Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73672
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y 289 in fine , CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 13 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri, Genoud, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 73.672, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Cooperativa Obrera Ltda. Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata revocó la sentencia dictada por el juez de primera instancia, acogió la excepción de inhabilidad de título deducida y rechazó la ejecución intentada (v. fs. 989/997).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.000/1.008), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 1.110).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 1.118) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal a quo revocó el fallo de grado, acogió la excepción de inhabilidad de título opuesta por la demandada y rechazó la ejecución promovida.
Para así decidir, aseguró que, aun en el reducido ámbito del apremio, la excepción de inhabilidad de título puede encontrar andamiaje cuando se alega la inexistencia de deuda y ella surge en forma palmaria de la prueba rendida, sin desnaturalizar el acotado marco cognitivo propio de este particular proceso.
Sostuvo que tal es el caso de la deuda reclamada con relación al anticipo 10/04, plasmada en el título ejecutivo 482.870, ya que para calcularla se habría tomado en cuenta una declaración jurada presentada por la contribuyente, sin advertir que a través de la disposición determinativa 2.008/10, dictada antes del inicio de esta ejecución, el propio Fisco comprobó que la cooperativa demandada no adeudaba suma alguna en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos por el período indicado y de hecho contaba con un saldo a favor.
Observó asimismo que la deuda correspondiente a los períodos 9/2006 a 12/2009, detallada en los títulos ejecutivos 482.870 a 482.873, fue liquidada en el marco del expediente administrativo 2360-0138021/2009 el 26 de marzo de 2010, con pretendido sustento en declaraciones juradas presentadas por la contribuyente, pero entendió que la discordancia entre aquéllos y éstas, advertida tras cotejar los formularios y comprobantes aportados con la contestación de demanda (sobre cuya autenticidad interpretó que no media controversia, fuera de que -indicó- coinciden con la consulta realizada por la propia administración el 25 de marzo de 2010), justifican el rechazo de la acción.
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la Fiscalía de Estado denuncia violación de la normativa tributaria local y de la doctrina legal de esta Corte. Acusa asimismo absurdo en la valoración de la prueba.
Aduce que el fallo atacado omitió aplicar el art. 9 inc. "c" de la ley 13.406, en tanto establece que la excepción de inhabilidad de título debe basarse en las formas extrínsecas de éste y que sólo excepcionalmente, cuando de la prueba acompañada surgiera en forma palmaria la inexistencia de deuda, podría válidamente declararse viable tal defensa.
Afirma que el pronunciamiento ingresó en la evaluación de elementos intrínsecos de los títulos ejecutivos al analizar cuestiones técnicas contables que no deberían haber incidido en la resolución del pleito. Destaca que los propios magistrados votantes reconocieron haber efectuado un "detenido estudio" del título 482.870 y que realizaron además un profundo examen de la disposición determinativa 2.008/10, aunque -a su entender- omitieron ponderar que ésta no sólo fijó saldos a favor de la contribuyente, sino también diferencias en su contra.
Plantea que la Cámara erró al olvidar que en todo caso es la ejecutada quien debe solicitar la compensación de saldos y al señalar que los títulos ejecutivos fueron emitidos en los términos del art. 95 inc. "c" del Código Fiscal, es decir sobre la base de declaraciones juradas, pues admite que la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) utiliza los formularios elaborados por los contribuyentes, pero expresa que en el caso procedió a su verificación y ordenó su rectificación, lo que habría sido cumplido y abonado por la Cooperativa Obrera con posterioridad al inicio del juicio. Asevera que -a su entender- ello implica el reconocimiento de la deuda reclamada y la validez de los instrumentos base de la ejecución.
Cuestiona que -en su criterio- no se haya tenido en cuenta que la disposición determinativa 2.008/10 fue dictada en el expediente administrativo 2306-0205724/2006, que no es el que dio origen a los títulos objeto del presente apremio. Asimismo, reprocha que no se haya considerado que éste ya se había iniciado al momento de adquirir firmeza aquélla y que de acuerdo con el art. 93 del Código Fiscal (t.o. 2004), los saldos a favor de la contribuyente podrían ser compensados en oportunidad de pagar las diferencias establecidas mediante la disposición nombrada, tal como ésta misma lo indicaba.
