Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129662
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por Leonardo Gabriel Sánchez y, en consecuencia, condenó a Banco Santander Río S.A. al pago de las indemnizaciones derivadas del despido (v. pronunciamiento de fecha 14-VII-2022).
Para así decidir, tuvo por acreditado que el actor fue suspendido preventivamente a partir del 10 de mayo de 2018 mientras se realizaba en la sucursal donde prestaba servicios una auditoria interna por operaciones de compra de valores negociados efectuados por fuera de la normativa vigente, siendo notificado de ello mediante actuación notarial.
Asimismo, señaló que el trabajador impugnó la medida disciplinaria invocando la violación a los arts. 40, 50 y 52 de la ley 23.551 e intimó a su empleadora para que lo reinstalara en su puesto de trabajo y que ante la falta de respuesta a tal emplazamiento se consideró indirectamente despedido.
En esa línea, el a quo concluyó que la declaración extintiva había sido fundada en el silencio guardado a las intimaciones cursadas en modo fehaciente, por lo que debía presumirse como cierto que la accionada no iba a revertir su postura, dejando sentado, además, que ello se veía corroborado con la comunicación tardíamente recibida por el trabajador, donde había sido ratificada la suspensión dispuesta.
En este marco, y teniendo en cuenta que el actor estaba alcanzado por la garantía de la estabilidad sindical regulada en los arts. 48 y 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales, por cumplir funciones de delegado titular de las comisiones internas, consideró que la accionada no podía despedirlo, suspenderlo ni modificar sus condiciones de trabajo sin antes acudir al procedimiento previo de exclusión de tutela, circunstancias que no ocurrió en la especie.
II. Contra dicha decisión, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación del 16-VIII-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 19-VIII-2022).
En su presentación, cita las normas y doctrina legal que considera transgredidas.
En primer lugar, bajo la denuncia de absurdo, alega que no fueron analizadas adecuadamente las fechas de las comunicaciones telegráficas. Sostiene que la empleadora dio respuesta oportunamente a las comunicaciones que le cursó el trabajador, ratificando la suspensión notificada oportunamente, por lo cual no pudo el a quo señalar que el Banco Santander Río S.A. hubiera guardado silencio.
Por otro lado, objeta que el sentenciante no valorara la gravedad de los hechos que llevaron a efectuar la investigación que motivo la sanción disciplinaria.
Aduce que con la suspensión con goce de haberes se mantenía vigente el salario del actor a la vez que no se le prohibió llevar a cabo su actividad sindical, para la cual había sido electo.
Finalmente, refuta que el a quo hubiera desestimado en forma arbitraria la prueba rendida, por medio de la cual se demostró -alega- que el accionante, con su falta de control, había colaborado a que el fraude se perpetrara por sumas exorbitantes.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, es menester recordar que la apreciación de las circunstancias fácticas y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso, fundamentalmente lo que atañe a su selección, jerarquización, mérito y eficacia, así como la determinación de las condiciones en que se produjo la extinción del contrato de trabajo, constituyen cuestiones de hecho reservadas a los jueces de la instancia ordinaria y, en consecuencia, se hallan marginadas de la casación, salvo cabal y suficiente demostración de absurdo (causas L. 122.775, "Ilión", resol. de 21-VIII-2019; L. 125.565, "Molina", resol. de 14-XII-2020 y L. 125.158, "Sangorrín", resol. de 4-III-2021), único supuesto en que esta Corte se encuentra habilitada para revisar las conclusiones fácticas del fallo.
La demostración del vicio señalado requiere de la configuración del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020). Pues, no lo constituye cualquier yerro ni la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020; L. 124.031, "Coronel", resol. de 16-VI-2020 y L. 123.944, Di Cataldo", resol. de 3-VIII-2020).
III.2. En el caso, el recurrente no logra demostrar el absurdo invocado, toda vez que en su presentación sólo esboza un razonamiento paralelo al plasmado en el pronunciamiento en crisis, a partir de una disímil apreciación de los hechos y las pruebas ponderadas en el fallo. Y en dicha labor (de suyo inhábil para evidenciar la existencia del vicio de absurdo que denuncia) soslaya rebatir eficazmente los motivos que llevaron al juzgador a desestimar los reclamos formulados en el escrito liminar.
En efecto, la impugnación se limita a refutar, por un lado, la interpretación efectuada por el a quo respecto del intercambio telegráfico y, por otro, a insistir en los motivos que la llevaron a tomar la decisión de suspender al actor, mas sin detenerse a analizar el argumento central desarrollado por el tribunal, sustentado en la falta de cumplimiento del art. 52 de la ley 23.551, en cuanto exige, previo a tomar cualquier tipo de decisión que implique la modificación de la situación del trabajador amparado por la referida norma, el trámite de exclusión de tutela sindical.
III.3. En este sentido, reiteradamente ha señalado esta Suprema Corte que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficazmente todos los argumentos esenciales del fallo objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ésta se asienta (causas L. 119.609, "Kitiver", resol. de 6-IV-2016; L. 121.538, "Cabral", resol. de 26-IX-2018; L. 124.820, "Albarracín", resol. de 24-VIII-2020; L. 124.684, "Beltran", resol. de 25-IX-2020; L. 122.707, "Ostapowicz", resol. de 2-XI-2020; L. 125.994, "Carini", resol. de 10-V-2021 y L. 127.984, "Barraza", resol. de 7-VI-2022).
También ha manifestado esta casación que no resulta idóneo para concretar una réplica adecuada y eficaz de lo decidido por el tribunal de grado, el remedio basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos en la instancia anterior (causas L. 121.398, "Britos", resol. de 18-IV-2018; L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 121.756, "Crego", resol. de 13-II-2019 y L. 125.994, "Carini", cit.).
III.4. De ese modo, la impugnación no aporta elementos convincentes con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 117.656, "Barraza", sent. de 23-XI-2016; L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017; L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019 y L. 129.440, "Aquino", resol. de 22-XII-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/04/2023 09:37:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2023 09:04:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2023 13:23:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2023 13:04:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/05/2023 14:20:16 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 08/05/2023 16:50:01 hs. bajo el número RR-491-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia