Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72842
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se confirma la sentencia impugnada en cuanto fue materia de debate (art. 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 7 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria , Negri , Genoud, de Lázzari se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 72.842 "Campoamor, Edgardo E. contra Provincia de Buenos Aires. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmó el fallo de primera instancia que había hecho lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta por la demandada (v. fs. 243/245).
Disconforme con ese pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso de inaplicabilidad de ley (v. fs. 248/252), el que fue concedido a fs. 254/255.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 276), agregados los memoriales de la parte actora (v. fs. 278/281) y demandada (v. fs. 285/288) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la excepción previa de cosa juzgada y declaró inadmisible la pretensión actoral (cfr. arts. 35 inc. 1 apdo. "e" y 36 inc. 2 apdo. "d", CCA) por encontrar identidad de sujeto, objeto y causa entre las presentes y la causa "Baños José María y otros c/ Provincia de Bs. As. s/ Amparo" que tramitó ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 12 del mismo departamento judicial.
Este decisorio fue apelado por la accionante (v. fs. 170 a 173).
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativa con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación deducido por la actora y confirmó la decisión del juez de grado.
Para así decidir, el Tribunal de Alzada consideró que:
II.1. Se encuentran acreditadas, como lo sostuvo el juez de grado, las tres identidades que configuran la cosa juzgada respecto de la sentencia recaída en la causa "Baños", en particular acerca del objeto del proceso, habida cuenta que tanto en el antecedente como en el presente se pretende por el doctor Campoamor, jubilado del Poder Judicial, el reconocimiento del carácter remunerativo del suplemento establecido en el decreto 1.286/92 y su correcta liquidación -incorporándolo en el sueldo básico- en sus haberes hasta el 30-VI-1998.
II.2. El propio accionante expresó que, no obstante, la sentencia recaída en autos "Baños", nunca percibió las diferencias correspondientes en su haber previsional.
Por otra parte, no corresponde afirmar que el proceso de amparo sólo incluyó a los funcionarios y magistrados en actividad, pues, como surge de la sentencia de primera instancia, el actor ya se encontraba jubilado al iniciarse el primer proceso judicial.
II.3. Respecto a la identidad de partes, entiende superficial la distinción entre la Provincia de Buenos Aires y el Instituto de Previsión Social que realizó el apelante, pues en ambos casos se trata de la misma persona jurídica.
Las doctrinas de la Corte referidas en el recurso de apelación como violentadas por el juez interviniente, sólo refieren a la cuestión de fondo planteada o a una temática como la prescripción.
III. Contra este pronunciamiento se alza el actor mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 248/252, exponiendo los siguientes agravios:
III.1. Sostiene que no existe cosa juzgada por identidad de objeto, como lo resolvió la Cámara, pues en el precedente "Baños" se reclamó y obtuvo un pronunciamiento firme respecto de la incorrecta aplicación del decreto 1.286/92 en los haberes de los accionantes activos por el período en el que se encontraban en actividad como magistrados del Poder Judicial. La sentencia dispuso respecto del señor Campoamor, la inclusión del suplemento establecido por dicho decreto en su haber básico.
III.2. Una vez dictada la sentencia en el proceso de amparo, afirma haber solicitado su cumplimiento ante el Instituto de Previsión Social de la provincia, siendo expresa y formalmente denegada tal petición por sendos actos administrativos que posteriormente fueron impugnados en sede administrativa y, una vez agotada la vía en dicha instancia, fueron atacados judicialmente por la presente acción contencioso administrativa. El requisito de habilitación obligatoria de la acción mediante el previo agotamiento de la vía administrativa resulto siempre una exigencia procesal (arts. 13 y concs., Código Varela y 14 y 15, CCA) que la actora debió cumplir.
En las presentes actuaciones se demandó al Instituto de Previsión Social por el período en que el actor se encontraba jubilado y durante el cual se le aplicó en forma incorrecta el decreto 1.286/92, es decir hasta el 31 de junio de 1998.
III.3. Asevera que la sentencia recurrida resulta arbitraria e ilegítima por cuando declara procedente la excepción de cosa juzgada, a pesar que "el período reclamado nunca fue percibido por cuanto el Instituto de Previsión Social se lo negó, por cuanto en dicha causa el demandado era el Estado Provincial, no obstante la sentencia favorable 'Baños' para que se incluyan en el básico los suplementos, ni el Organismo deudor resulta el mismo en la presente pretensión, razón por la cual debe revocarse la sentencia en crisis".
III.4. Finalmente plantea que el a quo incurrió en absurdo pues se deriva de tal decisión que aquellos que adhirieron al decreto 1.591/04 estarían en mejor situación que el accionante, a pesar de que obtuvo un reconocimiento judicial en la causa "Baños", reclamando luego su aplicación al Instituto de Previsión Social, obligado a agotar la vía administrativa previa ante la negativa a su solicitud, debiendo posteriormente impugnar judicialmente dichos actos administrativos a fin que no adquieran firmeza.
