Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en todas sus partes. Con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-88978034-APN-VOCVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 25 de Agosto de 2022 En la ciudad autónoma de Buenos Aires, se reúnen los Vocales de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Viviana Marmillon (Vocal titular de la 7ma. Nominación), Claudio Esteban Luis (Vocal titular de la 8va. Nominación) y Juan Carlos Vicchi (Vocal titular de la 9na. Nominación), a fin de resolver en el expediente N°36.929-I, caratulado “ Supermercados ToledoS.A.”
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que a fs. 60/95vta. la sociedad anónima Supermercados Toledo interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 391 de fecha 29 de octubre de 2012, emitida por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata de la AFIP-DGI, mediante la cual se impugna parcialmente el crédito fiscal declarado y se determina de oficio el impuesto al valor agregado correspondiente a los períodos fiscales octubre de 2006 a enero de 2007, los saldos de libre disponibilidad y las diferencias a ingresar de los períodos fiscales septiembre de 2006 y febrero a septiembre de 2007, con más intereses resarcitorios y se aplica una multa equivalente a tres tantos del impuesto omitido en los períodos septiembre de 2006 y febrero a septiembre de 2007, con sustento en lo dispuesto por los artículos 46 y 47 incs. b) y c) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.). Relata la recurrente que fue objeto de una fiscalización que arrojó como resultado el dictado del acto administrativo controvertido en autos, por el que se impugnan las compras efectuadas con los proveedores Néstor Alberto Cadario y Mar del Plata Postales SRL, por considerar que se desconoce la procedencia de los bienes y servicios adquiridos.
Indica que la propia resolución reconoce expresamente que las operaciones de compra y las prestaciones de servicios contratadas fueron reales y efectivamente recibidas por la sociedad, quien las pagó con cheque en tiempo y forma. No obstante el organismo fiscal consideró que correspondía impugnar esas operaciones al no lograr demostrarse el nexo causal entre ella y los proveedores cuestionados, ante la falta de acreditación de la procedencia de los bienes ni el real perceptor de los pagos.
Manifiesta que se ajustaron los créditos fiscales oportunamente computados por la suma de $ 296.353,57.-, correspondiendo la suma de $ 264.367,21 a las operaciones celebradas con el señor Cadario y $ 31.986,36.- al proveedor Mar del Plata Postales SRL.
Hace hincapié en la inexistencia de prueba que determine su responsabilidad fiscal como adquirente de los cereales en cuestión al señor Cadario y en la falta de elementos que pongan en tela de juicio los servicios recibidos de Mar del Plata Postales SRL, vinculados al marketing y promoción.
Resalta que durante los años 2006 y 2007 compró al señor Cadario diversos subproductos obtenidos a partir de la soja, generalmente pellets, que utilizaba para la alimentación balanceada de los pollos que cría en sus granjas avícolas.
Agrega que en las actuaciones administrativas y en todos los antecedentes anexados a ella, obran las copias de las facturas de compra que instrumentaron las operaciones, comprobantes de retención, comprobantes de entrega de la mercadería, comprobantes de pesaje y las cartas de porte correspondientes.
Sostiene que al momento de realizarse cada una de las operaciones no se encontraron inconsistencias en la documentación entregada por el proveedor que hiciera suponer la existencia de alguna irregularidad, como así tampoco de la base de datos de la AFIP surgía elemento o información alguna que hiciera pensar que dicho contribuyente pudiese estar cometiendo alguna irregularidad fiscal o comprara mercadería en lugares distintos de los consignados en la carta de porte presentada al momento de entregarse la mercadería.
Informa que las facturas emitidas tenían CAI debidamente autorizado por el organismo fiscal, la consulta a la base de constancias de inscripción reflejaba la actividad de comercialización de granos y subproductos de los mismos, así como también la venta de productos alimenticios.
