Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121186
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, se revoca la sentencia impugnada con los alcances señalados en el punto III.3. del voto emitido en primer término y, en consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado y renovando -en su caso- los actos procesales que considere pertinentes, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al modo en que se resuelve la cuestión (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 20 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari, Soria, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.186, "Icedream S.R.L. contra Barrios, Matías Gastón. Exclusión de tutela sindical (sumarísimo)".
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la acción de exclusión de tutela sindical promovida, imponiendo las costas al demandado con el beneficio consagrado por los arts. 20 de la Ley de Contrato de Trabajo y 22 de la ley 11.653 (v. fs. 155/160).
Se interpuso, por este último, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 177/187 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la acción de exclusión de la tutela sindical promovida por Icedream S.R.L. contra Matías Gastón Barrios (v. fs. 155/160).
Para así decidir, en lo que interesa, en el veredicto tuvo por acreditado que este último es delegado de los trabajadores camioneros en la empresa demandante, con mandato desde el 11 de octubre de 2016 al 10 de octubre de 2018. Asimismo, con apoyo en la prueba colectada (testimonial, escritura pública obrante a fs. 5/6 y absolución de posiciones), juzgó probadas las circunstancias fácticas invocadas para sustentar la demanda (v. fs. 155 vta./156 vta.).
En la sentencia, con mención de doctrina legal, estableció que en el marco del proceso de desafuero sólo debe resolverse la verosimilitud del planteo sometido a decisión por el principal, sin emitir opinión acerca de la validez legal de la medida a aplicar, ya que -enfatizó- "Dicha decisión no define la suerte o existencia del derecho de fondo a debatirse, pues comprende sólo el primer tramo del procedimiento legalmente instituido para la dilucidación del derecho afectado" (fs. 158 vta.).
Desde esta óptica, consideró que las razones esgrimidas por Icedream S.R.L. para solicitar la exclusión de la garantía sindical respecto de Barrios resultaban verosímiles, por lo que hizo lugar a la acción incoada (v. fs. 159 y vta.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la parte demandada denuncia absurdo y violación de las garantías previstas por los arts. 16 y 18 de la Constitución nacional; asimismo, quebrantada la doctrina legal que cita (v. fs. 177/187).
Alega que la definición de grado contrasta con lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Fate S.A.I.C.I. c/ Ottoboni", sentencia de 20-VIII-2015, donde estableció que debían analizarse todos los hechos y extremos sometidos a juicio, y no simplemente un análisis circunscripto a la verosimilitud del planteo del principal.
En ese orden, denuncia que el sentenciante omitió analizar los elementos necesarios para resolver la contienda, vinculados a la razonabilidad de la "justa causa" invocada por el empleador para extinguir la relación laboral de un trabajador con preferente tutela constitucional.
Manifiesta que en un proceso como el de autos, los derechos y principios constitucionales que al demandado le asisten requieren de una tutela judicial efectiva para no tornar ilusoria su aplicación y primacía. De allí, que no pueda admitirse su vulneración en un fallo que ni siquiera analizó la validez legal de la medida a adoptar por el empleador.
Por ende, concluye, el pronunciamiento de grado debe revocarse, porque la sentencia dictada en el juicio de exclusión de tutela debe ajustarse, para decidir sobre la existencia de justa causa, a la calificación de los hechos probados con respecto a la medida concreta propuesta por el principal, lo que supone la emisión de un juicio de proporcionalidad.
III. El recurso prospera.
III.1. En primer término habré de señalar que hace ya más de veinticinco años que sostuve que la sentencia que declara la exclusión de la garantía sindical del trabajador amparado por los arts. 40, 48 y 50 de la ley 23.551 por sus efectos debe ser equiparada a una sentencia definitiva y por lo tanto recurrible en casación (v. mis votos en minoría en las causas L. 43.894, "Propulsora Siderúrgica S.A.I.C." y L. 44.612, "Antonucci y Bardi S.R.L.", sents. de 6-XI-1990; L. 47.591, "Metalúrgica V.G.S.A.", sent. de 3-XII-1991 y L. 45.736, "El Ternero S.A.", sent. de 30-III-1993).
Expresé en las sentencias más arriba citadas que es mi convicción que no puede dudarse de la trascendencia jurídica y social que por sus efectos reviste la sentencia judicial que dispone la exclusión de la tutela sindical del representante gremial, la que en definitiva se traduce en una autorización al principal para despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo del dirigente sindical. Y no debe perderse de vista que el análisis de este tema debe efectuarse dentro de un panorama amplio porque la protección legal de aquellos se justifica jurídica y políticamente en su carácter de representantes de los trabajadores, convergiendo en el ejercicio de su función los intereses contrapuestos existentes dentro de una comunidad de trabajo (mi voto en L. 47.591, cit.). Así es que celebro el cambio de la doctrina legal de este Tribunal operado a partir de la sentencia dictada en la causa L. 119.423, "Consorcio Edificio Gran Emilia", resolución de 11-V-2016.
III.2. El contexto descripto condujo a que en la causa L. 114.451, "Fate S.A.I.C.I.", sentencia de 20-XII-2017, el doctor de Lázzari propugnara el reexamen de la doctrina legal de esta Suprema Corte en la materia y el consecuente abandono del criterio tradicional que la vieja doctrina conlleva relativo al proceso cautelar o precautorio que sólo admite la verificación de la verosimilitud de los hechos en los que la empleadora sustenta el pedido de exclusión de la tutela sindical, difiriendo a un juicio posterior la discusión acerca de la legitimidad de la medida autorizada.
El replanteo de la doctrina legal propuesto, implica que será el mismo y único proceso sumarísimo a sustanciarse ante el tribunal de trabajo competente donde se dará el debate sobre los hechos alegados y probados que permita al juzgador definir la legitimidad de la pretensión de desafuero en referencia a la medida cuya adopción -precisamente- se pretende. En otras palabras, esa decisión del a quo -en uno u otro sentido- hará cosa juzgada material acerca de la existencia o inexistencia de la justa causa alegada por el empleador.
Y no es obstáculo para que así sea el hecho de que tal pronunciamiento se produzca en el marco de un proceso sumarísimo que, paradojalmente, pudiera pensarse concede menos posibilidades de defensa al trabajador que, por su condición gremial, recibe una protección reforzada de la ley sustancial. No sólo porque, como bien se aclara en la causa L. 114.451, citada, ese trámite -aunque abreviado- garantiza un debate amplio, sino porque esta Corte se ha ocupado de establecer que en este tipo de proceso regulado por los arts. 52 de la ley 23.551 y 496 del Código Procesal Civil y Comercial, la prueba de testigos y posiciones debe producirse en forma oral y en un acto único en la pertinente vista de causa -tal cual lo disponía por entonces el art. 32 del decreto ley 7.718/71- y acto seguido dictarse el veredicto para establecer las bases fácticas sobre las cuales luego pronunciarse conforme a derecho en la sentencia (causa L. 46.996, "Ferretti", sent. de 29-X-1991; e.o.). Doctrina legal ésta que se ha ratificado más recientemente al decirse que por resultar el veredicto uno de los actos procesales sobre los que se estructura el sistema de la ley 11.653, el tribunal de trabajo no puede soslayar su dictado por el sólo hecho de que la causa fundada en el art. 52 de la ley 23.551 deba tramitar bajo las normas del proceso sumarísimo (causas L. 104.645, "Molfesa", sent. de 26-X-2010 y L. 103.311, "Iteva S.A.", sent. de 21-XII-2011).
III.3. En suma, si mi propuesta es compartida, debe hacerse lugar al remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado y revocarse la decisión recurrida en cuanto admitió la acción de exclusión de la tutela sindical -sobre la base del análisis de la verosimilitud de los hechos en los cuales se funda- cuya procedencia deberá juzgarse de conformidad con los lineamientos sobre los que se forja la nueva doctrina legal.
A esos fines, los autos deberán volver al tribunal de origen para que, nuevamente integrado y renovando -en su caso- los actos procesales que estime pertinentes, dicte el pronunciamiento que corresponda.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, revocándose la sentencia impugnada en cuanto el tribunal de grado hizo lugar a la acción de exclusión de la tutela sindical, sobre cuya procedencia deberá pronunciarse -nuevamente- con los alcances indicados en la presente.
Los autos deberán volver a la instancia de origen para que, con nueva integración y renovando -en su caso- los actos procesales que estime pertinentes, el órgano de grado dicte el pronunciamiento que corresponda.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al modo en que se resuelve la cuestión (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Con los alcances indicados, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor Negri, por cuanto se condice con el desarrollo argumental que expuse al votar en primer término en la causa L. 114.451, "Fate S.A.I.C.I." (sent. de 20-XII-2017).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Adhiero a la solución a la que arriba mi distinguido colega doctor Negri de su voto.
En efecto, los argumentos que brindé al emitir mi opinión en las causas L. 119.961, "Guala Closures Argentina SA" (sent. de 4-VII-2018) y L. 114.451, "Fate S.A.I.C.I." (sent. de 20-XII-2017), análogas en sus principales aspectos a la presente y a las que por razones de brevedad remito, me llevan a concluir que el pronunciamiento recurrido debe ser revocado, y que -en consecuencia- la nueva sentencia a dictar por el tribunal de trabajo habrá de resolver la desafectación de la tutela sindical como expedirse sobre la justificación de la medida que el empleador prevé adoptar.
II. Con todo, cabe acoger el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto conforme se resuelve en el apartado final del sufragio inaugural.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Comparto la solución propuesta por el doctor Negri, conforme el criterio que hube de sostener con motivo del pronunciamiento -en adhesión al colega doctor de Lázzari- al votar el precedente L. 114.451, "Fate S.A.I.C.I." (sent. de 20-XII-2017).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, se revoca la sentencia impugnada con los alcances señalados en el punto III.3. del voto emitido en primer término y, en consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado y renovando -en su caso- los actos procesales que considere pertinentes, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al modo en que se resuelve la cuestión (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia