Abriendo la norma
Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Sala 2
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, conforme considerandos respectivos.
2Imponer las costas de la Alzada a la actora vencida (art. 69 CPCCCh.).
3Regular los honorarios profesionales por las labores ante la Alzada para el Dr. <PER_3>, en el veinticinco por ciento (25%), a calcular sobre los regulados en la primera instancia y con más el IVA, de corresponder 4)
000446/2026 En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil veintiséis, se reúne en acuerdo la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial nro. II con asiento en esta ciudad, con la presidencia de la Dra. María Marta Nieto y la vicepresidencia del Dr. Ricardo Rubén Enrique Hayes (Acuerdo Plenario nro. 5394/2025, arts. 1 a 5), para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "<PER_1> c/ <PER_2> s/ SUMARIO-Cobro de pesos e indem. de ley", expte. nro. 446/2026, venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral N° 3 (expte. nro. 179/2024), y atento al resultado del sorteo de fecha 28 de octubre de 2026 (art. 271 del Código Procesal Civil y Comercial), correspondió el siguiente orden para la votación: Dr. Ricardo Rubén Enrique Hayes y Dra. María Marta Nieto.
Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la Sentencia nro. 53/2026 de fecha 10 de marzo de 2026? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión, el Dr. Hayes dijo:
Vienen estos autos a mi conocimiento en virtud del recurso de apelación que interpusiera la parte actora (ID 2270002, agravios ID 2280193) en contra de la SD N° 053/2026. Corrido el respectivo traslado, no mereció respuesta de la parte demandada.
I. Antecedentes.
I.1.a. En breve síntesis, y en lo que aquí interesa, diré que el Sr. <PER_1> interpuso demanda laboral en contra de la Sra. <PER_2>, por el cobro de la suma de $307.085,41 correspondiente a los rubros: diferencia de haberes e indemnizaciones laborales con sus diferencias, más interés de la tasa de activa nominal anual a 30 días para préstamos personales y familiares del Banco del Chubut, con capitalización y costas. Relató que comenzó a trabajar para la demandada el día 22/01/2018 habiendo sido notificado en fecha 06/08/2018 del preaviso de despido, que se concretara el día 06/09/2018 mediante CD. Indicó que en fecha 23/10/2018 remitió TLC a la empleadora denunciando que su salario era inferior al garantizado por el art. 174 del CCT 152/91, solicitó a sus efectos las diferencias salariales e impugnó el certificado de trabajo (art. 80 de la L.C.T.), alegando que el mismo carecía de los registros de capacitación y presentaba irregularidades en los aportes sindicales. Destacó que, ante la negativa de su empleadora, envió nueva misiva en fecha 12/11/2018, exigiendo la indemnización de la Ley 25.323 y el reclamo por 22,5 horas extras semanales, el cual fuera rechazado por la contraparte en fecha 20/11/2018. Fundó en derecho, practicó liquidación, y ofreció prueba. Finalmente, peticionó. Corrido el respectivo traslado se presentó la Sra. <PER_2>, contestando demanda y oponiéndose a su progreso. Formuló negativas en general y en particular, y controvirtió los hechos relatados por el actor, relató la realidad de los mismos según su versión. Rechazo los rubros reclamados, ofreció prueba y fundó en derecho. Hizo reserva del caso federal. Finalmente, peticionó el rechazo de la demanda, con costas.
Los demás antecedentes de autos han sido debidamente reseñados en la sentencia de grado, por lo que a los mismos me remito y tengo presente a la hora de resolver.
Allí se hizo lugar a la demanda interpuesta por el Sr. <PER_1>, condenando a la Sra. <PER_2> para que en el plazo de diez (10) días abone al actor la suma de $29.325,81 en concepto de: diferencia en indemnización art. 245 LCT y su correspondiente SAC, dif. vacaciones proporcionales y su SAC e indemnización art. 2 Ley 25323. Rechazó los rubros: horas extras al 50 % periodo Enero a Septiembre 2018, entrega del certificado de trabajo y la correspondiente imposición de la multa dispuesta en el art. 80 LCT. Adicionó interés y/o actualización por IPC desde que cada suma fue debida y hasta la fecha de efectivo pago, según las pautas establecidas en el art. 55 de la ley 27802 y dispuso capitalizar la suma de condena, conforme el art. 770 inc. b) del CCCN, a la fecha de notificación de la demanda (12/02/2019). Se impusieron las costas a la demandada vencida y se regularon los honorarios de los profesionales intervinientes.
II. Agravios.
II.1.a. En primer término, el accionante se agravia por la desestimación respecto a la indemnización prevista por el art. 80 de la LCT.
Manifiesta que se desprende de los considerandos respectivos, que se reconoce expresamente que no fueron imcorporadas las constancias de capacitación y que el certificado se encuentra incompleto respecto de la ausencia de las constancias de aportes a la entidad sindical, desestimando la aplicación de la multa sobre fundamentos pura y absolutamente discrecionales y arbitrarios.
Afirma que el juez entiende que las omisiones incurridas no tienen entidad suficiente para su penalización, atribución que la ley no le concede y hace de sus facultades de apreciación un acto sometido a su exclusiva voluntad.
Se expide respecto a la discrecionalidad judicial, calificando al decisorio de una amplia cuota de discrecionalidad sobre todo en la apreciación de las pruebas.
Argumenta que su crítica cobra fuerza cuando se aprecia que el mismo a quo no ha formulado reparación alguna para imponer tal sanción indemnizatoria en casos donde se produjo la entrega completa de la documentación, pero fuera del término legal, citando precedentes a sus efectos.
II.1.b. Por último, se agravia porque el fallo omitió establecer en la fijación de honorarios los mínimos previstos por la ley (art. 7 Ley XIII N° 4) como piso de regulación.
Expresa que ello afecta el derecho de las partes y genera controversias futuras dilatorias del cobro de sus créditos.
III. Análisis de los agravios. Solución.
III.1. Adentrándome en el tratamiento de la cuestión traída a mi análisis, acostumbro recordar en mis votos que no es preciso que el tribunal considere todos y cada uno de los planteos y argumentos esgrimidos por las partes, ni en el orden en que son propuestos, bastando que se lo haga únicamente respecto de aquellos que resulten esenciales y decisivos para sustentar debidamente el fallo de la causa. Tal como lo ha establecido el más alto tribunal federal, los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino solo aquellos que estimen pertinentes para la solución del caso (CSJN, Fallos, 248:385;
272:225; 297:333; 300:1193, 302:235, entre muchos otros).
III.1.a. Como lo señalara, la queja de la accionada se vincula con el rechazo de su reclamo en lo que respecta a la indemnización prevista en el art. 80 de la LCT, por no cumplir dicha documentación con los requisitos previsto por la legislación, omitiendo consignar las constancias de capacitación impartidas y la descripción de aportes y contribuciones a la entidad sindical.
En claro, la cuestión a dirimir, por tanto, transita el meridiano del cumplimento –o no– de las previsiones de la letra que compone la norma citada, ello respecto del cumplimiento de las obligaciones allí establecidas en cabeza del empleador, las que en la sentencia se juzgaron como parcialmente satisfechas, ya que respecto de la falta de omisión de incorporar las acciones de capacitación impartidas; el a quo refirió que ninguna de las partes aportó elemento alguno respecto a alguna capacitación que se le hubiera impartido al trabajador en el corto lapso que duró la relación laboral, por lo que está convencido de que el Sr. <PER_1> no realizó ninguna; e indicó que la única falencia que posee tal documentación es la falta de inclusión de la descripción de aportes y contribuciones a la entidad sindical, rechazando igualmente la condena pretendida, por entender que ello no le genera perjuicio alguno al reclamante. Tal decisión es la que constituye el objeto de la crítica.
Recuerdo aquí que el art. 80 LCT dispone: “La obligación de ingresar los fondos de seguridad social por parte del empleador y los sindicales a su cargo, ya sea como obligado directo o como agente de retención, configurará asimismo una obligación contractual. El empleador, por su parte, deberá dar al trabajador, cuando este lo requiriese a la época de la extinción de la relación, constancia documentada de ello. Durante el tiempo de la relación deberá otorgar tal constancia cuando medien causas razonables. Cuando el contrato de trabajo se extinguiere por cualquier causa, el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social. Si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previstos respectivamente en los apartados segundo y tercero de este artículo dentro de los dos (2) días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor de este último que será equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuere menor. Esta indemnización se devengará sin perjuicio de las sanciones conminatorias que para hacer cesar esa conducta omisiva pudiere imponer la autoridad judicial competente. (Párrafo incorporado por art. 45 de la Ley nº 25345 B.O. 17/11/2000)”.
Respecto del mentado requerimiento, el Dec.
Reglamentario nº 146/01 estableció en su art. 3°: “El trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previstos en los aparts. segundo y tercero del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo 20744 (t.o. por Dto. 390/76) y sus modificatorias, dentro de los treinta días corridos de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo”.
Respecto del certificado de trabajo, este debe contener a) el tiempo de prestación de servicios, b) la naturaleza de estos, c) la constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social. No se requiere, en cambio, que incluya la constancia de retenciones en concepto de aportes sindicales o contribuciones destinados a entidades sindicales y, d) la calificación profesional obtenida por el trabajador en el o los puestos de trabajo desempeñados, hubiere realizado o no, acciones regulares de capacitación (constancia que debe figurar en el comprobante, de acuerdo con lo dispuesto por el sexto artículo sin número del capítulo VIII "De la formación profesional" del Título II de la Ley de Contrato de Trabajo, incorporado por la Ley 24576).
La información que surja del mismo debe corresponder a la realidad de los hechos por lo que no será defectuoso el que denote el incumplimiento de obligaciones relativas al ingreso de aportes o contribuciones, pero lo será el que contenga una información falsa o el que no cumpla los requisitos normativos exigidos por la norma.
En virtud de lo expuesto, y aun cuando se verifica un yerro involuntario en el decisorio de grado, puesto que no existe obligación de incluir en el certificado de trabajo constancia de los aportes a las entidades sindicales, como si lo exige la norma respecto de los aportes y contribuciones con destino a los organismos de seguridad social, el agravio resulta improcedente. Es que, lo expresado surge, sin más, del propio texto de la ley, que he reproducido párrafos arriba, por lo que mal puede ello constituir queja del recurrente. Agrego que, sin perjuicio de lo dicho, se advierte que al contestar la acción impetrada en su contra, la demandada acompañó los formularios F931, con sus respectivos VEP de pagos (v. fs. 56/79). Es decir, obran elementos que demuestran que los aportes y contribuciones a la entidad sindical se habían efectuado por la empleadora.
Ya respecto de la inclusión de las mentadas capacitaciones en el certificado de trabajo, comparto la solución que diera el juez de grado, ello toda vez que entiendo que los fundamentos (ver Considerando III.1. décimo primer párrafo) no conducen –en el particular- a la aplicación de la multa prevista en el art. 80 LCT. En efecto, adviértase que el reclamo fue planteado en forma general, no detallando el accionante en momento alguno a que capacitaciones específicas se refiere que ha realizado, menos aun acompañando documentación que respalde las mismas. A ello cabe adunar lo referido por el sentenciante, con adecuado criterio, respecto del marco en que se desarrolló la relación laboral, es decir dentro de una empresa familiar, con un solo empleado, no existiendo en definitiva prueba alguna arrimada respecto de que efectivamente se le hubieren impartido capacitaciones durante su corta relación laboral con la aquí demandada. Lo expuesto me conduce a rechazar el agravio de la actora.
III.1.b. Por último, respecto del cuestionamiento de la actora sobre la falta de imposición de los mínimos en la regulación de honorarios, que se asienta sobre la disposición del art. 7 de la Ley XIII N° 4 DJP, la que estipula en su primera parte que los honorarios de los abogados tendrán un mínimo de veinte (20) JUS en los procesos de conocimiento, y por haberse regulado en la instancia de grado en un 20% del monto que resulte de la liquidación a los abogados de la parte actora y un 12% a los abogados de la parte demandada, formularé dos consideraciones previas.
En primer lugar, se incorpora una cuestión vinculada con los honorarios profesionales en el marco de la expresión de agravios. Tengo dicho en numerosas oportunidades que el recurso de apelación contra los honorarios profesionales ostenta autonomía normativa conforme lo dispuesto en el art. 246 del ordenamiento ritual, por lo tanto, si es que han de ser cuestionados debe hacérselo conforme manda la norma, y no pretender incluir la queja como un punto aparte en el memorial. En segundo lugar, la crítica en torno al piso mínimo previsto en la legislación especial resulta particularísima del letrado interviniente, quien corresponde la postule por derecho propio, no correspondiendo se formule en representación de la parte actora.
Aun cuando ello bastaría para el rechazo del planteo, ha de destacarse aquí que, conforme la letra de la sentencia, el monto de capital de condena asciende a la suma de $29.325,81, con más los intereses allí fijados. En tal inteligencia, si se toma el valor de la unidad JUS a la fecha del decisorio de grado (10/03/2026), conforme el publicado en la página web oficial https://www.juschubut.gov.ar/index.
php/jusunidad -de medida-, resulta de $69.031,97- (Res. Adm. Gral. 13631/26), por lo que la suma equivalente a los pretendidos veinte (20) JUS ascendería a $69.031,97 x 20 = $1.380.639,40, lo que demuestra que la aplicación mecánica e irreflexiva de la ley conduce a un resultado disvalioso y desproporcionado.
Es que tal como lo ha sostenido ya está Alzada “La cabal percepción de la inequidad de la solución legal en el caso particular, habilita la prerrogativa conferida por el art. 1255 segunda parte del segundo párrafo del Cód. Civil y Comercial, que en su segundo párrafo dice: “…Cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de dichas leyes, su determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución”. En torno a esta disposición, se ha expresado que para el supuesto que existiera una evidente desproporción y que carezca de sustento, aun cuando se aplicaran los aranceles locales, el juez puede fijar la retribución conforme la equidad. Esta pauta viene a generar una brecha para que los jueces puedan fundadamente apartarse de las reglas arancelarias locales cuando no se condiga el resultado de su aplicación con las labores efectivamente desarrolladas (cf. Rivera –Medina “Código Civil y Comercial de la Nación –Comentado”, Tomo IV, pág 16).” (CApel Com. Rivadavia, Sala Única, autos 312/2024).
Entiendo que, en el caso de autos, tal como aconteciera en el citado antecedente, la aplicación de sumas inferiores a los resultantes de aplicar el mínimo legal de JUS, resulta procedente, toda vez que otra solución aparece como desproporcionada e irrazonable para la economía del proceso, dado las especiales circunstancias relatadas, teniendo en cuenta que los valores que arroja la aplicación directa del mínimo legal del art. 7 de las normas arancelarias resulta exorbitante en relación al monto del proceso, ya individualizado, antes, por lo que propondré el rechazo del agravio.
IV. Resueltas así las cuestiones materia de agravios, resta atender a las costas del proceso, las que en atención a como se decide serán impuestas a la parte actora vencida en virtud del principio general de derrota (art. 69 del CPCCCh). Respecto de los honorarios profesionales por las labores en la Alzada, serán regulados de acuerdo con las pautas establecidas en la ley especial (Ley XIII n° 4 DJP), para el Dr. <PER_3>, en el 25%, a calcular sobre los correspondientes a la primera instancia, y con más el IVA, de corresponder. A la segunda cuestión, el Dr. Hayes dijo:
Por lo expuesto, y de ser compartido mi voto, propongo al Acuerdo la siguiente fórmula postulatoria:
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, conforme considerandos respectivos.
2. Imponer las costas de la Alzada a la actora vencida (art. 69 CPCCCh.).
3. Regular los honorarios profesionales por las labores ante la Alzada para el Dr. <PER_3>, en el 25%, a calcular sobre los regulados en la primera instancia y con más el IVA, de corresponder.
A la primera cuestión, la Dra. Nieto dijo:
I. Concuerdo con el detalle de antecedentes de la causa que efectuó el Dr. Hayes en los apartados I.1.a, hasta II.1.b de su voto, motivo por el cual remito a la reseña allí introducida (art. 2, ley V-203).
II. Asimismo concuerdo con la solución propuesta por el colega preopinante en el apartado III en cuanto propone rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora tanto respecto al rechazo que se efectuara en la sentencia definitiva a la condena por multa dispuesta en el art. 80 de la LCT (referida a la documentación laboral), como asimismo concuerdo con la propuesta de rechazo del agravio referido a la regulación de honorarios, y así lo voto.
III. Costas y honorarios:
Conforme el resultado del proceso y el principio objetivo de la derrota (art. 69 C.pr.), las costas de esta instancia deben ser impuestas al recurrente perdidoso, regulando los honorarios al Dr. <PER_3> en el 25% a calcularse sobre los honorarios dispuestos en la instancia de grado, más IVA si correspondiera. A la segunda cuestión, la Dra. Nieto dijo:
Resueltos los agravios y la imposición de costas, concuerdo la fórmula postulatoria efectuada por el Dr. Hayes, a la cual adhiero, considerando innecesaria su reproducción.
Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente,
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, conforme considerandos respectivos.
2. Imponer las costas de la Alzada a la actora vencida (art. 69 CPCCCh.).
3. Regular los honorarios profesionales por las labores ante la Alzada para el Dr. <PER_3>, en el veinticinco por ciento (25%), a calcular sobre los regulados en la primera instancia y con más el IVA, de corresponder 4) Regístrese, notifíquese y devuélvase.
REGISTRADA BAJO EL nro 151 DEL AÑO 2026 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS "L"
Fin de la sentencia