Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120059
En la ciudad de La Plata, a 13 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Pettigiani, de Lázzari, Soria, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.059, "Fernández, Cristian Ramon contra Campo Nuevo S.A. Accidente de trabajo-acción especial".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 550/576 vta.).
Se interpuso, por el tercero citado Berkley International ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 590/612 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Cristian Ramon Fernández y condenó a Berkley International ART S.A. al pago de la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones del decreto 472/14 (reglamentario de la ley 26.773) y la resolución general del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 6/15- y la contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, con más el índice RIPTE previsto en la última de las leyes citadas. La rechazó, en cambio, en cuanto pretendía una indemnización integral con sustento en el derecho común (v. fs. 550/576 vta.).
Para así resolver, tuvo por acreditado que el día 14 de abril de 2003 el actor sufrió un accidente de trabajo mientras prestaba tareas bajo las órdenes de la firma Campo Nuevo S.A., así como las consecuencias que derivaron del evento: lesión del dedo meñique de la mano izquierda, que le provocó una incapacidad laboral parcial y permanente del 12,8% del índice de la total obrera (v. vered., segunda cuestión, fs. 551 vta./553).
En la sentencia, halló configurados los presupuestos de atribución de responsabilidad objetiva de la empleadora en los términos del art. 1.113 del Código Civil -ley 340- (v. fs. 562/564 vta.).
Analizó la responsabilidad sistémica del tercero citado Berkley International ART S.A. y juzgó que al momento del acaecimiento del infortunio se encontraba vigente la ley 24.557, coexistiendo y complementándose dicho cuerpo normativo -a la fecha del decisorio- con la ley 26.773 (v. fs. 565 vta. in fine ).
Con el objeto de justificar su decisión de aplicar al caso este último régimen legal, declaró -de oficio- la inconstitucionalidad de su art. 17 apartado 5, así como la del art. 16 del decreto 1.694/09, en cuanto establecen que las disposiciones allí contempladas sólo resultan aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjera con posterioridad a su entrada en vigencia (v. fs. 566 vta./569 vta.).
Remitiendo a lo ya expresado por el propio tribunal en causas anteriores -y con cita de diversos autores-, destacó que a los fines de analizar la temática no podía desconocerse que el propio Poder Ejecutivo nacional había reconocido, en los considerandos del decreto, la clara mezquindad del régimen de prestaciones patrimoniales previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 567 vta. y 568).
Añadió que los efectos no producidos de las relaciones jurídicas deben quedar regidos siempre por la nueva ley, por lo que no puede considerarse retroactiva -ni violatoria del derecho de propiedad- la aplicación de una normativa que gobierna los efectos futuros de una situación preexistente. Luego, puntualizó, en tanto la consecuencia no consumada del hecho dañoso es el pago de la indemnización, sólo éste puede quitar virtualidad a la norma que rige al momento de determinar la cuantía de aquélla (v. últ. fs. cit.).
Explicó que dicha solución se encuentra respaldada tanto por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos "Camusso" y "Gómez de Vélez") -donde se resolvió que el criterio para dilucidar la aplicación de la nueva legislación es discriminar según que el deudor haya cumplido o no con la obligación debida-, cuanto por la doctrina legal de esta Corte (causa Ac. 50.610, "Quiroga", sent. de 25-II-1997), por imperio de la cual no debe confundirse el concepto de aplicación inmediata de la ley con el de su aplicación retroactiva (v. fs. 568 in fine y vta.).
Sostuvo que la aplicación de las reformas de la ley 24.557 a los infortunios ocurridos con anterioridad pero no cancelados a la fecha de la vigencia de la nueva normativa no afecta el derecho de propiedad de las aseguradoras de riesgos del trabajo, sino que protege a los trabajadores que no han visto satisfechos sus créditos oportunamente y han debido recorrer un proceso judicial, durante cuyo transcurso cambiaron las circunstancias económicas, reconociendo la nueva legislación la exigüidad del régimen original, por lo que no cabe castigar a los obreros otorgándoles una prestación depreciada al momento de percibirla, conclusión que halla respaldo en el principio de progresividad consagrado en el art. 75 -incs. 22 y 23- de la Constitución nacional y los tratados internacionales, máxime cuando dichas aseguradoras cobran sus alícuotas sobre la base de salarios actualizados, pagando prestaciones desvalorizadas (v. fs. 569).
Expuso que la ley 26.773 debe aplicarse a las contingencias acaecidas aun con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia y que se encuentren insatisfechas al momento de sentenciar, como ocurre en el caso, aunque sea parcialmente (v. últ. fs. cit.).
En consecuencia, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 17 apartado 5 de la citada ley y 16 del decreto 1.694/09, toda vez que -adujo- esa decisión era la que se adaptaba con mayor justicia, equidad y precisión al caso particular, sin que se vea afectado el derecho de defensa en juicio ni la regla del debido proceso, toda vez que Berkley International ART S.A. ejerció sin restricciones su derecho de defensa, articuló todas las excepciones o defensas que estimó convenientes, sin que el pronunciamiento la coloque en una situación de responsabilidad extra sistémica, ni la obligue más allá de las prestaciones previstas por la ley 24.557 y sus modificatorias actualmente vigentes en la materia y a las cuales contractual y expresamente se comprometió a cumplimentar (v. fs. 569 vta.).
Juzgó que de conformidad con los parámetros establecidos y con la fórmula actuarial prevista por la Ley de Riesgos del Trabajo, el actor resultaría acreedor de la suma de $9.398,14 (conf. arts. 12 y 14 apdo. 2 inc. "a", LRT). Pero, continuó, por aplicación del decreto 472/14, que reglamenta la ley 26.773 y la resolución general del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 6/15, actualmente vigente y de aplicación al caso, la indemnización indicada nunca podrá ser inferior al monto que resulte de multiplicar $713.476 por el porcentaje de incapacidad (12,8%), arribando en consecuencia a un importe de $91.324,92 (v. fs. 570).
A este último le adicionó el porcentual del 20% consignado en el art. 3 de la ley 26.773 -$18.264,98-, totalizando una sumatoria de $109.589,90, de la que descontó lo abonado al actor en sede administrativa ($3.569,76; v. fs. 570 in fine y vta.).
Finalmente, dispuso que el resultado obtenido ($106.020,14) debía actualizarse conforme el índice RIPTE vigente entre la fecha del evento dañoso (abril de 2003), que ascendía a $107,95 y el último publicado (febrero de 2015), que representaba $1.418,58; arribando así a un coeficiente de 13,14 y a un capital de $1.393.104,60 en concepto de diferencia de prestaciones dinerarias adeudadas por la incapacidad laboral parcial y permanente determinada como consecuencia del accidente de trabajo (v. fs. 570 vta. in fine y 571).
Precisó además que correspondía aplicar el indicado mecanismo de ajuste desde el momento en que ocurrió el infortunio (14 de abril de 2003), y no desde la fecha consignada en el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 (1 de enero de 2010), por resultar este último hito temporal contradictorio con lo normado por el art. 2 del mismo régimen legal, en cuanto determina que "la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal adecuada con la enfermedad profesional" (últ. fs. cit.).
Por otra parte, también fijó la indemnización a la que hubiera accedido el promotor del pleito por aplicación de las pautas del derecho común, estableciéndola en $246.004,80 -comprensiva de los daños materiales y morales sufridos- (v. fs. 571/572).
Con todo, y habida cuenta que las prestaciones dinerarias legalmente previstas en la normativa especial sistémica resultaban superiores a la reparación civil integral objetiva, juzgó que en el específico supuesto de autos el art. 39 de la ley 24.557 no lesionaba los derechos de raigambre constitucional del actor contenidos en los arts. 14 bis, 16, 17, 19, 23, 28 y 43 de la Constitución nacional y condenó a Berkley International ART S.A. al pago del resarcimiento que había determinado de conformidad con el régimen de reparación legal que entendió vigente conforme art. 1 de la ley 26.773 (v. fs. 573 vta. y 574).
Finalmente dispuso aplicar intereses desde la fecha de ocurrencia del evento dañoso hasta el efectivo pago, conforme la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 573 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, el letrado apoderado de Berkley International ART S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 8 y 17 apartado 5 de la ley 26.773; 3, 21, 622, 656, 953, 1.071 y 1.198 del Código Civil (ley 340); 17 y 18 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita.
En primer término, objeta que el tribunal de grado haya cuantificado el resarcimiento reconocido al actor en la sentencia con sujeción a las disposiciones del decreto 1.694/09 y resolución general del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 6/15, y que, además, actualizara dichos importes según el índice RIPTE contemplado en la ley 26.773.
Refiere que el accidente de trabajo por cuyas consecuencias incapacitantes se reclamó en autos ocurrió el día 14 de abril de 2003, esto es, en fecha anterior a la entrada en vigencia de dichos cuerpos normativos.
Argumenta que tanto el art. 16 del decreto 1.694/09 (B.O., 6-XI-2009), como el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012), establecen que las disposiciones atinentes a las prestaciones dinerarias allí establecidas resultan aplicables a contingencias ocurridas a partir de su publicación en el Boletín Oficial y no respecto de aquellas cuya primera manifestación invalidante sea anterior a su entrada en vigencia, deviniendo desacertada su declaración de inconstitucionalidad, ya que, con tal proceder, el juzgador modificó la ley arrogándose facultades legislativas.
Sostiene que la interpretación efectuada en el pronunciamiento de origen vulnera su derecho constitucional de propiedad e importa la franca violación del principio de irretroactividad de las leyes consagrado en el art. 3 del Código Civil (ley 340).
En definitiva, sostiene que el importe de la prestación dineraria por incapacidad laboral parcial y permanente ha sido determinado en base a parámetros establecidos en una normativa que no se encontraba vigente al momento de los hechos aquí debatidos, debiéndose en consecuencia calcular el resarcimiento conforme las pautas que brinda la ley 24.557 y su decreto reglamentario 1.278/00.
Agrega que también es equívoca la definición del sentenciante de aplicar el índice RIPTE directamente sobre el resultado de la fórmula prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, ya que -afirma- de conformidad con lo prescripto por el decreto 472/14 sólo corresponderían actualizarse los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo y las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4 de la misma ley.
En otro orden, objeta la aplicación de intereses sobre el monto por el que prosperó la demanda -a la tasa pasiva "digital" fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires-, argumentando que tal definición se aparta de la doctrina de este Tribunal emanada -entre otros- de los precedentes C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi", sentencias de 21-X-2009 y L. 108.164, "Abraham", sentencia de 13-XI-2013.
También critica que el a quo aplicara tales accesorios desde la fecha del accidente de trabajo, pues, tratándose en el caso de un capital que ha sido actualizado por aplicación del índice contemplado en la ley 26.773, corresponde que sean estimados desde la fecha en que dicho ajuste ha sido dispuesto, es decir, desde la de emisión del pronunciamiento de grado.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. De inicio se impone destacar que el veredicto de fs. 550/555 carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47 de la ley 11.653.
Al respecto, cabe precisar que, en tanto los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solas a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidas en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.1.a. Adentrándome en el análisis de los agravios que porta el recurso, habré de señalar que en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de las disposiciones de la ley 26.773, he de volcar aquí lo expresado al votar en la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, en cuanto a que dicha ley ha reiterado como regla general el criterio adoptado por normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904, "Bertino", sentencia de 22-X-2008 y los que siguieron, con motivo de las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00.
Entonces, por establecer los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773 una regla general similar a la contenida en normas anteriores, tal doctrina le resulta aplicable, correspondiendo dejar sin efecto su descalificación constitucional.
III.1.b. Sin embargo, en mi opinión, la decisión de grado debe ser confirmada por las consideraciones que a continuación habré de precisar.
A fin de dar solución a este conflicto debo recordar una vez más, como lo he expresado a lo largo de los años en las causas L. 51.220, "Lorenzi", sentencia de 10-VIII-1993; L. 51.550, "Vivas", sentencia de 22-II-1994; L. 53.740, "Schmidt", sentencia de 27-II-1996 y L. 83.781, "Zaniratto", sentencia de 22-XII-2004, entre muchas otras, que la declaración de oficio de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan pues el tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar, se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes.
Luego, considero que las prestaciones por incapacidad laboral permanente parcial reguladas por la ley 24.557, calculadas como pretende la demandada, es decir, por aplicación del decreto 1.278/00 vigente a la fecha del accidente, importan en el caso, una insuficiencia reparatoria que las torna una indemnización inadecuada y, por ende, pese a que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional, una clara vulneración del derecho -también constitucional- a obtener una reparación razonable y equitativa de los daños en el presente caso.
La insuficiencia de tales prestaciones satisfechas sólo parcialmente en abril de 2004, es decir, un año luego de acaecido el accidente y cuatro años después de que el decreto 1.278/00 dispusiera mejorarlas, fue expresamente asumida por el Poder Ejecutivo nacional al expresar en el considerando del decreto 1.694/09 en relación a aquella norma reglamentaria que "dicha modificación parcial no fue suficiente para otorgar a ese cuerpo legal un estándar jurídico, constitucional y operativamente sostenible", por lo que "...resulta pertinente mejorar las prestaciones dinerarias en concepto de incapacidad laboral permanente y muerte, actualizando las compensaciones adicionales de pago único, eliminando los topes indemnizatorios para todos los casos y estableciendo pisos por debajo de los cuales no se reconocerá válidamente el monto indemnizatorio...".
En la misma línea el Poder Ejecutivo nacional en el mensaje elevado al Honorable Congreso de la Nación acompañando el proyecto de ley relativo al "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" (hoy ley 26.773) reconoce que pese a que con el decreto 1.694/09 se dispuso la mejora de las prestaciones dinerarias del sistema a la vez que el establecimiento de medidas concretas para perfeccionar sus aristas de gestión, la imperfección estructural de la ley 24.557 y sus modificatorias como instrumentos de protección social no fue saneada y que el régimen vigente en materia de riesgos del trabajo "...ha profundizado el impacto en la sociedad de sus aspectos más negativos, llegando a distorsionar y comprometer el funcionamiento de la totalidad del sistema", concluyendo que con las reformas impulsadas (hoy concretadas en la ley 26.773) se pretendió avanzar "...en una respuesta legal que supere los factores más controvertidos del sistema presente, con el fin de instalar un régimen reparatorio que brinde prestaciones plenas, accesibles y automáticas...".
Si se toma en cuenta que el accidente de trabajo ocurrió -como se dijo- el día 14 de abril de 2003 y que a más de quince años todavía permanece parcialmente insatisfecho el derecho a una reparación razonable por parte del trabajador como consecuencia de ese infortunio, la indemnización prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, calculada de acuerdo a pautas tarifarias fijadas en el año 2000 por el decreto 1.278, por exigua, es inconstitucional y así debe ser declarada.
En ese contexto, estimo apropiado a fin de establecer el importe indemnizatorio acudir a las pautas tarifarias contenidas en la ley 26.773, por considerar que dicha norma (pese a no ser aplicable atento la fecha en que ocurrió la contingencia que dio lugar a estos autos) provee -en este caso- pautas para el cálculo de una reparación razonable y equitativa.
Sobre este punto debo decir que sin perjuicio de que soy de la opinión que por regla los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son vinculantes, pues sus alcances se encuentran limitados a los casos en los que se dictan, su contenido puede, no obstante, ser receptado en orden a su validez conceptual. Tal lo que acontece -en la especie- en relación a la sentencia dictada por ese Tribunal en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ Accidente -ley especial", sentencia de 7-VI-2016, en cuyo considerando 8° se definió lo relativo a la vigencia temporal de la ley 26.773.
III.2. En cuanto al modo de aplicación del índice RIPTE, en cambio, entiendo le asiste razón a la
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.