Continúa argumentando que el señor Cadario fue inspeccionado mediante OI N° 192.879 el 31 de mayo de 2007 -en fecha próxima a la celebración de las operaciones comerciales aquí cuestionadas- y el informe final de inspección consideró que no existían elementos probatorios suficientes para permitir incorporar al contribuyente en la base E- Apoc y que en virtud de la falta de comprobantes respaldatorios de las compras efectuadas por el señor Cadario, correspondería la generación de una fiscalización ordinaria para analizar las consecuencias impositivas.
Expone que también existen otras dos órdenes de intervención efectuadas al señor Cadario, Nos. 192.878 y 291.975 del 6 de diciembre de 2006 y 5 de febrero de 2008, respectivamente, en las que se llega a la misma conclusión que la referida precedentemente y, en el caso de la última, se le notifican los ajustes proyectados por la carencia de documentación de respaldo de los créditos fiscales por él declarados, pero no se cuestiona la existencia del débito fiscal facturado.
Destaca que en abril de 2008, luego de tres fiscalizaciones, el señor Cadario seguía siendo para el organismo fiscal un contribuyente que realizaba operaciones comerciales reales, pero que no cumplía acabadamente con sus obligaciones fiscales, lo cual resulta irrelevante a los efectos de evaluar el cumplimiento fiscal de aquellas obligaciones de los clientes a los cuales el señor Cadario les vendía bienes.
Aclara que nunca tuvo un trato directo con la contratación y el pago del flete que realizaba el transporte de la mercadería adquirida, ya que el mismo se encontraba a cargo del señor Cadario, quien se responsabilizaba de su contratación, carga en origen y la entrega en destino.
Advierte que los pagos realizados fueron efectivizados mediante el libramiento de cheques a la orden de los proveedores, y que algunos de ellos fueron posteriormente cedidos por los proveedores y cobrados por un tercero, como en el caso de Nuevos Rumbos SC, que depositó en sus cuentas cheques recibidos del señor Cadario por la suma de $ 860.938,63.- sin poder aportar más información que justifique dicho movimiento. Respecto a las operaciones efectuadas con Mar del Plata Postal S.R.L., expone que la sociedad pasó a la base Apoc el 13/5/10, es decir tres años después de que dejara de tener actividad comercial con Supermercados Toledo S.A. y los indicios utilizados para desvirtuar su capacidad económica para ser considerada una empresa en marcha, no se refieren a la época en la cual tuvieron lugar las operaciones cuestionadas en autos. Entiende que no resulta relevante que la firma Mar del Plata Postal S.R.L. no se encuentre en actividad, ya que lo que debe analizarse es si tuvo actividad en los años 2006 y 2007, en los que tuvo a su cargo la distribución de los folders.
Resalta que el Fisco Nacional no puede sostener la inexistencia de las operaciones partiendo del hecho de que el proveedor no hubiere cumplido correctamente sus obligaciones fiscales o no fuere localizado en su domicilio; en primer lugar, porque son cuestiones ajenas al contribuyente adquirente y además porque no tienen entidad suficiente para acreditar por sí solas que las operaciones no acontecieron de ese modo.
Se agravia de la prueba producida por considerar que la misma no fue tenida en cuenta, ni resulta suficiente para poner en duda la real existencia de las operaciones cuestionadas en autos.
Por último, considera que no resulta procedente la aplicación de la multa. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas en poder del Fisco Nacional y solicita que se revoque la resolución apelada en autos, con costas. Hace reserva del Caso Federal.
A fs. 241/261 vta. contesta el traslado del recurso el Fisco Nacional.
Respecto del primer proveedor impugnado, sostiene que el señor Cadario ha sido objeto de tres verificaciones en las que no ha prestado colaboración, por acta manifestó desconocer la operatoria comercial de su propia explotación, no aportó comprobantes respaldatorios, no posee bienes registrables para su giro comercial y no declara personal en relación de dependencia. Las plantas elaboradoras de aceite de la zona manifestaron que no tuvieron relación comercial con el señor Cadario y el único proveedor de materia prima que contestó, brindó información sobre operaciones que no se ajustan a las condiciones del mercado.
Agrega que, respecto de los cheques emitidos por Supermercados Toledo S.A., correspondientes al banco Itaú para la cancelación de las compras de pellets, los mismos fueron endosados por Cadario a favor de Nuevos Rumbos S.A. – dedicada a la venta de combustible de YPF- que en nada se vincula con la operatoria de su giro comercial, máxime cuando éste no posee vehículos de transporte a su nombre.
Explica que Nuevos Rumbos S.A. informó que sólo realizó una operación de $ 5.808.- con el señor Cadario, por asesoramiento profesional como arquitecto, mientras que los cheques endosados entre 2006 y 2007 fueron por sumas que alcanzaron un total de $ 860.938,63.-
Durante la fiscalización llevada a cabo a la recurrente de autos, el señor Cadario se hizo presente a requerimiento de Supermercados Toledo S.A., y se comprometió a aportar documentación relacionada con las operaciones cuestionadas, pero no hubo presentación en tal sentido.
Reitera que los cheques, en su mayoría, fueron cobrados por Nuevos Rumbos S.A., quien informa que no conserva archivos históricos de los cheques de terceros recibidos en pago y explica que la recurrente no es cliente, ni proveedor, y que los cheques no fueron entregados por Supermercados Toledo S.A., sino que los mismos eran endosados por el señor Cadario.
En relación con las cartas de porte, indica que de la lectura de muchas de ellas surge, como origen del bien, una sociedad denominada Cereales 9 de Julio S.A., quien como consecuencia del requerimiento cursado informó no haber operado con el señor Cadario ni con Supermercados Toledo S.A. y desconoce las cartas de porte. Señala que del análisis de dichas cartas de porte surge que el cereal proviene en un 60% de Cereales 9 de Julio S.A., el 24% no especifica la firma pero procede de la localidad 9 de Julio y respecto al 16% restante se compone de un 6% que no detalla el origen, otro 6% proveniente de la localidad de San Martín, un 2% de Capital Federal y otro 2% de Bolívar.
Indica que de la circularización efectuada a las empresas que figuran como transportadoras que constan en la carta de porte se concluyó que el señor Carlos Alfonso Carrera, quién se encuentra en 57 de ellas, lo que representa el 88 % del total de la documentación respaldatoria aportada, desconoció las mismas y manifestó no haber intervenido en las operaciones en ella referidas; con relación a los choferes solo reconoció a tres. El resto de las empresas transportadoras no contestaron los requerimientos.
Respecto del proveedor Mar del Plata Postal S.R.L. indica que al inicio de la fiscalización la misma se encontraba en inspección por personal de la División Fiscalización N°1- Dirección Regional Mar del Plata, la que finalizó el 8/4/2010 concluyendo que no se logró verificar que la firma se encontraba en actividad, no fueron ubicados responsables de la firma, ni fueron contestados los requerimientos, la firma no presenta declaraciones juradas desde 2006, no posee personal en relación de dependencia, no solicitó autorización de impresión de facturas en el último tiempo y no posee comprobantes habilitados.
Continúa explicando que la única socia que se logró ubicar manifestó no tener relación con la firma desde hace 5 años. Respecto del socio Osmar Rotta, el mismo se encuentra inscripto como prestador de servicios de correo, no presenta declaraciones juradas, no efectuó pagos ante el ente recaudador, no posee bienes y no registra acreditaciones desde el año 2005.
Señala que la recurrente aportó como documentación respaldatoria de sus operaciones con el proveedor mencionado, copia de la cuenta corriente, subdiario de pagos y copia de facturas, órdenes de pago y comprobantes de retenciones.
Reconoce que de la lectura de los anversos de los cheques se observa que son recibidos por Osmar Rotta y transferidos, verificándose que la firma que supuestamente efectuó el servicio no fue el verdadero perceptor de los pagos.
Finalmente, por las razones expuestas, concluye que se desconoce la procedencia de los bienes y servicios y en consecuencia solicita que se confirme la resolución apelada en todas sus partes, con costas. Hace reserva del Caso Federal.
A fs. 296 se elevan las actuaciones a consideración de la Sala C, las que a fs.297 pasan a sentencia.
II. Que corresponde determinar si la resolución apelada en autos se ajusta a derecho.
Que la recurrente se encuentra inscripta, entre otras, en las actividades de: “Venta al por menor en supermercados con predominio de productos alimentarios y bebidas” código 521120, “Cría de ganado porcino, excepto en cabañas” código 12130, “Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne” código 151140, “Cría de aves para producción de aves para producción de carne” código 12211, “Cría de aves para producción de huevos” código 12212, “Producción de huevos” código 12220, “Matanza y procesamiento de carne de aves” código 151120.
Como consecuencia de una fiscalización que abarcó el impuesto al valor agregado por los períodos fiscales octubre de 2006 a septiembre de 2007, se habrían detectaron facturas de los proveedores Néstor Alberto Cadario y Mar del Plata Postales S.R.L., los que se encuentran cargados en la base de datos del Fisco Nacional como proveedores apócrifos.
No se encuentra discutido en autos que los bienes y servicios recibidos por la recurrente existieron, como lo reconoció el área fiscalizadora. En efecto, tal como se indica en la resolución cuestionada, “… la contribuyente en sus escritos de descargo y con las pruebas aportadas demuestra que la mercadería y el servicio existió, cuestión no debatida por el Organismo, sin embargo lo que no se logra demostrar es el nexo causal entre ella y los proveedores cuestionados, toda vez que no se pudo acreditar la procedencia de los bienes ni el real perceptor de los pagos, entre otros aspectos”. (vide fs 34)
III.-Que reseñados los antecedentes que dieron lugar al dictado de la presente resolución, corresponde ahora analizar los elementos colectados por el Fisco en la instancia administrativa que motivaron la impugnación de las operaciones En relación con el proveedor Néstor Alberto Cadario, la recurrente aportó en sede administrativa facturas de compra que instrumentaron las operaciones impugnadas, comprobantes de retención, de entrega de la mercadería y de pesaje, como asimismo las cartas de portes relacionadas con ellas Por su parte el personal fiscalizador señala que el proveedor en cuestión nunca aportó comprobante alguno de su operatoria comercial, tales como factura de compra de la mercadería, de pago de servicios tales como almacenamiento, fletes, pesada de balanza, contrato de locación de inmuebles, etc). Asimismo, puntualiza que no posee inmuebles registrables (inmueble para depósito, como planta elaboradora, camiones,etc) para su operatoria comercial ni tampoco declara personal en relación de dependencia para el supuesto que se valiera de su propia estructura productiva y comercial.
Del único proveedor de materia prima que contestó, tanto los intercambios físicos entre semilla y desperdicio, así como su cotización comparativa entre kilo de semilla y desperdicio no se ajustan a las condiciones de mercado.
Respecto de las cartas de porte acompañadas por la inspeccionada y que servirían de respaldo de las operaciones impugnadas puede vislumbrarse que el cereal proviene en un 60% de Cereales 9 de Julio S.A., el 24% no especifica la firma pero procede de la localidad 9 de Julio y respecto al 16% restante se compone de un 6% que no detalla el origen, otro 6% proveniente de la localidad de San Martín, un 2% de Capital Federal y otro 2% de Bolívar.
Circularizada que fuera la empresa en cuestión manifiesta que “no ha realizado operaciones en las cartas de porte que se adjuntan a vuestro pedido para los contribuyentes de la referencia.
En relación con la actividad del proveedor en cuestión la inspección destaca que este último señaló que “en el período comprendido entre el 01/06/07 y el 30/11/07…. la actividad principal fue la venta de soja y que de haber facturado honorarios como arquitecto, los mismos fueron de escasa significatividad”
Que respecto de la cancelación de las operaciones en cuestión, la inspección advierte que fueron realizadas con cheques librados por la firma Supermercados Toledo S.A. a nombre del señor Nestor Cadario, siendo él mismo quién endosa los cheques a nombre de la empresa Nuevos Rumbos S.A. (v. fs.3/6 vta. de los ant. adm. Cuerpo de Solicitud de Informe). Al ser circularizada la misma por el ente fiscal manifiesta haber tenido solamente una operación comercial como proveedor por trabajos profesionales relacionados con la arquitectura por $ 5808, factura Tipo A N° 0001-00001019 de fecha 11/09/07 y respecto de su situación como cliente, manifiesta no tener registros de cuenta corriente alguna con el Sr. Nestor Cadario.
A mayor abundamiento y conforme surge de los antecedentes administrativos acompañados relacionados con las fiscalizaciones efectuadas al señor Nestor Cadario, al ser consultada Nuevos Rumbos S.A. sobre el origen de los cheques, indica que no posee archivo histórico y que los mismos eran recibidos del señor Néstor Cadario pero no puede informar sobre el origen de esos considerables pagos, agregando además que no tiene relación comercial con la recurrente.
Que en relación con Mar del Plata Postal SRL se señala que se encontraba en inspección bajo OI N° 435.791 finalizada el 8/4/2010, concluyéndose que corresponde incluirla en la Base Apoc como “Usina Empresa Desactivada”.” (v. fs. 66/69 ant. adm. Cuerpo Información de dicho proveedor).
Para ello se tuvo en cuenta que no se logró verificar que la firma se encuentre en actividad, no se ubicaron en los domicilios de la empresa a los responsables de la misma, los requerimientos nunca fueron contestados, no presenta declaraciones juradas desde el año 2006, no posee personal en relación de dependencia, no solicitó autorización de impresión de facturas en los últimos tiempos y no posee comprobantes habilitados; además la única socia que se logró ubicar manifestó no tener relación con la firma desde hace cinco años. Según surge de la declaración jurada correspondiente al año 2005, los integrantes de la sociedad serían María del Carmen Quercia (gerente) y Claudia Alejandra Fernández (socia), pero de la publicación en el Boletín Oficial del 29/11/2007, los responsables resultarían ser Osmar Angel Rotta (gerente), Claudia Alejandra Fernández (socia) y Sergio Omar Correa (socio).
Asimismo, de lo consignado en el informe final de inspección del proveedor en cuestión, el 23 de marzo de 2010 en el domicilio de la calle Córdoba 4415 de la ciudad de Mar del Plata, se logró ubicar el local que correspondería a la firma, manifestando los vecinos que el mismo está hace tres años sin actividad. También fue localizada la socia Claudia Alejandra Fernández, quién detalló que no posee ninguna vinculación con la sociedad en cuestión en los últimos 5 años y que formó parte de la misma durante el período 2003- 2005. En relación con los cheques emitidos por la recurrente para el pago del servicio en cuestión, los mismos eran consignados a nombre de Mar del Plata Postal S.R.L. y luego endosados por el Sr Osmar Rotta y en alguno casos, posteriormente, eran utilizados para cubrir otros pagos, como por ejemplo en el caso de NEXTEL S.A., quien indicó haber recibido cheques para la cancelación del pago del servicio de telefonía celular a nombre de Rotta ( fs. 16/18 cuerpo información de bancos).
IV. Que la cuestión debatida en autos se circunscribe a determinar si la prueba aportada por la recurrente y aquella recabada por el organismo fiscal en la etapa de fiscalización, resultan suficientes para fundar la determinación apelada en autos.
Sobre el particular, es dable destacar que Nuestro Máximo Tribunal en la causas “Feretti, Felix Eduardo”, “ADM Argentina SA” y “Molinos Rio de la Plata S.A.” de fechas 10 de marzo de 2015 y 25 de agosto de 2015, respectivamente, se ha expedido sobre la temática en discusión estableciendo que “...a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente”.
Teniendo en consideración la doctrina anteriormente expuesta y lo señalado en el Considerando precedente en relación con los proveedores observados, la impugnación de las facturas ha sido adecuadamente ponderada, habida cuenta que el ente fiscalizador ha demostrado suficientemente la falta de capacidad operativa de los mismos.
En otras palabras, el ente recaudador sustentó su pretensión objetiva a través de elementos concretos y razonables, tales como inconsistencias en los medios de pagos o falta de capacidad operativa, así como también irregularidades relativas a las cartas de porte acompañadas por la recurrente, no pudiendo de esta forma comprobarse el circuito económico de las operaciones en cuestión.
Ello así, cabe advertir que la recurrente ha contado en esta instancia con amplias posibilidades de aportar la prueba correspondiente a sus dichos, mas no desvirtuó el criterio fiscal ni ofreció probanza alguna para que demostrar la veracidad de sus dichos, deviniendo los mismos en meras manifestaciones que resultan insuficientes a los efectos de controvertir la pretensión fiscal.
Por lo expuesto, corresponde confirmar la determinación de oficio apelada, así como también los intereses resarcitorios intimados en la misma por aplicación del art. 37 de la ley 11.683, respecto de los que la recurrente no formula agravio alguno.
V. Que sentado lo que antecede, procede ahora expedirse respecto de la multa aplicada en el acto recurrido, con sustento en los arts. 46 y 47 incs b) y c) de la misma ley, cuya revocación se pretende.
Que en ese sentido, el artículo 46, texto ordenado vigente al momento de la imposición de la sanción, establece “El que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido”. Por su parte el artículo 47 dispone que “se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas :…b)cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible. c) si la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso.
Que en cuanto al elemento objetivo, teniendo en consideración las razones desarrolladas en los considerandos precedentes que llevaron a considerar la procedencia de la determinación de oficio aquí controvertida, ha quedado debidamente acreditada la configuración de la infracción imputada a la contribuyente, que tiene precisamente como presupuesto una omisión de pago que no ha logrado justificarse.
En relación con el elemento subjetivo, nótese que en el caso de autos se configuran una serie de circunstancias que permiten a quien suscribe concluir que aquel se encuentra configurado.
VI. Resulta necesario destacar que la apelante, no obstante haber contado en esta instancia con todas las posibilidades, no ofreció prueba alguna para demostrar la aludida falta de intencionalidad dolosa, más allá de los antecedentes administrativos en poder de la contraria, limitándose a aducir la falta de intención de defraudar, lo que por sí solo no permite justificar su accionar.
En tal sentido, teniendo en consideración las inexactitudes de la declaración jurada original puestas de manifiesto como consecuencia de la inspección iniciada, le incumbía a la contribuyente la carga de probar que aquellas “...habían sido la consecuencia de una omisión imputable a su parte a título de mera negligencia”...”porque...si bien es cierto que no cabe admitir la existencia de responsabilidad de índole penal sin culpa, no es menos exacto tampoco que una vez que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta sancionada por la ley, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por el derecho penal vigente” (Wekser, Marcelo A -CNACAF Sala V 23-6-15).
En virtud de lo expuesto, la sanción aplicada en los términos del artículo 46 en función del 47, incs. b) y c) de la ley procedimental, ha sido adecuadamente encuadrada y ponderada, razón por la cual sólo cabe su confirmación.
VII. Que, por todo lo expuesto, voto por confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas. El Dr. Luis dijo:
Que adhiere al voto precedente.
El Dr. Vicchi dijo:
Que adhiere a los considerandos I a IV, VI y VII del voto de la Dra. Marmillon.
Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en todas sus partes. Con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.08.22 17:06:26 -03:00 Claudio Esteban Luis Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.24 15:01:48 -03:00 Date: 2022.08.25 11:35:43 -03:00 Juan Carlos Vicchi Viviana Marmillon Vocal Vocal Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.25 11:35:44 -03:00
Fin de la sentencia