Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 59286649-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora y, en consecuencia, confirmar la resolución recurrida, en cuanto fue materia de agravios;
2Imponer las costas de esta instancia a la parte actora vencida (art. 68 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la ley 11.683 – t.o. 1998 y modif.) y
3Confirmar los honorarios en lo que fue materia de recurso y regular los correspondientes a los trabajos de Alzada, conforme a lo expresado en el Considerando IX.-.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
09839/2022.-
“SUPERMERCADOS MAYORISTAS YAGUAR SA (TF 59286649-I)
c/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
///nos Aires, 12 de octubre de 2022.- PAF/RDS Y VISTOS, CONSIDERANDO:
I. Que mediante pronunciamiento del 27/09/2021 el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: a) tener a la actora por desistida de la acción y del derecho, incluso del de repetición, en lo que hace al impuesto y a los intereses resarcitorios, en la medida establecida por el art. 11, inciso c), de la ley 27.562, con costas; b) tener por condonado el proporcional restante de intereses que no han sido desistidos en los términos del inciso c) y la multa según el inciso a) del art. 11 de la ley 27.562, con costas en el orden causado y c) reguló los emolumentos de los profesionales por la parte demandada, determinando que los mismos quedan a cargo de la parte actora (ver fojas 498/502 digitalizadas).
Para así decidir, recordó que la actora interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 40/2019, dictada el 03/06/2019 por la División Determinaciones de Oficio “A” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales, en la que se le imputó haber omitido actuar como agente de percepción del Impuesto al Valor Agregado (períodos fiscales 01/2012 a 12/2014) en los términos de la RG AFIP N° 2408/08, y, por tanto, se la intimó a pagar la suma de $ 53.699.340,47 en concepto de percepciones no ingresadas, más intereses resarcitorios (conf. art. 37 de la ley 11.683). En dicho acto, también, se le aplicó una multa de omisión por la suma de $ 37.589.538,33 (conf. art. 45 ley 11.683).
Asimismo, señaló que con fecha 11/12/2020 la actora informó –y acreditó- que, en el marco de lo previsto por la ley 27.562, había cancelado en un único pago las obligaciones controvertidas en autos, lo que implicaba el allanamiento incondicional, desistimiento de la acción y recurso ante el T.F.N. (conf. art. 3° de la citada ley y art. 9°, párrafos 1° y 2° de la RG 4816/20); lo cual fue ratificado por el Fisco Nacional tras señalar la regularización mediante los planes n° O103025 y n° O263626. Además, denunció la accionante que no se encontraba incursa en las causales de excusación del art. 16 de la ley 27.541.
Sobre la base de lo expuesto, el tribunal jurisdiccional administrativo recordó lo previsto en los arts. 8°, 9° y 11 de la ley 27.562 y el art. 25 de la RG AFIP n° 4816/20 y resolvió conforme a lo indicado previamente.
II. Que disconforme con lo decidido por el T.F.N., ambas partes interpusieron recursos de apelación.
II.1. El Fisco Nacional, con fecha 06/10/2021, interpuso recurso contra la regulación de honorarios, dispuesta en el punto resolutorio 3° del pronunciamiento apelado, por considerarla baja (ver fojas 506/511 digitalizadas); el cual fuera replicado por la actora el 28/10/2021 (ver fs. 519/520 digitalizadas).
En síntesis, sostuvo que en la resolución recurrida se cuantificaron sus emolumentos por debajo a lo dispuesto por la ley 27.423 en atención al resultado obtenido, la naturaleza y complejidad del asunto y el mérito de la labor profesional desempeñada en la causa.
II.2. Por su parte, la firma actora con fecha 29/10/2021 recurrió la imposición de costas a su cargo en el punto resolutorio 1° de la sentencia recurrida. Mediante presentación del 18/11/2021 expresó sus agravios (ver fojas 527 y 535/538 digitalizadas); contestado por la demandada en su presentación del 24/02/2022 (ver fojas 569/577 digitalizadas). Afirmó que los intereses no forman parte de la base referida al pago de costas y gastos causídicos, y que la fracción del decisorio objetado (punto 1°) establece que éstos sí forman parte de dicha base. En apoyo de su postura, citó doctrina plenaria de esta Cámara de Apelaciones en la causa: “Alpargatas S.A.I.C. c/D.G.I.”, causa n° 78.793/2018, del 16/12/2020 en donde se determinó que: “No corresponde incluir dentro del pago de las costas y gastos causídicos que se asume, a los intereses y/o multas alcanzadas por el beneficio de exención o condonación establecido en el régimen de regularización de obligaciones tributarias previsto en el Titulo II de la Ley 27.260 (art. 55)” (el énfasis es original); es decir, a su entender, alegó que correspondía imponer las costas del proceso por su orden en los términos del art. 68, segunda parte, del C.P.C.C.N.
Asimismo citó como antecedente a la Sala III de esta Cámara en la causa n° 51.259/19: “Albeca S.A. TF 28552-I c/D.G.I.”, del 30/06/2021 en donde se aplicó la doctrina plenaria reseñada, tras entender que el régimen examinado guardaba sustancial analogía con el que se aplica en el sub lite.
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Por lo expuesto, solicitó se deje sin efecto la parte del resolutorio en cuanto allí se sostiene –según lo interpretado por la recurrente– que los intereses resarcitorios forman parte de las costas.
Aclaró que su queja no se encuentra dirigida a la regulación de los honorarios, sino a la forma en que fueron impuestas las costas.
II.3. Asimismo, el Fisco Nacional mediante su presentación del 11/11/2021 apeló lo decidido en los puntos 1° y 2° del decisorio del 27/09/2021 (ver fojas 533 digitalizada), recurso que fue posteriormente desistido, pero aclarando que mantenía su apelación con relación a los honorarios regulados los cuales fueran reseñados en el punto II.1 (ver fojas 551 digitalizadas). En tal sentido, acompañó la autorización administrativa pertinente.
III. Que así planteadas las cuestiones entre las partes, en primer lugar es preciso señalar que no se encuentra controvertido en autos que la parte actora, adhirió al régimen de la ley 27.541 por la totalidad de las obligaciones tributarias discutidas en autos (ver presentación del 11/12/2020) y que, por esa razón, el Tribunal Fiscal la tuvo por desistida de la acción y del derecho, incluso el de repetición, en el pronunciamiento del 27/09/2021 (cfr. punto resolutorio 1°).
Por tanto, su adhesión al régimen importó la condonación de la sanción de multa que le fuera aplicada y la eximición parcial de los intereses resarcitorios –beneficios que operan de pleno derecho– de conformidad con lo previsto por el art. 11 inciso c) de la ley 27.541; tal como fuera expresamente dispuesto en el punto resolutorio 2° del decisorio del 27/09/2021; decisión que se encuentra firme por no haber sido recurrida.
IV. Que, despejada la cuestión precedente, corresponde dar tratamiento al planteo recursivo formulado por la actora, con relación al régimen causídico fijado por el Tribunal Fiscal de la Nación con relación a lo decidido en el punto resolutorio 1°).
Allí se estableció: “Tener a la recurrente por desistida de la acción y del derecho, incluso del de repetición, en lo que hace al impuesto y a los intereses resarcitorios en la medida establecida en el art. 11°, inc. c) de la ley 27.562, con costas”.
V. Que, a fin de dar respuesta al agravio interpuesto, en primer lugar, es preciso recordar que la ley 27.562 (B.O. 26/08/2020) dispuso, entre otras cuestiones, una ampliación de la moratoria prevista en el art. 8° de la ley 27.541 al incluir para su adhesión al régimen de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones, a las obligaciones vencidas al 31/07/2020, inclusive.
En concordancia con ello, la A.F.I.P. dictó la R.G. 4816 (B.O. del 15/9/2020, modificada por la RG 4873 del 04/12/2020) que reglamentó la moratoria ampliada.
Tal como lo señalara este Tribunal en diversos pronunciamientos emitidos sobre la normativa referida (cfr. in rebus: “Unisolutions S.A. c/E.N. -A.F.I.P. -D.G.I.”, causa n° 60.943/19 del 29/12/2020; “Pérez Ponsa, Luis María c/E.N. -A.F.I.P.”, causa n° 27.682/17, del 26/3/2021; “Río Plagas S.R.L. (TF 57199970-I) c/D.G.I.”, causa n° 11.352/21, del 26/10/2021; “Exportadora e Importadora Bras S.A. c/D.G.I.”, causa n° 55.481/19, del 18/3/2022 y “Lorenzo Aneecchini S.A. c/D.G.I.” causa n° 67.818/15 del 09/08/2022); la ley 27.541 -B.O. 23/12/2019- dedica el Capítulo I del Título IV a establecer un régimen de regularización de las obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y Aduaneras que permite incluir deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social en planes de facilidades de pago o incluso, solicitar exenciones y condonaciones de multas, de demás sanciones previstas por la ley 11.683 y de intereses resarcitorios y/o punitorios (conf. arts. 8° a 17 de la ley).
El art. 9° indicó que quedaban incluidas en el régimen las obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, en tanto el demandado se allane incondicionalmente por las obligaciones regularizadas con anterioridad a su sanción y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el responsable el pago de las costas y gastos causídicos.
Los sujetos que adhieran al presente régimen –siempre y cuando cumplan con los pagos requeridos por la norma– gozarán de la exención y/o condonación de multas, intereses y sanciones previstas en la ley de rito (art. 11, ley 27.541).
En lo que al caso interesa, el mencionado artículo 11 indicó:
“Establécese, con alcance general, para los sujetos que se acojan al régimen de regularización excepcional previsto en este Capítulo y mientras cumplan con los pagos previstos en el artículo anterior, las siguientes exenciones y/o condonaciones: (…) c)…De los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en los artículos 37, 52 y 168 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificatorias, los intereses resarcitorios y/o punitorios sobre multas y tributos aduaneros (incluidos los importes que en concepto de estímulos a la exportación debieran restituirse al fisco CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II nacional) previstos en los artículos 794, 797, 845 y 924 de la ley 22.415 (Código Aduanero) en el importe que por el total de intereses supere el porcentaje que para cada caso se establece a continuación: 1. Período fiscal 2018, 2019 y obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020: el diez por ciento (10%) del capital adeudado. (Punto sustituido por art. 5º de la Ley Nº 27.562 B.O. 26/8/2020. Ver art. 13 de la Ley de referencia. vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.).
2. Períodos fiscales 2016 y 2017: veinticinco por ciento (25%) del capital adeudado.
3. Períodos fiscales 2014 y 2015: cincuenta por ciento (50%) del capital adeudado.
4. Periodos fiscales 2013 y anteriores: setenta y cinco por ciento (75%) del capital adeudado” (el énfasis es un agregado del Tribunal). Por su parte, el art. 13 de la citada ley dispone que el beneficio establecido en el referido art. 11 procederá si los sujetos cumplen, respecto del capital, multas firmes e intereses no condonados, sin otro requisito, algunas de las condiciones de cancelación (compensación; cancelación total por pago al contado y cancelación total mediante planes de facilidades).
VI. Que a mérito de lo expuesto, luego de una interpretación literal del marco normativo reseñado precedentemente –pauta de hermenéutica que se impone cuando las normas no exigen realizar esfuerzo intelectual, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas (Fallos: 311:1042, entre otros)– y lo que surge de la compulsa de los presentes actuados, a criterio de este Tribunal y en el marco de los presentes actuados, corresponde desestimar la pretensión actoral y confirmar la imposición de costas decidida por el Tribunal Fiscal de la Nación en el punto resolutorio 1°) de la sentencia del 27/09/2021.
Tras interpretarse los alcances del cuerpo normativo reseñado en el considerando que antecede se advierte que la liberación de las costas a cargo de los contribuyentes solamente procede con relación a aquellas obligaciones que hubieran sido declaradas condonadas; tal como ocurriera en autos y expresamente fuera así decidido por el Tribunal a quo en el punto resolutorio 2° de la sentencia recurrida que, como se viera, se encuentra firme por no haber sido recurrida por las partes. Por el contrario, y conforme expresamente lo indican los arts. 9° y 11 de la ley 27.541, aquellas obligaciones que no se encuentren condonadas o eximidas, es decir, las regularizadas por los contribuyentes mediante alguna de las formas de cancelación de las deudas establecidas por el art. 13 de la ley, sí generan costas a cargo del particular. Al tratarse el régimen previsto en la ley 27.541 de un mecanismo de excepción, la regla hermenéutica que impera en orden a la asignación de sus alcances exige considerar con estrictez y riguroso apego a la letra de sus preceptos, la inclusión de aquéllos supuestos de hecho que han de ser alcanzados por sus previsiones, lo que descarta naturalmente una interpretación extensiva o por “defecto”; de donde es imperioso concluir que aquellos casos no comprendidos de manera expresa, tampoco podrán entonces considerarse incluidos –siquiera en forma tácita– en las previsiones del sistema (cfr. esta Sala, in rebus: “Klabin Argentina S.A. c/ D.G.A.”, causa n° 49.564/18, del 25/9/2018 y, recientemente, “A.F.I.P. - D.G.I. c/De Paola, Darío Leonel s/Ejecución Fiscal -A.F.I.P.”, causa n° 37.663/12, del 31/05/2022; precedentes en los que también se analizaron los alcances de regímenes de excepción como el planteado en autos). Todo lo expuesto lleva al entendimiento de este Tribunal que, contrariamente a lo sostenido por la firma actora en su memorial, no corresponde acceder a la eximición de costas con relación a aquellas obligaciones impositivas regularizadas y por las cuales –inversamente a lo alegado en esta instancia recursiva–, en su presentación del 11/12/2022, que diera lugar al dictado de la sentencia del 27/09/2021, expresamente había solicitado la aplicación del art. 3° de la ley 27.562 y art. 9°, párrafos 1° y 2° de la RG 4816/20 cuya aplicación, de manera incongruente y contradictoria con su acogimiento al mencionado régimen, pretende ahora desconocer a través del recurso deducido.
El citado art. 3° de la ley 27.562 dispone: “Sustitúyese el primer párrafo del artículo 9º de la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, por el siguiente: “Quedan incluidas en lo dispuesto en el artículo anterior las obligaciones allí previstas que se encuentren en curso de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la presente ley modificatoria. En esos casos, el acogimiento al presente régimen tendrá como efecto el allanamiento incondicional por las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, asumiendo el responsable el pago de las costas y gastos causídicos. Asimismo, el acogimiento al régimen importará el desistimiento de todo derecho, acción o reclamo, incluso el de repetición, respecto de las obligaciones regularizadas”.
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Por ser ello así, respecto de las obligaciones impositivas por las que la actora se allanó incondicionalmente, cabe concluir que las costas deben ser impuestas a su cargo ya que, al adherir voluntariamente al régimen, asumió hacerse cargo de ellas.
Sobre la base de todo lo expuesto, corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar la imposición de costas decidida en el punto resolutorio 1°) del pronunciamiento del 27/09/2021.
VII. Que, cabe señalar que lo decidido precedentemente no se ve alterado por la doctrina plenaria establecida por esta Cámara de Apelaciones en la causa caratulada “Alpargatas S.A.I.C. c/D.G.I.” del 16/12/2020, citado por la propia recurrente, en donde, tras analizar el régimen de beneficios impositivos previsto por la ley 27.260 (similar al de la ley 27.541 aplicable a los presentes actuados), se estableció, por mayoría, la siguiente doctrina legal: “No corresponde incluir dentro del pago de las costas y gastos causídicos que se asume, a los intereses y/o multas alcanzada por el beneficio de exención o condonación establecido en el régimen de regularización de obligaciones tributarias previsto en el Titulo II de la Ley 27.260 (art. 55)”.
Allí, se interpretó que la ley exigía como condición para la procedencia del beneficio que el allanamiento o desistimiento de la acción o derecho sea “asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos”, lo cual se condice literalmente con la letra de la ley 27.541 –y su modificación introducida por la ley 27.562– aplicable al caso de autos; y en tales condiciones, el planteo actoral postula en un inadmisible apartamiento de los preceptos aplicables.
VIII. Que, en cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la parte actora vencida, conforme el principio objetivo de la derrota del que no existen motivos que justifiquen apartarse (cfr. art. 68, 1º parte, del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la ley 11.683 – t.o. 1998 y modif.).
IX. Que, a fin de tratar el recurso interpuesto, cabe recordar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además, a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba lleven a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limita la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in rebus’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 -XII- 97, y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A.”, del 2-IV-98, entre otras).
Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más). Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y monto involucrado –conf. Resol 40/2019 (F4) y lo resuelto con fecha 27/09/2021 y precedentemente–; atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada en el marco del pleito durante las dos etapas del pleito cumplidas; corresponde confirmar –en lo que fue materia de recurso– los honorarios fijados en el punto 3°) de la resolución de fecha 27/09/2021, en favor de la dirección letrada y representación de la demandada; sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 13 de la Resolución General 4816/2020 (arts. 16, 20, 21, 24, 29, 44 inc. b) y ccdtes. de la ley 27.423 – Dto. 1077/17).
Por las tareas efectuadas en la alzada, atento que la única cuestión sometida a conocimiento del Tribunal fue la distribución de costas y el resultado obtenido, corresponde regular la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL ($364.000) –equivalente a 35 UMA–; y PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ($145.600) –equivalente a 14 UMA– los emolumentos de las DRAS. ROXANA BEATRIZ FERREA y CECILIA INES CURARELLO, por la actuación en el carácter de patrocinante y apoderada, respectivamente, actuantes en la defensa de la demandada (arts. 16, 20, 21, 24, 29, 30 y ccdtes, y citados de la ley 27.423 y Dto. 1077/17).
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf.
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esta Sala in re: “Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo –c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga. Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º) rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora y, en consecuencia, confirmar la resolución recurrida, en cuanto fue materia de agravios; 2º) imponer las costas de esta instancia a la parte actora vencida (art. 68 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la ley 11.683 – t.o. 1998 y modif.) y 3°) confirmar los honorarios en lo que fue materia de recurso y regular los correspondientes a los trabajos de Alzada, conforme a lo expresado en el Considerando IX.-.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase a la instancia de origen.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia