Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122268
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
CARZOGLIO OMAR ALBERTO C/ CLUB PESCADORES DE JUNIN S/DESPIDO.
La Plata, 27 de febrero de 2019.
Los señores Jueces doctores Pettigiani, de Lázzari, Soria y Negri dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín rechazó la acción iniciada por Omar Alberto Carzoglio contra el Club de Pescadores de Junín, mediante la cual procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros laborales (v. fs. 398/411 vta.).
Para así decidir, por mayoría, juzgó que el actor no logró acreditar la existencia de la relación de linaje laboral que invoca. Al efecto, señaló que si bien el señor Carzoglio ha realizado distintas tareas a favor del demandado, no pudo demostrar que éstas se efectuarán de manera subordinada, comprendieran las jornadas y horario que indicó, ni bajo la forma que denuncia en el líbelo de inicio.
II. Frente a dicho pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 418/431 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 432 y vta.
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera violadas. Alega absurdo en la valoración de la prueba. En sustancia, sostiene que la relación laboral habida entre las partes resultó debidamente acreditada. Al efecto, controvierte la ponderación de las declaraciones de los testigos.
Por otra parte, endilga al a quo haber omitido valorar pruebas que califica de esenciales. Particularmente refiere a un acta de relevamiento -que fue acompañada con el escrito de inicio- labrada por el Ministerio de Trabajo en junio de 2010 que daría cuenta de que el señor Carzoglio era empleado del club.
Asimismo reprocha la decisión del sentenciante de grado en tanto no permitió la finalización de la pericia caligráfica.
También aduce transgredidos los arts. 9 y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y distintos derechos constitucionales que enuncia.
III.1. El remedio extraordinario planteado, fue concedido por el sentenciante de grado en el estrecho marco de la excepción que consagra el art. 55 de la ley procesal del fuero, siendo esta limitación cuestionada por el actor, mediante revocatoria (v. fs. 433/433), que fue rechazada por el a quo a fs. 435 y vta.
Sin perjuicio de lo resuelto, se advierte que en el caso, el monto del litigio a los fines recursivos se encuentra representado por las sumas requeridas en la demanda de cuyo rechazo de agravia, lo que excede ampliamente el mínimo contemplado en el art. 278 de Código Procesal Civil y Comercial. Por esta razón, el embate ha de analizarse sin las restricciones que el régimen adjetivo local impone ante la insuficiencia de la sumam gravaminis .
III.2. Sentado lo expuesto, corresponder abocarse al abordaje de la impugnación. Sobre el particular, cabe señalar, que esta Corte reiteradamente ha establecido que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación laboral, típica del vínculo contractual de aquel linaje, importa el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 95.725, "Arias", sent. de 28-X-2009; L. 114.452, "Carnevali", resol. de 13-VII-2011 y L. 120.142, "Casabella", resol. de 8-II-2017).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan del proceso (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010; L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014 y L. 117.795, "Idaskin", resol. de 20-XI-2014).
III.3. En la especie, si bien el recurrente ha denunciado el referido vicio, el cuestionamiento expuesto no es hábil para demostrar su existencia, en cuanto las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado.
En efecto, su crítica transita sólo sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 96.347, "Morúa", sent. de 30-IX-2009; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013 y L. 117.831, "Andrada", resol. de 12-XI-2015).
Recuérdese que los jueces de trabajo no están obligados a referirse necesariamente a todos los elementos de juicio que proponen las partes a su consideración, sino únicamente a los que a su criterio fueren decisivos para dictar el pronunciamiento. Ello así, pues al prevalecer la apreciación en conciencia de las pruebas aportadas, los magistrados están autorizados a seleccionar y jerarquizar las fuentes y medios probatorios, pudiendo preferir unos elementos de tal naturaleza a otros, sin que su opinión pueda revisarse en la instancia extraordinaria (causas L. 117.047, "Olivera", sent. de 10-VII-2013 y L. 118.116, "Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Mar del Plata", resol. de 8-IV-2015).
Además, olvida el quejoso que la valoración y apreciación de las declaraciones testimoniales queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 112.693, "Perna", resol. de 11-V-2011; L. 115.688, "Beron", resol. de 27-VI-2012 y L. 115.754, "Acerbo", sent. de 21-VIII-2013), que -como se dijo- en el caso no se logra demostrar.
III.4. Respecto a la queja por no haberse permitido la finalización de la pericia caligráfica, se impone señalar que tal cuestionamiento deviene inatendible.
Ello así, ya que en virtud del principio de preclusión, no pueden reeditarse en esta sede casatoria aquellas cuestiones que remiten a una cuestión procesal previa a la sentencia definitiva, que se encuentra preclusa y, por ende, marginada de la competencia revisora de esta Suprema Corte (causas L. 107.413, "Nigrilli", sent. de 26-IX-2012; L. 101.011, "Nolasco", sent. de 6-III-2013 y L. 117.497, "Cervio", resol. de 13-XI-2013).
III.5. Por otra parte, cabe agregar que esta Corte reiteradamente ha declarado que la duda a la que alude el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo es un estado de ánimo que se produce -o no- en el juzgador al tiempo de dictar sentencia: por lo tanto, no resulta de aplicación el principio in dubio pro operario si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 118.123, "Musci", resol. de 30-IX-2014 y L. 118.188, "Calabresi", resol. de 15-X-2014), tal y como acontece en el caso.
III.6. Asimismo, igualmente ineficaz deviene la objeción fundada en la supuesta infracción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo pues, conforme reiteradamente lo ha manifestado este Tribunal, la presunción iuris tantum que consagra la citada norma laboral queda neutralizada si la prueba producida demuestra -como en la especie- que las tareas prestadas por el actor reconocen un origen ajeno al contrato de trabajo (causas L. 111.998, "Vázquez Flores", sent. de 17-IV-2013; L. 117.236, "Cassini", sent. de 29-IV-2015 y L. 119.376, "Struggibinetti", resol. de 11-V-2016), definición esta última que -a tenor de lo dicho- no ha resultado conmovida.
III.7. Finalmente ha de recordarse, que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia que se trata (causas L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013 y L. 115.287, "Garibaldi", resol. de 24-IX-2014), supuesto que -a tenor de lo dicho- no se ha verificado en el caso sub examine .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Registrada bajo el n°74
ezc
Fin de la sentencia