Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119741
En la ciudad de La Plata, a 13 de marzo de 2019, habiéndose establecido de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri, Pettigiani, Kogan, Soria , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.741, "Dias, Miryam Elizabeth contra Donnelley Cochrane Argentina S.A. y otros. Despido".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 1.156/1.178 vta.).
Se interpusieron, por la parte actora (v. fs. 1.196/1.208 vta.) y las codemandadas Editorial Atlántida S.A. (v. fs. 1.213/1.233), Alfredo José Vercelli y Constancio Carlos Vigil (v. fs. 1.234/1.259 vta.) y R.R. Donnelley Argentina S.A. (v. fs. 1.260/1.276 vta.), recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, que fueron concedidos por el citado tribunal a fs. 1.278 y vta.
Posteriormente, el a quo rechazó la solicitud de transferencia de los fondos depositados en la presente causa a fs. 1.208 a la cuenta perteneciente al proceso falencial de Donnelley Argentina S.A., en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n° 19 (v. fs. 1.374/1.377). Frente a lo así resuelto, la letrada representante de la fallida interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.380/1.386), que fue concedido por el tribunal de origen a fs. 1.388 y vta.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Han sido bien concedidos los recursos interpuestos por los codemandados Editorial Atlántida S.A. (v. fs. 1.213/1.233), Alfredo José Vercelli y Constancio Carlos Vigil (v. fs. 1.234/1.259 vta.) y R.R. Donnelley Argentina S.A. (v. fs. 1.260/1.276 vta.)?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Es fundado el deducido a fs. 1.213/1.233?
En caso afirmativo:
3ª) ¿Lo es el incoado a fs. 1.234/1.259 vta.?
En caso afirmativo:
4ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del articulado a fs. 1.260/1.276 vta.?
En su caso:
5ª) ¿Es fundado el interpuesto por la parte actora a fs. 1.196/1.208 vta.?
En su caso:
6ª) ¿Ha sido bien concedido el presentado por R.R. Donnelley Argentina S.A. a fs. 1.380/1.386?
En su caso:
7ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de grado, en lo que aquí interesa, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por la señora Miryam Elizabeth Dias contra R.R. Donnelley Argentina S.A., Editorial Atlántida S.A., Maxervix S.R.L., los señores Juan Pedro Apud Romano y José Luis Rivas, a quienes condenó a abonarle -de forma solidaria- las sumas que especificó, en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral. Asimismo, acogió la demanda deducida contra los señores Alfredo José Vercelli y Constancio Carlos Vigil, condenándolos -también solidariamente- por los montos y rubros indemnizatorios que individualizó. La rechazó, en cambio, en cuanto pretendía el cobro de diferencias salariales y la indemnización por daño moral. Desestimó además la acción dirigida contra el señor Jorge Claudio Terra (v. sent., fs. 1.156/1.178 vta.).
Luego, ordenó aplicar a la totalidad de la condena la sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, que graduó en un interés adicional de una vez y media la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales desde que cada obligación se hizo exigible y hasta su efectivo pago (v. sent., fs. 1.173 y vta.).
Por último, dispuso calcular los intereses moratorios conforme el promedio mensual de la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días (v. sent., fs. 1.174 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, Editorial Atlántida S.A. (v. fs. 1.213/1.233), los señores Vercelli y Vigil (v. fs. 1.234/1.259 vta.) y R.R. Donnelley Argentina S.A. (v. fs. 1.260/1.276 vta.) dedujeron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley.
II.1. Con el objeto de dar cumplimiento con el depósito establecido en el art. 56 de la ley 11.653, los letrados apoderados de Editorial Atlántida S.A. y R.R. Donnelley Argentina S.A., adjuntaron dos boletas de depósito cuya suma daba como resultado el capital total de condena, intereses y costas ($153.706,41; v. fs. 1.209/1.210), oportunidad en la que manifestaron que efectuaban el mentado depósito en forma conjunta, a pesar de interponerse recursos extraordinarios en dos escritos por separado (v. fs. 1.209/1.212 vta.).
II.1.a. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la codemandada Editorial Atlántida S.A. denuncia absurdo, arbitrariedad y violación de los arts. 18 de la Constitución nacional; 16, 499, 505 del Código Civil; 275 segundo párrafo y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; 44 inc. "d" de la ley 11.653; 374, 375, 376 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que individualiza (v. fs. 1.213/1.233).
Cabe precisar, en lo que aquí interesa, que la recurrente cuestiona la aplicación de la multa contemplada en el art. 275 de la ley 20.744. Al respecto, alega que el fallo de grado sanciona a su representada por una defensa que resultó eficaz, tal como fue la negativa de la relación laboral. Apunta que el sentenciante entendió que "Editorial Atlántida S.A. no era empleadora de la actora (puesto que se le extendió condena solidaria en virtud del art. 31 de la LCT), mientras que a los demás demandados les tiene por empleadores directos (conf. art. 29, de la LCT)" concluyendo que "si no existió una relación laboral directa, como reconoce el fallo, no puede válidamente considerarse temeridad y malicia la negativa de la misma realizada por una empresa que no fue empleadora del actor" (v. fs. 1.219 vta. y 1.220).
II.1.b. Por su parte, R.R. Donnelley Argentina S.A. en su presentación recursiva denuncia conculcados los arts. 18 de la Constitución nacional; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 374 del Código Procesal Civil y Comercial; 275 y 277 de la ley 20.744 y 16, 499 y 505 del Código Civil (v. fs. 1.260/1.276 vta.). En lo que resulta relevante, controvierte que se la haya condenado en los términos del art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo y que también se le haya aplicado la sanción por temeridad y malicia del art. 275 de la mentada ley. En ese sentido, arguye que "si la sentencia determina que mi mandante debe ser sancionada en los términos del art. 29 de la LCT, por haberse valido de la actora -contratada por Maxervix S.R.L. al sólo efecto de proveerla a mi mandante- lo cierto es que no puede luego ser sancionada nuevamente por dicho obrar en los términos del art. 275 de la LCT, como lo dispone la sentencia" (fs. 1.264 vta. y 1.265).
II.2. A su turno, los codemandados Vercelli y Vigil al interponer el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que luce a fs. 1.234/1.259 vta., no acompañaron constancia alguna del cumplimiento del requisito previsto en el art. 56 de la Ley de Procedimiento Laboral, solicitando que se tenga por satisfecha la carga pecuniaria de mención a tenor del depósito conjunto efectuado entre Editorial Atlántida S.A. y R.R. Donnelley Argentina S.A. por considerar que el derecho al cobro reconocido a favor de la parte actora se halla suficientemente cubierto con el mentado depósito (v. fs. 1.234/1.235)
II.3. En ese contexto, el sentenciante de grado concedió la totalidad de los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley articulados, señalando que las co-demandadas Editorial Atlántida S.A. y R.R. Donnelley Argentina S.A. habían dado cumplimiento con el depósito previo establecido por el art. 56 de la ley 11.653 en forma conjunta y que el depósito efectuado aprovechaba a los co-demandados Vigil y Vercelli, por haber sido ambos recursos fundados en agravios similares (v. resol., fs. 1.278 y vta.).
III. Los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley bajo análisis deben declararse mal concedidos (art. 278, CPCC).
III.1. Ante todo, es preciso rememorar que el dictado de la providencia de autos para resolver no obsta a que se declare mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, desde que ese trámite no impide que la Suprema Corte examine si se han cumplido los requisitos de admisibilidad del medio extraordinario de impugnación sometido a su conocimiento (causas L. 101.056, "Díaz", sent. de 3-VI-2009; L. 88.627, "Gagliano", sent. de 10-II-2010; L. 100.245, "Barrera", sent. de 28-III-2012 y L. 117.445, "Municipalidad de Bragado", sent. de 8-IV-2015).
III.2. Sentado ello, cabe destacar que este Tribunal se ha pronunciado -sin mi intervención- en las causas L. 113.478, "Alderete", resolución de 24-IV-2013 y L. 119.444, "Palacios", resolución de 9-XII-2015, análogas a la presente y cuyas consideraciones habré de reproducir para dar solución al caso (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2.a. En efecto, esta Corte ha dicho que, en el supuesto de sentencia condenatoria, el art. 56 de la ley 11.653 establece como carga ineludible para la admisibilidad de los remedios extraordinarios -sin distinción alguna de cuál de éstos- el depósito previo de capital, intereses y costas, cuya finalidad es la de asegurar al trabajador la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, del que la sentencia recurrida constituye fuerte presunción favorable (causas L. 120.367, "Barrera", resol. de 7-XII-2016 y L. 120.516, "Noms", resol. de 21-XII-2016).
Específicamente, ha sostenido que en el supuesto de pluralidad de legitimados pasivos puede aceptarse que un depósito resulte suficiente, mas ello es así sólo cuando los recursos de los litisconsortes se fundan sobre similares puntos litigiosos, pues en tal circunstancia queda a salvo la finalidad de la exigencia legal (causas L. 117.826, "Vidal", resol. de 16-VII-2014 y L. 120.086, "Magallanes", resol. de 5-X-2016).
Esta última circunstancia no se verifica en la especie, por cuanto de la reseña precedentemente efectuada surge que los recursos de las sociedades codemandadas no se fundan en similares puntos litigiosos, pudiendo eventualmente frustrarse la finalidad de garantía que se atribuye a dicha carga procesal (causas L. 117.826, cit. y L. 118.412, "Flores", resol. de 1-IV-2015).
A ello cabe añadir que de las boletas adjuntadas por ambas recurrentes a fs. 1.209/1.210, surge que el depósito ha sido realizado individualmente a nombre y cuenta de cada una de las nombradas. En dicho contexto, cabe concluir que el depósito requerido por el art. 56 de la ley 11.653 ha sido efectuado -en cada caso- de modo parcial, resultando insuficiente para dar cabal cumplimiento con lo dispuesto por la mentada normativa respecto de cada una de las referidas sociedades demandadas.
III.2.b. En este camino, debo agregar que en la causa Ac. 94.860, "Romero", resolución de 8-VII-2008, en la que presté adhesión al voto de mi colega doctor Pettigiani, suscribí la posición que postula que ante la insuficiencia del depósito previsto en la citada norma adjetiva laboral debe emplazarse al recurrente a efectivizar la correspondiente erogación pecuniaria, bajo apercibimiento de declarar desierto el remedio extraordinario.
Sin embargo, tal posición no resulta ser la mayoritaria de esta Suprema Corte (v. precedentes cits.: Ac. 94.860; L. 113.478 y L. 119.444), pues es doctrina legal de este Tribunal que la carga económica de referencia debe ser cumplida en término y en su totalidad (causas L. 117.073, "Abuin", resol. de 5-IV-2013 y L. 117.394, "Baez", resol. de 12-VI-2013), sin que corresponda intimar a la recurrente a su integración (causas L. 112.220, "Simcic", resol. de 15-XII-2010 y L. 114.814, "Machuca", resol. de 13-VII-2011).
Por lo tanto, en atención a ello y dejando a salvo mi personal criterio expuesto supra , entiendo que los depósitos efectuados por las impugnantes no cumplen con el recaudo de integralidad que le es propio.
III.2.c. A consecuencia de todo lo expuesto, también lucen insuficientes los referidos depósitos para hacerse extensivos a los codemandados Vercelli y Vigil a los fines de la satisfacción de aquella carga procesal (causa L. 113.478, cit.).
IV. Por lo expuesto, corresponde declarar mal concedidos los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos a fs. 1.213/1.233; 1.234/1.259 vta. y fs. 1.260/1.276 vta.
Voto por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Adhiero al voto del colega doctor de Lázzari y, en relación a lo expuesto en el punto III.2.b. sólo he de agregar que la solución allí plasmada se condice con la doctrina legal de esta Suprema Corte vinculada a que la carga económica establecida en el art. 56 de la ley 11.653 debe ser cumplida en término y en su totalidad sin que corresponda intimar a su integración (causas Ac. 94.860, "Romero", resol. de 8-VII-2008; L. 112.220, "Simcic", resol. de 15-XII-2010 y L. 113.478, "Alderete", resol. de 24-IV-2013; e.o.).
Voto por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Disiento con la opinión de los colegas que me preceden en el orden de votación.
En efecto, teniendo en consideración que de lo expuesto en el tercer y cuarto párrafo del punto III.2.a. del voto inaugural surge que las codemandadas Editorial Atlántida S.A. y R.R. Donnelley Argentina S.A. han realizado el depósito establecido en el art. 56 de la ley 11.653 en forma parcial, entiendo que debe intimarse a las recurrentes a efectos de que procedan a satisfacer la suma faltante para cumplir con lo requerido por el citado artículo (arts. 63, ley 11.653 y 280, CPCC; mi voto en Ac. 90.840, "Campos", resol. de 28-XII-2005 y Ac. 94.860, "Romero", resol. de 8-VII-2008; e.o.).
Ello así pues la garantía constitucional de acceso a la justicia (art. 15, Const. prov.), natural derivación del derecho de defensa en juicio (arts. 10 y 15 de igual ordenamiento normativo), se concreta en diversos estadios del proceso, a saber: derecho a acceder al órgano judicial, de deducir pretensiones, de ofrecer y producir prueba, de obtener un pronunciamiento justo y de recurrir a las instancias superiores.
La interpretación de las normas procesales no puede ser realizada de modo que se constituya en un vallado formal frustratorio de la garantía de los justiciables, cercenando eventuales derechos sustanciales.
Sostener lo contrario conllevaría mantener una hermenéutica de las normas adjetivas inconciliables con el adecuado servicio de justicia y reñida con el principio constitucional de "afianzar la justicia" (Preámbulo de las Constituciones provincial y nacional), incurriéndose en exceso ritual. Al respecto, cabe tener en cuenta que en una situación similar el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 63, ley 11.653) -si bien no específico del proceso laboral- prevé la posibilidad de intimar a la parte impugnante por el plazo de cinco días a que proceda a la integración del depósito cuando se hubiese efectuado en forma insuficiente o defectuosa, circunstancia que evidencia el sentido de instrumentalidad de la norma de marras (causa Ac. 78.208, "Gómez", resol. de 23-VIII-2000).
Por otra parte, es dable remarcar que la aplicación en la especie de lo estatuido por el art. 280 citado (art. 63, ley 11.653) no altera en modo alguno ni es inconciliable con la naturaleza jurídica y la consecuente finalidad del depósito en sede laboral, en cuanto no implica una dilación indebida que impida asegurar al trabajador la posibilidad de hacer efectivo su crédito. De tal modo se armonizan tanto el interés en la revisión de lo decidido en instancia única como el derivado en la percepción del crédito que la sentencia recurrida ha reconocido en grado de verosimilitud suficiente (mi voto en Ac. 86.420, "Fortes", sent. de 2-III-2005).
II. Por lo expuesto, corresponde intimar a los recurrentes para que en el plazo de cinco días integren el depósito del art. 56 de la ley 11.653, bajo apercibimiento de denegar los recursos interpuestos.
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda, tercera y cuarta cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
En atención a la forma en que ha quedado resuelta –por mayoría- la primera cuestión, no corresponde ingresar al tratamiento de las presentes.
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Negri y Pettigiani , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron en el mismo sentido.
A la quinta cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que aquí interesa destacar, el tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Miryam Elizabeth Dias contra R.R. Donnelley Argentina S.A., Editorial Atlántida S.A., Maxervix S.R.L., Juan Pedro Apud Romano, José Luis Rivas, Alfredo José Vercelli y Constancio Carlos Vigil en cuanto procuraba el cobro de ciertos créditos salariales e indemnizatorios derivados de la extinción del contrato de trabajo. Asimismo, dispuso que los intereses debían calcularse desde que cada obligación se hizo exigible y hasta su efectivo pago, conforme el promedio mensual de la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días (v. sent., fs. 1.156/1.178 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia arbitrariedad y violación de la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia, así como del derecho de propiedad del acreedor amparado por la Constitución nacional (v. fs. 1.196/1.208 vta.).
II.1. Inicialmente, en lo atinente a la admisibilidad del medio de impugnación, sostiene que, al estar en juego la adecuación de un fallo de un tribunal inferior a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Constitución nacional, se justifica la intervención del Tribunal Superior de la Provincia para agotar la instancia local, sin que ello pueda ser obstaculizado por normas procesales. En este camino, afirma que los fallos y precedentes de la Corte Suprema "deben ser acatados, por lo que su violación arbitraria constituye cuestión federal suficiente que habilita el recurso extraordinario que deberá ser articulado contra la decisión adversa a ella emitida por el tribunal superior de la causa que en autos no es otro que la Suprema Corte de la Provincia" (fs. 1.197).
Además, en ese mismo sentido, expresa que este Tribunal en la causa Ac. 59.366, "Centeno" (sent. de 10-VI-1996), concedió efectos vinculantes a los pronunciamientos emanados de la Corte federal. En ese orden, sostiene que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene establecido que la tasa pasiva de interés no resulta aplicable a los créditos laborales por su naturaleza alimentaria, por lo que -a su criterio- el juzgador de grado no sólo violó esa "doctrina" sino también la de esta Suprema Corte en orden a los citados efectos vinculantes de los fallos de aquélla (v. fs. 1.197 vta./1.198).
II.2. Luego, en concreto, se agravia de la tasa de interés pasiva que el tribunal de origen aplicó al capital de condena.
Señala que en materia de intereses esta Suprema Corte se ha pronunciado en reiteradas oportunidades a favor de la aplicación de la tasa pasiva para el resarcimiento del daño moratorio causado por el deudor incumplidor. Sin embargo, a su criterio, "la materia de los intereses versa sobre cuestiones de hecho -y no de derecho- que deben ser resueltas por
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