Alega en su favor el interés público local comprometido en la adecuada percepción de la renta y la gravedad institucional inherente a tal problemática, con cita de lo expuesto por esta Corte en la causa Ac. 58.937, sentencia de 31-III-1998.
Por último, solicita que, para el caso de rechazarse el recurso, las costas sean impuestas en el orden causado, en atención a los argumentos vertidos sobre la cuestión de fondo y a que -según lo puntualiza- la sentencia impugnada hace referencia a un cambio jurisprudencial.
III. El recurso no prospera.
III.1. Por un lado, la Fiscalía de Estado denuncia violación del art. 9 inc. "c" de la ley 13.406, norma conforme la cual la excepción de inhabilidad de título planteada en el marco de un proceso de apremio "deberá fundarse únicamente sobre las formas extrínsecas" del instrumento base de la ejecución y "en ningún caso los jueces admitirán [...] controversias sobre el origen del crédito ejecutado o legitimidad de la causa". A la par de lo expuesto, sin embargo, la impugnante admite que excepcionalmente dicha defensa puede declararse viable, cuando de la prueba acompañada se desprenda la manifiesta inexistencia de la deuda reclamada.
Planteados en tales términos, los argumentos esgrimidos remiten en lo esencial a típicas cuestiones de hecho, ya que a través de ellos no se controvierte la posibilidad excepcional de revisar en este tipo de juicios ciertos aspectos relacionados con la causa de la obligación ejecutada, sino que lo que en concreto se ataca es la afirmación de la Cámara según la cual la deuda objeto de autos resulta manifiestamente inexistente (conf. causa C. 97.516, "Municipalidad de Malvinas Argentinas contra OPESSA", sent. de 12-X-2011, donde voté en minoría por estimar que allí el Tribunal de Alzada había ingresado en el análisis de la legitimidad del tributo perseguido sin predicar la manifiesta inexistencia de la deuda, en tanto había realizado una evaluación de la metodología utilizada por la administración, censurando que ésta practicara una nueva liquidación frente a supuestos errores de la anterior que le eran atribuibles, circunstancias que no se replican en el presente).
Ahora bien, como es sabido, la fijación de los hechos y la valoración de la prueba son cuestiones propias de los jueces de mérito y, por regla, se hallan exentas del control por vía del recurso extraordinario, salvo que se invoque y se demuestre el absurdo (conf. causas A. 69.592, sent. de 6-V-2009; A. 70.932, sent. de 4-V-2016 y A. 72.731, sent. de 16-VIII-2017; e.o.).
En tal sentido, cabe recordar que el mentado vicio denota un error grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica, en violación de las normas procesales aplicables, de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico formal e insostenible en la discriminación axiológica (conf. causas A. 69.017, sent. de 3-VI-2009; C. 105.234, sent. de 17-II-2010; A. 70.717, sent. de 14-VI-2010 y A. 72.638, sent. de 20-IX-2017).
En la especie, la Cámara interviniente ha entendido -en lo medular- que la deuda reclamada resulta manifiestamente inexistente por derivar de declaraciones juradas que, en el caso del anticipo 10/2004, habrían sido dejadas sin efecto mediante la disposición determinativa 2.008/10 con anterioridad a la promoción de esta acción y que los valores de aquellas resultarían, en lo relativo a los anticipos 9/2006 a 12/2009, completamente discordantes con las presentadas y canceladas por la contribuyente antes de la emisión de los títulos ejecutivos correspondientes. Para arribar a tales conclusiones, el tribunal ha examinado y cotejado la prueba acompañada a estas actuaciones.
Frente a ello, la recurrente se limita, en lo que aquí interesa, a cuestionar genéricamente la profundidad del análisis llevado a cabo, a invocar un supuesto reconocimiento que ni siquiera detalla y a resaltar determinadas características de la disposición 2.008/10 (que fue dictada en el marco de un expediente administrativo diferente, que pese a haber sido emitida antes adquirió firmeza luego de iniciado este apremio y que además de saldos a favor en ciertos períodos determinó diferencias en contra de la contribuyente), lo que de por sí no alcanza para tener por acreditado el absurdo alegado.
Es que no cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, etcétera, alcanzan para configurar el absurdo, sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, para que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a que se ha arribado (conf. causa A. 72.155, "Leguizamón", sent. de 19-X-2016).
Para que la Corte pueda revisar las cuestiones de hecho no basta con denunciar absurdo y exponer paralelamente la propia versión e interpretación de ellos, como hace el impugnante, sino que es preciso demostrar con contundencia que las conclusiones cuestionadas son producto de una apreciación incoherente, irracional de aquéllos (conf. causas Ac. 77.510, sent. de 28-V-2003; Ac. 84.317, sent. de 12-II-2004; Ac. 92.270, sent. de 9-XI-2005; Ac. 88.941, sent. de 15-III-2006; Ac. 95.221, sent. de 11-IV-2007 y A. 71.933, sent. de 11-III-2015), lo que en autos no se ha conseguido.
III.2. En cuanto a la supuesta violación o errónea aplicación de lo dispuesto por los arts. 93 y 95 inc. "c" del Código Fiscal (t.o. 2004), cabe recordar que una de las notas características de la instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación (conf. causas Ac. 88.916, sent. de 14-IX-2005; Ac. 86.835, sent. de 9-VIII-2006; C. 97.720, sent. de 12-XI-2008; A. 72.611, sent. de 22-X-2014 y A. 73.329, sent. de 21-XII-2016; e.o.).
En particular, el cumplimiento de los recaudos que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial supone que el recurrente no sólo indique con claridad las normas legales infringidas, sino que además debe hacerlo circunstanciadamente, esto es, debe precisar en qué consiste la violación contra la que se alza o por qué motivo las considera erróneamente aplicadas (conf. causas A. 68.138, sent. de 23-XI-2005; A. 68.934, sent. de 3-IX-2008; A. 70.286, sent. de 17-VIII-2011 y A. 73.272, sent. de 9-VIII-2017; e.o.).
Esto sella la suerte adversa de las críticas referidas, pues en modo alguno puede entenderse que la confusa explicación sobre el procedimiento previo a la emisión del título ejecutivo o las contradictorias manifestaciones en torno a la compensación de deudas satisfacen la carga de explicar de qué manera el pronunciamiento atacado habría vulnerado las disposiciones legales invocadas.
III.3. La misma solución habrá de propiciarse en torno a la denuncia sobre la configuración de un supuesto de gravedad institucional, presuntamente relacionado con el interés público comprometido en la adecuada percepción de la renta provincial.
Aquella excepcional doctrina -acuñada pretorianamente por el Máximo Tribunal federal-, en caso de concurrir, sólo faculta a la Corte para prescindir de ciertos extremos formales al momento de analizar la admisibilidad de los remedios extraordinarios. En el sub examine la recurrente omite explicar de qué modo se relaciona esa singular construcción con las cuestiones jurídicas debatidas en esta instancia (doctr. causas Ac. 90.299, resol. de 31-III-2004; C. 91.083, sent. de 13-VIII-2008 y C. 109.494, sent. de 26-VI-2013; e.o.).
No altera el criterio adoptado el hecho de que, en la causa Ac. 58.937, sentencia de 31-III-1998, citada por la impugnante en su escrito, esta Corte haya reconocido "el interés público comprometido en la percepción de los recursos fiscales".
Además de lo ya expuesto, al respecto merece señalarse que no basta con la mera individualización del precedente y la trascripción de un sumario para sustentar la denuncia de violación de la doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, sino que deben indicarse los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que se pretende aplicar y la similitud con las circunstancias fácticas y jurídicas de la causa (conf. causa A. 72.789, "Masiriz", sent. de 29-VIII-2017).
Por otra parte, este Tribunal ha expresado que resulta inapropiada la cita de doctrina legal cuando difieren las circunstancias de la causa con las del precedente invocado (conf. Ac. 84.617, sent. de 5-V-2004 y A. 68.808, sent. de 20-VI-2007) y que no puede alegarse la violación de aquella doctrina elaborada sobre la base de hechos distintos a los verificados en el caso que se invoca (conf. Ac. 67.537, sent. de 21-X-1997; Ac. 86.830, sent. de 24-III-2004; Ac. 94.644, sent. de 12-VII-2006 y A. 71.254, sent. de 4-XI-2015), como de la mera lectura del fallo invocado surge que ocurre en la especie.
III.4. Finalmente, cuadra puntualizar que, pese a lo alegado por la Fiscalía de Estado, en autos no se aprecia la concurrencia de cambio jurisprudencial ni circunstancia alguna que autorice a apartarse, en materia de costas, del principio objetivo de la derrota.
IV. Por los fundamentos desarrollados, el recurso interpuesto debe ser rechazado (conf. arts. 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (conf. art. 25, ley 13.406; y 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Adhiero al voto del doctor de Lázzari.
En lo que respecta al precedente citado por mi colega en el segundo párrafo del punto III.1. de su voto, sólo observo que en esa sentencia acompañé a la mayoría que propició el rechazo del recurso de la ejecutante.
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Esencialmente, en autos, el tribunal de anterior intervención consideró que bajo el rótulo "inhabilidad de título" la apremiada puede excepcionarse del requerimiento, alegando la inexistencia de la deuda reclamada, cuando su acreditación surgiese de la prueba rendida en la causa. Además, señaló que tal situación no desnaturalizaba el estrecho margen que le es propio a este tipo de procesos.
Por su parte, el Fisco provincial denunció que tal circunstancia no se había patentizado, mas omitió aportar elementos suficientes debido a los cuales sostenía su posición. Tampoco desarrolló argumentos en tal sentido.
En dicha tesis, comparto los fundamentos expuestos por el señor Juez doctor de Lázzari en la medida en que destaca que la impugnación remite a una típica cuestión de hecho -irrevisable en principio en esta instancia-, dado que se pone en jaque la afirmación del Tribunal de Alzada según la cual la deuda objeto de autos resulta manifiestamente inexistente.
II. Siendo ello suficiente para despachar de forma adversa la impugnación deducida, me pliego a las consideraciones que formula el ponente en los puntos III.2. y III.3. de su exposición.
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Acompaño la decisión de los colegas que me preceden en cuanto señalan la insuficiencia de la impugnación articulada por el Fisco.
I. La Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata señaló que aun en el proceso de apremio la excepción de inhabilidad de título "puede encontrar andamiaje, cuando alegándose la inexistencia de una deuda -total o parcial- ella surja palmaria de la prueba rendida, sin desnaturalizar el acotado marco cognitivo propio de este particular proceso" (v. fs. 992 vta., punto "a").
El recurrente reconoce válida tal premisa, pero se limita a decir que "ese [en referencia al sub lite ] supuesto claramente no es el caso" (fs. 1.004); sin acreditar a lo largo de su protesta los motivos por los cuales el caso no encuadraría en el marco de excepción al que hizo referencia la Cámara.
El recurrente no logra demostrar -al no desarrollar argumentos en este sentido- que la Cámara ingresa indebidamente al análisis de cuestiones vedadas en el estrecho marco cognoscitivo del apremio.
II. Sentado ello y tal como lo destaca el ponente a partir del tercer párrafo del punto III.1. de su voto, al que adhiero, la fijación de los hechos y la apreciación de la prueba son cuestiones privativas de los tribunales inferiores, sólo revisables mediante absurdo, el que no ha sido acreditado en el caso.
También habré de acompañar al doctor de Lázzari en cuanto como bien lo indica en los puntos III.2. y III.3. de su voto, no se cumple con los requisitos previstos en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
III. Por los motivos señalados, voto por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia