Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121106
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
El depósito de $53.700 efectuado a fs. 649 queda perdido (art. 294, CPCC). El tribunal deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
En la ciudad de La Plata, a 27 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud , Negri , de Lázzari , Soria , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.106, "Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, Sec. 208 contra Juan Carlos Latour S.R.L. Acción de amparo".
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Trenque Lauquen rechazó el recurso de apelación deducido y confirmó la decisión del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 que desestimó la acción de amparo, con costas a la parte actora vencida (v. fs. 612/617).
Se interpuso, por ésta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 620/638 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Trenque Lauquen confirmó la decisión del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil (v. fs. 562/583 vta.) que rechazó la acción de amparo instaurada por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) peticionando se ordenara a la empresa Juan Carlos Latour S.R.L. que cese en su actitud arbitraria y cumpla estrictamente con las resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Rural (CNTR) 13/76; del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTE y SS) 336/02 y de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) 8/02, 25/07, 71/08 y 248/16, aplicables a la contratación de personas que laboran en la planta de silo de cereales (v. fs. 612/617).
I.1. En lo que interesa, luego de exponer detalladamente la postura asumida por cada una de las partes y los antecedentes del caso, el juzgador de primera instancia consideró que el tema a resolver se centraba en determinar si la demandada apartándose de la normativa citada, incurrió en un obrar arbitrario por no llevar a cabo la contratación de trabajadores de la UATRE para que desempeñen una serie de tareas que le estarían reservadas por resolución de la CNTR 13/76, lesionando derechos constitucionales como el de trabajar, igualdad ante la ley, no discriminación y el principio de jerarquía de las leyes (v. fs. 562/578 vta.).
En ese orden, previo circunscribir el marco legal aplicable al conflicto de autos (leyes 22.248 y 26.727 y resols. 336/02, 8/02, 71/08 y 248/16), señaló que en la presente había sido acreditada la modalidad de contratación "a tiempo completo indeterminado" de los empleados de la planta de silo de cereales de la accionada. A su vez, destacó que no existía controversia sobre el carácter permanente y sin variaciones cíclicas de la actividad comercial de la demandada, como tampoco respecto a la falta de necesidad de contratar personal eventual (v. fs. 578 vta./581).
Refirió que la propia actora a fs. 559 había manifestado que: "...el empleo de los trabajadores inscriptos en la bolsa de trabajo se halla supeditado inescindiblemente a las reales necesidades de mano de obra que tengan las empresas toda vez que no puede cargárselas con trabajadores ociosos que perjudiquen su gestión institucional", declarando que la postura de UATRE era concordante con dicho principio, atento no estar exigiendo un "número" o "mínimo de trabajadores por cuadrilla". Siguiendo sus alegaciones refirió que lo exigido era "...simplemente, que determinadas tareas -las de manipulación de cereales- deben ser realizadas por personal representado por UATRE y contratado en las bolsas de trabajo que mantiene tal como está acordado en las resoluciones citadas..." (fs. 581).
Con todo ello el juzgador resolvió que dicha exigencia de la amparista podría atentar, eventualmente, contra los empleados de la planta y sus derechos adquiridos, en flagrante contradicción con las normas laborales que dice defender (arts. 14 y 16, Const. nac.; v. fs. 581 vta.).
Expresó que del plexo normativo invocado en apoyo de la pretensión, surgía el carácter temporario -no permanente- de las contrataciones que deben realizarse acudiendo al mecanismo de las "bolsas de trabajo", justamente, atendiendo a las características cíclicas de las actividades de manipulación, carga y descarga de cereales (v. fs. cit.).
Concluyó entonces que sostener algo distinto, como ser la obligatoriedad de acudir a estos mecanismos para la contratación de todo el personal -permanente y no permanente- excedía la razonabilidad (art. 19, Const. nac.) que debe imperar en la relación de un derecho de raigambre constitucional, implícitamente contemplado, como es la libertad de contratar -que deriva del derecho de trabajar, comerciar, ejercer industria lícita, disponer de la propiedad- (art. 28, Const. nac.). En suma, que ese tipo de contrataciones "impuestas" resultaba razonable por su temporalidad y para el caso en que se requiriese personal temporario (v. fs. cit.).
Finalmente, y con apoyo en distintos precedentes judiciales, expresó que a los actuales trabajadores de la demandada contratados bajo la modalidad "a tiempo completo indeterminado" no les resultaban aplicables las resoluciones de la CNTA invocadas por la accionante. Consideró entonces que, enmarcada en el contexto fáctico y legal antes señalado, la conducta de la demandada en cuanto a la negativa de contratación de trabajadores de la UATRE -independientemente de que no había acreditado la constitución y pertinente autorización de la Bolsa de Trabajo de la UATRE seccional Trenque Lauquen ante la CNTA- no resultaba arbitraria e ilegal, por lo que desestimó la acción intentada (v. fs. 581 vta./583).
I.2. La Cámara interviniente, como se anticipó, confirmó lo resuelto.
En este sentido, tras analizar el razonamiento plasmado en el fallo de primera instancia y lo manifestado por las partes, estableció que el detalle brindado por la demandada para justificar la inexistencia de una actividad cíclica que requiera de la contratación de empleados a través del sistema de Bolsa de Trabajo, no había sido puesto en crisis por la actora, sino que ésta se limitaba a reiterar que determinadas tareas debían necesariamente ser realizadas por el personal nucleado bajo el gremio que representaba (v. fs. 612 vta./615 vta.).
Sobre esa base, consideró que en tanto no era objeto de controversia que la empresa accionada realizaba una actividad permanente, no cíclica, y que su tarea era constante y no se veía incrementada en el tiempo de cosecha, mal podía considerarse que tuviera la obligación de contratar personal temporario. En tales circunstancias, consideró que el incumplimiento endilgado a la demandada estaba condicionado a un presupuesto lógico anterior, es decir, a la existencia de una necesidad de tomar empleados de refuerzo y su búsqueda y contratación por fuera de lo contemplado en la normativa vigente, extremos que en autos no se configuraban; por el contrario, la exigencia laboral de la accionada estaba cubierta con el personal existente, encuadrado en la categoría de trabajador permanente de prestación continua -conforme arts. 16 y 22 de la ley 26.727- (v. fs. 615 vta. y 616).
Agregó que no debía perderse de vista que las resoluciones cuya aplicación se pretendía tuvieron por objeto "...proponer condiciones de trabajo y salarios para el personal ocupado en las tareas de manipulación y almacenamiento de granos", resultando un "...mecanismo útil para disminuir el empleo no registrado y favorecer la fluidez entre la oferta y la demanda de mano de obra en el ámbito de la actividad, evitando inequidades que pudieran redundar en perjuicio de los empleados del sector...". Que en lo relacionado a las Bolsas de Trabajo se expresó que: "...este tipo de actividades obedece al carácter transitorio de las actividades de manipulación..." quedando claro que: "...este mecanismo no pretende ni sustituir ni avasallar la libertad de contratación de los productores que se dediquen a este tipo de actividades, sino simplemente canalizar las efectivas necesidades de personal de éstos con las expectativas de aquellos trabajadores que deseen emplearse en este tipo de labor de un modo que permita la participación de igualdad de oportunidades y la celeridad en la contratación" (conf. Dictamen 344/16 de la Dirección Provincial de Asuntos Legales correspondiente al expte. 215.466.617/16 que emitió opinión en el conflicto entre las partes involucradas en el presente, v. fs. 43/48; v. fs. 616).
Por otra parte, señaló que tales inquietudes debían conciliarse con lo previsto en el art. 11 de la resolución 13/76 en tanto allí se dispone que: "Deberán respetarse los obreros y estibadores y hombreadores efectivos que tengan derechos adquiridos de acuerdo a las normas legales vigentes", derechos que en el caso tienen adquiridos quienes ya se encuentran trabajando para la demandada (v. fs. 616 y vta.).
Concluyó así que la actitud de la demandada en lo vinculado a la contratación de trabajadores de la UATRE no configuraba una conducta abusiva ni arbitraria que deba y pueda merecer respuesta judicial a través de la vía del amparo (v. fs. 616 vta.).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la actora denuncia violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 9 de la Ley de Contrato de Trabajo; 69 de la ley 26.727; de las resoluciones de la CNTR 13/76, del MTE y SS 336/02 y de la CNTA 8/02 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 620/638 vta.).
Afirma que los fallos de ambas instancias se circunscribieron a determinar el carácter permanente de la tarea que desempeña la empresa demandada, sin tener en consideración que, como ella reconoce, al ser una planta de acopio de cereales, inexorablemente desarrolla labores de manipulación y almacenamiento de granos y oleaginosas, siendo totalmente irrelevante para la aplicación de lo normado por las resoluciones de la CNTR 13/76, del MTE y SS 336/02 y de la CNTA 8/02 que esa actividad tenga carácter cíclico o permanente (v. fs. 633).
Sostiene que tampoco se consideró el acuerdo suscripto por la empresa Juan Carlos Laotur S.R.L. y homologado por la autoridad competente, mediante el cual ésta reconoce expresamente la existencia de la Bolsa de Trabajo de UATRE en Trenque Lauquen y se compromete a dar cumplimiento a lo normado por las citadas resoluciones, entre otras. Alega que lo decidido por la Cámara vulnera el principio que veda la reformatio in pejus y transgrede la doctrina elaborada por este Tribunal en la causa "Castro" (v. fs. 633 y vta.).
Aduce que por expresa disposición del art. 10 de la resolución 13/76 las labores de manipulación de bolsas, granel y materiales deben realizarse por empleados contratados a la Bolsa de Trabajo de la UATRE, máxime si se advierte que en su art. 39 la aludida resolución dispone el carácter de orden público de su normativa (v. fs. 635). Agrega que no es la primera vez que la accionada desconoce la resolución citada y que lo hace con la finalidad de pagar remuneraciones inferiores a las previstas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. No existen argumentos lógicos de la semillera para incumplir la legislación vigente, su actitud es discriminatoria y vulnera el principio de igualdad ante la ley (v. fs. 635 y vta.).
Argumenta que no se cuestiona que la accionada realice durante todo el año las tareas de manipulación y almacenamiento de granos, sino que se debate el hecho de que con sus trabajadores, esta empleadora, con la intención de obtener una mayor ganancia, se toma atribuciones que la ley prohíbe. Postula que la empresa realiza a diario un cambio de encuadre convencional al obligar a un trabajador amparado por el convenio de Comercio o de la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) a realizar trabajos ajenos a su categoría profesional, ya que el convenio aplicable a este grupo es el suscripto por la UATRE (resol. 13/76), y más aún cuando la propia empresa suscribió un acuerdo con esta entidad gremial y se comprometió a dar cumplimiento a dicha normativa (v. fs. 636).
Señala que lo que solicitó el sindicato es que los empleados que cumplen determinadas labores (manipulación y almacenamiento) en el establecimiento de la accionada fueran contratados mediante los servicios de empleo de la UATRE y se les pague por movimiento de cereales. Aduna a ello que existen normas que prohíben que para esas tareas se utilicen trabajadores de otros gremios (v. fs. 636 vta.). Luego, entiende que aplicar la cláusula incorporada al art. 11 de la resolución 13/76 es un desatino, por cuanto los trabajadores permanentes a los que allí se alude no son los de Comercio o URGARA (v. fs. 637).
Culmina expresando que discrepa así con lo sostenido en el fallo pues: 1) existe un mandato legal dirigido a la demandada y es el que emana de la normativa citada; 2) claramente se advierte que el contenido de las aludidas disposiciones no es acatado por Juan Latour S.R.L. y 3) su incumplimiento lesiona los derechos de los trabajadores que integran el servicio de empleo de la entidad gremial consagrados en los arts. 14, 14 bis y 16 de la Constitución nacional y en los Convenios Internacionales emanados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional; v. fs. 637 y vta.).
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Es dable recordar que esta Corte ha expresado que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficientemente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 100.037, "Negretti", sent. de 5-V-2010; L. 104.828, "Arenillas", sent. de 29-VI-2011; L. 116.768, "Luguercho", sent. de 13-VIII-2014 y L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016).
III.2. Con sujeción a tales premisas, la impugnación resulta ineficaz para conmover lo resuelto en el fallo.
Ello así pues, sin atender los argumentos medulares del pronunciamiento, la recurrente insiste en reeditar planteos ya desarrollados en las instancias anteriores -y evaluados por los magistrados intervinientes-, alegando que es la actividad de la empresa -por sí misma- la que determina la contratación de trabajadores del gremio que representa, sin perjuicio de que aquella tenga carácter cíclico o permanente. Luego, se advierte que las alegaciones que nutren la postulación recursiva resultan ineficaces a fin de modificar lo decidido.
En efecto, ninguna réplica con aptitud formula la interesada a fin de descalificar la interpretación y alcance asignado a la normativa invocada por la actora, a partir del cual el sentenciante juzgó no configurado el presupuesto esencial requerido para la aplicación de dicho plexo normativo, esto es: la existencia de una actividad cíclica o estacional de la empresa que requiera la contratación de empleados temporarios; descartando de ese modo que pueda acudirse al mecanismo allí previsto para la contratación de todo el personal (permanente y no permanente).
En este contexto, tampoco resultan atendibles las restantes alegaciones que formula, vinculadas al encuadramiento convencional de los actuales empleados de la empresa accionada, ni la invocada transgresión de la doctrina legal de este Tribunal en la causa L. 110.415, "Castro" (sent. de 12-XII-2012), elaborada sobre la base de disímiles presupuestos fácticos a los del caso en examen (causas L. 91.410, "Karlen", sent. de 1-IV-2009; L. 99.752, "Buldorini", sent. de 30-VI-2010; L 116.542, "Duarte", sent. de 15-VII-2015 y L. 116.567, "Ayala", sent. de 27-IX-2017).
En suma, la compareciente se limita a contraponer su disconformidad con lo resuelto, siguiendo una línea argumental que -en rigor- sólo traduce un apartamiento de los fundamentos expuestos por el juzgador, carente de idoneidad a los fines pretendidos.
Con todo, cabe señalar que esta Suprema Corte tiene dicho que carece de idoneidad el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, a través de la reiteración de argumentos expuestos en la instancia anterior, no logra concretar una réplica adecuada y eficaz de lo decidido por el tribunal en su pronunciamiento (causa L. 118.225, "Dahl", sent. de 24-II-2016).
Circunscripta entonces la facultad revisora de esta Corte al contenido de la sentencia y a la concreta impugnación contra ella formulada, la insuficiencia del embate impide revisar el acierto de lo decidido.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado a fs. 649 queda perdido para la interesada (arts. 280 y 294, Cód. cit.).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Coincido con el colega que abre el acuerdo en punto a la ineficacia de la impugnación determinante de su fracaso (v. puntos III.1. y III.2. párr. 1, 2 y 3).
Luego, por quedar firme la conclusión del juzgador de origen que entendió que no se encontraba configurado el insoslayable presupuesto para la aplicación de la normativa invocada por la actora como fundamento de su reclamo -esto es, la existencia de una actividad cíclica de la empresa que demande la contratación de empleados temporarios- dichas normas no son aplicables en la especie y no corresponde entonces que reproduzca aquí mi opinión acerca de su inconstitucionalidad vertida en la causa L. 110.415, "Castro", sentencia de 12-XII-2012 -a la que por motivos de brevedad me remito- pues una declaración de tal naturaleza constituye un acto de suma gravedad institucional, considerado ultima ratio del orden jurídico e incompatible con el deber de este Tribunal de evitar pronunciamientos abstractos o inoficiosos (causa L. 103.778, "Ucin", sent. de 17-VIII-2011).
Por tales fundamentos y los demás expuestos en el voto del doctor Genoud que resulten concordantes, voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero al voto del doctor Genoud.
A los motivos que allí menciona para desembocar en la insuficiencia del alzamiento, agrego que uno de los núcleos sustanciales del fallo radica en que el art. 11 de la resolución 13/76 impone el respeto de los derechos adquiridos por el personal efectivo del establecimiento (v. fs. 616 y vta.). La recurrente no ha podido rebatir adecuadamente esta premisa pues le opone breve interpretación de orden temporal (v. fs. 637), que en modo alguno alcanza para desvirtuarla.
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
El depósito de $53.700 efectuado a fs. 649 queda perdido (art. 294, CPCC). El tribunal deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia