Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120039
En la ciudad de La Plata, a 13 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri, Soria, Pettigiani, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.039, "Aguilar, Héctor Enea contra Torres Americanas S.A. Accidente de trabajo – Acción especial".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 280/300).
Se dedujeron, por la parte actora y el tercero citado, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 308/310 vta. y 313/338 vta., respectivamente).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por Federación Patronal Seguros S.A. a fs. 313/338 vta.?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el deducido por el actor a fs. 308/310 vta.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de grado admitió la demanda promovida por el señor Héctor Enea Aguilar y condenó a Federación Patronal Seguros S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de diferencias derivadas de la prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones del decreto 472/14 y resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 22/14- y la prevista en el art. 3 de la ley 26.773, con más la actualización por el índice RIPTE dispuesto en esta última. Asimismo, estableció que al monto de condena se le aplicarán intereses conforme la tasa activa promedio del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde la fecha del infortunio laboral hasta su efectivo pago (v. fs. 285/300).
En el veredicto, el órgano judicial de grado declaró acreditado que el actor padece, en relación concausal con las tareas de esfuerzo desempeñadas y a partir de un infortunio sucedido con fecha 27 de julio de 2005, una hernia inguinal izquierda operada y una hernia umbilical, que lo incapacitan en un 3% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 280/283).
Sobre dicha base, ya en la sentencia, tras considerar configurados los presupuestos de responsabilidad civil objetiva del principal (art. 1.113, Cód. Civ.; v. sent., fs. 288 vta./290 vta.), se dispuso a analizar la procedencia de la pretensión resarcitoria fundada en las normas del derecho común y la validez constitucional del art. 39 de la ley 24.557 (v. sent., fs. 290 vta./297 vta.).
Con sustento en doctrina autoral y en un precedente del mismo tribunal, estableció que tanto el decreto 1.694/09 como la ley 26.773 debían aplicarse a las contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Remarcó que esta conclusión no importaba aplicarlos en forma retroactiva, puesto que se trataba de una reparación no consumada, en cuanto al momento de dictarse el fallo la prestación dineraria no se encontraba cumplida. Con ello, declaró ex officio la invalidez constitucional de los arts. 16 del citado decreto y 17 apartado 5 de la mencionada ley, por encontrarlos "en pugna con los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución nacional y con el principio de la aplicación inmediata de la nueva ley (art. 3 Cód. Civ.)", ponderando además, que dicha solución resultaba concordante con el "principio de progresividad" previsto en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. sent., fs. 292 vta./294 vta.).
Sostuvo entonces que, conforme las prescripciones contenidas en la Ley de Riesgos del Trabajo, al dependiente le correspondía percibir la suma de $3.534,95, según la siguiente operación aritmética: IBM=$1.235,13 x 53 (dec. 1.694/09) x 3% x (65/35) 1,8; efectuado de acuerdo a lo previsto en los arts. 12 y 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. sent., fs. 295).
Sin embargo, evaluó que por aplicación del decreto 472/14 y la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 22/14 (art. 2) se arribaba al importe de $18.612,42 (piso de $620.414 por el porcentaje de incapacidad), al que debía adicionarse el 20% establecido en el art. 3 de la ley 26.773 ($3.722,48) y luego agregarse como factor el índice RIPTE desde la fecha del evento dañoso (julio de 2005) hasta el último valor publicado de diciembre de 2014 (9,7), llegando a un total de $216.648,53 en concepto de prestaciones dinerarias de pago único (v. sent., fs. 295 vta.).
Explicó que para así decidir se apartaba de lo dispuesto en el art. 17 apartado 6 de la citada ley 26.773, desde que la aplicación del mecanismo de ajuste desde el día 1 de enero de 2010 resultaba contradictoria con el contenido del art. 2 de dicho plexo legal, pues -enfatizó- el deber de reparar nace en el momento de acaecimiento del evento dañoso (v. sent., últ. fs. cit.).
A continuación, estableció que la indemnización a la que el trabajador era acreedor en el marco del régimen común ascendía a la cantidad de $16.791,66 ($13.791,66 y $3.000, por daño material y moral, respectivamente; v. sent., fs. 295 vta./296).
Sentado ello, consideró que, en el caso, las prestaciones previstas en la ley 24.557 resultaban suficientes para reparar el daño causado al actor, motivo por el cual desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1 del mencionado cuerpo normativo, toda vez que no se hallaban vulneradas las garantías previstas en los arts. 14 bis, 16, 17, 19, 23, 28 y 43 de la Constitución nacional y en los tratados incorporados por su art. 75 inc. 22 (v. sent., fs. 296/297 vta.).
En consecuencia, rechazó la demanda entablada contra Torres Americanas S.A. y condenó a Federación Patronal Seguros S.A. a pagar la suma que estableció en concepto de prestación del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según decreto 472/14 y resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 22/14- y 3 de la ley 26.773, más el índice RIPTE previsto en la última de las leyes citadas, cantidad a la que descontó el importe $13.940 ya percibido por el actor (v. sent., fs. 298/299).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la aseguradora condenada denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 2, 3, 699, 701 y concordantes del Código Civil; 10 de la Constitución local; 26 de la ley 24.557; 63 de la ley 11.653; 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773, así como de la doctrina legal de esta Corte que identifica.
Plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, se agravia de la decisión de origen que declaró la inconstitucionalidad del art. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773 y resolvió que dichos cuerpos normativos eran aplicables al caso, en tanto, alega, la parte actora en ningún momento lo solicitó.
Asimismo, aduce que el razonamiento del a quo importa la violación del principio de irretroactividad de las leyes contemplado en el art. 3 del Código Civil y de los contenidos en el art. 18 de la Constitución nacional.
Entiende que la aseguradora no puede ser condenada por una suma mayor a la resultante del cálculo establecido en la normativa vigente al momento del siniestro, en tanto ese es el límite del contrato de seguro, porque es lo que se abonó en carácter de prima.
Por otro lado, manifiesta que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional, por lo que debe ser la ultima ratio del orden jurídico, y en ese sentido, aduce que no se vulnera derecho alguno con la no aplicación del decreto 1.694/09 y de la ley 26.773, resultando insuficiente la fundamentación dada en la sentencia de grado, por cuanto el a quo ha declarado la invalidez de estas normas en aras de facilitar su aplicación retroactiva, sin advertir que dichos preceptos obedecen a una solución legislativa fundada en razones de oportunidad o conveniencia.
Alega que el art. 17 apartado 5 de la citada ley 26.773 fija el momento de su entrada en vigencia, resultando el apartado 6 complementario de esa disposición en cuanto determina el modo en que debe efectuarse el cálculo del RIPTE con relación a las prestaciones dinerarias.
En ese orden, enfatiza que en relación a la sucesión normativa en materia de infortunios laborales, la Corte nacional ha establecido que la compensación económica de un infortunio de trabajo debe determinarse conforme la ley vigente cuando ese hecho se concreta, con independencia de la efectiva promoción del pleito destinado al reconocimiento de esa situación y de sus efectos en el ámbito jurídico.
Sobre tal base, con apoyo en la jurisprudencia del Superior Tribunal de la Nación y de otros tribunales de justicia, postula que debe dejarse sin efecto la aplicación al caso del decreto 1.694/09 y de la ley 26.773.
Invoca en esa línea, vulnerada la doctrina legal sentada en la causa L. 94.119, "Ferrari", sentencia de 4-XI-2009 en cuanto allí esta Corte se pronunció sobre la aplicación temporal del decreto 1.278/00.
Insiste en señalar que el razonamiento del tribunal vislumbra una interpretación contraria al principio de irretroactividad, en tanto en el caso no hay un hecho en curso de ejecución, sino un acontecimiento que se configuró con anterioridad a la entrada en vigencia de las normas citadas.
Aduce, además, que la ley vigente al momento del daño es la que rige la vida obligacional y cualquier alteración de la regla jurídica bajo la cual se consolidó la obligación importa una afectación del derecho de propiedad.
II.2. En segundo término, y desde otroángulo, argumenta que el señalado mecanismo de ajuste sólo puede ser aplicado a las compensaciones de pago único y a los "pisos" de los arts. 14 y 15 de la ley 24.557, pero no respecto de aquellas prestaciones liquidadas según las fórmulas de las citadas normas.
Explica que el RIPTE -al igual que el ingreso base mensual- refleja el aumento de los salarios, por lo que sólo puede ser utilizado para incrementar los elementos de la indemnización que no tienen incorporada la variación de las remuneraciones, mas no respecto de aquellos que son móviles.
II.3. Por último, cuestiona los intereses moratorios desde dos aristas.
II.3.a. Por un lado, se opone a la decisión del a quo de aplicar la tasa activa promedio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en tanto resulta violatoria de la doctrina sentada a partir de la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013) donde esta Corte se pronunció sobre la inconstitucionalidad de la ley 14.399.
II.3.b. Por otro lado , se agravia de la forma en que el tribunal computó dichos accesorios, alegando que lo hizo sobre la base del monto de capital ya reajustado a través del índice RIPTE, por lo que -afirma- la decisión viola el art. 1 de la ley 24.283 e incurre en una doble actualización de valores.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Prospera el agravio por el que se objeta la aplicación, al caso, de la ley 26.773.
III.1.a. En primer lugar, debe revocarse la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia.
III.1.a.i. En el pronunciamiento de grado se pretende que, so pretexto de resultar contradictorio con ciertos preceptos de la Constitución nacional, no deben aplicarse los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773, con un argumento que, lejos de sustentarse adecuadamente en una regla de rango constitucional, reposa en una pauta general prevista en la legislación civil (la de la aplicación inmediata de la nueva norma; arts. 3, Cód. Civ. y 7, Cód. Civ. y Com.), reemplazando las normas especiales que contiene el régimen de infortunios laborales.
Al respecto, es doctrina de esta Corte que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
De allí que la atribución de pronunciarse en tales términos sobre un precepto legal sólo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004).
En ese sentido, la reflexión plasmada en el pronunciamiento atacado no evidencia una falta de razonabilidad en el criterio escogido para determinar la entrada en vigencia de las disposiciones pertinentes, teniendo en consideración la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante.
III.1.a.ii. Por otro lado, tampoco la genérica alusión al "principio de progresividad" que el tribunal sitúa -por conducto del art. 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional- en los tratados internacionales allí mencionados, justifica la decisión adoptada, máxime cuando ningún argumento porta el fallo tendiente a demostrar la configuración en el caso de una situación de "total desamparo" relativa al damnificado que aconsejase aplicar una solución acorde con apoyo en el citado principio (CSJN causa "Arcuri Rojas Elsa c/ ANSeS", sent. de 3-XI-2009).
III.1.a.iii. Para más, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como este Tribunal se han expedido sobre la temática que gira en orden al ámbito temporal de aplicación del decreto 1.694/09 y del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773, debiéndose destacar que en dichas oportunidades ningún reproche constitucional merecieron las pautas que receptan los arts. 16 del mentado reglamento y 17 apartado 5 de la ley citada, cuya aplicación llevó a los mencionados tribunales a una solución que contrasta con la adoptada en la sentencia impugnada.
III.1.b. Sentado lo anterior, el pronunciamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte -si bien, como habré de señalar luego, no contribuí a su conformación- aun cuando ésta a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
De modo tal que la cuestión debe ser resuelta por aplicación de la doctrina legal actualmente vigente.
III.1.b.i. En lo concerniente a la aplicación temporal del decreto 1.278/00 he acompañado con mis votos la conformación de la doctrina legal de esta Corte en cuanto las modificaciones introducidas por aquel reglamento a la ley 24.557 no resultan aplicables si la primera manifestación invalidante de la contingencia padecida por el trabajador ocurrió con anterioridad al 1 de marzo de 2001 (causas L. 90.384, "N., P. A.", sent. de 9-V-2007; L. 94.456, "Vecchi", sent. de 2-VII-2010; L. 107.414, "S., A. R.", sent. de 26-IX-2012 y L. 109.850, "A., M. C.", sent. de 12-VI-2013; e.o.).
Este Superior Tribunal se pronunció en igual sentido en lo atinente al decreto 1.694/09, declarando que sus pautas indemnizatorias no resultan aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se hubiera producido con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia (causas L. 116.001, "Cabral", sent. de 26-III-2015 y L. 116.622, "B., V.", sent. de 15-IV-2015).
III.1.b.ii. Por otra parte, en la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 he plasmado mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.1.b.iii. Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7 de junio de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
Ello aunque, como he expresado reiteradamente (v. mis votos en las causas C. 103.189, "Crudo", sent. de 18-XI-2009; C. 103.420, "Rozitchner", sent. de 14-IX-2011 y C. 112.791, "Langiano", sent. de 5-XII-2012; e.o.), soy partícipe de la tesis del sometimiento restringido (en el sentido usado por Sagüés, Néstor Pedro; "Eficacia vinculante o no vinculante de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", ED, Tomo 93, pág. 891, o por Ibarlucía, Emilio A.; "Fallos plenarios y doctrina de la Corte Suprema", LL, 2009-A-654) respecto de los pronunciamientos del Máximo Tribunal, de manera de entender que la fuerza vinculante que fluye de sus sentencias -siendo sin duda significativa-, no se equipara a la obligatoriedad jurídica a la que quedamos supeditados por la legislación. En el tema convocante, sin embargo, considero que en contribución a la seguridad del tráfico jurídico y a la coherencia del sistema normativo, los lineamientos que emergen del mencionado precedente deben ser aplicados.
III.1.c. En consecuencia, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso en cuanto en el fallo se dispuso aplicar las prescripciones del decreto 1.694/09 y de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara.
Entonces, siendo que el caso bajo examen cae bajo la órbita de aplicación de la ley 24.557 con las modificaciones efectuadas por el decreto 1.278/00, los autos deberán volver al tribunal de origen para que, nuevamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda, efectuando nuevamente el cotejo pertinente de conformidad con la doctrina legal que emerge de los precedentes L. 87.394, "V.d.C., M.C." y L. 81.826, "Yaman" (sents. de 11-V-2005).
III.2. En atención a lo resuelto en el apartado anterior, deviene abstracto el tratamiento de la crítica dirigida a impugnar los ítems sobre los que debería recaer el ajuste en cuestión (pto. II.4. de este voto; rec., fs. 251 vta./252 vta.; causas L. 98.067, "Roldán", sent. de 9-XII-2009; L. 88.054, "Antoni", sent. de 7-IV-2010 y L. 94.184, "Jacquet", sent. de 7-V-201
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.