Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 71437
En la ciudad de La Plata, a 20 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, Negri, de Lázzari, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 71.437, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Tío Juan S.R.L. Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y -en consecuencia- acogió la excepción de prescripción esgrimida por los coejecutados Miguel Ángel Tiribelli y María del Carmen Hormigo respecto de los períodos fiscales 6/93, 6/94, 6/95, 1 a 3 y 7 a 12 de 1996, 1 a 12 de 1997 y 1 a 3 de 1998 (v. fs. 149/159).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 164/178), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 189).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 194) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa destacar, el tribunal a quo acogió la excepción de prescripción interpuesta por los codemandados Miguel Ángel Tiribelli y María del Carmen Hormigo respecto de los créditos en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos correspondientes a los períodos fiscales 6/93, 6/94, 6/95, 1 a 3 y 7 a 12 de 1996, 1 a 12 de 1997 y 1 a 3 de 1998.
Para así decidir, comenzó por señalar que -a su entender- el mérito de la defensa esgrimida debía juzgarse de acuerdo con lo dispuesto sobre el instituto mencionado por el entonces vigente Código Civil, en virtud de las razones brindadas por la Corte nacional in re "Filcrosa" (Fallos: 326:3899) y por este Tribunal en la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta", sentencia de 30-V-2007, entre otras.
Recordó que mediante el presente juicio de apremio el Fisco provincial reclama el pago del impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a los períodos 6/93, 6/94, 6/95, 1 a 3 y 7 a 12 de 1996, 1 a 12 de 1997 y 1 a 12 de 1998, así como también las respectivas multas por incumplimiento.
Tras comparar lo dispuesto por los arts. 3.956 del Código Civil y 133 del Código Fiscal (t.o. 2004), declaró inconstitucional este último precepto, en el entendimiento de que por esa vía el legislador provincial amplió indebidamente -mediante la fijación del inicio del cómputo- el plazo prescriptivo de cada ejercicio al menos en un año. A idéntica conclusión arribó con relación a la norma del Código Fiscal que regula el inicio del plazo de prescripción de los anticipos del impuesto sobre los ingresos brutos; destacó que éstos son exigibles individualmente al mes siguiente de su vencimiento (conf. art. 183, Cód. Fiscal -t.o. 2004-) y consideró por ende que desde entonces debe correr su cómputo (arg. art. 3.956, Cód. Civ.).
Con respecto a la intimación administrativa de pago contenida en la resolución determinativa (notificada aquí el 23 de diciembre de 1999), observó que el art. 135 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2004) le otorga efectos suspensivos de la prescripción por el plazo de un año, término idéntico al establecido para la constitución en mora por el art. 3.986 segundo párrafo del Código Civil. Apuntó que la diferencia entre ambos preceptos estriba en que el primero dispone que cuando mediare recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, la suspensión en cuestión se prolonga hasta noventa días después de notificada la resolución definitiva de dicho órgano, pero entendió que tal previsión normativa no resulta aplicable en la especie porque ni el señor Miguel Ángel Tiribelli ni la señora María del Carmen Hormigo dedujeron ese remedio administrativo.
A la luz de los lineamientos sentados, realizó los cómputos pertinentes y concluyó que sólo se encuentran prescriptos los créditos en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos correspondientes a los períodos antes individualizados (6/93, 6/94, 6/95, 1 a 3 y 7 a 12 de 1996, 1 a 12 de 1997 y 1 a 3 de 1998).
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la Fiscalía de Estado plantea que la sentencia atacada desconoce los poderes reservados de la Provincia de Buenos Aires (art. 121, Const. nac.) y denuncia violación del derecho de propiedad (art. 17, Const. nac.), del principio de igualdad (art. 16, Const. nac.) y del art. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004). Acusa asimismo absurdo.
Afirma que el tribunal de grado no consideró las características propias del impuesto a los ingresos brutos, en especial su anualidad. Precisa que el gravamen mentado es de carácter anual y de ejercicio, razón por la cual los hechos imponibles a considerar se configuran hasta el 31 de diciembre de cada año, pero -sostiene- es la oportunidad de presentar la declaración jurada anual la que torna exigible el impuesto y el cómputo del plazo prescriptivo siempre está dado por el inicio del ejercicio siguiente a ese momento. Advierte que el sistema legal tributario establece parámetros uniformes para determinar el comienzo del plazo señalado como solución recaudatoria frente a este tipo de obligaciones de masa.
Apunta que -en su criterio- no hay colisión entre la forma en que el Código Fiscal regula el inicio del cómputo del plazo de prescripción y el art. 3.956 del Código Civil. Argumenta asimismo que el art. 57 de la ley nacional 11.683 regula en forma similar al art. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004) el modo de cómputo del plazo de prescripción.
Asegura no desconocer los precedentes jurisprudenciales invocados por el Tribunal de Alzada, pero defiende las potestades legislativas de la Provincia de Buenos Aires para regular de modo independiente los plazos de prescripción tributaria. En su apoyo, cita las causas Ac. 81.520, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Incidente de revisión en: El Rincón de Torres s/ Concurso", sentencia de 5-XI-2003 y C. 99.854, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Haras San Pablo Club de Campo S.A.", sentencia de 7-X-2009, entre otras.
Destaca la importancia que el ejercicio de tal atribución reviste, por encontrarse en juego la obtención de recursos económicos a los fines del desenvolvimiento del Estado provincial, garantía de la potestad de darse las propias instituciones y regirse por ellas (conf. art. 122, Const. nac.).
Agrega que las normas pertinentes del Código Civil corresponden al derecho privado y que por ello no se adaptan -en su visión- a la relación tributaria, dada la pertenencia de ésta al derecho público tributario local, esencia de nuestro sistema federal de organización nacional.
En otro orden, tacha de absurdo el razonamiento según el cual la falta de recursos interpuestos por los aquí ejecutados contra la resolución determinativa impide aplicarles lo dispuesto por el art. 135 inc. "a" in fine del Código Fiscal. Contrariamente, sostiene que en su oportunidad se dedujo recurso de apelación y que de hecho éste fue resuelto por el Tribunal Fiscal.
Sobre la base de los lineamientos sentados, practica el cómputo de las obligaciones discutidas y concluye que no se encuentran prescriptas.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tal como lo pusiera de manifiesto en mi voto en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, cuyos lineamientos reproduciré a continuación por tratarse de casos análogos, una de las cuestiones estructurales a dilucidar -bien entendida- queda circunscripta a la conclusión por la cual el a quo declaró la inconstitucionalidad del art. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004; conc. art. 159, t.o. 2011).
Entendió el Tribunal de Alzada que la norma, al establecer el inicio del cómputo de la prescripción, fijaba una forma no contemplada por el Código Civil. Ello por cuanto consideró que los fundamentos expresados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Filcrosa S.A. s/ Quiebra -Incidente de Verificación de Municipalidad de Avellaneda-", sentencia de 30-IX-2003, se aplicaban en todo lo relativo al instituto de la prescripción, como una forma de extinción de las obligaciones (conf. nota al art. 724 y art. 3.947 y sigs., Cód. Civ.).
III.2. En oportunidad de examinar situaciones similares, en la causa C. 99.094, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Fadra S.R.L.", sentencia de 14-VII-2010, expresé que tal razonamiento resultaba adecuado en tanto se infraccionara la manda del art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional y que -a la vez- constituía una derivación razonable del recordado precedente de la Corte federal.
Conjuntamente a los pensamientos allí vertidos, analicé que la legislación tributaria local definía que el cómputo de la prescripción comenzaría a computarse desde el 1 de enero siguiente a la fecha de vencimiento de la obligación. En otras palabras, es válido aseverar que los plazos fijados por el Código Civil se ampliarían en tantos meses como deban transcurrir entre la mora y el 1 de enero siguiente. A ello se enfrenta que el art. 3.956 del Código Civil establecía por inicio del plazo la fecha del título de la obligación -para deudas puras y simples-.
Resultaba claro, en aquel entonces, que el citado precedente de la Corte Suprema nacional censuraba las potestades provinciales para diseñar plazos prescriptivos por fuera de la legislación fondal.
También lo fue que ese mismo Superior Tribunal, el 1 de noviembre de 2011 dictó sentencia en la causa "Fisco de la Provincia contra Ullate, Alicia Inés sobre Ejecutivo", en el cual extendió la descalificación a la posibilidad provincial de modificar el cómputo prescriptivo de la obligación, por remisión al dictamen de la señora Procuradora Fiscal.
En efecto, allí se señaló que "...el punto en litigio se circunscribe a dilucidar si el código tributario local puede disponer un momento distinto para el inicio del cómputo del plazo de prescripción que el previsto por el legislador nacional de manera uniforme para toda la República, que se halla regulado en el art. 3.956 del Código Civil. En mi criterio esta cuestión es sustancialmente análoga a la ya resuelta por V.E. en Fallos: 326:3899, doctrina reiterada en Fallos: 327:3187; 322:616; 332:2108; 332:2250 y en las causas M.376, L.XXXVII, 'Municipalidad de Resistencia c/ Biolchi, Rodolfo Eduardo y Biolchi, Luis Ángel s/ ejecución fiscal', sentencia de 8 de septiembre de 2009 y en F. 358, L. XLV, 'Fisco de la Provincia de Buenos Aires - Incidente de verificación de crédito en Corralón Sánchez Elía SRL- quiebra', sentencia del 28 de septiembre de 2010; y dictamen de la suscripta in re : P.154, L. XLV, 'Provincia del Chaco c/ Rivera, Rodolfo Aníbal s/ Apremio', del 10 de febrero del corriente año, entre otros, a cuyos fundamentos me remito en cuanto fueren aplicables a esta causa. En efecto, de la ratio decidendi de tales fallos se colige que si las provincias no tienen competencia en materia de prescripción para apartarse de los plazos estipulados por el Congreso nacional, tampoco la tendrían para modificar la forma en que éste fijó su cómputo".
Tales precisiones robustecieron el criterio adoptado en la causa C. 99.094, "Fadra", ya citada, y condujeron a sostener dicha doctrina al sentenciar la causa A. 69.899, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Hijos de Juan Carlos Pérez y otro sobre Apremio", sentencia de 26-XII-2012.
En definitiva, si las provincias no tenían competencia en materia de prescripción para apartarse de los plazos estipulados por el Congreso nacional, tampoco la tendrían para modificar la forma en que éste fijó su cómputo.
III.3. Ahora bien, la ley 26.994 señaló en el art. 2.532 que "En ausencia de disposiciones específicas, las normas de ese cuerpo legal son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos".
Se impone entonces analizar las consecuencias que proyecta el cambio de legislación sobre la mentada doctrina de la causa "Filcrosa" y sobre la adoptada por esta Corte en la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, a partir de la cual se siguió la orientación fijada en el aludido precedente del Máximo Tribunal federal.
En una aproximación inmediata, parece contundente que el legislador nacional cedió al ámbito provincial la posibilidad de regular acerca del tiempo de extinción de las obligaciones en materia impositiva.
De allí en más, ya no es dable predicar la doctrina mencionada sin cortapisas.
III.4. El estadio siguiente de investigación propone interpretar lo que la Corte Suprema nacional ha entendido para despachar que la posibilidad provincial de legislar sobre la materia colisionaba con el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional.
Tal contexto demuestra contornos metodológicos inespecíficos, pues los sistemas técnicos-jurídicos de razonamiento se refieren principalmente al examen y dilucidación del derecho y sus normas.
Sin embargo, considero válido abordar el tópico a partir de la evisceración de los elementos axiológicos que sirvieron al Tribunal federal para construir la decisión en tratamiento.
En efecto, la causa "Filcrosa", fallada el 30 de septiembre de 2003, permite identificar distintas pautas de provecho para enriquecer la decisión a la que finalmente se arribará.
Allí se predicó con criterio general y desprendiéndose del solo aspecto del plazo, que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho, por lo que, en ejercicio de la habilitación conferida al legislador nacional por el citado art. 75 inc. 12, éste no sólo fijaría los plazos correspondientes a las diversas hipótesis en particular, sino que, dentro de ese marco, establecería también un régimen destinado a comprender la generalidad de las acciones susceptibles de extinguirse por esa vía (cons. sexto).
Asimismo se agregó como pauta informadora que del texto expreso del citado art. 75 inc. 12 de la Constitución derivaba la implícita pero inequívoca limitación provincial de regular la prescripción y los demás aspectos que se vinculaban con la extinción de las acciones destinadas a hacer efectivos los derechos generados por las obligaciones de cualquier naturaleza. Y ello pues, aun cuando los poderes de las provincias eran originarios e indefinidos y los delegados a la Nación definidos y expresos (Fallos: 320:619; e.o.), era claro que la facultad del Congreso nacional de dictar los códigos de fondo, comprendía la de establecer las formalidades que fuesen necesarias para concretar los derechos que reglamentaba, y, entre ellas, la de legislar de manera uniforme sobre los aludidos modos de extinción (Fallos: 320:1344; v. 326:3899, cons. décimo segundo).
Concluyó la Corte Suprema que esa solución respetaba las previsiones del art. 31 de la Constitución nacional, que imponía a las provincias, en ejercicio de su poder no delegado, adecuarse a las normas dictadas por el Congreso en ejecución de aquellos que sí lo habían sido. Y era claramente más valiosa desde un punto de vista práctico, pues, además de reflejar el propósito de los constituyentes de contribuir a la creación de aquellos lazos de unidad entre las provincias y sus integrantes necesarios para fundar la República, evitaba los peligrosínsitos en la dispersión de soluciones concernientes a institutos generales, que quedarían librados -pese a tal generalidad- al criterio particular de cada legislatura local (cons. décimo sexto).
Los extremos señalados son consistentes, además, con la línea jurisprudencial que la Corte federal ha desarrollado desde el caso "Tomasa de Vélez Sarsfield contra Consejo de Educación de la Provincia de Buenos Aires", fallada en 1882 (Fallos: 23:647; 175:300; 176:115; 193:157; 203:274; 284:319; 285:209 y 320:1344).
De lo llevado hasta aquí, no encuentro en la jurisprudencia reseñada ningún argumento que permita definir la atribución local para avanzar en los aspectos vinculados a la prescripción tributaria en situaciones como las que se presentan en este caso, al margen de su plazo.
III.5. En procura de dilucidar dicho interrogante, las palabras que integran el nuevo texto legal parecerían limitar la habilitación al solo diseño de los plazos de extinción.
Ello atento a que el primer método de interpretación al que debe acudir el juez es el literal, conforme al cual debe atenderse a las palabras de la ley. En efecto, la primera fuente de la ley es su letra y cuando ésta no exige esfuerzos de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso contempladas por la norma, y ello es así pues no cabe apartarse del principio primario de sujeción de los jueces a la ley, ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones no admitidas por ésta, pues de hacerlo podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivaliese a prescindir de su texto (Fallos: 313:1007).
Si bien la sujeción estricta a las palabras contenidas en el art. 2.532 del Código Civil y Comercial, podrían ser suficientes para dirimir la cuestión, considero que debe añadirse una reflexión derivada de los pensamientos que la señora Jueza doctora Argibay expusiera en ocasión de la causa "Casa Casmma SRL sobre Concurso Preventivo sobre Incidente de Verificación Tardía promovido por Municipalidad de la Matanza", sentencia de 26-III-2009.
Allí la citada magistrada señaló que "Con relación a este aspecto, entiendo oportuno señalar que la línea de decisiones que viene siguiendo el tribunal a partir del caso 'Filcrosa' no ha merecido respuesta alguna del Congreso nacional, en el que están representados los estados provinciales y cuenta con la posibilidad de introducir precisiones en los textos legislativos para derribar así las interpretaciones judiciales de las leyes, si de alguna manera se hubiera otorgado a éstas un significado erróneo. Tal circunstancia confiere plausibilidad a la interpretación de la legislación nacional que sirvió de fundamento a la decisión adoptada en dicho precedente, pese a las dificultades que encuentro para extraer del Código Civil, a partir de la argumentación utilizada en el fallo, el claro propósito legislativo de limitar el ejercicio de los poderes provinciales en el ámbito de sus materias reservadas".
Dicha pauta hermenéutica resulta de provecho para concluir este análisis.
Más allá de los términos de la norma, debe valorarse que en los fundamentos del anteproyecto de reforma se explicaba que "Con relación a la prescripción liberatoria y específicamente a los plazos de la misma, el Anteproyecto ha seguido la metodología del Código Civil vigente, estableciendo un plazo de prescripción genérico y regulando casos específicos. En todos los casos se ha procurado la actualización de los plazos regulados, intentando la unificación y la reducción en cuanto resulta conveniente y ajustado al valor seguridad jurídica y a la realidad actual".
El texto definitivo de la nueva legislación fue dado en la décimo novena reunión, novena sesión especial -27 y 28 de noviembre de 2013- del 131° período legislativo.
Allí se advierte que: "El dictamen de comisión tiene diez artículos. El artículo 1º plantea la aprobación del Código en su totalidad. Con estos fundamentos vamos a votar el dictamen. Se van a incorporar dos reformas que criteriosamente planteó la senadora por Misiones. Ellas se vinculan con el derecho de las provincias a plan
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.