que integro ha utilizado en algunos supuestos la fórmula Vuotto, que contempla una edad de 65 años (tiempo de acceder a la jubilación) y la Fórmula Mendez, que, si bien baja el interés anual, sube la edad a 75 años, entendiendo ésta como el tiempo productivo de las personas. No es motivo de agravio, ni se ha sometido a pronunciamiento respecto de la validez de una u otra fórmula, pero en la misma discrecionalidad y obligación de seleccionar los valores que integrarán la formula, se inscribe la determinación de qué formula es la que satisface el principio de reparación plena, en el caso concreto, sin que por la exorbitancia de su resultado se afecte la razonabilidad de la extensión.
Así, tengo presente que el actor, al momento del siniestro que origina su reclamo, era trabajador petrolero, lo que implica presumir, con cierta probabilidad que por la especial naturaleza de las tareas prestada, accedería al beneficio jubilatorio con anterioridad al resto de los trabajadores, de hecho del fallo recurrido surge que al haber sido despedido por su empleadora, inició el trámite de jubilación por invalidez ante ANSES y la Comisión Médica Central y el día 13/01/2010 le dictaminaron un 66% de incapacidad ponderando las lesiones derivadas del accidente de trabajo, obteniendo el retiro por invalidez. Valoro que he propuesto actualizar el valor ingresos y el extenso tiempo transcurrido a la fecha, y en este sentido, también tengo presente el reciente pronunciamiento de la CSJN caso “Fallabella c/Kallinikos” donde se recortó la indemnización otorgada por la Cámara Civil, por carecer de argumentación suficiente para justificar el monto otorgado.
Efectuados los respectivos cálculos, la fórmula Méndez (75 años de edad) aplicándola conforme parámetros que determiné precedentemente, arrojaría una indemnización de $2.140.226.206,08, la que entiendo no sortea el test de proporcionalidad y razonabilidad del monto indemnizatorio, los cuales conforme antecedentes de la CSJN (“Oliva” y “Barrientos”) se imponen como un doble límite constitucional, exigiendo que la cuantificación, facultad soberana del juez, se constituya en un resarcimiento que guarde relación justa con el daño sufrido, evitando sumas irrisorias que tornen ilusorio el derecho a la reparación plena (sentencia de grado) ni que vulneren el derecho de propiedad, como pretende el actor introducir en sus alegato y reiterado en el agravio.
En el caso y por sus particularidades: actor trabajador petrolero, acceso en el año 2010 a la jubilación (antes de los 65 años), el tiempo transcurrido, la actualización de los haberes que hubiera percibido a la fecha de la sentencia de grado, sumada a la tasa de interés pura que se determina en el 4% anual, modificando así la dispuesta en la sentencia de grado, al haberse modificado sustancialmente el monto de la indemnización por incapacidad sobreviniente en atención al valor de ingreso económico tenido en cuenta, más la tasa de interés activa determinadas en la sentencia, considero que la formula Vuotto, satisface el principio de reparación plena que fundamenta mi resolución.
En resumen, pues, propondré al acuerdo que se admita parcialmente los agravios referidos a la cuantificación de la indemnización por incapacidad sobreviniente, modificando para el cálculo de la indemnización de incapacidad sobreviniente deberá tomarse en cuenta el Salario Mínimo Vital y Móvil correspondiente a la fecha de la sentencia, Octubre de 2025, más zona desfavorable (20%) $371.040 multiplicado por 14 veces: $5.490.288, edad: 28 años y porcentaje incapacidad física: 66.50%, lo que totaliza la partida en $699.459.759,29, más intereses desde el accidente (22/02/2008) a la tasa pura del 4% anual, hasta la fecha de la sentencia de grado (08/10/2025), y desde ahí en adelante la tasa activa del Banco de la Nación Argentina hasta el efectivo pago, y así lo voto.
III.5.b. Agravio respecto a la extensión de la partida por daño extrapatrimonial, daño moral. El actor afirma que el monto condenado resulta insuficiente y solicita su elevación. La magistrada de grado, cuantifico la partida en el 40% del valor de la indemnización por daño material, es decir la suma de $2.173.127,04, conforme facultades del art. 167 del C.Pr. cuantificado a la fecha de la sentencia. Ahora bien, la pretensión de indemnización por las afecciones espirituales padecidas por el accionante como consecuencia del ilícito, arriban firmes a esta instancia, solo cuestionada su extensión, la que debe ser abordadas con cautela, a fin de aventar cualquier atisbo de enriquecimiento o doble indemnización por un mismo suceso.
He sostenido que el daño moral consiste “no solo en el dolor, padecimiento o sufrimiento espiritual del individuo”, sino también en la privación de momentos de satisfacción y felicidad en la vida del damnificado víctima o reclamante- y que en definitiva influyen negativamente en la calidad de vida de las personas” (Highton, Elena I. - Gregorio, Carlos G. – Álvarez, Gladys S. “Cuantificación de Daños Personales.” R. D. P. y C. 21, Derecho y Economía, pág. 127) (citado en Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Sala A, Sentencia Definitiva Nº18/2019 Fecha: 17/04/2019). “Valorar el daño importa determinar su existencia y su entidad cualitativa. Esto es, constatar su existencia en el mundo de los hechos, en función de los distintos parámetros computables según el daño sea patrimonial o moral. Una vez determinada su existencia, y su mayor o menor entidad, es preciso cuantificarlo, con miras a traducirlos y liquidarlo en una indemnización” (Ramón Daniel Pizarro, Responsabilidad del Estado y del Funcionario Público, T° 2 editorial Astrea, año 2013).
A fin de su estimación, en su extensión en cada caso concreto, tengo presente que el CCCN art. 1741 ha previsto la estimación del rubro: “El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas”. La norma se refiere al carácter sustitutivo y compensatorio de la indemnización otorgada en concepto de resarcimiento del daño moral, y con ello ha cerrado la discusión en cuanto a la naturaleza jurídica de este tipo de perjuicio, y se consagra el carácter netamente resarcitorio (y no punitivo) de esta categoría, lo cual, además, es acorde a la exclusión de la función punitiva en el art. 1708 CCCN.
El criterio establecido en la norma y no seguido por la magistrada, de las satisfacciones sustitutivas, brinda una importantísima pauta para la valuación del daño moral, pues señala que la suma otorgada por éste concepto debe mensurarse en función de los placeres o actividades que ella permita realizar a la víctima y que sirvan como una suerte de compensación de las afecciones espirituales o angustias por ella sufrido.
El valorar o ponderar “satisfacciones sustitutivas” debe, en primera instancia ser una actividad efectuada por la propia víctima, por ser quien en mejores circunstancias se encuentra para ello y luego por la sentenciante, quien, como regla, a la hora de valorar y cuantificar el perjuicio, patrimonial o moral tiene en cuenta al damnificado concreto y no al puramente hipotético.
Ello impone ponderar el daño caso por caso, atendiendo a las particularidades que presenta en función del efectivo damnificado. Es en este sentido que entiendo que la cuantificación efectuada por la jueza de grado, aparece insuficiente al fin pretendido por la norma, y propondré al acuerdo elevar la partida al 5% del monto de capital condenado en concepto de indemnización por incapacidad sobreviniente (sin intereses) que equivalen a $34.972.987,96, a la fecha de la sentencia de grado (Octubre/2025) al menos a tres viajes para dos personas a Punta Cana, República Dominicana, por 9 días, 7 noches, cubriendo pasajes, estadía todo incluido, asistencia al viajero, conforme plataforma “<PER_18>” y “<PER_19>” y por dicho monto propondré al acuerdo que prospere la partida de daño moral a favor del actor, cuantificada a la fecha de la sentencia recurrida, así lo voto.
III.5.c. Apelaciones respecto a la regulación de honorarios a los profesionales.
Teniendo en cuenta que he propuesto receptar parcialmente los agravios expuestos por el actor, modificando, en consecuencia, la sentencia definitiva, por imperio del art. 282 del C.Pr. costas y honorarios deben ser readecuados, tornando abstracto el tratamiento de los recursos interpuestos por los letrados apoderados del actor, la letrada de la tercera citada y la perito <PER_12>.
IV. Costas y honorarios.
En razón de cómo se han resuelto los agravios, siendo que la imposición de costas al vencido forma parte del principio objetivo de la derrota, y que sólo puede dejarse de lado en caso de que se demuestren circunstancias objetivas especiales que justifiquen lo contrario, ello por cuanto, quien resulta vencido en cualquiera de las instancias debe cargar con los gastos que debió realizar su contraria para obtener el reconocimiento de su derecho, entiendo que, analizadas que fueran las constancias de autos, se mantiene el carácter de perdidoso de la demandada, por lo que corresponde imponerle las costas de ambas instancias. (conf. art. 69 del C.Pr.).
Así, procedo a proponer al acuerdo, regular los honorarios profesionales por los trabajos desarrollados en primera instancia, conforme la extensión, éxito obtenido y calidad de las labores, los Dres. <PER_5>, <PER_6> y <PER_7>, conjuntamente en el 20%, los del letrado de la demandada Dr. <PER_3> el 11%; al perito Licenciado en Seguridad e Higiene en el Trabajo <PER_8>, el 2%, los de la médica del CIF Dra. <PER_9> en el 2% al perito contador <PER_11>, por las presentaciones de fs. 831/382, 834/835 en el equivalente a 0,50% del monto de condena. A la psicóloga del CIF Lic. <PER_10>, regulo el 2%. A la perita contadora <PER_12>, regulo el 2% y al Dr. <PER_13> en el 2 %, y a la Dra. <PER_14>, en el 2%, en todos casos los porcentajes deberán calcularse sobre el monto total de la condena (capital más intereses) más el IVA si correspondiere.
Regular los honorarios profesionales por los trabajos desarrollados en esta instancia, a los Dres. <PER_5> y <PER_7> conjuntamente en el 28% y a la Dra. <PER_14> el 25%, en ambos casos sobre los montos regulados en la instancia de grado con más el IVA si correspondiera.
A la segunda cuestión, la Dra. Nieto dijo:
Fórmula postulatoria:
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por el actor y modificar la sentencia definitiva nro. 352/25, en lo que respecta a la extensión de la partida indemnizatoria por incapacidad sobreviniente la que prospera por la suma de $699.459.759,29 y daño moral que prospera por el 5% de dicho monto, es decir $34.972.987,96, todo ello con más la tasa de interés anual del 4% desde la fecha del accidente (22/02/2008) hasta la fecha de la sentencia de grado (08/10/25) y desde allí en adelante la tasa activa del BNA hasta su efectivo pago, manteniéndose en lo restante la sentencia de grado.
2. Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida.
3. Regular los honorarios por los trabajos efectuados en primera instancia, conforme la extensión, éxito obtenido y calidad de las labores, de los Dres. <PER_5>, <PER_6> y <PER_7>, conjuntamente en el 20%, los del letrado de la demandada Dr. <PER_3> el 11%; al perito Licenciado en Seguridad e Higiene en el Trabajo <PER_8> el 2%, los de la médica del CIF Dra. <PER_9> en el 2%, al perito contador <PER_11>, por las presentaciones de fs. 831/382, 834/835 en el equivalente a 0,50% del monto de condena. A la psicóloga del CIF Lic. <PER_10>, regulo el 2%, a la perita contadora <PER_12>, regulo el 2%, al Dr. <PER_13> en el 2% y a la Dra. <PER_14> en el 2%. En todos los casos a calcular del monto total de la condena más el IVA si correspondiere.
Regular los honorarios profesionales por los trabajos desarrollados en esta instancia, a los Dres. <PER_5> y <PER_7> conjuntamente en el 28% y a la Dra. <PER_14> en el 25%, en ambos casos sobre los montos regulados en la instancia de grado con más el IVA si correspondiera.
4. Tener presente la reserva del caso federal de la parte actora.
A la primera cuestión, el Dr. Hayes dijo:
Vienen estos autos a mi conocimiento en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora (ID 2100536, agravios ID 2110679), sus letrados (ID 2100525), la letrada de la ART demandada (ID 2101659) y la perita contadora (ID 2092798) contra la Sentencia Definitiva N° 352/2025.
I. Análisis de los agravios. Solución.
Así, y adentrándome en el tratamiento de la cuestión traída a mi estudio, destaco ante todo que tiene dicho nuestro máximo tribunal que “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las constancias de la causa, sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones (Fallos, 311:571) y para la correcta solución del litigio (311:836), y tampoco están obligados a tratar todas las cuestiones propuestas por las partes ni analizar los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (301:970 y 311:1191).
Pongo de manifiesto asimismo que, atendiendo a la letra de la Ley V N° 203 DJP, la que reglamenta los alcances de la fundamentación individual de las resoluciones judiciales dictadas por órganos colegiados, conforme lo establecido por el art. 169 de la Constitución provincial; y toda vez que en el marco del voto precedente se ha efectuado la reseña de los antecedentes, de los hechos de la causa, como asimismo de los agravios que fueran expresados por la parte apelante, me remitiré expresamente a lo ya expuesto sobre aquellos puntos, en resguardo de los principios de celeridad, economía procesal y tutela judicial efectiva.
Luego, habiendo efectuado un análisis detallado del caso y de la queja de la recurrente, a fin de expedirme sobre las cuestiones materia de agravios, dejo expresa constancia que comparto los fundamentos de la solución dada a los mismos en el punto III.5.a – cuantificación partida incapacidad sobreviniente-, III.5.b. – cuantificación partida daño extrapatrimonial, III.5.c. – apelaciones de honorarios profesionales-, como así también en el punto IV. –costas y honorarios- por la primera votante Dra. María Marta Nieto.
A la segunda cuestión, el Dr. Hayes dijo:
Por lo expuesto, propongo al Acuerdo la siguiente fórmula postulatoria:
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y modificar la Sentencia Definitiva N° 352/25, en lo que respecta a la extensión de la partida indemnizatoria por incapacidad sobreviniente la que prospera por la suma de $699.459.759,29 y la correspondiente al daño extrapatrimonial por la suma de $34.972.987,96, sobre las que se aplicarán intereses desde la fecha del siniestro y hasta la de la sentencia de grado a la tasa pura del 4% mensual. A partir de entonces y hasta el efectivo pago a la tasa activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina.
2. Mantener las costas como fueran fijadas en la instancia de grado e imponer asimismo las de la Alzada a la demandada vencida, en virtud del principio objetivo de la derrota (arts. 69 y 282 CPCCCh).
3. Regular los honorarios por los trabajos efectuados en la primera instancia, conforme la extensión, éxito obtenido y calidad de las labores, para los Dres. <PER_5>, <PER_6> y <PER_7>, conjuntamente, en el 20%, para el Dr. <PER_3>, en el 11 %; para el perito Licenciado en Seguridad e Higiene en el Trabajo <PER_8>, en el 2%, para la Dra. <PER_9>, en el 2%, para el perito contador <PER_11>, por las presentaciones de fs. 831/382, 834/835, en el 0,5%, para la Lic. <PER_10>, el 2%, para la perita contadora <PER_12>, el 2%, para el Dr. <PER_13>, en el 2%, y para la Dra. <PER_14>, en el 2%. En todos los casos a calcular del monto total de la condena, con más el IVA, de corresponder.
4. Regular los honorarios profesionales por los trabajos desarrollados en la Alzada, para los Dres. <PER_5> y <PER_7>, conjuntamente, en el 28%, y para la Dra. <PER_14>, en el 25%, en ambos casos sobre los correspondientes a la instancia de grado con más el IVA si correspondiera.
5. Tener presente la reserva del caso federal de la parte actora.
Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente,
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por el actor y modificar la sentencia definitiva nro. 352/25, en lo que respecta a la extensión de la partida indemnizatoria por incapacidad sobreviniente la que prospera por la suma de pesos seiscientos noventa y nueve millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil setecientos cincuenta y nueve con veintinueve centavos ($699.459.759,29) y daño moral que prospera por el cinco por ciento (5%) de dicho monto, es decir pesos treinta y cuatro millones novecientos setenta y dos mil novecientos ochenta y siete con noventa y seis centavos ($34.972.987,96), todo ello con más la tasa de interés anual del cuatro por ciento (4%) desde la fecha del accidente (22/02/2008) hasta la fecha de la sentencia de grado (08/10/25) y desde allí en adelante la tasa activa del BNA hasta su efectivo pago, manteniéndose en lo restante la sentencia de grado.
2. Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida.
3. Regular los honorarios por los trabajos efectuados en primera instancia, conforme la extensión, éxito obtenido y calidad de las labores, de los Dres. <PER_5>, <PER_6> y <PER_7>, conjuntamente en el veinte (20%), los del letrado de la demandada Dr. <PER_3> el once por ciento (11%); al perito licenciado en Seguridad e Higiene en el Trabajo <PER_8> el dos por ciento (2%), los de la médica del CIF Dra. <PER_9> en el dos por ciento (2%), al perito contador <PER_11>, por las presentaciones de fs. 831/382, 834/835 en el equivalente a cero coma cinco por ciento (0,50%) del monto de condena. A la psicóloga del CIF Lic. <PER_10>, regulo el dos por ciento (2%), a la perita contadora <PER_12>, regulo el dos por ciento (2%), al Dr. <PER_13> en el 2% y a la Dra. <PER_14> en el dos por ciento (2%). En todos los casos a calcular del monto total de la condena más el IVA si correspondiere.
5. Regular los honorarios profesionales por los trabajos desarrollados en esta instancia, a los Dres. <PER_5> y <PER_7> conjuntamente en el veintiocho por ciento (28%) y a la Dra. <PER_14> en el veinticinco por ciento (25%), en ambos casos sobre los montos regulados en la instancia de grado con más el IVA si correspondiera.
6. Tener presente la reserva del caso federal de la parte actora.
7. Regístrese, notifíquese y devuélvase.
REGISTRADA BAJO EL nro 148 DEL AÑO 2026 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS "L"
Fin de la sentencia