Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120265
En la ciudad de La Plata, a 13 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Negri, Pettigiani, Genoud, Kogan se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.265, "Pucheta, Jorge Gabriel contra Adecco Specialties S.A., Nidera S.A. y Liberty S.A. Daños y perjuicios".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 1.007/1.030 vta.).
Se interpuso, por el letrado apoderado de la codemandada Liberty ART S.A. -hoy Swiss Medical ART S.A-, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.086/1.103 vta.). Denegado en la instancia de grado (v. fs. 1.106/1.107), esta Corte, mediante resolución de fs. 1.193/1.194, declaró procedente la queja interpuesta a fs. 1.184/1.188 vta. y lo concedió.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda que el señor Jorge Gabriel Pucheta promovió contra Adecco Specialties S.A., Nidera S.A. y Liberty ART S.A. -hoy Swiss Medical ART S.A. (v. fs. 1.001/1.006)-, condenando a esta última al pago de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial de reparación de infortunios laborales que juzgó aplicable al caso (arts. 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557; 3 y 17 apdo. 6, ley 26.773, dec. 472/14 y resol. gral. de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16). La rechazó, en cambio, en cuanto pretendía el pago de una indemnización integral con sustento en el derecho común (v. fs. 1.007/1.030 vta.).
Para así decidir, tuvo por acreditado que el día 27 de septiembre de 2007 el actor sufrió un accidente de trabajo mientras prestaba tareas bajo las órdenes y en relación de dependencia de Adecco Specialties S.A., cumpliendo funciones en el predio de Nidera S.A. ubicado en la ruta 7, km. 265, de la localidad de Junín, oportunidad en la que cayó desde una escalera de chapa del sector extracción de la planta doblándose el pie izquierdo. También las consecuencias que derivaron del evento: secuela de una entorsis grave de tobillo izquierdo con limitación de la movilidad de articulación tibioatragalina, que le provocó una incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva del 12,2% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 1.008/1.009 vta.).
En la sentencia, juzgó configurados los presupuestos de atribución de responsabilidad objetiva de la empleadora en los términos del art. 1.113 del Código Civil -ley 340-; no hallando verificada en la especie la eximente por exclusiva culpa de la víctima invocada por Nidera S.A. en su defensa (v. fs. 1.018 in fine /1.019 vta.).
Analizó luego la responsabilidad sistémica de la aseguradora de riesgos del trabajo codemandada y sostuvo que correspondía indagar sobre el planteo de inconstitucionalidad que de la norma del art. 39 de la ley 24.557 había formulado la parte actora, como así también resolver en relación a la validez constitucional de la nueva ley 26.773 (v. fs. 1.020 y vta.).
Con el objeto de justificar su decisión de aplicar al caso este último régimen legal, declaró -de oficio- la inconstitucionalidad de su art. 17 apartado 5, en cuanto establece que las disposiciones allí contempladas sólo resultan aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjera con posterioridad a su entrada en vigencia; remitiendo, para así decidir, a lo ya expresado por el propio tribunal en causas anteriores, y, con cita de diversos autores, señaló que los efectos no producidos de las relaciones jurídicas deben quedar regidos siempre por la nueva ley, por lo que no puede considerarse retroactiva -ni violatoria del derecho de propiedad- la aplicación de una normativa que gobierna los efectos futuros de una situación preexistente. Luego, puntualizó, en tanto la consecuencia no consumada del hecho dañoso es el pago de la indemnización, solo éste puede quitar virtualidad a la norma que rige al momento de determinar la cuantía de aquélla (v. fs. 1.021 y vta.).
Explicó que dicha solución encuentra respaldo tanto en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos "Camusso" y "Gómez de Vélez") -donde se resolvió que el criterio para dilucidar la aplicación de la nueva legislación es discriminar según que el deudor haya cumplido o no con la obligación debida-, cuanto por la doctrina legal de esta Corte (causa Ac. 50.610, "Quiroga Moss", sent. de 25-II-1997), por imperio de la cual no debe confundirse el concepto de aplicación inmediata de la ley con el de su aplicación retroactiva (v. fs. 1.021 vta. y 1.022).
Refirió que aplicar las sucesivas reformas introducidas a la ley 24.557 a infortunios acaecidos bajo la esfera temporal de la ley anterior, pero que en la actualidad no hayan sido resarcidos íntegramente (como ocurre en el caso), no afecta el derecho de propiedad de las aseguradoras de riesgos del trabajo, sino que protege a los trabajadores que no han visto satisfechos sus créditos oportunamente y han debido recorrer un proceso judicial, durante cuyo transcurso cambiaron las circunstancias económicas, reconociendo la nueva legislación la exigüidad del régimen original. Por lo que -concluyó- no cabe castigar a los obreros otorgándoles una prestación depreciada al momento de percibirla, conclusión que halla respaldo en el principio de progresividad consagrado en el art. 75 -incs. 22 y 23- de la Constitución nacional y los tratados internacionales, máxime cuando dichas aseguradoras cobran sus alícuotas sobre la base de salarios actualizados, pagando prestaciones desvalorizadas (v. fs. 1.022 y vta.).
Remarcó, entonces, que la nueva ley 26.773 debe aplicarse a las contingencias acaecidas -aun con anterioridad- que a la fecha del pronunciamiento se encuentran, como aquí ocurre, incumplidas (v. fs. 1.022 vta.).
En consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la citada ley, toda vez que -adujo- esa decisión era la que se adaptaba con mayor justicia, equidad y precisión al caso particular, hallándose en sintonía con el principio de progresividad, sin que se vean afectados los principios de congruencia y debido proceso. Ello, toda vez que la aseguradora de riesgos del trabajo codemandada ejerció sin restricciones su derecho de defensa, articuló todas las excepciones o defensas que estimó convenientes, sin que el pronunciamiento la coloque en una situación de responsabilidad extra sistémica, ni la obligue más allá de las prestaciones previstas por la ley 24.557 y sus modificatorias actualmente vigentes en la materia y a las cuales contractual y expresamente se comprometió a cumplimentar (v. fs. 1.022 vta. in fine y 1.023).
Tal razonamiento llevó al tribunal a quo a la convicción de que a las prestaciones dinerarias derivadas de la declaración de incapacidad permanente definitiva pendientes de pago se les debía aplicar el mecanismo de ajuste prescripto por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Adujo que, con el mismo criterio de aplicación inmediata de la ley, también resultaba procedente la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, en cuanto dispone que al resultado que se obtenga de la fórmula legal se le adicionará un 20% para resarcir aquellos otros daños no cubiertos por el régimen sistémico de la ley 24.557 y sus reformas, con el valor actualizado conforme el mentado índice (v. fs. 1.023).
Precisó, también, que dicho ajuste correspondía efectuarse desde el momento en que ocurrió el infortunio (27 de septiembre de 2007), y no desde la fecha consignada en el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 (1 de enero de 2010), por resultar este último hito temporal contradictorio con lo normado por el art. 2 del mismo régimen legal, en cuanto determina que: "la reparación dineraria se computará, mas allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal adecuada con la enfermedad profesional" (v. fs. 1.023 y vta.).
Juzgó que de acuerdo a la fórmula matemática establecida por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, la parte actora resultaría acreedora de la suma de $11.014,34. Pero, explicó, al encontrarse alcanzado el infortunio por la resolución general de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16 actualmente vigente y de aplicación al caso, el resarcimiento nunca podrá ser inferior a la suma que resulte de multiplicar $943.119 por el porcentaje de incapacidad (12,2%); arribando así a un importe de $115.060,51, el que debe complementarse -agregó- con la indemnización adicional prevista por el art. 3 de la ley 26.773 (20%), que asciende a $23.012,10, totalizando la sumatoria $138.072,62 (v. fs. 1.023 vta.).
Luego, al monto así obtenido le restó lo abonado al señor Pucheta en sede administrativa por parte de la aseguradora de riesgos del trabajo ($9.765,18), cuantificándose en consecuencia la prestación dineraria en $128.307,44. Dispuso además, que este valor debía actualizarse por el RIPTE vigente entre la fecha del evento dañoso (septiembre de 2007), que ascendía a 222,49, y el último publicado (marzo de 2016), que representaba 1.940,55; arribando así a un coeficiente de 8,72 y a un capital de $1.118.840,87 (v. fs. 1.023 vta.).
Por otra parte, fijó la indemnización a la que accedería el promotor del pleito según las pautas del derecho común, estableciéndola en $43.219,95 -comprensiva de los daños materiales y morales sufridos- (1.023 vta. in fine y 1.024).
Con todo, y habida cuenta de que las prestaciones dinerarias legalmente previstas en la normativa especial sistémica resultaban superiores a la reparación civil integral, juzgó que en el específico supuesto de autos el art. 39 de la ley 24.557 no lesionaba los derechos de raigambre constitucional del actor contenidos en los arts. 14 bis, 16, 17, 19, 23, 28 y 43 de la Constitución nacional y de los Tratados Internacionales incorporados por su art. 75 inc. 22 y condenó a Liberty ART S.A. -hoy Swiss Medical ART S.A.- al pago del resarcimiento que había determinado de conformidad con el régimen de reparación legal que consideró aplicable (arts. 3 y 17 apdo. 6, ley 26.773 y resol. gral. de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16 -v. fs. 1.024 vta./1.025 vta.-).
Expresó asimismo el sentenciante, que atento el particular modo de concluir, y bajo un nuevo y profundo análisis del tema, correspondía aplicar intereses sobre capital de condena a partir de la fecha de la sentencia y hasta su efectivo pago, a la tasa que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 1.025 vta.).
Finalmente, y toda vez que la solución adoptada resultaba contraria a la doctrina legal sentada por esta Suprema Corte en el precedente L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, expuso los motivos que entendió justificaban su apartamiento (v. fs. 1.026/1.027 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento el letrado apoderado de Swiss Medical ART S.A. -antes denominada Liberty ART S.A.-, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; la errónea aplicación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 y la transgresión de la doctrina legal que identifica.
Alega que la decisión del tribunal a quo de juzgar aplicable -por conducto de declarar la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773- un régimen legal que no se encontraba vigente a la época de la primera manifestación invalidante de la contingencia sufrida por el trabajador transgrede los principios de irretroactividad de la ley, legalidad, debido proceso y congruencia.
Refiere que el accidente por cuyas secuelas incapacitantes se reclamó en autos aconteció en fecha anterior a la entrada en vigencia de dicho cuerpo normativo.
Cita en apoyo de su postura algunos pasajes del fallo emitido por la Corte Suprema nacional en la causa "Lucca de Hoz"; así como de pronunciamientos emitidos por el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y otros tribunales de justicia, donde se resolvió la cuestión relativa a la aplicabilidad de la ley 26.773 en el sentido que propugna. También identifica vulnerada la doctrina de esta Corte emanada -entre otros- del precedente L. 108.699, "Kluppel Melo" (sent. de 20-VIII-2014), en el que se estableció que el accionante sólo tenía derecho a percibir las prestaciones contempladas por la Ley de Riesgos del Trabajo vigente al momento en que se produjo el evento dañoso.
En definitiva, manifiesta que el importe de la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva ha sido determinado en base a parámetros establecidos en una normativa que no se encontraba vigente al momento de los hechos aquí debatidos, debiéndose en consecuencia calcular el resarcimiento conforme las pautas que brinda la ley 24.557 con las modificaciones que a dicho cuerpo legal introdujo el decreto 1.278/00.
Considera injustificada la declaración inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, toda vez que -afirma- no se ha logrado demostrar en autos que resulte irrazonable, o bien, que se encuentre en pugna con los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución nacional.
A ello agrega, que en la especie no se vulneró el principio de progresividad, habida cuenta que el precepto en cuestión establece mejoras para las contingencias futuras, es decir, posteriores a la entrada en vigencia de la ley 26.773, sin que restrinja o disminuya derecho alguno amparado constitucionalmente.
Por otra parte, se agravia del modo en que el tribunal cuantificó la prestación dineraria reconocida en la sentencia. Ello, sostiene, en tanto dicho órgano jurisdiccional aplicó dos veces el índice RIPTE y, por ende, duplicó la reparación que le correspondería percibir al trabajador.
Argumenta que de conformidad con lo prescripto por el decreto 472/14 sólo corresponde actualizar los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo y las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4 de la misma ley; resultando por ende equívoca y arbitraria la decisión del a quo de multiplicar, primero, el porcentaje de incapacidad por el monto estipulado en la resolución general de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16, para luego, aplicar sobre el importe obtenido -que ya se encuentra actualizado- el mencionado índice RIPTE.
Por último, y para el supuesto de que se declare procedente el agravio vinculado a la errónea aplicación de la ley 26.773, indica que tal decisión no puede conducir al equívoco de atribuir responsabilidad civil objetiva a su parte en los términos del art. 1.113 del Código Civil, toda vez que, afirma, Swiss Medical ART S.A. no reviste el carácter de dueña o guardiana de la cosa productora del daño y por lo tanto no es sujeto pasivo de la obligación.
Añade que su actuación se encuentra limitada al otorgamiento de las prestaciones previstas en el régimen especial de la ley 24.557 y que sólo la demostración -no verificada en el caso- de omisiones respecto de sus deberes de prevención y control que dicha ley le impone puede generar responsabilidad civil extracontractual, ello siempre en la medida que exista adecuado nexo causal entre tales incumplimientos y el perjuicio ocasionado, lo que tampoco acontece en autos.
Peticiona además que, de juzgarse procedente la acción civil intentada por el actor, ésta se haga extensiva al empleador codemandado en función de la responsabilidad concurrente que por derecho le pudiere corresponder.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Antes de entrar en lo medular de la cuestión que nos reúne, quiero detenerme en el señalamiento de otros tópicos que, aunque no afecten seriamente la validez del pronunciamiento, deben ser observados.
Quien ejerce la Secretaría del tribunal no ha rubricado ni el veredicto ni la sentencia (v. fs. 1.007/1.011 vta. y fs. 1.013/1.030 vta.) limitándose a suscribir una certificación sobre la circulación de la causa entre sus miembros (v. fs. 1.012), la constancia de registro respectiva (v. fs. 1.030 vta.) y la liquidación de fs. 1.031. En virtud de ello, no se sabe quién redactó las actas de los respectivos acuerdos, ni hay quien dé fe de los votos que allí se volcaron.
Por otra parte, el acta del veredicto dictado (obrante a fs. 1.007/1.011 vta.) carece de lugar y fecha, datos que han sido reemplazados por un genérico y vago "Acto seguido..." Esto provoca algunas dudas, que pueden resumirse en dos preguntas: la primera ¿cuál es el acto previo?; la segunda, ¿cómo podría verificarse -en caso de que surgiera la duda- el cumplimiento de lo normado por el art. 44 inc. "e" de la ley 11.653?
Si bien tales defectos, juzgados de manera generosa, pueden no ser más que una falla en las formas que no necesariamente conducen a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pueden pasar inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que ha de propenderse.
Es más: el uso de términos que no existen en el idioma castellano (" aditir " o " aditar ", o sus conjugaciones, no pertenecen a nuestra lengua), unido al inútil resaltado de párrafos enteros, nos colocan peligrosamente cerca de una situación similar al caso "Orgeira" (Fallo: 315:856), donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló una sentencia con parecidos defectos, por considerar que conspiraba contra una clara comprensión de sus argumentos y no lograba fundar mínimamente la resolución.
III.2. Ingresando al tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, habré de señalar que estimo fundada la disconformidad que exhibe el agraviado contra lo resuelto por el tribunal de origen en tanto cuantificó la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
III.2.a. En primer lugar, debe revocarse la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia.
III.2.a.i. En el pronunciamiento de grado, so pretexto de contradecir ciertos preceptos de la Constitución nacional, se margina del caso la operatividad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, declarándose su invalidez material. Ello pretende encontrar fundamento en que la nueva ley es aplicable de conformidad con lo previsto en los arts. 3 del Código Civil y 7 del Código Civil y Comercial vigente, por sobre las normas especiales que contiene el régimen de infortunios laborales.
Al respecto, debe recordarse que, según doctrina de esta Corte, la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos:
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.