Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 35.493-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución N. º 1380/2014 dictada por el Administrador de la Aduana de Paso de los Libres, en la actuación SIGEA N. º 12307-782-2013/1 y, por ende, el cargo N. º 13042LMAN002977P, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-56824963-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 30 de Mayo de 2024 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados “SUPERMERCADOS TOLEDO S.A. c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, expediente N.º 35.493-A:
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 7/12 se presenta la firma “SUPERMERCADOS TOLEDO S.A.”, interpone recurso de apelación contra la Resolución N.º 1380/2014 dictada por el Administrador de la Aduana de Paso de los Libres en el expediente administrativo N.º 12307-782-2013/1, mediante la cual rechazo el recurso de impugnación interpuesta contra el cargo N.º 13042LMAN002977P formulado en concepto de tributos por la suma de $164.461,776, en los términos de lo normado en los arts. 310, 311, 312, 315, 780 y 794 del C.A., en relación a la mercadería amparada por la Destinación Suspensiva de Transito de Importación N.º 13042TRAS76627G. En primer lugar, considera que la resolución es nula debido a que se le ha cercenado su derecho a ofrecer y producir prueba en sede administrativa conforme los arts. 1039 y 1060 C.A. Por otro lado sostiene, que el transportista y su agente de transporte son los deudores principales de la obligación tributaria por lo dispuesto en el art. 312 del C.A. Finalmente, manifiesta que corresponde aplicar la doctrina sentada por la CSJN en la causa TEVELAM S.R.L., en virtud de que se cumplieron todos los deberes inherentes a la custodia de la mercadería durante el itinerario, además de haberse dado aviso inmediato del siniestro al servicio aduanero y a la jurisdicción policial. Por último, añade, que la aduana no probó de manera fáctica la negligencia que alega por parte del transportista (previo a emitir el acto administrativo sancionatorio), circunscribiéndose a meras conjeturas generales. Por todo lo expuesto, solicita se revoque el cargo.
II. A fs. 37/44 la representación fiscal contesta el traslado conferido. Plantea como cuestión preliminar cosa juzgada, a consecuencia que considera que debe hacerse extensiva a la presente causa, lo resuelto por la Sala III de la CNACAF de fecha 12/12/2017, la cual confirmo la resolución apelada en autos, revocando el pronunciamiento del TFN de fecha 10/12/2015, en la causa “AVALOS MANUEL ISABELINO (ATA) Y OTRO c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expte. N° 35.483-A, que tramitó por ante la Sala F, Vocalia 16ª Nominación. En subsidio contesta el fondo, en primer lugar, señala que el Fallo Tevelam no es de aplicación toda vez que no se cumplió con los recaudos requeridos en ese precedente.
Por otro lado, niega que se haya incurrido en alguna nulidad, al mismo tiempo que sostiene que el plazo para interponerlo es extemporáneo. Hace hincapié en que, el criterio utilizado en sede administrativa es correcto y esta fundado por aplicación de los arts. 638 inc. f; 310; 311; 312; 315 y 780 del C.A. En dicho contexto arguye que, se configuró el hecho gravado previsto en el art. 638 inc. f), operando la presunción legal "iure et de iure” y al solo efecto tributario, que la mercadería fue importada a consumo (cf. art. 311). Manifiesta que, si bien el agente de transporte formuló ante la policía la denuncia de robo y comunicó el siniestro, en los términos del art. 308 del C.A., ello no resulta suficiente para eximir del pago de los tributos que gravan la importación para consumo de las mercaderías sustraídas, toda vez que la manda legal exige que la misma no pueda ser utilizada por un tercero.
En esa línea, expresa que la mercadería no se encuentra irremediablemente perdida por lo que conforme a los arts. 311 y 312 se ha colocado en cabeza del transportista o su agente, como deudor principal de las obligaciones tributarias correspondientes. Añade que si la empresa transportista y su agente pretendían no verse afectados por las consecuencias de la responsabilidad de naturaleza tributaria del régimen, debieron cumplir con su deber de previsión, concerniente al exclusivo giro de sus negocios empresariales y tramitar la destinación por el régimen previsto en la resolución 244/97 (ex ANA) o por resolución 2336/1991 (ex ANA) y contratar una póliza de seguros contra robo por el valor en plaza de la mercadería, para así evitar los riesgos y limitar su responsabilidad.
Reseña jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva de plantear el caso federal. Solicita se rechace el recurso, confirme el cargo y la resolución aduanera, con costas.
III. Actuación N.º 12307-782-2013/1: A fs. 33/38/vta obra el recurso de impugnación del cargo 13042LMAN002977P, mediante el cual se informa el robo del camión que transportaba la mercadería objeto de la destinación, acompañando el MIC/DTA correspondiente y la denuncia policial realizada por el chófer del camión. A fs. 20, obra la liquidación de los tributos. A fs. 88/94 se dicta la Resolución 1380/2014 (AD PASO), mediante la cual rechaza la impugnación incoada por la actora, confirmando el cargo impuesto.
IV. A fs. 75 se declara la causa de puro derecho y se elevan los autos a esta Sala G, la que los pasa a sentencia.
V. De acuerdo a la índole de las cuestiones planteadas, en primer lugar, resulta necesario dar precisiones respecto al planteo efectuado por la representación fiscal, en cuanto el instituto de cosa juzgada. En lo que respecta a esta cuestión, la CSJN ha tenido oportunidad de destacar en forma reiterada que el respeto a la cosa juzgada es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional (Fallos: 307:1289). Así, la alteración de los derechos adquiridos que las leyes puedan llegar a disponer para asegurar el bien común, no puede alcanzar a la inmutabilidad de la cosa juzgada; la autoridad de la sentencia debe ser inviolable tanto con respecto a la determinación imperativa del derecho sobre el cual requirió pronunciamiento judicial, cuanto en orden a la eficacia ejecutiva de este último (Fallos: 209:405).
La Corte llegó a explicar, a su vez, que de nada vale aducir que las leyes son de orden público, porque la estabilidad de la sentencia judicial es también exigencia del orden público, con jerarquía, además, de carácter constitucional (Fallos: 235:171 y 512). En su momento, un voto de los jueces Oyhanarte y Aráoz de Lamadrid (Fallos: 243:467) consignaba que, sin duda alguna, toda sentencia ejecutoriada supone un derecho adquirido del que es titular la parte que con ella se beneficia, el que, cuando se lo considera en el plano constitucional tiene la índole jurídica de la propiedad lato sensu y se encuentra protegido por la misma garantía de la Ley Fundamental (art. 17). Por la misma época, la Corte afirmó que una resolución que implicara revisar y revocar una sentencia que posee fuerza de cosa juzgada “afectaría la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales, la que, en la medida en que constituye un presupuesto ineludible de seguridad jurídica, es exigencia del orden político y posee jerarquía constitucional” (Fallos: 243:306 y sus citas).
Años después se reiteraba que “la cosa juzgada judicial tiene jerarquía constitucional y no es susceptible de alteraciones ni aun por vía de la invocación de leyes de orden público (Fallos: 259:289 y sus citas)” (Fallos: 307:1289). La Corte añadiría que la inviolabilidad de la cosa juzgada se relaciona de modo inmediato con el principio de división de los poderes, pues se afectaría tal principio si el poder encargado de dictar la ley apareciese, mediante una intervención posterior alterando las decisiones del poder que la aplica (Fallos: 236:677; 307:1289); y que “[e]l carácter intangible de los pronunciamientos judiciales firmes tampoco es ajeno a la inviolabilidad de la defensa en juicio de las personas y de los derechos (art. 18 de la C.N.) pues la sentencia dictada en regular forma integra […] el debido proceso que dicha cláusula asegura a todos los habitantes del país (Fallos: 272:188, y sus citas; dictamen del Procurador General en Fallos: 252:356 y sus citas)” (Fallos: 307:1289).
En cuanto al planteo de la excepción de la cosa juzgada, la CSJN ha afirmado que la institución bajo examen exige, como condición previa, el examen integral de ambas contiendas a efectos de determinar si la sentencia firme ha decidido ya lo que forma parte de la pretensión deducida en estos autos (Fallos: 328:3299). A tal fin, la Corte recordó que la cosa juzgada busca amparar, más que el texto formal del fallo la solución real prevista por el juzgador (Fallos: 297:383; 298:673; 308:1150; 311:1458; 319:2527). Asimismo, manifestaría que si un derecho ha sido afirmado o negado en un proceso, habrá identidad de objeto, a los efectos de la cosa juzgada, si en un nuevo proceso se pone en cuestión el mismo derecho, aun cuando sea para sacar de él otra consecuencia que no hubiera sido deducida en el proceso originario (Fallos: 116:220 y 169:330). Por lo demás, el cambio de argumentación jurídica no transforma a la actual pretensión en una diferente, y que se sustenta en las mismas circunstancias de hecho (Fallos 308:1150; 328:3299).
Así es que, hay cosa juzgada cuando existe una sentencia firme (inatacable, inimpugnable, inmodificable, inmutable e imperativa) dictada en un proceso contencioso anterior finiquitado, la cual hace que haya una imposibilidad material de abrir un nuevo proceso en donde concurra la triple identidad de partes, de objeto y de causa.
En esa comprensión del asunto, se advierte que de las copias agregadas en autos de las sentencias del TFN y la CNACAF (v. fs. 52/64/vta y 65/68, respectivamente), no se verifican que concurran los presupuestos requeridos para que se estructure el fenómeno jurídico de cosa juzgada, en virtud de que no existe una identidad jurídica de las partes.
Así las cosas, en el contexto descripto, no se requiere un mayor esfuerzo expositivo para desestimar el planteo de cosa juzgada por la representación fiscal.
VI. Sentado lo precedente, corresponde recordar que el art. 315 del C.A. dispone: “La mercadería irremediablemente perdida por algún siniestro ocurrido durante su transporte bajo el régimen de tránsito de importación y que hubiere sido comunicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 no está sujeta a los tributos que gravaren su importación para consumo, excepto las tasas devengadas por servicios, siempre que la causal invocada se acreditare debidamente a satisfacción del servicio aduanero. La mercadería no se considerará irremediablemente perdida cuando pese a no poder ser recuperada por su propietario pudiere ser empleada por un tercero”.
VII. Sentado lo que antecede corresponde expedirse acerca de si el robo, que la aduana tuvo por acreditado en la resolución recurrida, puede eximir del pago de los tributos a la importación para consumo. Al respecto, cabe recordar que el art. 261 del C.A. expresamente dispone que: “La mercadería totalmente destruida o irremediablemente perdida por caso fortuito o fuerza mayor durante su permanencia bajo el régimen de importación temporaria no está sujeta a los tributos que gravaren su importación para consumo, excepto las tasas devengadas por servicios, siempre que la causal invocada se acreditare debidamente a satisfacción del servicio aduanero. La mercadería no se considerará irremediablemente perdida cuando, pese a no poder ser recuperada por su propietario, pudiere ser empleada por un tercero.”
VIII. Respecto de la sustracción de mercaderías, la Corte Suprema no exime sin más el pago del tributo a los responsables que son víctimas de un siniestro. En el caso “Tevelam” (11/12/2012), la Corte Suprema, luego de describir el régimen, transcribiendo la normativa aplicable al caso (Capítulo VI, Título II, Sección III del C.A.) afirmó que: "...el sistema descripto no puede conducir a que, sin más ni más, se concluya que en todo caso en que la mercadería se hallare irremediablemente perdida porque ha mediado una sustracción -y por el solo hecho de que aquélla pudiera ser utilizada por un tercero- no existe posibilidad alguna de dispensa del pago de los tributos por parte de los responsables de la obligación tributaria, cuando pese a cumplir con todos los deberes inherentes al régimen de tránsito de importación, han padecido aquella clase de siniestro", agregando (ya en el Considerando 11) que "...una interpretación prudente y respetuosa de los principios precedentemente referidos -acorde, por lo demás, con el criterio fijado por el Tribunal en materia de presunciones iuris et de iure (Fallos: 333:993)-, aconseja distinguir la situación de quien descuida el control de la carga [...]; se aparta del itinerario fijado [...], o bien, incurre en alguna conducta que pudiere indicar connivencia con el hecho de la sustracción, en cuyo caso no podría alegar razón eximente de su responsabilidad tributaria fundada en un hecho imprevisible e irresistible...". Y concluye: "...si no se probó un incumplimiento de los deberes de custodia, ni ha sido desacreditado el hecho del robo con armas [...], no corresponde responsabilizar a la actora por el pago de los tributos en los términos del art. 315, segunda parte, de aquel ordenamiento".
IX. A tenor de lo expuesto, no puedo dejar de hacer notar que el acto administrativo recurrido no ahonda en lo más mínimo en las circunstancias en que se habría producido el robo. Si bien en lo personal, disiento absolutamente con la doctrina establecida en el precedente citada, el que desnaturaliza el sentido de las obligaciones aduaneras, lo cierto es que en autos no se probó de manera cierta y efectiva el incumplimiento de los deberes de custodia, ni ha sido desacreditado el robo, por lo que no corresponde responsabilizar a la actora por el pago de los tributos en los términos de la doctrina establecida por el alto tribunal del art. 315, segunda parte, de aquel ordenamiento.
X. Que por la forma en que se resuelve la presente se torna inoficiosa la consideración del resto de las cuestiones planteadas.
Por lo expuesto, VOTO POR:
Revocar la Resolución N. º 1380/2014 dictada por el Administrador de la Aduana de Paso de los Libres, en la actuación SIGEA N. º 12307-782-2013/1 y, por ende, el cargo N. º 13042LMAN002977P, con costas.
Los Dres. Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura dijeron:
Que conforme las constancias de autos, los dependientes de la firma importadora dieron aviso en forma inmediata a la autoridad policial (ver fs. 65 de las act. adm.) y a la aduanera (ver fs. 1 de las act. adm.) del ilícito sufrido en ocasión del robo de la mercadería en tránsito.
Por ello, habiéndose cumplido con las exigencias del C.A. para el transporte de la mercadería en tránsito, resulta de aplicación el precedente TEVELAM invocado por la defensa y el Sr. Vocal instructor.
Por ello, adherimos al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE
Revocar la Resolución N. º 1380/2014 dictada por el Administrador de la Aduana de Paso de los Libres, en la actuación SIGEA N. º 12307-782-2013/1 y, por ende, el cargo N. º 13042LMAN002977P, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2024.05.30 11:31:35 ART Date: 2024.05.30 16:37:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.30 17:38:40 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.30 17:39:21 -03:00
Fin de la sentencia