Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 34.068-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener a la recurrente por desistida de la acción y del derecho, incluso el de repetición, en relación con el gravámen y períodos fiscales apelado en autos y por remitidos los intereses en la proporción que correspondan, con el alcance, términos y condiciones establecidas en los artículos 11 y 13 de la ley 27.541.
2Las costas se imponen a la contribuyente en la proporción de los importes regularizados, y por su orden respecto de la proporción de los intereses remitidos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-81589169-APN-VOCVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 14 de Julio de 2023 recurso de apelación”,- sentencia- En la ciudad autónoma de Buenos Aires, se reúnen los Vocales de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Viviana Marmillon (Vocal titular de la 7ma. Nominación), Claudio Esteban Luis (Vocal titular de la 8va. Nominación) y Juan Carlos Vicchi (Vocal titular de la 9na. Nominación), a fin de resolver en el expediente N° 34.068-I, caratulado “SUPERMERCADOS MAYORISTAS YAGUAR S.A. s/ recurso de apelación”, La Dra. Marmillon dijo:
I. Que a fs. 85/121 vta. la sociedad anónima Supermercados Mayoristas Yaguar interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 68/2010 dictada por la División Determinaciones de Oficio “A” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP-DGI, que determina de oficio el impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias de los períodos fiscales enero de 2004 a diciembre de 2005, con más intereses resarcitorios y se deja en suspenso la instrucción del sumario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 24.769.
A fs. 338/341 vta. la Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala I-hace lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional contra lo decidido por este Tribunal y, en consecuencia, confirma la citada resolución 68/2010. Posteriormente la Corte Suprema de Justicia de la Nación revoca dicha sentencia apelada y ordena que se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo allí establecido.
A fs. 494/494 vta. la Sala II de la Alzada devuelve las actuaciones a este Tribunal, para que se pronuncie respecto del planteo de la actora en los términos de la ley 27.562 y RG 4816/2020.
En efecto, mediante Mesa de Entradas Virtual (IF-2020-86192565-APN-SGAI#TFN, fs. 516/517) la contribuyente denuncia su acogimiento al régimen de regularización de la ley 27.562 e informa que procedió a ingresar en un único pago las obligaciones controvertidas en autos, lo que provocó el allanamiento incondicional, desistimiento de la acción y recurso ante este Tribunal, conforme el artículo 3 de la mencionada norma y artículo 9, párrafos 1 y 2 de la RG 4816. A fs. 498/515 vta. adjunta F. 1003 del Plan Mis Facilidades O103025 -ley 27.562- consolidado el 30/10/2020- con el detalle de obligaciones incluidas en él y copia del volante electrónico de pago.
A fs. 518 se requiere a la actora que especifique y en su caso acredite su condición como sujeto del régimen invocado y acuse de recibo del acogimiento que dice haber formulado, limitándose a manifiestar ...”que todas las constancias que arrojó el sistema en oportunidad de formular el acogimiento fueron acompañadas” y que no es pyme.
II. Que a fs. 566/572 la representación fiscal hace saber que no tiene conocimiento de acogimiento alguno de la contraparte al régimen de la ley 27.541, texto según ley 27.562, toda vez que no existe constancia de presentación de la copia de su acuse de recibo, lo que constituye uno de los requisitos ineludibles a los fines de gozar del beneficio. Agrega que se incluyó en el mencionado plan el importe de $ 6.141.989,91 por en el impuesto en cuestión imputado al período 12/2005. Por ello, considera que no se han verificado todos los requisitos exigidos por la citada norma legal y sus complementarias para la adhesión al régimen en ella establecido.
Mediante PV-2022-47449141-APN-VOCVII#TFN (fs. 573) se reitera intimación a la recurrente para que acredite lo oportunamente dispuesto por este Tribunal, bajo apercibimiento de continuar con el trámite de la causa; en respuesta, a fs. 583/584 reitera lo informado previamente III.- Que en el Capítulo I del Título IV de la ley N° 27.541 y su modificatoria 27.562 (B.O. 26-8-2020) se sanciona el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, de la Seguridad Social y Aduaneras que en su artículo 8° prevé que “Los contribuyentes y las contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos... podrán acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen en el presente capítulo”.
En relación con los sujetos abarcados por dicho régimen el citado artículo dispone: “Se excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior las deudas originadas en cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo, los aportes y contribuciones con destino a las obras sociales y a los siguientes sujetos:
Personas humanas o jurídicas que, no revistiendo la condición de: i) MiPymes, ii) entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que, con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa, y iii) personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los términos que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos, posean activos financieros situados en el exterior, excepto que se verifique la repatriación de al menos el treinta por ciento (30%) del producido de su realización, directa o indirecta, dentro de los sesenta (60) días desde la adhesión al presente régimen, en los términos y condiciones que determine la reglamentación.” En uso de facultades otorgadas por la ley, el organismo fiscal en el artículo 59° de la R.G. 4816/2020 establece los requisitos que deben reunir los sujetos no enumerados en los puntos i), ii) y iii) referidos precedentemente. A tal efecto prevé el cumplimiento de un régimen de información con carácter de declaración jurada, de los socios, accionistas y/o similares, titulares de por lo menos el TREINTA POR CIENTO (30%) del capital social y/o similar, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562 y adicionalmente de los sujetos alcanzados por el requisitos de la repatriación. Asimismo, quienes efectúen la adhesión deberán adjuntar un informe especial expedido por contador público en los términos allí establecidos.
Por otra parte, el artículo 9, segundo párrafo de la RG 4816/2020 contempla que “El interesado deberá presentar ante la instancia administrativa, contencioso administrativa o judicial en la que se sustancia la causa, copia del acuse de recibo del acogimiento al presente régimen junto al detalle de las obligaciones regularizadas ”.
IV. Que sentado lo que antecede, cabe concluir que no se encuentran cumplidos en la especie los requisitos establecidos en los artículos 8° de la ley 27.541 (y su modificatoria 27.562), 8° y 59° de la R.G. (AFIP) 4816/2020 para conceder los beneficios otorgados por la normativa invocada. Ello así toda vez que, aún en el caso que se considere subsanada la ausencia de acreditación de la presentación al régimen en virtud de lo reconocido por el Fisco Nacional, la recurrente -pese a las intimaciones formuladas- no ha acreditado su condición de sujeto incluido en el régimen invocado, limitándose a manifestar que no es Pyme.
Por ello, corresponde rechazar el acogimiento formulado por la recurrente y en consideración al estado procesal de la causa, proceder a su elevación a la Alzada.
El Dr. Luis dijo:
I. Que adhiero al relato de los hechos efectuados en los Considerandos I y II del voto de la Vocal preopinante, no así en la solución que propicia respecto del desistimiento formulado por la actora.
II. Que la ley 27.541, con las modificaciones y sustituciones establecidas por la ley 27.562 (BO 26/08/2020), estableció –entre otras cuestiones- un régimen de “Regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras” para obligaciones vencidas al 31/07/2020 inclusive (art. 8), en cuyo marco “…el acogimiento al régimen importará el desistimiento de todo derecho, acción o reclamo, incluso el de repetición, respecto de las obligaciones regularizadas.” (art. 9). Dicho régimen dispuso una serie de beneficios para aquellos sujetos que adhieran al régimen y “…mientras cumplan los pagos…” de las obligaciones regularizadas (art. 11). Al efecto, claramente estableció que el goce de los beneficios “…procederá si los sujetos cumplen…” con el pago –por compensación, contado o en cuotas- “…del capital, multas firmes e intereses no condonados” (art.13). En tal inteligencia, en los casos de regularización mediante un plan de facilidades de pago en cuotas, el goce y alcance de los beneficios se encuentra supeditado a una condición diferida en el tiempo, consistente en el cumplimiento total del plan, en la forma y condiciones que establezca el organismo recaudador, y cuyo control le compete exclusivamente a dicho organismo. Corresponde destacar que, en definitiva, el beneficio se encontrará sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa; todas cuestiones cuya verificación le compete exclusivamente al ente fiscal y no a este Tribunal.
III. Que con relación al único aspecto que señala el fisco y que impediría el goce de los beneficios descriptos en el párrafo anterior, esto es, el relativo a la ausencia de presentación del formulario F408/NM, cabe destacar que de la atenta lectura del art. 9 de la ley 27.541 y sus modifs. se desprende que el sólo acogimiento al régimen importará el desistimiento de todo derecho, acción o reclamo, incluso el de repetición, respecto de las obligaciones regularizadas, tal como se expuso en el Considerando anterior, hecho que –a criterio del suscriptose encuentran acreditado con la presentación de la actora obrante a fs. 498 de la que surge la inclusión de la deuda en el plan O103025 en el marco de la ley 27.562 con fecha de consolidación el 30/10/2020, obrando a fs. 513vta. el detalle de las obligaciones regularizadas, de la que se desprende el monto determinado en autos. Por su parte, el ente fiscal también observa que la imputación del monto determinado de $6.141.989,91 fue efectuada en forma completa pero sólo en el período 12/2005. Al respecto, debe destacarse que el fisco debió realizar la reimputación de pagos correspondiente si se tiene en cuenta que la actora regularizó en una única cuota y en términos totales la suma determinada, circunstancia que en momento alguno fue negada por el fisco. Ello así, también debe considerarse que no surgen de estos actuados la existencia de causales de exclusión establecidas en el art. 16 de la ley 27.541.
Por todo lo expuesto, corresponde que este Tribunal tenga a la actora por desistida de toda acción y derecho, incluso el de repetición y por remitidos los intereses en la proporción que corresponda; con el alcance y en los términos y condiciones establecidas en los arts. 11 y 13 de la ley 27.541 y sus modifs. referenciados arriba, conforme las acreditaciones antes detalladas.
IV. Que respecto de las costas, la ley 27.541 clara e inequívocamente impone -como condición para el ingreso al régimen- que el sujeto que regularice desista de toda acción y derecho, incluso el de repetición, “…asumiendo el responsable las costas y gastos causídicos” (art.9), sin excluir concepto alguno para su determinación. Recuérdese que la primera fuente de interpretación de la ley debe ser la que emerge de su letra, de manera que cuando ésta no exige esfuerzo de comprensión debe ser aplicada directamente, sin que resulte admisible efectuar consideraciones ajenas al caso que aquella contempla (Fallos 343:2158 entre otros), y en el caso, es clara la norma en cuanto no excluye de la condena en costas los importes representativos del beneficio (parte de los intereses), no correspondiendo presumir la inobservancia del legislador a su respecto (Fallos 343:1434 entre otros).
Es que, si bien por la parte de intereses remitidos no puede inferirse que existió parte vencida, lo que ameritaría la imposición de las costas por su orden, lo cierto es que la ley 27.541 representa un régimen “especial” de pago de obligaciones tributarias; y también –consecuentemente- un régimen “especial” en materia de costas para esos casos, desplazante –por aplicación del principio de especificidad- del criterio general rector del CPCCN en materia de costas. Después de todo, la ley 27.541 es una norma de idéntica jerarquía que la 17.454, y por ello es que debe entendérsela como una norma especial que –para los casos allí contempladosdesplaza –por especialidad- las del CPCCN. Por ello, no tengo dudas que las costas debieran imponerse a la parte actora que desistió, sin exclusión de concepto alguno.
Sin perjuicio de ello, razones de economía procesal me llevan a aplicar el criterio establecido por el plenario de la Alzada in re “Alpargatas SAIC c/ DGI” del 16/12/2020, y por ende, imponerlas a la actora en la proporción de los importes regularizados, y por su orden respecto de la proporción de los intereses remitidos.
Por ello, voto por tener a la recurrente por desistida de la acción y del derecho, incluso el de repetición y, en consecuencia, remitidos los intereses que correspondan (cfme. ley 27.541; sus modif. y sust.), con costas sobre los importes regularizados; y costas por su orden respecto de los intereses remitidos.
El Dr. Vicchi dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Luis Atento al resultado de la votación que antecede Por mayoría SE RESUELVE:
1. Tener a la recurrente por desistida de la acción y del derecho, incluso el de repetición, en relación con el gravámen y períodos fiscales apelado en autos y por remitidos los intereses en la proporción que correspondan, con el alcance, términos y condiciones establecidas en los artículos 11 y 13 de la ley 27.541.
2. Las costas se imponen a la contribuyente en la proporción de los importes regularizados, y por su orden respecto de la proporción de los intereses remitidos.
Regístrese, notifiquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese Date: 2023.07.13 16:00:21 -03:00 Date: 2023.07.14 10:48:42 -03:00 Claudio Esteban Luis Juan Carlos Vicchi Vocal Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.07.14 12:15:07 -03:00 Viviana Marmillon Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.07.14 12:15:08 -03:00
Fin de la sentencia