IV. Adelanto que el recurso no puede prosperar pues, con independencia del acierto o error de la decisión adoptada en las instancias de grado, el recurso extraordinario en tratamiento no satisface las cargas impugnatorias exigidas por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
Ello es así pues no resulta técnicamente suficiente para demostrar el absurdo que plantea, a la vez que no demuestra violación de doctrina legal ni norma alguna. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe cumplir la exigencia básica relativa a la indicación, en términos claros y concretos de la ley o doctrina que se reputa violada o erróneamente aplicada, por lo que su insuficiencia resulta insalvable cuando se limita a la mera denuncia genérica sin individualización concreta, incumpliéndose de tal manera con la carga técnica que dicta el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (A. 71.191, "Pérez", sent. de 11-III-2015).
En el caso, el recurrente únicamente refiere -en forma genérica- a la interpretación errónea de "las normas jurídicas pertinentes" así como denuncia la no aplicación de "la doctrina legal de la Suprema Corte" (fs. 248), resultando tal párrafo la única referencia normativa respecto de la alegada inaplicabilidad de ley o doctrina legal. Como se observa el recurrente no identifica la normativa o doctrina desconocidos, ni mucho menos precisa en qué forma la sentencia de Cámara viola tal derecho vigente.
En el ámbito del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente, la réplica concreta directa y eficaz de todos los fundamentos del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de las normas y conceptos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia cuestionada (causas Ac. 91.522, "Cooperativa Agropecuaria La Segunda de la Dulce", sent. de 15-III-2006; C. 95.949, "Lázaro", sent. de 27-II-2008; C. 94.126, "Ferrari", sent. de 18-XI-2008; A. 70.818, "Iñigo", sent. de 11-IX-2013 y A. 72.466, "C.P.E. y ot.", sent. de 30-X-2013, e.o.).
V. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
A la cuestión planteada, el señor juez doctor Negri dijo:
Al igual que mi colega preopinante considero que el recurso en tratamiento no puede prosperar en virtud de su insuficiencia técnica (conf. art. 279, CPCC).
I. Al respecto, cabe señalar que, tal como tiene dicho esta Suprema Corte, determinar la concurrencia de la cosa juzgada y entrar a conocer sobre las circunstancias que configurarían la violación de dicho instituto, constituye una cuestión de hecho que sólo puede ser revisada si se demuestra fehacientemente que la conclusión impugnada es el resultado de una absurda valoración de las constancias del proceso actual y del anteriormente tramitado (conf. causas Ac. 58.224, sent. de 3-IX-1996; Ac. 65.391, sent. de 23-III-1999; Ac. 86.198, sent. de 19-X-2005 y C. 121.282, "Club Atlético All Boys", sent. de 21-III-2018; e.o.).
Asimismo, la apreciación formulada por los tribunales de grado sobre la concurrencia de las "identidades" del instituto de la cosa juzgada, también constituye una cuestión de hecho, irrevisable en sede extraordinaria, salvo supuesto de absurdo (conf. causas Ac. 66.504, sent. de 24-XI-1999; Ac. 82.415, sent. de 8-IX-2004; Ac. 86.198, sent. de 19-X-2005 y C.116.205, "P., R. y otros", sent. de 11-IX-2003).
Siendo ello así, y conforme se pone de manifiesto en el voto precedente, al pronunciarse sobre el instituto bajo análisis el a quo arribó, tras tener por acreditada la configuración de la triple identidad, a una conclusión contraria a la pretendida por el accionante que, más allá de su acierto o error, no ha podido ser desvirtuada en el recurso en tratamiento.
II. En efecto, frente a lo expuesto por el Tribunal de Alzada, las alegaciones del impugnante tendientes a demostrar la ausencia de identidad en el objeto entre la presente causa y el proceso de amparo, no logra poner en evidencia la causal invalidante del absurdo.
Para la configuración del mencionado vicio se requiere la verificación del error grave, grosero y fundamental concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 100.946, sent. de 2-VII-2010; L. 107.653, sent. de 29-II-2012 y C. 113.438, sent. de 14-III-2012; e.o.).
El recurso deducido en tal sentido no cumple con la exigencia del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial y su doctrina, pues se advierte que el impugnante se limita a reiterar argumentos fundados en apreciaciones subjetivas e insuficientes para desvirtuar lo decidido en la sentencia, lo que permite descartar asimismo las infracciones normativas alegadas a fs. 250 vta. y 251 de la pieza recursiva.
III. Por último, advierto a su vez que la denuncia de arbitrariedad que ensaya el impugnante carece de entidad, en tanto se basa en afirmaciones genéricas, técnicamente insuficientes para lograr la revisión pretendida (conf. causa C. 108.184, sent. de 22-XII-2010).
Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto (art. 279, CPCC y su doctrina). Con costas al recurrente vencido (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud y de Lázzari por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se confirma la sentencia impugnada en cuanto fue materia de debate (art. 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia