Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 104882
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConceder el recurso federal interpuesto (art. 256 y 257 CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 104.882 "Banco Provincia de Bs. As. Incidente de revisión en Victorio Américo Gualtieri. Concurso preventivo".
//Plata, 11 de Octubre de 2017.
AUTOS Y VISTO:
La señora jueza doctora Kogan y los señores jueces doctores Soria y Genoud dijeron:
I. El apoderado de la Fiscalía de Estado, en representación del Fideicomiso de Recuperación Crediticia creado por las leyes 12.726 y 12.790, deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que -por mayoría- rechazó el de inaplicabilidad de ley articulado (v. fs. 820/838 vta. y 801/814 vta., respectivamente).
En el marco del presente incidente de revisión articulado contra la resolución del art. 36 de la ley 24.522 dictada en el concurso preventivo de Victorio Américo Gualtieri SA (VAGSA), la Cámara interviniente confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- desestimara los cuestionamientos efectuados respecto al carácter "eventual" asignado a los créditos de la entidad bancaria provincial, individualizados bajo los números 1, 2, 3 y 12 -por un total de U$S 70.265.781,59- y a la cualidad de "cierto" otorgada a los créditos verificados por Deltagro SA y Consorcio Ruta 1 SA (v. fs. 475/484 y 544/551 vta.).
En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional (v. fs. 821 vta./822, 828 y vta., 829 vta./830, 832 vta., 833 y vta., 834 vta. y 837 vta./838).
I.1. Sostiene que esta Corte incurre en un excesivo rigor formal y se aparta de la verdad jurídica objetiva al desestimar la parcela del recurso local referida a la verificación como "ciertos" de los créditos de Deltagro SA y Consorcio Ruta 1 SA, con base en la presunta calidad de cosa juzgada de lo decidido por los jueces de grado y "más allá de su acierto o error" (v fs. 830/831).
Ello por cuanto afirma que se demostraron los extremos conducentes para la revisión de lo resuelto por el a quo respecto a las acreencias N° 1, 2 y 3, esto es, la idoneidad del presente incidente para canalizar los planteos efectuados y la alteración del régimen obligacional en un asunto que involucra reclamos de una gran cuantía, con la consecuente afectación de las garantías constitucionales de propiedad, debido proceso y defensa en juicio (v fs. 830/831 vta.).
I.2. Así, explica que se invierte el carácter de los acreedores al asignar la calidad "eventual" a los créditos de la entidad accionante y -como contracara- reconocer injustamente la cualidad de "ciertos" de los créditos insinuados por otros sujetos. Y agrega, como agravante, que estos últimos se encuentran estrechamente vinculados con la concursada y participaron en el proceso de obtención de mayorías para la aprobación del acuerdo preventivo, excluyendo al Banco provincial, que resultaba uno de los principales acreedores de VAGSA (v. fs. 831 vta./832).
En este aspecto, concluye que la sentencia en crisis ha renunciado conscientemente -a su modo de ver- al valor justicia, en cumplimiento de normas procesales, en tanto se invoca la imposibilidad de modificar lo resuelto respecto a los créditos reconocidos como "ciertos", sin reparar en que la promoción del presente incidente implicó -simultáneamente- el cuestionamiento de dicha calidad, como planteo inescindible de la discusión sobre la eventualidad de las acreencias del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 832 y vta.)
I.3. Asimismo, cuestiona que el voto de la mayoría haya denegado la revisión del fallo de la alzada, en garantía del derecho de defensa de las mencionadas sociedades anónimas -por no haber intervenido en el presente incidente- descartando -a la vez- la nulidad de todo lo actuado, con sustento en que debía tratarse el recurso de inaplicabilidad de ley para comprobar su correcto enfoque (v. fs. 832 vta./833).
I.4. Por otro lado, aduce que resulta dogmática la desestimación de la revisión del crédito N° 12, en tanto el cuestionamiento no se limitó a plantear una mera subjetividad -como entiende la postura mayoritaria del fallo objetado- sino que se acreditó debidamente el carácter de "cierta" de dicha acreencia, calidad que además fue reconocida expresamente por el Síndico al contestar el presente incidente. De allí que -afirma- se vulnera el derecho de defensa en juicio garantizado por el art. 18 de la Constitución nacional (v. fs. 833/834 vta.).
I.5. Finalmente, destaca la trascendencia del presente caso, en razón de la gran cuantía de los reclamos económicos que involucran sumas millonarias en moneda dólar estadounidense (v. fs. 838 y vta.).
II. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 843), el mismo fue contestado por el síndico y el apoderado de la concursada (v. fs. 877 y 878/895, respectivamente).
III. Liminarmente cabe señalar que si bien las cuestiones vinculadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local, no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la competencia federal, en el presente los argumentos expuestos por el recurrente objetando la decisión de esta Corte que desestimó el remedio intentado, se muestran - prima facie - hábiles e idóneos para dar sustento a su pretensión de que sean considerados por la vía extraordinaria, teniendo en cuenta que los tópicos suscitan cuestión federal y que guardan relación directa e inmediata con la materia objeto del pleito (arts. 14 y 15, ley 48).
En efecto, atento a las especiales circunstancias del presente litigio, se advierte que los agravios referidos al denunciado excesivo rigor formal, con base en la doctrina de la arbitrariedad y en la presunta afectación de las garantías constitucionales de propiedad, defensa en juicio y debido proceso, cuentan -en principio- con fundamentos suficientes para tener por acreditada la condición de la habilitación de la mentada instancia federal (v. fs. 823/824, 830/831 vta.).
Específicamente, los cuestionamientos efectuados en torno a la alteración del régimen del obligacional y la objetada exclusión de la entidad bancaria accionante en el cómputo de las mayorías que conformaron el acuerdo preventivo propuesto, así como la idoneidad del presente incidente de revisión para modificar lo decidido en la resolución del art. 36 de la ley 24.522, tanto respecto al incidentista como en relación a los créditos cuya calidad de "ciertos" fuera aquí impugnada, resultan planteos aptos para que -en su caso- sean evaluados en sede federal (v. fs. 830 vta./833).
En esas condiciones, y en el marco de verificación que es propio de esta instancia de admisibilidad, encontrándose cumplidos los demás recaudos formales, es que corresponde conceder el recurso intentado (arts. 14 y 15, cit.).
El señor Juez doctor Negri dijo:
Coincido con los colegas que me preceden en que han sido debidamente formuladas las cuestiones federales introducidas por los recurrentes. La impugnación cuenta -en principio- con fundamentos suficientes para dar sustento a la pretensión de que -en su caso- sea evaluada en la instancia federal (doctr. art. 14, ley 48).
Por lo expuesto, concurriendo los requisitos previstos en los arts. 14 y 15 de la ley 48, considero que corresponde conceder el remedio articulado.
Por ello , el Tribunal
Conceder el recurso federal interpuesto (art. 256 y 257 CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y remítase a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
HILDA KOGAN
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Fin de la sentencia