Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129296
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, por improcedente, la queja interpuesta por el señor Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Gustavo Francisco López, con costas (art. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647 y 31 bis de la ley 5827).
"LÓPEZ, GUSTAVO FRANCISCO S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 72.357 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA II".
La Plata, 7 de febrero de 2018.
La presente causa P. 129.296-RQ, caratulada: "López, Gustavo Francisco s/ Recurso de queja en causa N° 72.357 del Tribunal de Casación Penal, Sala II",
I. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 21 de junio de 2017, rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado contra la decisión de dicho órgano que desestimó el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 de La Matanza que había condenado a Gustavo Francisco López a la pena de trece años y cuatro meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma en concurso real con privación ilegal de la libertad coactiva calificada, todos ellos agravados por la intervención de menores de dieciocho años (v. fs. 41/44).
Para arribar a tal conclusión y en lo que aquí interesa, entendió que la crítica dirigida contra la decisión de no abordar los planteos novedosos expuestos por la defensa en el memorial previsto por el art. 458 del Código Procesal Penal, resultaba inadmisible, pues versaba sobre una temática procesal ajena a la competencia federal (v. fs. 43).
Agregó que si bien el recurrente había pretendido asignarles naturaleza federal, sus apreciaciones no superaban la exposición de su particular interpretación respecto de la afectación constitucional que el pronunciamiento le irrogaba. En virtud de ello concluyó que la impugnación no se había planteado con la suficiencia y carga técnica pertinentes (v. fs. cit. vta.).
II. Frente a ello, la Defensora Oficial Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, dedujo queja (v. fs. 46/51).
Allí sostuvo que en el recurso extraordinario local explicitó la cuestión federal que estimó comprometida, la que surgió a partir del dictado de la sentencia del a quo que rechazó por extemporáneo el planteo que la defensa realizó ante esa instancia (v. fs. 48).
Consideró que ello implicó la afectación del debido proceso y de la defensa en juicio de su asistido al verse imposibilitado del acceso a una revisión amplia e integral de todos los aspectos sustanciales del fallo de condena. También entendió que ello atentó contra la utilidad de la defensa pública (v. fs. cit.).
Esgrimió que el órgano revisor encubrió su propia omisión. Trajo a colación el precedente P. 85.977 de esta Corte y alegó que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia en crisis sea el mismo que analiza si incurrió en las deficiencias denunciadas en el art. 494 del Código Procesal Penal pues esa labor debe realizarla un superior (v. fs. 49 vta.).
Sostuvo que, de lo contrario, se vería comprometido el principio de imparcialidad de los Jueces, previsto en el art. 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (v. fs. 50).
Finalmente adujo que se vedó a su asistido el acceso a la jurisdicción en tiempo útil para el tratamiento de una cuestión constitucional propia de la competencia del Tribunal de Casación (v. fs. 50 vta.).
III. La queja deducida es improcedente (art. 486 bis CPP).
Ello por cuanto la defensa se limitó a insistir sobre el pretendido cariz federal de sus agravios, sin hacerse cargo de los argumentos expuestos por el a quo para rechazar la impugnación extraordinaria (v. reseña del acápite I de la presente).
En definitiva, dejó indemostrada la relación directa e inmediata entre la limitación temporal impuesta por el art. 451 del Código Procesal Penal y la supuesta afectación del derecho de defensa en juicio y de la garantía prevista en los arts. 8.2.h. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (conf. P.77.329, sent. 10-IX-2003; P. 81.725, sent. 16-IX-2003; P. 83.841, sent. 9-X-2003; P. 89.368, sent. 22-XII-2004; P. 99.549, sent. 8-VII-2008; P. 128.269-RQ, resol. 3-V-2017, e.o.; art. 31 bis de la ley 5827).
De otro lado, las alegaciones en torno a la afectación a la utilidad de la defensa pública y al principio de imparcialidad del juzgador (art. 8.1 de la CADH) no merecen mayor análisis, pues los argumentos desarrollados a su respecto son genéricos y no se acredita su relación directa e inmediata con lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48).
En consecuencia, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (conf. arts. 486 y 486 bis del CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, por improcedente, la queja interpuesta por el señor Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Gustavo Francisco López, con costas (art. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647 y 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°13
Fin de la sentencia