Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120413
En la ciudad de La Plata, a 27 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Pettigiani, Genoud, Soria , de Lázzari , Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.413, "Villalba, Enrique Fernando contra Kraft Foods Argentina S.A. Reinstalación (sumarísimo)".
El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida, con costas a cargo de la accionada (v. fs. 1.335/1.343 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.377/1.387).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Enrique Fernando Villalba contra Kraft Foods Argentina S.A. (hoy Mondelez Argentina S.A.; v. fs. 1.357/1.377 vta.), a quien condenó a reincorporar al actor en su puesto de trabajo y a pagarle los salarios que dejó de percibir desde la fecha del despido hasta el momento de la efectiva reinstalación, así como el resarcimiento del daño moral derivado del acto ilícito extracontractual en el que incurrió al despedirlo (v. fs. 1.335/1.343 vta.).
En lo que interesa, señaló que la firma accionada dispuso el despido del actor mediante telegrama de fecha 18 de agosto de 2009 imputándole su participación "... en un episodio de indisciplina el día 7 de julio a las 1,00 hs. en el que se amontonaron e incendiaron pallets en el ingreso del puesto 3 del establecimiento lo cual implicaba un severo compromiso con la seguridad industrial y de bienes y personas, destrucción de propiedad privada y bloqueo violento de acceso violando normas mínimas de conducta laboral e incluso de civilidad..." y remarcando que en dicha fecha había finalizado la conciliación obligatoria (v. punto I.3. vered., fs. 1.335 vta.). Agregó que el trabajador, por idéntico medio, rechazó oportunamente la causal de despido invocada, intimando a la restitución de tareas (v. punto I.4. vered., fs. cit.).
A partir de la prueba testimonial rendida en la audiencia de vista de la causa, juzgó acreditado que en el año 2008 el actor había sido electo delegado del sector donde prestaba servicios y que había ejercido efectivamente tareas de esa naturaleza. Adunó que si bien en su declaración testimonial el señor Fignone -jefe directo del trabajador- no reconoció expresamente dicha circunstancia, sostuvo que el señor Villalba era una persona que realizaba tareas propias o asimilables a las de un delegado de sector (v. punto II.3. vered., fs. 1.336 y vta.).
Ponderó luego que se había acreditado que como consecuencia de un reclamo gremial derivado de la aparente pandemia por la aparición de la influenza A H1N1 se había instruido en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social el expediente 1.311.240/09 (v. punto I.2. vered., fs. 1.335 vta.), y que en el marco del expediente 1.342.216/09 se había dictado la resolución 125/09 de fecha 18 de agosto de 2009, en la que se intimó a Kraft Foods Argentina S.A. a retrotraer la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto, debiendo reincorporar a los trabajadores despedidos, otorgar tareas a todos sus dependientes en forma normal y habitual y abstenerse de tomar represalias de ningún tipo con el personal representado por la asociación sindical ni con ninguna otra persona (v. punto II.1. vered., fs. 1.336), ello bajo apercibimiento de las sanciones contempladas en la ley 25.212 y sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 56 de la ley 23.551 (v. punto II.2. vered., fs. cit.). Juzgó también comprobado que el 6 de octubre de 2009, después de analizar cada caso en particular, la firma demandada ofreció reincorporar a veinte trabajadores despedidos con el fin de facilitar las relaciones laborales (v. punto II.4. vered., fs. 1.336 vta.).
En ese contexto, consideró probado además que el actor no participó de los eventos ocurridos el día 7 de julio a la una de la madrugada. Destacó que ambos testigos aportados por la demandada (Alonzo y Fignone) sostuvieron que el señor Villalba se encontraba a distancia del lugar de los sucesos y que simplemente observaba junto a sus compañeros -entre los que estaba el señor Fignone- sin participar en el hecho que se le imputó en la carta documento rescisoria del contrato de trabajo (v. punto II.5. vered., fs. 1.336 vta.). Agregó que, tampoco se encontraba demostrado que el trabajador hubiera participado en los hechos posteriores al día 7 de julio de 2009 invocados por la demandada (v. punto III.3. vered., fs. 1.337).
En la sentencia, sobre la plataforma fáctica construida a partir de la ausencia de causa para despedir al trabajador por no haber sido probada aquella que la patronal había invocado para justificarlo, señaló inicialmente que la cuestión planteada no podía resolverse en el marco normativo de la ley 23.551, toda vez que la actividad sindical desarrollada por el actor era informal habida cuenta que el convenio colectivo aplicable a la actividad no preveía la categoría de "delegado de sector" (v. sent., fs. 1.339 vta.).
Sin perjuicio de ello, a continuación resaltó que el actor también había articulado su pretensión con fundamento en el art. 1 de la ley 23.592, juzgando que el caso merecía la misma solución que la dada por este Tribunal a la causa L. 97.804, "Villalba" (sent. de 22-XII-2010).
Indicó que de la prueba producida surgía claramente una actitud predeterminada de la demandada -en el marco de un conflicto amplio derivado de la aparición de la influenza A H1N1- de prescindir de los servicios del trabajador. Remarcó que dicha conducta había sido ratificada con la renuencia de incluir al actor en las reincorporaciones de trabajadores despedidos ya que, afirmando la demandada que se analizaría cada caso en particular, injustificadamente no incluyó al accionante -totalmente ajeno a los hechos del día 7 de julio de 2008- en dicha nómina. Puntualizó que el único sustento lógico para tal decisión habría sido que la "actividad sindical de hecho" del actor generaba alguna molestia en la patronal. En ese contexto, señaló que no le correspondía al demandante demostrar la existencia del acto discriminatorio, sino a la demandada justificar -sobre elementos de juicio objetivos- los motivos por los cuales sostenía su decisión (v. sent., fs. 1.339 vta. y 1.340).
Precisó asimismo que, en el caso de marras, a diferencia del precedente L. 97.804 (cit.) -en el que el trabajador fue despedido sin causa- la pretensión de encubrir la cesantía bajo la apariencia de una causa demostraba la propia conciencia que tenía la demandada de la actitud discriminatoria que implicaba dicho acto (v. sent., fs. 1.340 y vta.).
En virtud de lo expuesto, concluyó que resultaba inválida la extinción contractual dispuesta por la demandada por resultar violatoria del art. 43 de la Constitución nacional, de la ley 23.592 y de los pactos y convenios internacionales que individualizó (v. sent., fs. 1.340 vta.).
Destacó luego que la ley 23.592 privilegia la prevención y la nulificación del acto discriminatorio, por lo que ante la imposibilidad -como sucede en la especie- de impedirlo, correspondía hacer cesar sus efectos (nulificarlo) para, posteriormente, reparar las consecuencias dañosas del ilícito. Especificó que no podía oponerse a ello una solución sustentada en el contenido mínimo de las normas particulares dictadas en protección del trabajador, cuando éste -en el contexto de una relación que lo exhibe debilitado y vulnerable- ha sido víctima de una conducta lesiva de su dignidad (v. sent., fs. cit.).
En consecuencia, ante la existencia de una práctica discriminatoria, declaró nulo el despido y ordenó la reincorporación del dependiente a su puesto de trabajo con el consecuente pago de las remuneraciones no abonadas por todo el período desde el despido hasta el momento de la reinstalación. Asimismo, ordenó reparar el daño moral derivado de la conducta discriminatoria en la que incurrió la demandada, reparación que cuantificó en la suma de ochenta mil pesos, tras meritar la edad del actor, su calificación profesional, la consecuencia de haber quedado intempestivamente sin trabajo y la conducta de las partes al momento del despido (conf. arts. 1, ley 23.592 y 1.069, Cód. Civ.; v. sent., fs. 1.338/1.343 vta.).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia violación de los arts. 14, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 47 de la ley 23.551; 17, 81, 91, 242 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1 de la ley 23.592 y de la doctrina legal que identifica (v. rec., fs. 1.377/1.387).
Expone los siguientes agravios:
II.1. Critica la decisión del a quo en cuanto declaró aplicable en la especie las disposiciones de la ley 23.592 (v. rec., fs. 1.379 vta./1.385).
Alega que, al ordenar la reincorporación del actor, el juzgador de origen vulneró derechos consagrados en la Constitución nacional tales como el derecho a ejercer industria lícita, a contratar libremente y el de propiedad. Afirma que la empresa demandada decidió válida y legalmente extinguir el vínculo laboral con el trabajador, al amparo de las mentadas normas de raigambre constitucional y del régimen de estabilidad relativa impropia del ordenamiento jurídico laboral.
Añade que, en el precedente "Alvarez Maximiliano y otros c/ Cencosud S.A." (sent. de 7-XII-2010) la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió la aplicación de la ley 23.592 a un supuesto de empleo privado, pero la decisión fue acotada al caso concreto sometido a su conocimiento. A continuación, resalta que en la causa L. 97.804, "Villalba" (sent. de 22-XII-2010) que fuera citada por el tribunal de grado para fundar la sentencia, mediaron circunstancias fácticas distintas a las de autos, en tanto allí se trató de un despido sin causa dispuesto por la empleadora dentro de las facultades conferidas por la Ley de Contrato de Trabajo.
Desde otra perspectiva, señala que la nulidad del despido no conlleva indefectiblemente la reinstalación en el puesto de trabajo como única alternativa disponible en el ordenamiento jurídico vigente. Con cita de doctrina autoral, del voto minoritario de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de diversos precedentes jurisprudenciales de otros tribunales de justicia, afirma que la nulidad de un despido considerado discriminatorio por aplicación de la Ley Antidiscriminatoria puede ser válidamente resuelta en una indemnización acrecida.
Destaca asimismo que, la ley 23.592 resulta ajena al derecho del trabajo y que en el pronunciamiento impugnado se privilegia una norma de derecho común por sobre la ley específica aplicable en el ámbito laboral que establece una indemnización tarifada para el caso de despido sin causa. Añade que ello implica concederle al actor una especie de estabilidad absoluta asimilable a la de un trabajador que goza de la tutela sindical prevista en la ley 23.551.
II.2. En otro orden, cuestiona la sentencia en cuanto condenó a la patronal a resarcir el daño moral. Alega que, en el caso no se verifican los presupuestos que tornan viable la mentada indemnización civil en tanto no se verifica un acto discriminatorio e ilícito. Subsidiariamente controvierte la ausencia de fundamento para establecer el importe total en dicho concepto (v. rec., fs. 1.385 y vta.).
Luego alega que la firma demandada fue obligada a compensar "doblemente" al actor, ya que el pronunciamiento atacado la condena a pagar dos conceptos superpuestos tales como son el "daño moral" y los "salarios caídos", provocando el enriquecimiento sin causa del actor. Agrega que la sentencia también vulnera la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cita, en tanto allí se estableció que el resarcimiento no puede abarcar salarios posteriores a la fecha de la efectiva cesación en el empleo (v. rec., fs. 1.385 vta./1.386 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. De inicio, considero necesario recordar que la potestad revisora de esta Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formula en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 92.804, "Olivares", sent. de 3-VI-2009; L. 92.636, "Drago", sent. de 7-VI-2010; L. 102.289, "Quiroz", sent. de 6-V-2011 y L. 113.378, "Lasso", sent. de 26-II-2013; e.o.).
En consecuencia, este Tribunal deberá limitarse a analizar si resulta o no ajustada a derecho la decisión del juzgador de origen en cuanto dispuso la nulidad del despido y condenó a la accionada a reinstalar al actor en su puesto de trabajo y a abonar los salarios caídos y el daño moral por él padecido.
III.2. Aclarado ello e ingresando en el análisis de los agravios expuestos en la impugnación traída, he de señalar que no le asiste razón a la recurrente en cuanto sostiene que la ley 23.592 no resulta aplicable a las relaciones laborales y, más específicamente, a los despidos discriminatorios.
En efecto, considero -tal como lo hice al emitir mi voto en los precedentes L. 97.804, "Villalba", sentencia de 22-XII-2010 y L. 104.378, "Sffaeir", sentencia de 8-VIII-2012- que la decisión adoptada por el a quo resulta razonable y no provoca fisuras en el bloque normativo integrado por preceptos locales e internacionales aplicables. Por tal motivo, a fin de dar respuesta a los planteos formulados por la recurrente, he de reproducir -en lo pertinente- lo declarado por este Tribunal en los citados precedentes.
III.2.a. Se dijo allí, en términos que son trasladables al presente caso, que el derecho a la no discriminación es un derecho humano fundamental y, en particular, un derecho fundamental en el trabajo.
El texto de la norma del art. 1 de la ley 23.592 no ofrece ningún argumento razonable que permita afirmar que el dispositivo legal no es aplicable cuando el acto discriminatorio es un despido y el damnificado un trabajador dependiente.
Esa interpretación (sostenida por la peticionaria) equivaldría, paradójicamente, a discriminar a los trabajadores afectados por un acto de esa naturaleza por el solo hecho de serlo y debería, en consecuencia, ser censurada por su inconstitucionalidad.
Es más, como lo he señalado en numerosas oportunidades, una particular distinción normativa respecto de los trabajadores en especial debiera ser, en todo caso, en favor de aquellos, en armonía con el rango constitucional que posee el principio protectorio en el derecho del trabajo (art. 14 bis, Const. nac.). En modo alguno, entonces, puede aceptarse en nuestro régimen constitucional y legal -como se cristaliza en la interpretación que propicia la recurrente- que se disminuyan en su perjuicio derechos con relación a los que gozan en igualdad de condiciones el resto de los habitantes del país (causas L. 77.503, "Cardelli" y L. 75.346, "Brítez", sents. de 6-VI-2001; L. 75.583, "Romero", sent. de 19-II-2002; e.o.; asimismo, mis votos en L. 78.922, "Rogers", sent. de 2-VII-2003; L. 79.072, "Velázquez", sent. de 3-X-2003; L. 81.216, "Castro", sent. de 22-X-2003; L. 82.338, "Palomeque", sent. de 10-XII-2003; L. 82.888, "Adasme Carvacho", sent. de 18-II-2004; L. 87.394, "V. de C., M. C.", sent. de 11-V-2005; L. 84.882, "Barbusano", sent. de 9-V-2007 y L. 94.498, "Ramírez", sent. de 15-VII-2009; e.o.).
En suma -como ya lo resolvió esta Suprema Corte en la citada causa L. 97.804-, la postura asumida por la recurrente pone de manifiesto -en sí misma- un acto discriminatorio contra el conjunto de los trabajadores pues, si la interpretación que la funda fuese válida, debería admitirse entonces que el legislador, al dictar una norma de carácter general como la analizada -y que, por lo demás, se encuentra en armonía con los tratados internacionales con jerarquía constitucional- habría incurrido en una grave inconsistencia, pues establecer que la tutela rige para todos los actos discriminatorios, con excepción de los que se verifiquen en el ámbito laboral, implicaría discriminar a todos los trabajadores sólo por su condición de tales, o bien, por razón de la preexistencia entre las partes de una relación jurídica que, en rigor, lejos de justificar un trato peyorativo, se erige como postulado fundante de todo diseño normativo que reconozca al trabajador como un sujeto de tutela jurídica preferente (art. 14 bis, Const. nac.).
La tesis que presenta la recurrente exhibe, pues, una insalvable relación de contradicción, no sólo con los principios -con fundamento constitucional- del derecho del trabajo sino, también, con la télesis de toda normativa -de razón mínima- que enfatiza la necesidad de las medidas de acción positiva a favor de la igualdad.
En definitiva, aun en la tesis de la demandada, en cuanto a que la ley 23.592 es una norma general (frente a la especial LCT), de ello no sigue que la discriminación en el marco de un contrato de trabajo deba ser excluida de su ámbito de aplicación. Por el contrario, el segundo párrafo de su art. 1 alude a la discriminación arbitraria por motivo gremial o condición social, la que habrá de configurarse, en la mayoría de los casos, en el marco de relaciones de esa naturaleza.
III.2.b. Consentido por la recurrente que la causa invocada para despedir al trabajador no fue acreditada, que hubo una actitud premeditada de la demandada de prescindir de los servicios del actor y que el único sustento lógico para tal decisión fue la actividad sindical de hecho desplegada por el actor, y descartada la pretendida inaplicabilidad de la Ley Antidiscriminatoria a las relaciones laborales, su aplicación a la controversia debatida en la especie resulta inobjetable, por lo que he de proponer la confirmación de la decisión del tribunal de declarar la nulidad del distracto.
En efecto, siendo que la ley 23.592 resulta aplicable a las relaciones laborales y que el despido dispuesto por la accionada constituyó un acto discriminatorio que encuadra en el ámbito del primer párrafo del art. 1 de aquel cuerpo legal, no asiste razón a la recurrente en cuanto denuncia que el tribunal de grado aplicó erróneamente dicho precepto al resolver que correspondía hacer cesar los efectos del distracto reinstalando al actor en su puesto de trabajo.
Lo realmente privilegiado por la norma bajo análisis es la prevención y la nulificación del acto discriminatorio: impedirlo, si aparece inminente su concepción lesiva, o hacer cesar sus efectos y reparar las consecuencias dañosas del hecho ilícito cuando este ya se produjo. En ese contexto, constituyendo el acto discriminatorio un despido, la acción jurídica de privación de efectos al actoírrito debe traducirse necesariamente en la nulidad de la decisión extintiva y la consecuente reinstalación de la víctima en su puesto de trabajo cuando -como ocurrió en la especie- el damnificado así lo solicita.
III.2.c. Finalmente, no obstan a la conclusión anticipada, las críticas contenidas en el recurso relativas a que la decisión atacada vulnera las cláusulas constitucionales que consagran la libertad de comerciar y ejercer industria lícita, así como el derecho de propiedad y el sistema de "estabilidad impropia" del ordenamiento jurídico laboral.
De un lado, cuadra señalar que, como todos los derechos constitucionales, los de propiedad y de ejercer industria lícita (arts. 14 y 17, Const. nac.) no revisten carácter absoluto, toda vez que su ejercicio debe ser compatibilizado con los restantes derechos constitucionalmente reconocidos (causas Ac. 32.785, "Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Es
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