Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123467
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Acordada 1.790). Con costas.
"CASA GRANDE, HAYDEE DOMINGA C/ OBISPADO DE AZUL Y OTRO/ SUMARIO"
La Plata, 18 de diciembre de 2019.
I. Conforme surge de las constancias adjuntadas, la Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de un juicio por reducción de donación iniciado por la señora Haydee Dominga Casa Grande contra el Obispado de Azul y su dependiente Parroquia Nuestra Señora de la Asunción Saladillo, modificó la sentencia apelada declarando la resolución de la donación instrumentada por escritura pública en la medida que fuere menester para respetar el principio de integridad de la legítima, en los términos dispuestos por el magistrado de origen en su pronunciamiento (v. fs. 1/5 vta.).
Contra dicha sentencia, el apoderado de la parte demandada interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 7/12 vta.).
Frente a ello, la Cámara -en lo que aquí interesa destacar- intimó a la recurrente a acompañar la valuación fiscal del inmueble objeto de autos (v. fs. 13) y, posteriormente, teniendo en cuenta la documentación adjuntada, denegó la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley con sustento en la insuficiencia del valor del agravio (v. fs. 18). Ello motivó la articulación de la presente queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. fs. 26/33).
II. Al respecto, es de señalar que en el sub lite el a quo denegó esta vía revisora teniendo en cuenta que la porción dispuesta a su favor por la donante -dos terceras partes de la valuación fiscal del inmueble objeto de estos actuados- no alcanzaba el monto mínimo para recurrir conforme a lo previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 18).
En la queja articulada la recurrente alega en primer lugar que se ponderó erróneamente la valuación de un inmueble -adjuntada por su parte frente al requerimiento del a quo -, que no se correspondía con el que es objeto de la donación cuya valuación fiscal es superior y agrega a esta presentación (v. fs. 25 y 29 vta./30).
Luego, se agravia también porque la Cámara al denegar el remedio articulado no contempló la tasación que surge del informe pericial obrante en autos, importe que -en la referida proporción- superaría la suma fijada en el art. 278 citado y que, según alega, en la actualidad sería aún mayor (v. fs. 30/32).
Asimismo, expone que el valor de sus agravios no se reduce a la indicada proporción de la valuación fiscal del bien donado a su favor, toda vez que existen otros bienes a considerar y, de efectuarse una correcta composición del acervo de la donante y ordenarse la reducción de una donación sobre otro bien, la donación que la beneficiara no se vería alcanzada por reducción alguna (v. fs. 31).
Plantea finalmente la inconstitucionalidad de la restricción respecto del monto del agravio para acceder a esta instancia extraordinaria y, a todo evento, cita además la previsión del art. 31 bis de la ley 5.827 (v. fs. 31 vta.).
III. Con relación a los planteos traídos en la queja, cabe señalar en primer lugar que los mismos no logran conmover la conclusión del a quo - que, además, en su momento no objetara- de considerar, a los fines del cumplimiento del recaudo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial la valuación fiscal del inmueble objeto de la donación que beneficiara a la recurrente y cuya reducción resiste la demandada (conf. doctr. causas Ac. 103.039, "Brustle", resol. de 18-II-2009; C. 117.139, "Correa", resol. de 19-XII-2012; C. 117.551, "Mere", resol. de 18-XII-2013 y C. 122.506, "Mesa", resol. de 20-III-2019), siendo inatendible su pretensión de sumar el valor de otros bienes que componen el acervo sucesorio del donante que no están incluidos en el acto objeto de esta pretensión.
Así, más allá del error que se menciona al adjuntar una valuación de otro bien, la documentación que se acompaña a la queja referida al inmueble ubicado en la localidad de Saladillo, en la proporción indicada por la Cámara (2/3), tampoco alcanza el monto mínimo para recurrir establecido por el art. 278 citado (conf. Acuerdo 3.938/2019).
Asimismo, es pertinente recordar que esta Corte ha dicho en forma reiterada que no corresponde computar, en casos como el presente, a los fines de cumplimentar con el recaudo de admisibilidad previsto en el art. 278 mencionado, la tasación particular del inmueble como pretende el apoderado de los impugnantes en su queja (v. fs. 30/32; causas Ac. 97.467, "Cazanobe", resol. de 31-X-2007; C. 113.284, "Fazio", resol. de 27-IV-2011; C. 118.644, "Fernández", resol. de 18-XII-2013; C. 118.428, "Cooperativa de Vivienda 17 de Noviembre", resol. de 25-VI-2014; C. 122.813, "Velasco", resol. de 20-III-2019 y C. 123.110, "Mahiques", resol. de 8-V-2019).
Con respecto a la alegación referida a la inconstitucionalidad del art. 278 citado (v. fs. 31 y vta.), esta Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al monto del juicio para la concesión del remedio extraordinario regulado en aquel dispositivo legal no vulneran derechos o garantías de ese rango (causas Ac. 102.584, "Rodríguez Roldán", resol. de 18-II-2009; C. 103.419, "Banco Coop. Caseros Ltdo.", resol. de 14-VII-2010; C. 111.979, "Municipalidad de Exaltación de La Cruz", resol. de 1-IX-2010; C. 116.566, "Pacheco", resol. de 18-IV-2012; C. 119.390, "Canto", resol. de 29-IV-2015; C. 120.878, "Pita", resol. de 21-IX-2016; C. 121.479, "Rodríguez Roldán", resol. de 19-IV-2017).
Por lo demás, la manifestación realizada con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Di Mascio" (v. fs. 31 y vta.) carece de asidero. Como es sabido, el criterio que emana de ese precedente condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para restringir el trámite de embates que porten agravios federales. Así, en el sub lite , no se exhiben argumentos que prima facie valorados sean suficientes para dar apoyo a la invocación de un supuesto de carácter excepcional (causas C. 119.700, "Fratti", resol. de 20-V-2015; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 26-X-2016), que permita habilitar la instancia revisora.
Finalmente, viene al caso señalar, con referencia a la invocación del art. 31 bis del decreto ley 5.827 a fin de soslayar el requisito del monto mínimo para recurrir, que no se advierte que en el caso se encuentre configurado ninguno de los supuestos previstos por la mentada norma que justifiquen que con carácter excepcional este Tribunal diera trámite al recurso obviando tal limitación (conf. doctr. C. 121.631, "Do Reys", resol. de 29-XI-2017; C. 122.381, "Hende", resol. de 3-V-2018).
En consecuencia, la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley deviene inadmisible (conf. art. 278 cit. y Acuerdo 3.938/2019).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Acordada 1.790). Con costas.
Regístrese, notifíquese y archívese.
DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia