Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131947
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.947, "Alaise, Fabiana Alejandra contra Fiscalía de Estado Autoasegurada. Sumarísimo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Torres , Budiño .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. sent. de fecha 24-X-2022).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 9-XI-2022).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que resulta relevante, el tribunal interviniente hizo lugar a la demanda promovida por la señora Fabiana Alejandra Alaise y condenó a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires a abonarle la suma que especificó en concepto de diferencia por la prestación dineraria establecida en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 (conf. dec. 1.278/00).
Para así decidir, tras declarar la cuestión debatida como de puro derecho (v. resol. de fecha 2-IX-2020), señaló como hechos relevantes de la causa que el día 4 de septiembre de 2009 la actora sufrió un accidente de trabajo por el cual se determinó en los autos caratulados "Alaise, Fabiana c/ Provincia ART s/ Apelación de Resolución Administrativa" —expediente 28.482, con sentencia de fecha 20 de febrero 2015— que padece una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 18% de la total obrera. Asimismo, estableció que, por dicho siniestro, el día 26 de enero de 2011 percibió la suma de $15.935,85 en concepto de prestaciones dinerarias, y que el día 8 de abril de 2015 recibió un segundo pago de $32.400. Finalmente, determinó que el ingreso base mensual ascendió la suma de $8.296,36 (v. sent., pág. 11).
Puntualizó que la ley 24.557 resultaba ser la aplicable al caso, según la redacción dada por el decreto 1.278/00.
En ese orden, por mayoría, desestimó que, en la especie, la indemnización debida a la trabajadora constituyera una deuda de valor. De este modo, con sustento en lo resuelto por esta Corte en los precedentes L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 118.532, "Godón" (sent. de 5-IV-2017), y por la Corte federal en la causa "Espósito" (sent. de 7-VI-2016), sostuvo que, respecto a las indemnizaciones tarifadas previstas en la normativa especial de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, debían aplicarse las normas vigentes a la fecha en que sucedieron las circunstancias fácticas ventiladas en la causa. De modo tal que el supuesto de autos debía subsumirse en las previsiones normativas de la ley 24.557 (modif. conf. dec. 1.278/00).
Dicho ello —sin perjuicio de la extemporaneidad del planteo—, declaró abstracto el tratamiento de los agravios por conducto de los cuales se pretendía la declaración de invalidez constitucional de los arts. 12 y 14 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Sentado lo anterior, a fin de determinar si la actora resultaba acreedora de diferencias por prestacionales sistémicas, resolvió que la indemnización por la incapacidad determinada no podía superar la suma que resultara de multiplicar $180.000 por el porcentaje de incapacidad (18%), arribando a la suma de $32.400, conforme lo prescripto en el decreto 1.278/00, modificatorio de la ley 24.557.
A dicho resultado, le adicionó los intereses que indicó desde el evento dañoso (4-IX-2009) hasta la fecha del primer pago parcial (26-I-2011), de acuerdo a la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito en pesos a treinta días, a través del sistema Banca Internet Provincia (BIP), sobre cuyo monto total ($37.182,73) dedujo el importe de $15.935,85 ya percibido por la trabajadora.
Luego, ante la existencia de un segundo pago, al remanente obtenido supra ($21.246,88), le aplicó acrecidos desde la última fecha señalada, hasta la del segundo pago parcial (8-IV-2015), descontando luego el valor allí abonado por la aseguradora ($32.400) arribando a un total de $4.864,88, en concepto de diferencia de prestaciones dinerarias de la Ley de Riegos del Trabajo. Finalmente, dispuso que al capital de condena debían adicionarse los accesorios con arreglo a la tasa utilizada anteriormente y hasta su total y efectivo pago.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 2 apartado 1, 7 apartado "b" y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales; 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Acuerdo San Salvador y 11 y 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; de los derechos de defensa, propiedad y principios alterum non laedere, de indemnidad, protectorio y progresividad; y de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer término, cuestiona el rechazo del planteo de inconstitucionalidad de los arts. 12 (en su versión anterior a la ley 27.348) y 14 de la ley 24.557.
II.1.a. En tal sentido, aduce que la decisión de grado vulneró la doctrina legal de esta Corte sentada en las causas L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021); L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) y L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018), en las que —señala— se declaró la invalidez constitucional del mentado art. 12. De modo tal que —concluye— el fallo atacado resulta impugnable y debe ser revocado.
Manifiesta que el voto conformado por la mayoría soslayó aplicar la doctrina contenida en las mencionadas causas, limitándose a considerar abstracta su petición y eludiendo realizar el requerido control de razonabilidad indemnizatoria, sin advertir que la pretensión actoral trasciende la mera aplicación temporal de normas, como erróneamente concluye.
Afirma que tratándose de una trabajadora que porta una minusvalía del 18% de la total obrera, que se encuentra aguardando desde hace varios años la percepción de su crédito indemnizatorio —de manera íntegra y definitiva— el juzgador desvirtuó el concepto reparatorio, concediendo un capital de condena a todas luces irrazonable e irrisorio. Máxime —sostiene— si se coteja este monto con la suma resultante de emplear otras opciones más benevolentes para el operario, como los salarios vigentes al momento del pago parcial o sentencia, o bien adicionar intereses sobre la base salarial desde la fecha de la contingencia.
Advierte que el sentenciante, absurda e injustificadamente, se expidió convalidando la validez constitucional del art. 12 de la ley 24.557, ignorando la doctrina legal aludida y luego sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas que identifica como "Marando" y "Leguizamón".
Alega que la parte actora introdujo como pretensión la necesidad de mensurar su crédito indemnizatorio a valores actuales, a fin de que la accionante no sufra un menoscabo en su derecho de propiedad, debido al proceso inflacionario imperante. De este modo —explica— planteó la inconstitucionalidad del mencionado art. 12 y solicitó que la indemnización sea mensurada tomando como ingreso base mensual la remuneración devengada por un trabajador que, a la fecha del pago parcial recibido, efectúe las mismas tareas que prestaba la actora al momento del accidente. Por tal razón, cuestiona que el juzgador computara como módulo para cuantificar las prestaciones dinerarias el promedio de los salarios devengados en el año anterior a la primera manifestación invalidante y a ello le adicionara la tasa de interés que aplicó.
Expresa que resulta evidente que la sentencia de grado omitió valorar los planteos vinculados a la razonabilidad del cálculo indemnizatorio, su desactualización monetaria, el enriquecimiento sin causa de la aseguradora y el análisis comparativo señalado en su pretensión.
A su vez, sostiene que la aplicación del tope prestacional establecido en el art. 14 de la ley 24.557 (según lo establecido en el decreto 1.278/00), le provoca un menoscabo económico significativo, de allí que dicha norma resultaba constitucionalmente cuestionable.
II.1.b. Refiere que los votos que conformaron la mayoría en autos carecen de fundamentación adecuada e incurren en arbitrariedad.
Asimismo, señala que la sentencia de grado infringió la doctrina establecida en las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), en cuanto al deber de justipreciar los fallos. A la par, sostiene que, al momento del dictado, el juzgador soslayó cumplir con su deber contenido en el art. 3 del Código Civil y Comercial de la Nación.
II.2. Desde otroángulo, postula que el tribunal omitió aplicar al caso la capitalización prevista en el art. 770 inc. "b" del digesto anteriormente mencionado, la que —expone— debió ser empleada aún de oficio, frente a su requerimiento de condenar al demandado a abonar los intereses correspondientes al caso.
II.3. Reitera que los planteos y argumentos esgrimidos en los escritos constitutivos del proceso, así como la plataforma fáctica y jurídica, coinciden y se asemejan al citado precedente "Amaya", mas no con la doctrina legal sentada en las causas "Staroni" y "Godón", que erróneamente aplicó el órgano de grado para fundar su fallo.
II.4. Destaca que, durante todo el proceso, la actora mantuvo su reclamo dentro del régimen legal instaurado por la Ley de Riesgos del Trabajo, propugnando que su resarcimiento se ajuste al momento del pago, teniendo en cuenta la razonabilidad, por configurar su derecho crediticio una deuda de valor.
Finalmente, resalta que la vigencia y trascendencia del mentado principio de razonabilidad ha sido reafirmado por la postura minoritaria de esta Suprema Corte en las causas L. 118.992, "Machado" (sent. de 4-VII-2018) y L. 117.890, "Venerus" (sent. de 22-VIII-2018), así como lo resuelto en el citado caso registrado como L. 119.987.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Liminarmente, se impone observar que —tal como indicó el tribunal de origen en su resolución electrónica de fecha 17-XI-2022—, el valor de lo cuestionado, en el caso, no supera el umbral establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del recurso deducido solo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653 (aplicable a la fecha de su interposición).
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 123.817, "Juncos", sent. de 28-IV-2021; L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021 y L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; e. o.).
III.1.b. Empero, no puede soslayarse que el agravio por medio del cual se cuestiona la constitucionalidad de los arts. 12 y 14 de la ley 24.557 —en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348— involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 —aplicable al caso—corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2.478 in re "Di Mascio") es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
III.1.c. Por consiguiente, dicho cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2. Aclarado ello, no acierta el interesado en cuanto objeta la decisión de grado por la cual declaró abstracto el planteo de inconstitucionalidad formulado en torno a los arts. 12 (concretamente en lo que refiere al período a tomar en cuenta para definir el ingreso base mensual) y 14 (en cuanto al tope legal previsto) de la ley 24.557.
III.2.a. En este orden y en atención a las particulares circunstancias de autos, cabe advertir que el impugnante no refuta concreta y eficazmente las razones —acertadas o no— sobre las cuales se estructuró la decisión objetada, afincadas específicamente en el ámbito temporal de aplicación de la normativa en juego. En tal sentido, como se adelantó, el sentenciante —por mayoría— apoyó la decisión por la que juzgó abstracto expedirse respecto de aquellos planteos, en lo resuelto por esta Corte en los precedentes L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 118.532, "Godón (sent. de 5-IV-2017), en los cuales —indicó— se declaró que a las indemnizaciones tarifadas previstas en la normativa especial de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales deben aplicarse las normas vigentes en la fecha del evento dañoso.
En efecto, y sin que ello implique abrir juicio respecto del grado de acierto sustancial de la solución adoptada, el compareciente no se hace cargo de rebatir eficientemente los concretos argumentos que brindó el tribunal de grado para desestimar el cuestionamiento constitucional referido (conf. causas L. 118.832, "Zacarías", sent. de 10-VIII-2016; L. 118.420, "Almandoz", sent. de 27-VI-2018; L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020; L. 129.495, "Rodríguez", resol. de 22-XII-2022 y L. 128.868, "Ortíz Caballero", resol. de 23-XI-2023).
Lejos de ello, sólo se limita a formular consideraciones destinadas a poner en evidencia el yerro en que habría incurrido el juzgador al no aplicar al caso las directrices que emanan de la doctrina legal que sindica transgredida y sobre cuya base se justificaría —a su criterio— la declaración de inconstitucionalidad de los dispositivos cuya validez objeta, técnica que —bajo las aristas que exhibe el caso— no aporta fundamentos concluyentes en sustento de sus alegaciones (art. 279, CPCC).
Al respecto, cabe recordar que esta Corte reiteradamente ha expresado que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como el último recurso del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.), de allí que la alegación de un supuesto de aquella índole requiere por parte de quien lo invoca de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas. En fin, en estos casos, para arribar a una conclusión tan relevante como la que conduce a invalidar un precepto contrario a la Constitución, la carga impugnativa y probatoria debe exacerbarse (causas L. 124.171, "Gutiérrez", sent. de 21-X-2022; L. 126.512, "Iribarne", sent. de 22-XI-2022 y L. 124.142, "Bermudez", sent. de 6-II-2023).
III.2.b. Si bien lo expuesto es suficiente para sellar la suerte adversa del embate bajo examen, no está demás aclarar que —aun en una mejor hipótesis para el interesado— la denuncia de un supuesto apartamiento por parte del tribunal de origen de la doctrina legal emergente de las causas L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) y L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), no resulta atendible.
Ello así, toda vez que, de la lectura de los términos de la pretensión, de cara al análisis de las constancias de la causa —en la que se declaró la cuestión de puro derecho en el proveído de fecha 2 de septiembre de 2020— no es posible advertir la concurrencia de las condiciones que hube de aplicar en dichos precedentes para declarar la invalidez constitucional del citado art. 12 en lo referido al período a tomar en cuenta para calcular el ingreso base (causas L. 128.681, "Astrada", sent. de 20-XI-2024 y L. 128.444, "Galante", sent. de 28-XI-2024).
III.2.c. Tampoco resulta eficaz la cita de la causa L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018), pues no es correcto el argumento contenido en la impugnación en orden a que la sentencia atacada contradice lo resuelto por esta Suprema Corte al fallar el mencionado precedente.
En dicha causa, la decisión del tribunal de grado fue confirmada en esta Sede en virtud de la insuficiente fundamentación del recurso extraordinario interpuesto. Este extremo indica que no hubo, por parte de este Superior Tribunal, pronunciamiento alguno sobre la cuestión de fondo en el sentido pretendido por el aquí impugnante.
III.2.d. Por otro lado, y aun en el mismo marco de análisis, no puede ser acogida la tesis del recurrente en cuanto se orienta a señalar que el sentenciante habría omitido abordar distintos planteos que, alega, se efectuaron en forma expresa y en un momento procesal adecuado, y que se encuentran vinculados con la "razonabilidad indemnizatoria" solicitada (v. rec., en particular, págs. 11, 16, 20 y 31/32).
En esas condiciones, se aprecia que este agravio resulta notoriamente inviable, toda vez que como ha dicho reiteradamente este Tribunal, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no constituye la vía idónea para canalizar denuncias vinculadas con la preterición de alguna cuestión esencial, pues tal impugnación constituye materia propia del de nulidad (causas L. 124.861, "Gil", sent. de 28-V-2021; L. 128.786, "Martínez", resol. de 19-IX-2022 y L. 130.157, "Melita", resol. de 30-V-2023; e.o.).
III.3. Luego, el embate orientado a objetar la tasa de interés moratorio aplicada por el tribunal de grado solo puede justificarse —como lo anticipé— en el marco de la excepción que contempla el citado art. 55 primer párrafo —última parte— de la ley 11.653 (de aplicación al caso).
En este contexto, no se suscita en la especie el presupuesto que torna aplicable la doctrina sentada en las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-III-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), en orden a la necesidad de aplicar una tasa de interés puro en aquellas hipótesis donde la indemnización se ha estimado a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito, toda vez que —en el caso— la fijación de la cuantía indemnizatoria no habrá de traducir la estimación de sus valores actuales, ni importará la utilización de mecanismos indexatorios, o de índices o de coeficientes de actualización de montos históricos.
III.4. Idéntica suerte adversa ha de seguir la crítica vinculada a la omisión de capitalización de los acrecidos con fundamento en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, toda vez que, al no estar acompañada de la necesaria denuncia de violación de la doctrina legal de esta Corte, no es dable verificar la concurrencia del supuesto de excepción a
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