Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120177
En la ciudad de La Plata, a 13 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani , de Lázzari , Soria , Negri , Genoud , Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.177, "Novoa y González, Gerardo Adrián contra Rucamalen S.A. y otro/a. Daños y Perjuicios."
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, con costas del modo que especificó (v. fs. 575/594 vta.).
La codemandada, QBE Argentina ART S.A., interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 616/635 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado admitió la demanda deducida por el señor Gerardo Adrián Novoa y condenó a QBE Argentina ART S.A. (antes CNA ART S.A.) al pago de la suma que estableció en concepto de prestaciones dinerarias previstas en las leyes 24.557 y 26.773 (art. 3). Asimismo, ordenó la aplicación de intereses desde el acaecimiento del evento dañoso (art. 2, ley 26.773) y hasta su efectivo pago de conformidad con la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en su versión digital. En cambio, rechazó la acción incoada contra la empresa Rucamalen S.A. fundada en el derecho común (arts. 1.109 y 1.113, Cód. Civ.), por resultar en este caso constitucional el art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 575/594 vta.).
Para así resolver, tuvo por acreditado que el actor sufrió un infortunio laboral el día 23 de febrero de 2010, como consecuencia del cual presenta hernia discal operada con secuelas electromiográficas leves, con alteraciones clínicas y disminución de la movilidad que le provocan una incapacidad parcial y permanente del 29% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 576/578).
También, que la demandada tenía contratada una póliza de seguro con QBE Argentina ART S.A. y que el evento dañoso fue denunciado ante ella, así como que la aseguradora le otorgó al accionante prestaciones médicas y la cantidad de $44.241,46, conforme al 18,5% de incapacidad dictaminado por la Comisión Médica (v. vered., fs. 577).
Sobre esa base, ya en sentencia, tras considerar configurados los presupuestos de responsabilidad civil objetiva del principal (art. 1.113, Cód. Civ.), se dispuso a analizar la procedencia de la pretensión resarcitoria fundada en las normas del derecho común y la validez constitucional del art. 39 de la ley 24.557 (v. sent., fs. 583/586).
En ese orden, sostuvo que debía aplicarse al caso la ley 26.773 y se pronunció de oficio por la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 del citado texto legal, poniendo de resalto la potestad de los jueces de ejercer oficiosamente el control de constitucionalidad (v. sent., fs. 586/589).
Al respecto, con apoyo en lo decidido por el tribunal en otras causas y a la luz del principio de aplicación inmediata de la ley consagrado en el art. 3 del Código Civil, expresó -con cita de doctrina- que la aplicación de las mejoras introducidas por el decreto 1.694/09 a aquéllos "...infortunios ocurridos con anterioridad pero no cancelados a la fecha de la vigencia de la norma no afecta el derecho de propiedad de las aseguradoras (arts. 14 bis y 17 de la C.N.), sino que protege a los trabajadores que no han visto cancelados sus créditos oportunamente y han debido recorrer un proceso administrativo o judicial durante cuyo transcurso cambiaron las circunstancias económicas reconociendo la nueva legislación la exigüidad del régimen original, por lo que no cabe castigar al trabajador otorgándole una prestación depreciada al momento de percibirla, conclusión que concuerda con el principio de progresividad (art. 75 inc. 22 y 23 CN y los tratados internacionales reconocidos en el inc. 22)..." (el subrayado figura en el original; v. sent., fs. 588 y vta.).
Determinó -en igual línea- que la ley 26.773 debía aplicarse en cuanto a los montos instituidos a las contingencias acaecidas antes de la fecha de entrada en vigor de dicho texto legal que se encontraran incumplidas. Y, en tal sentido, señaló que sólo el pago (consumación del hecho reparativo) quita virtualidad a la ley que rige en el momento de colocar las cosas en el lugar que se encontraban antes del daño, sin que haya retroactividad por la aplicación de la ley actual al hecho reparativo no consumado (v. sent., fs. 588 vta.).
En definitiva, declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 por encontrarse en pugna con los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución nacional y con el principio de aplicación inmediata de la nueva ley (arts. 3, Cód. Civ. y 7, Cód. Civ. y Com.). Adunó a lo expuesto que tal solución "...es la que se adapta con mayor justicia, equidad y precisión al caso particular, hallándose en sintonía con el principio de progresividad reconocido por la CSJN en el Caso 'Aquino' (entre otros) y recepcionado en la Convención Americana de Derechos Humanos en su art. 26, no alterándose con la decisión que propicio el principio de congruencia, ya que se otorga la indemnización tarifada y no se incluyen como condena rubros no peticionados. Tampoco se lesiona el derecho a la defensa en juicio de la accionada, ni las reglas del debido proceso, ya que la aseguradora demandada ejerció sin restricciones su derecho de defensa..." (v. sent., fs. 589).
Luego, puesto a determinar el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, el a quo la cuantificó inicialmente en la suma de $95.504,60. Sin embargo, sostuvo que por aplicación de la Resolución de S.T. 1/16 (que estatuye el piso de $943.119 por el porcentaje de incapacidad) la base a tomar en cuenta ascendía a la cantidad de $273.504,51, suma a la que debía adicionarse el 20% establecido en el art. 3 de la ley 26.773, es decir $54.700,90 (v. sent., fs. 589 y vta.).
A continuación, tras descontar del aludido importe lo percibido por el demandante de la aseguradora ($44.241,46), reajustó el monto de la prestación ($283.963,95) conforme el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) vigente entre la fecha del accidente (355,54 en febrero de 2010) y el último publicado (1.940,55 en marzo 2016), arribó a la cantidad de $1.547.603,52 (v. sent., fs. 589 vta.).
Luego, determinó que la indemnización que le correspondía al demandante por el régimen del derecho común ascendía a la suma de $510.501,59 ($425.417,99 y $85.083,59 en concepto de daño material y moral, respectivamente). Sentado ello, consideró que en el caso las prestaciones de la ley especial resultaban suficientes para reparar el daño sufrido por el demandante y, por lo tanto, el art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo no resultaba inconstitucional (v. sent., fs. 589 vta./591 vta.).
En consecuencia, rechazó la demanda contra Rucamalen S.A. y condenó a la aseguradora de riesgos del trabajo a pagar al actor la suma que estableció en concepto de prestación del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según resolución de la Secretaría de Seguridad Social 1/16- y 3 de la ley 26.773, más el índice RIPTE previsto en la última de las leyes citadas, a lo que dispuso adicionar la tasa de interés pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. sent., fs. 591 vta.).
II. La aseguradora de riesgos del trabajo interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 8, 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 616/635 vta.).
Se agravia de la decisión de grado por cuanto se apartó de las pautas indemnizatorias vigentes para el caso (art. 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557, según dec. 1.694/09) y aplicó la ley 26.773.
Afirma que el art. 17 apartado 5 de la citada ley es claro al disponer que la normativa entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial -26 de octubre de 2012- y se aplica a las contingencias previstas en la ley 24.557 -y sus modificaciones- cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de ese momento. Aduce que el razonamiento del a quo resulta violatorio del principio de irretroactividad de las leyes consagrado en el art. 3 del Código Civil (actual art. 7, conf. ley 26.994, B.O., 8-X-2014), en tanto importa la aplicación retroactiva de la norma.
Refiere al fallo "Lucca de Hoz" emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que se establece que la compensación económica debe determinarse conforme la ley vigente cuando ese derecho se concreta, decisión que resulta ratificada en los autos "Espósito, Dardo c/ Provincia ART S.A. s/ Accidente-Ley Especial" (sent. de 7-VI-2016), en relación con la aplicación de la ley 26.773, y cuyas directrices son reiteradas en pronunciamientos de distintos tribunales e incluso por esta Suprema Corte a partir de la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016). En ese orden, cuestiona además que se haya declarado en autos la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773.
Sentado ello, plantea que el mecanismo de ajuste previsto en la ley 26.773 sólo puede ser aplicado a los montos de pago fijo previstos en el art. 11 de la ley 24.557 y a los pisos indemnizatorios contemplados en los arts. 14, 15 y 18 de dicho texto legal, mas no así al resultado de la fórmula con arreglo a la cual se determina el importe de indemnización por incapacidad permanente.
Reprocha la cuantificación del daño efectuada en la sentencia, y objeta que al haber establecido que los intereses debían computarse a partir de la fecha del accidente sufrido por el actor (febrero de 2010) sobre un capital ya incrementado por el índice RIPTE, el tribunal realizó una "doble actualización de valores" que le causa gravamen irreparable.
Por otra parte, critica el pronunciamiento que le atribuyó responsabilidad civil por el siniestro sufrido por el actor. Alega que si bien la aseguradora se encuentra obligada a realizar actividades de prevención en función de las disposiciones de la ley 24.557 (arts. 4 y 31), en el caso no se ha formulado imputación concreta ni se ha efectuado una actividad probatoria que dé sustento a la responsabilidad subjetiva atribuida en autos.
Sostiene que no existe vinculación causal entre los deberes impuestos a su parte y el siniestro padecido por el accionante. Aduce que en el supuesto de autos la decisión del sentenciante de invertir las reglas de la carga de la prueba no se encuentra justificada, debiéndose, en consecuencia, revocar el fallo de grado.
Finalmente, se agravia de la definición que eximió de responsabilidad civil al empleador demandado, puesto que han quedado probados los presupuestos para su atribución, por lo que, de mantenerse una condena con fundamento en las normas del derecho común, debe extendérsele en función de la responsabilidad que por derecho le pudiere corresponder.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Liminarmente, dable es advertir que el veredicto carece de fecha y de la indicación del departamento judicial en que se asienta el tribunal (incumpliendo así las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47, ley 11.653). Tampoco se ha incluido la firma del actuario -sólo se advierte una rúbrica no identificada en la copia de la "planilla Augusta de circulación de expedientes" (v. fs. 579)-.
Ahora bien, aun cuando la ausencia de firma del Secretario en el veredicto -omisión que se reitera en la sentencia (v. fs. 578 vta.; 593 y 594 vta.)-, así como los restantes defectos apuntados, constituyen falencias de forma (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009); no conducen por sí solos a la anulación del pronunciamiento.
III.2. Sentado ello, considero que debe revocarse la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia.
Sobre el particular, he de insistir en que en lo atingente al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, la referida ley 26.773 -como ya lo dijo esta Corte- ha reiterado aquella regla general contenida en normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia.
En este marco, es dable recordar que, si bien el principio de no retroactividad de la ley carece de jerarquía constitucional, tiene un límite claro, configurado por la interdicción de todo menoscabo sustancial a situaciones subjetivas consolidadas al amparo de un régimen jurídico válido anterior (art. 17, Const. nac.; causa L. 96.278, "Mussio", sent. de 11-III-2013), como sucede en la especie.
Desde este enfoque, es mi convicción que no cabe la descalificación de dicho precepto, toda vez que no lo advierto, en el caso, en pugna con derechos y garantías de jerarquía constitucional, tal como lo sostuvo el a quo en su sentencia.
III.3. Luego, y siguiendo la línea de razonamiento trazada por esta Suprema Corte -en su opinión mayoritaria, de la que participé- en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), a la que por razones de brevedad remito, y ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de la instancia juzgó el caso, considero que la crítica focalizada en la aplicación retroactiva de la ley 26.773 resulta procedente.
En efecto, en la citada causa esta Suprema Corte -por mayoría y tal como señalara en el apartado anterior- estableció que en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la misma ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O. 3-I-2001 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia. Dicho criterio, asimismo, se condice con el adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/Provincia ART S.A. s/accidente-ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
En consecuencia, y teniendo en cuenta que, a la fecha en que el tribunal estableció -en conclusión firme- como determinante para definir el régimen jurídico aplicable (febrero de 2010), la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012) no se encontraba vigente, asiste razón a la recurrente en cuanto postula que sus disposiciones no resultan aplicables al caso, por lo que cabe casar la sentencia en este aspecto.
En tales condiciones, atendiendo a la concreta pretensión que definió el objeto del pleito, y siendo que el caso bajo examen cae bajo la órbita de aplicación de la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por los decretos 1.278/00 y 1.694/09 (B.O., 6-XI-2009), los autos deberán volver al tribunal de origen para que, con otra integración, dicte el pronunciamiento que corresponda, efectuando nuevamente el cotejo o comparación entre las sumas de las prestaciones del régimen especial y las que le correspondería acceder al actor por aplicación de las pautas del derecho común, todo ello de conformidad con la doctrina legal que emerge de los precedentes L. 87.394, "V. d. C., M.C." y L. 81.826, "Yaman", sentenciadas el 11-V-2005.
III.4. Lo precedentemente expuesto torna inoficiosa cualquier definición que pretenda formularse respecto de la crítica que esgrime la recurrente a fs. 633 vta./634 de su réplica extraordinaria, mediante la cual objeta que el tribunal de grado eximiera de responsabilidad civil al empleador demandado.
III.5. A su vez, atento que no corresponde aplicar en la especie el mecanismo de ajuste previsto en los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, ha devenido abstracto el planteo vinculado al modo de cálculo de la actualización, así como también el vinculado con la fecha a partir de la cual se determinó el inicio del devengamiento de los intereses (v. rec., fs. 629 vta./632), por lo que no es necesario que esta Corte se pronuncie al respecto.
III.6. El restante cuestionamiento que enuncia la impugnante (v. fs. 632/633 vta.) deviene inatendible. Ello así, pues, de la lectura del fallo se avizora que la condena dispuesta en la sentencia no se fundó en la atribución de una responsabilidad civil (v.gr., por aplicación del art. 1.074, Cód. Civ. vigente por entonces), antes bien, halló sustento en las propias previsiones que contempla la ley 24.557 y sus modificaciones, y fue en ese marco que se ordenó el pago de las concretas prestaciones dinerarias allí establecidas (v. fs. 582/591 vta.).
Luego, no cabe ingresar a examinar la impugnación a la que se aludió precedentemente.
IV. Atento el señalamiento formulado en el punto III.1., y teniendo en cuenta las reiteradas irregularidades que esta Corte viene advirtiendo en diferentes causas del Tribunal de Trabajo de Junín (a saber: L. 120.274, "Calderón", resol. de 8-III-2017; L. 120.955, "Biset", resol. de 31-V-2017; L. 121.043, "Figueroa", resol. de 27-XII-2017; L. 119.312, "Ponce"; L. 119.635, "Milla" y L. 119.305, "Díaz", sents. de 11-IV-2018, por citar sólo algunas), considero necesario e impostergable exhortar nuevamente a los señores jueces el mayor esmero en el cumplimiento de las obligaciones que el ejercicio de su cargo les impone, y recomendarles el dedicado apego a la letra y espíritu de las disposiciones fundamentales para su eficaz desempeño.
El proceso no es un conjunto de solemnidades y rituales sin sentido, ni puede ser exigido el cumplimiento puramente formal de cada una de las reglas que lo regulan. Pero tampoco es terreno anómico donde las cosas puedan hacerse de cualquier manera. Las irregularidades resaltadas se constituyen en evidencias de la displicencia y liviandad con que los intereses en juego han sido tratados, lo que conspira contra la garantía constitucional de tutela judicial continua y efectiva (art. 15, Const. prov.) y la recta y eficaz administración de justicia.
V. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y revocar la sentencia impugnada en cuanto ordenó aplicar en el caso la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que se dé cumplimiento con lo resuelto en el punto III.3. del presente.
Costas por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Con las siguientes consideraciones, adhiero al voto del doctor Pettigiani.
I.1. En primer lugar, coincido con el colega en que debe dejarse sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el a quo , ello, de conformidad con los fundamentos que he desarrollado al emitir mi opinión en la causa L. 120.062, "Guzmán" (sent. de 30-V-2018), a la cual remito por razones de brevedad.
Una solución diferente sería incompatible tanto con la doctrina de esta Corte (ver causa L. 118.695, "Staroni", sent. de 24-V-2016, a la que luego me referiré) como a la que surge de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa "Es
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