Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122305
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; y Acordada 1790). Con costas.
ASOCIACION DE EMP.DE LA DIRECC.DE RENTAS C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO SINDICAL.
La Plata, 13 de marzo de 2019.
I. El Tribunal del Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de un amparo sindical deducido por la Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliarias (AERI), contra el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, haciendo lugar a la medida cautelar peticionada, dispuso suspender, respecto de la amparista, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva, los efectos del decreto provincial 243/18 y de la resolución ministerial 273/18 y, en consecuencia, declaró su inaplicabilidad a los importes correspondientes a las cuotas sindicales y demás aportes de la mencionada asociación sindical cuya retención, aclaró, la autoridad administrativa se encuentra legalmente obligada a realizar (v. fs. 45/46).
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado, mediante presentación electrónica, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. copia en formato papel a fs. 63/66), el que denegado por el tribunal laboral, por considerar -en lo esencial- que lo resuelto en materia cautelar no reviste el carácter de definitivo (v. fs. 48/49), motivó la articulación de la presente queja (art. 292, Código Procesal Civil y Comercial; v. fs. 70/74 vta.).
Con apoyo en lo dispuesto por el art. 155 de la Constitución provincial, la representación fiscal sostiene que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado debió ser admitido en razón de que su intervención en el sub lite fue suscitada en tanto se hallan controvertidos intereses del Estado provincial.
En esa línea, alega que el sentenciante de mérito, al suspender la aplicación del régimen único de códigos de descuento creado por el citado decreto 243/18, en cuanto en su art. 11 prevé un límite porcentual respecto del cual aquella retención no puede exceder, afecta la intangibilidad de los salarios de los afiliados a la entidad sindical actora y conculca los derechos y garantías constitucionales y convencionales que identifica. Con cita expresa de doctrina legal que individualiza, invoca gravedad institucional y la configuración de un gravamen de difícil reparación ulterior, que torna lo decidido en materia cautelar -afirma- en un pronunciamiento equiparable a definitivo.
Finalmente plantea, con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2.478), que corresponde la habilitación de la instancia extraordinaria local a fin de revisar el decreto cautelar puesto en entredicho, desde que se encuentra involucrada -argumenta-, de manera directa e inmediata, una cuestión federal.
III. La queja no prospera.
III.1. Al respecto, corresponde señalar que es doctrina reiterada de esta Suprema Corte que, en principio, las decisiones relativas a las medidas cautelares -como la aquí resuelta- no revisten carácter definitivo en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial (cfr. causas L. 113.444 "Santucho", resol. de 10-III-2011; L. 98.352 "Duarte" y L. 98.363 "Muñoz", sents. de 30-XI-2011; L. 116.920 "González Cabrera", resol. de 22-VIII-2012 y L. 119.807 "Bernardi", resol. de 22-VI-2016).
En el caso de marras, en que el tribunal laboral hizo lugar a la medida cautelar de no innovar, ordenando la suspensión de la aplicación del decreto 243/18 y de la resolución ministerial 273/18 citados, respecto de la entidad sindical actora y hasta tanto se resuelva sobre el fondo de la cuestión planteada, por advertir -con el grado de verosimilitud suficiente que requiere aquella suspensión- la concurrencia de una situación de peligro en la demora, no se observan motivos de excepción que justifiquen apartarse de tal criterio.
III.2. Cabe adunar, que en el ámbito del recurso federal y también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no cabe hacer lugar a la invocada existencia de "gravedad institucional" si en tal planteo no se han expuesto circunstancias excepcionales que habiliten su admisibilidad (Fallos: 327:5.826; 323:287 y sus citas; v. también 317:1162; 331:2799; 330:5052) o que demuestren, de manera indudable, su concurrencia (conf. CSJN, Fallos: 303:221).
Finalmente, se impone observar, respecto al argumento introducido por la impugnante a los fines de sortear el valladar formal que emana de las normas provinciales y que generaría la obligación de realizar el control impuesto por el art. 31 de la Constitución nacional de conformidad a los estándares fijados por la Corte federal, que no se advierte prima facie , en este estadio y a tenor de las particularidades expuestas, la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia extraordinaria.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; y Acordada 1790). Con costas.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia