Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121707
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, en atención a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
LEIVA MARCELO DAMIAN C/ NUEVO HALCON S.A. S/DESPIDO.
La Plata, 27 de febrero de 2019.
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Negri y Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda deducida por Marcelo Damián Leiva contra Nuevo Halcón S.A. en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral. Por el contrario, rechazó el pedimento respecto a la declaración de nulidad del distracto, reinstalación y daño moral (v. fs. 415/432).
Para así decidir, en lo que interesa destacar, juzgó que el despido del actor no revistió el carácter de discriminatorio -motivado en el accidente de trabajo que el actor denunció padecer-, razón por la cual, entendió que el vínculo se disolvió por determinación unilateral del empleador sin invocación de causa.
II. Frente a lo así resuelto, la parte actora dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 452/456 vta. y 436/451 vta., respectivamente), concedidos por el a quo a fs. 457 y vta.
En el primero de ellos denuncia la falta de tratamiento de una cuestión esencial, como es la alegación de que el despido directo sin invocación de causa es violatorio de normativa internacional, particularmente el art. 7 inc. "d" del Protocolo de San Salvador.
III. El primero de los recursos intentados no puede prosperar.
III.1. De modo liminar, corresponde señalar que el remedio previsto en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 89.528, "Maldonado", sent. de 23-VII-2008; L. 93.996, "Pérez Baglivo", sent. de 19-X-2011 y L. 100.717, "Miño", sent. de 28-XII-2011).
III.2. Así, en el caso, si bien se denuncia la omisión de tratamiento de una cuestión esencial, lo cierto es que el tema que se dice preterido fue abordado y resuelto de modo adverso a las pretensiones de la impugnante (v. fs. 425/426 vta.), importando la réplica la imputación de típicos errores in iudicando , ajenos al carril intentado (causas L. 87.056, "Heugas", sent. de 27-III-2008; L. 108.824, "Hospital", resol. de 2-XII-2009 y L. 120.506, "Sucesores de Angel Salva y Lunardino Hilda Elba y otro", resol. de 15-XI-2017).
En consecuencia, la improcedencia de la vía elegida se exhibe nítida ni bien se repara en que por su conducto se pretende cuestionar, en rigor, la forma en que el juzgador de origen resolvió la cuestión, y bien es sabido que no corresponde, en el ámbito del recurso extraordinario en estudio, realizar la revisión del acierto o desacierto jurídico de esta decisión, pues ello es materia propia de la vía prevista en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 118.432, "Bordon", resol. de 17-XII-2014; L. 114.078, "Huidobro", resol. de 6-V-2015; L. 118.805, "Ramírez", resol. de 10-VI-2015 y L. 121.360, "Gómez", resol. de 11-VII-2018).
IV. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no prospera.
En su presentación, el actor se agravia de que el tribunal de origen no acogiera el despido discriminatorio, no condenara a la entrega del certificado previsto en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, y que haya fijado erróneamente la mejor remuneración normal y habitual en base a una pericia contable que fue impugnada por su parte y la que solicita se anule y deje sin efecto.
IV.1.a. De modo liminar, cabe señalar que -en esencia- el primero de los agravios desplegados en el remedio incoado se dirige a controvertir la decisión del órgano judicial de grado, en tanto rechazó el pedido del accionante de declarar la nulidad del despido dispuesto por la empleadora, caracterizado como discriminatorio, como así también la reinstalación en su puesto de trabajo y el resarcimiento del daño moral.
Así, las conclusiones expuestas en el pronunciamiento atacado se vinculan claramente con cuestiones de hecho y prueba, y en ese sentido tiene dicho esta Corte que la apreciación de las circunstancias fácticas y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso constituyen facultades privativas de los tribunales de trabajo excluidas, en principio, de la revisión extraordinaria salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 95.979, "Valerio", sent. de 28-X-2009 y L. 95.453, "A., V.H.", sent. de 18-II-2009).
Dicho vicio exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 116.196, "Medina", resol. de 6-V-2015 y L. 118.152, "Aveggio", resol. de 29-IV-2015).
Tales extremos no se verifican en la especie.
IV.1.b. En efecto, más allá de postular la existencia de indicios suficientes que -a su criterio- el tribunal soslayó para decidir de la forma en que lo hizo, no logra la impugnante acreditar el vicio de absurdo en el desarrollo de la labor que privativamente les compete ejercer a los jueces de grado a fin de que esta Corte pueda examinar las cuestiones fácticas y probatorias que se traen a su conocimiento, como lo son, las vinculadas a la configuración de los presupuestos en los que el trabajador sustentó su pretensión, esto es, que el despido dispuesto por la patronal tuvo su causa en razones de discriminación originadas por su estado de salud.
Ello así, pues las alegaciones formuladas en el recurso no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de la tarea llevada a cabo -en forma privativa- por los magistrados de origen, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 118.162, "Almada", resol. de 3-XII-2014; L. 118.015, "Díaz", resol. de 6-VIII-2014 y L. 119.352, "Matus", resol. de 22-XII-2015).
Tampoco cabe considerar, en aquel estrecho marco excepcional, la doctrina que emerge de la causa citada a fs. 448 vta., toda vez que fue elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 107.939, "Continiello", sent. de 3-X-2012; L. 117.992, "Krochmal", resol. de 24-IX-2014 y L. 120.447, "Ferrari", resol. de 13-XII-2017).
IV.2. En el segundo de los agravios, vinculado a que el a quo ignoró la pretensión incoada con sustento en el supuesto incumplimiento patronal de su deber de entregar las "constancias documentadas" del ingreso de los fondos de la seguridad social y los sindicales a su cargo (art. 80, primer párrafo, Ley de Contrato de Trabajo; v. fs. 450 y vta.) debió, en todo caso, ser planteado a través del recurso extraordinario de nulidad, por cuanto el remedio procesal bajo examen no constituye la vía idónea para canalizar las denuncias vinculadas con la omisión de tratamiento de cuestiones litigiosas (causas L. 87.548, "Alfonso", sent. de 11-V-2011; L. 111.345, "D., S.", sent. de 19-IX-2012; L. 117.708, "Espíndola", sent. de 3-VI-2015 y L. 119.571, "Belmonte", sent. de 29-VIII-2018).
IV.3. Por último, cabe señalar que determinar la mejor remuneración mensual, normal y habitual constituye una cuestión privativa de los jueces de la instancia ordinaria y, en consecuencia, marginada de la casación, salvo invocación y demostración del vicio de absurdo, que debe ser eficazmente demostrado por el interesado (causa L. 97.058, "Britez", resol. de 15-XII-2010). La carga de acreditar tal extremo no ha sido acreditada. Ello así, porque el cuestionamiento formulado no es idóneo para modificar las conclusiones de este aspecto de la sentencia en crisis, desde que el recurrente agota su crítica en manifestar su disconformidad con el criterio expuesto en el fallo, sin profundizar un concreto y eficaz ataque de las conclusiones fácticas volcadas por el tribunal de origen en función que le compete privativamente (causas L. 98.010, "Rey", sent. de 24-XI-2010 y L. 94.183, "Giorello", sent. de 9-XII-2009).
Por lo demás, las objeciones que formula el impugnante en torno a la pericia contable en nada se asemejan a una crítica razonada del decisorio que se pretende atacar. Más bien se observa el cuestionamiento a situaciones previas al dictado de aquél, y sabido es, que esta Corte ha dicho reiteradamente que las infracciones relacionadas con presuntos defectos ocurridos durante el proceso, anteriores a la sentencia y aun aquellas vinculadas a cuestiones de procedimiento que han quedado precluidas, resultan ajenas a la instancia extraordinaria desde que el recurso de inaplicabilidad de ley tiene por objeto la sentencia definitiva y no el reexamen de la estructura del procedimiento antecedente (causas L. 100.194, "Seibane", sent. de 12-X-2011; L. 111.655, "P., J.S.", sent. de 5-XII-2012; L. 118.591, "Deluca", resol. de 20-V-2015 y L. 120.477, "Gutiérrez", resol. de 20-IX-2017).
A mayor abundamiento, deviene necesario destacar que, en el proceso laboral, la valoración de la prueba resulta materia privativa de los jueces de grado, facultad que comprende la evaluación de las pericias rendidas y la eficacia que le adjudiquen a las conclusiones de los expertos (causas L. 114.540, "Celendano", sent. de 12-VI-2013 y L. 119.919, "Pérez", resol. de 10-VIII-2016), salvo la hipótesis de configuración de absurdo, el cual, como se dijo, no logra evidenciarse (causa L. 121.392, "Vega", resol. de 11-VII-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, en atención a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Registrada bajo el n°83
mff
Fin de la sentencia