Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73369
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, CPCC), las costas de esta instancia extraordinaria se imponen por su orden atento a la índole de las cuestiones en juego (cfr. arts. 68 segundo párrafo, CPCC y 77, CCA).
En la ciudad de La Plata, a 7 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Genoud, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 73.369, "B., C. O. contra Provincia de Buenos Aires sobre Daños y Perjuicios -recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley-".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de San Martín confirmó la sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda (v. fs. 837/857 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Oída la entonces señora Procuradora General, dictada la providencia de autos a fs. 888 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El juez de primera instancia desestimó la demanda de daños y perjuicios por mala praxis, promovida por los actores W. L. R. y C. O. B. por su propio derecho y en representación de su hija menor Y. M. A. L., contra la Provincia de Buenos Aires -Hospital Provincial General de Agudos Magdalena V. de Martínez- con motivo del parto de la menor (v. fs. 763/783).
II. Apelado dicho fallo, la Cámara de Apelación confirmó el pronunciamiento (v. fs. 837/857 vta.).
Para así decidir, la Cámara, luego de referir los antecedentes y constancias relevantes de la causa y el marco conceptual sobre el tipo de responsabilidad estatal en el que discurre la causa, señaló citando antecedentes de esta Corte, que la responsabilidad profesional es aquella en la que incurre el que ejerce una profesión, al faltar a los deberes especiales que ésta le impone y, por lo tanto, para su configuración, se requieren los mismos elementos comunes a cualquier responsabilidad civil. En consecuencia, debía establecerse la conexión causal entre la acción u omisión y el daño.
Destacó que en materia de prueba rige para el juez el principio de apreciación de la prueba según las reglas de la sana crítica, conforme el art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial, que el juzgador puede inclinarse por lo que le merece mayor fe en concordancia con los demás elementos de mérito que puedan obrar en el expediente, siendo ello en definitiva una facultad privativa del magistrado, que no está obligado, por ende, a seguir a las partes en todas las argumentaciones que se le presenten, ni a examinar cada una de las probanzas aportadas a la causa, sino sólo las pertinentes para resolver lo planteado (v. fs. 850).
Agregó que el dilema de la carga de la prueba se presenta al juez en oportunidad de pronunciar sentencia, cuando la prueba es insuficiente a consecuencia de la frustración de la actividad procesal de las partes. Y que en los casos de ausencia de evidencias es necesario recurrir a los principios que ordenan la carga de la prueba y fallar responsabilizando a la parte que debiendo justificar sus afirmaciones, no llegó a formar convicción judicial acerca de los hechos controvertidos (art. 375, CPCC).
Sostuvo que a diferencia de supuestos, donde frente a las falencias de la historia clínica se invirtió la carga de la prueba, la discusión de autos se centró en la existencia de una divergencia entre distintas constancias obrantes en la Historia Clínica, que dan cuenta del peso de la menor al nacer, en 4,100 kilogramos y un resumen de historia clínica aportado en fotocopia del cual surgió el peso de 4,900 kilogramos discrepancia que la pericia producida en la causa, zanjó de manera suficiente a tenor de los informes producidos y las contestaciones a las impugnaciones, complementando los datos de la Historia Clínica con el partograma realizado.
Concluyó que, con las constancias de la causa no se acreditó el nexo de causalidad adecuado para relacionar la patología de la menor (parálisis obstétrica) con la actuación del cuerpo médico que la atendió en el parto.
III. Contra ese pronunciamiento, la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por el cual denuncia la infracción a los arts. 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 77 del Código Contencioso Administrativo y 901 del Código Civil entonces vigente. Entiende que se ha vulnerado a su respecto los principios sobre la carga de la prueba y la valoración de éstas conforme las reglas de la sana crítica, con violación de los arts. 384, 456 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial y 77 del Código Contencioso Administrativo. Alega, así el vicio de absurdo en la valoración de las pruebas producidas, y que se ha generado un pronunciamiento con graves errores de razonamiento por sustentarse en dos premisas falsas (v. fs. 881 vta.).
Una de ellas, según dice, es tener por válida la historia clínica que fue alterada. Y la segunda consiste en omitir considerar la historia clínica originaria que a su entender revela la existencia del accionar médico reprochable a título de imprudencia e impericia por impulsarse un parto natural, soslayando la diabetes de la actora y la macrosomía fetal que indicaba la realización de una cesárea, para evitar la parálisis obstétrica que atribuye a una distocia de hombros producida en el parto (v. fs. 882).
Controvierte por ello la ponderación de la pericia médica, por basarse en una historia clínica adulterada o incompleta. Afirma que tal falencia quedó demostrada con la comparación entre la historia clínica que su parte adjuntara a fs. 378/412, autenticada por el director asociado del nosocomio y las incorporadas posteriormente, una frente al primer requerimiento judicial, mediante el expediente administrativo 5.100-10.219/06, o la otra por el secuestro ordenado, a fs. 228/294. Ello, a su criterio, debió generar una grave presunción en contra de la parte demandada y la consecuente inversión de la carga de la prueba, conforme fallos que cita, circunstancia que no aconteció en el caso (v. fs. 882 y vta.).
Expresa, luego de efectuar un minucioso detalle de los antecedentes de la causa (v. fs. 861 vta./879 vta.), que se ha omitido considerar prueba conducente incurriendo de tal modo en conclusiones absurdas que se apartan de los hechos efectivamente acreditados.
Afirma que el pronunciamiento de Cámara, al referirse al expediente administrativo 5.100-10.219/06, cuyo contenido es la historia clínica remitida a fs. 186/218 por requerimiento del primer juez que intervino en la causa y la que fue posteriormente secuestrada y agregada a fs. 228/294 inclusive, ha soslayado su fundada y reiterada impugnación por adulteración.
Seguidamente sostiene que se omitió de modo injustificado la mención de las copias de la historia clínica acompañada por su parte con el escrito de inicio obrante a fs. 378 a 412, lo que a su entender constituye una prueba fundamental para acreditar el falseamiento denunciado por su parte, ello desde que en ésta no se halla incorporado el informe de la recién nacida expedido por el área de neonatología que da cuenta que el verdadero peso de la menor era de 4,900 kilogramos y no de 4,100 como se consigna.
Agregó que la historia clínica incorporada luego de judicializarse el caso, aparece con información esencial que difiere de la que aportó su parte entre los que se hallan sus antecedentes obstétricos, el partograma que consigna que se trató de un parto etócico (normal), sin describir las maniobras efectuadas por el equipo médico al momento del parto, como así también el informe en el que consta el peso de 4,100 kilogramos al momento de nacer en lugar de los 4,900 kilogramos que surgen del resumen de historia clínica neonatal, expresando además que, recién se detectó la parálisis braquial de la recién nacida un día después, no obstante estar ambos informes, firmados por el mismo médico interviniente.
Por ello, sostiene que si bien la explicación pericial es científicamente correcta, está sustentada en hechos falsos, coherente con la historia clínica confeccionada ex profeso, pero que no responde a la realidad de lo acontecido. Sin que la sentencia de primera instancia ni la de Cámara se hubieren hecho cargo de la impugnación que de la misma efectúo su parte.
Finalmente, descalifica el fallo por no ajustarse a derecho, en cuanto atribuye a su parte no haber probado la relación causal entre la secuela incapacitante sufrida por la menor y el accionar del cuerpo médico tratante, sosteniendo que de haberse aplicado correctamente la doctrina judicial invocada por su parte y la inversión de la carga de la prueba que conlleva, el nexo de causalidad debió tenerse sobradamente acreditado, haciendo procedente la demanda en todas sus partes.
IV. Adelanto que, en mi opinión y en coincidencia con lo dictaminado por la entonces señora Procuradora General, el recurso no puede prosperar.
IV.1. Preliminarmente he de advertir que las disposiciones del derogado Código Civil (ley 340) son las aplicables al caso, por estar vigentes al momento en que se configuró el hecho que ocasionó los daños cuya reparación reclama la parte actora (conf. doctr. art. 7, Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
IV.2. Cabe comenzar por recordar que esta Corte ha puntualizado que la valoración de la prueba aportada a la causa a fin de determinar la existencia del hecho que motivó el litigio o bien para establecer si ha mediado un obrar negligente de parte de los demandados y, en su caso, si éste está vinculado causalmente con los daños reclamados, configura una cuestión privativa de los jueces de grado que no puede ser abordada en la instancia extraordinaria, salvo que a su respecto se invoque y demuestre que el tribunal ha incurrido en absurdo (conf. doctr. causas C. 113.438, "H., I.C.", sent. de 14-III-2012; C. 119.259, "A., C.", sent. de 8-IV-2015; C. 120.170, "H., M.O. y P., R.A.", sent. de 13-XII-2017; e.o.). Se entiende por éste el error grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas y procesales vigentes, de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico formal, falsa en la aprehensión fáctica e insostenible en la discriminación axiológica (conf. doctr. causas C. 118.484, "P., M.E.R.", sent. de 1-VII-2015; C. 119.876, "H., A.N.", sent. de 15-XI-2016; entre muchas).
Dicho ello, adelanto que la recurrente no ha demostrado la existencia del grave vicio que invoca y que permitiría revisar la apreciación de los hechos y la valoración de las pruebas decidida en las instancias inferiores.
En efecto, la Cámara, destacó que el pronunciamiento apelado había analizado correctamente los presupuestos de la responsabilidad civil, concluyendo que el nexo de causalidad entre el obrar y el daño no se encontraba acreditado (v. fs. 856 vta.).
Expresó que la discusión en autos se centró en una divergencia existente entre dos constancias obrantes en la Historia Clínica, que dieron cuenta del peso de la menor en 4,100 kilogramos y un resumen de historia clínica del cual surgió el peso de 4,900 kilogramos discrepancia ésta que el perito médico, doctor Geslin, resolvió en los informes periciales y contestaciones de los mismos, complementando los datos de la historia clínica con el partograma realizado (v. fs. 851 vta.).
Advirtió que las conclusiones del perito han sido coincidentes tanto en el primer informe de fs. 539/542 y vta., como en el segundo obrante a fs. 562/564 y vta., pese a lo cual la actora considera que uno de ellos, el último practicado, le resulta favorable pues fue elaborado con la historia clínica adjuntada por ella.
Sostuvo que el perito en tal oportunidad, luego de entrevistar a la actora, dio respuesta al pedido de explicaciones tomando incluso como real lo afirmado por ésta en el examen pericial, e igualmente concluyó que " no hay constancia de que la distocia de hombros sea real, porque en la historia clínica figura que el parto es normal. Como fuera informado a VS en el informe pericial primero, hay bibliografía que demuestra que es posible la parálisis obstétrica del miembro superior fetal, en ausencia de distocia de hombros" (fs. 851 vta. y 852).
Todo lo cual, entendió, da cuenta de la falta de una prueba pericial que avale la postura de la actora.
Y agregó que la disconformidad manifestada por la actora sólo consiste en una opinión en desacuerdo o discordancia con la apreciación que ha hecho el juez de grado, sin que ninguno tenga entidad suficiente para conmover lo decidido (v. fs. 852).
En cuanto a la atención brindada a la actora, sostuvo que de la pericia citada surgía que "durante el período de gestación la señora B., padecía de diabetes insulinodependiente"; y que "la embarazada estuvo correctamente medicada y controlada, a juzgar por los datos obrantes en la historia clínica, y la macrosomía no llegó a ser muy importante (4.100)" (fs. 852).
Puso de relieve lo expresado por el experto en relación a que "en el caso de autos el peso fetal según la historia neonatal fue de 4.100 g." . Expuso, asimismo, que "existía un antecedente obstétrico, en la biografía de la actora, que consistía en haber tenido un parto espontaneo de un bebé de 5000 g. al nacer, sin complicaciones obstétricas ni neonatales. Es útil aclarar a VS, para su mejor ilustración, que en la ciencia médica se denomina a un parto de esas características, como 'PARTO DE PRUEBA'. Es decir, probaría que, en la embarazada en cuestión, atento a que tuvo un parto normal con un peso fetal de 5000 g. es razonable pensar que pueda tener otro parto normal con un feto de menos de dicho peso" (fs. 852 vta., cons. 14°).
Seguidamente destacó, lo expresado por el experto respecto a que: "en la historia clínica donde está documentado el parto, no consta que se haya producido una distocia de hombros, y ese dato es coherente con lo siguiente: EL APGAR al nacer de 6 al minuto y 8 a los 5 minutos. Ello significa que el estado de oxigenación y vitalidad fetal era bueno al nacer, lo cual no es coherente con un bebé que venga de sufrir una distocia de hombros. Atento que, en esta complicación obstétrica, el tórax del niño se encuentra aprisionado dentro de la pelvis materna, con la cabeza fetal ya afuera del canal de parto. En esa situación el niño no puede expandir su tórax para respirar y se produce hipoxia, es decir, escasea el oxígeno fetal y el APGAR al nacer es bajo. Asimismo, el feto tampoco puede recibir oxígeno por el cordón umbilical, al estar éste también comprimido en el canal de parto".
Para luego puntualizar que: "el periné materno indemne, como está descripto en la historia clínica, tampoco es coherente con la existencia de una distocia de hombros, porque en este último evento, se efectúa episiotomía (incisión realizada por el médico), o desgarro espontáneo del periné".
Para terminar, consideró contundente la pericia en cuanto sostuvo que una parálisis braquial obstétrica se puede producir también por una inadecuada adaptación intrauterina, pues la posición fetal juega un rol importante en este aspecto como así también que, la lesión del plexo braquial no debe ser tomada como evidencia irrefutable de la existencia de un traumatismo en el nacimiento, y en consecuencia que, en estos casos, una cesárea puede no prevenir una lesión como la que padece la menor.
Destacó, como determinante además la respuesta negativa del experto en el informe de fs. 539/542, frente a la pregunta de si era aconsejable en el caso y dados los factores de riesgo de la actora, la realización de un parto por cesárea (v. fs. 853).
Así sostuvo que las conclusiones que se desprenden de la pericia médica y demás constancias resultaron concordantes en señalar que la atención médica dispensada a la actora ha sido la adecuada según las reglas y métodos aconsejados por la ciencia médica, teniendo en cuenta el cuadro de salud de la misma y sus antecedentes gestacionales al ingresar al nosocomio.
Y concluyó que en casos como el de autos, el dictamen pericial médico resulta ser el medio probatorio fundamental para formar convicción, pues asesora al judicante en temas que escapan a su formación profesional conforme, los términos del art. 474 del Código Procesal Civil y Comercial.
Tal como ya adelanté las conclusiones antes expuestas no han podido ser controvertidas idóneamente por la recurrente, quien no ha logrado acreditar que la parálisis del miembro superior derecho de la menor sea consecuencia de conductas desplegadas por el equipo médico durante el parto.
Los cuestionamientos de la impugnante con respecto a esta valoración sólo muestran una mera discrepancia subjetiva con el razonamiento del Tribunal, sin lograr evidenciar la existencia de un error palmario y fundamental habiéndose limitado a reiterar, insistentemente que la parálisis braquial que padece la menor es consecuencia de una distocia de hombros producida por la realización de un parto natural que pudo evitarse con la realización de una cesárea, cuando en rigor, las conclusiones de las pericias, por un lado, no resultan demostrativas de tal circunstancia y por otro, corroboran que no ha habido ninguna constancia de que durante el parto se produjera alguna lesión, como tampoco que la parálisis braquial producida se deba a ésta.
IV.3. A esta altura cabe recordar que no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado el absurdo, ni tampoco puede este Tribunal sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito. El absurdo no queda configurado cuando el criterio del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias de la causa (conf. doctr. causas C. 99.979, "Vergara", sent. de 19-V-2010; C. 118.484, "P., M.E.R.", sent. de 1-VII-2015; C. 120.170, "H., M.O. y P., R.A.", sent. de 13-XII-2017; e.o.); extremo que no encuentro patentizado en la especie.
En síntesis, no advierto error de juzgamiento en la conclusión de la Cámara, que desestimó la pretensión de autos sobre la base de una responsabilidad no acreditada.
V. Por lo expuesto, propicio el rechazo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, las costas de esta instancia extraordinaria se imponen por su orden atento a la índole de las cuestiones en juego (cfr. arts. 68 segundo párrafo, CPCC y 77, CCA).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la entonces señora Procuradora General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, CPCC), las costas de esta instancia extraordinaria se imponen por su orden atento a la índole de las cuestiones en juego (cfr. arts. 68 segundo párrafo, CPCC y 77, CCA).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia