Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120168
En la ciudad de La Plata, a 27 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Negri, de Lázzari, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.168, "Vietta, José María contra El Rápido Argentino Cía. de Microómnibus S.A. y otros. Daños y Perjuicios".
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 464/479 vta.).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 502/512 vta.), habiendo el citado tribunal denegado el primero y concedido el segundo de los mentados recursos (v. fs. 514 y vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente tras declarar la inconstitucionalidad de los arts. 14, 21, 22 y 46 de la ley 24.557, hizo lugar parcialmente a la acción deducida por el señor José María Vietta contra Consolidar ART S.A. a quien condenó a abonar la suma que especificó en concepto de diferencia de indemnización por incapacidad parcial, permanente y definitiva en el marco del régimen especial contenido en la ley 24.557. En cambio, rechazó la acción incoada contra el empleador y la aseguradora de riesgos del trabajo en procura de la reparación integral del daño sufrido por el trabajador (v. sent., fs. 464/479 vta.).
Para así resolver, en lo que aquí interesa por constituir materia de agravio, indicó que el señor José María Vietta se desempeñó como chofer de larga distancia desde el día 6 de julio de 2006, bajo relación de dependencia de la empresa El Rápido Argentino Cía. Microomnibus S.A., quien había celebrado contrato de afiliación con Consolidar ART S.A. (v. primer apdo. del vered., fs. 464 vta. y 465).
Juzgó acreditado que el día 15 de octubre de 2009 el accionante protagonizó un infortunio laboral mientras conducía la unidad 46 por la ruta provincial n° 11 en dirección La Plata-Magdalena, al colisionar la parte trasera de una camioneta que se encontraba detenida en la calzada. Adunó que la Comisión Médica n° 11 -a los fines del Retiro Transitorio por Invalidez- dictaminó que el actor presentaba un porcentaje de invalidez del 66,7%. Específicamente remarcó que la pericia técnica obrante a fs. 391 no aportaba nada respecto de la mecánica del accidente, y que el perito interviniente manifestó que el infortunio se podría haber evitado si el actor hubiera sido capacitado y estuviera atento a las indicaciones del camino (v. segundo apdo. del vered., fs. 465/466 vta.).
Con sustento en la prueba pericial médica y psicológica, consideró que el accionante padece un Desorden Mental Orgánico Postraumático Grado III que lo incapacita en forma parcial, permanente y definitiva en el 61,8% del índice de la total obrera, teniendo las dolencias directa relación causal con el infortunio. Destacó que el perito médico actuante explicó en su dictamen que el actor concurrió acompañado por un familiar "...no ubicado en tiempo y espacio, no colabora con el interrogatorio, presenta actitud inexpresiva, se dispersa, no puede concentrarse, la memoria está descendida, no menciona lo que le ocurrió...", afirmando que el señor Vietta tiene gran dificultad para realizar todo tipo de actividad (v. tercer apdo. del vered., fs. 466 vta./467 vta.).
Por último, indicó que no se encontraba cabalmente probada la mecánica del referido accidente. En ese sentido, remarcó que el actor no acreditó el incumplimiento de los deberes de prevención, diligencia o de contralor para evitar daños en la salud del trabajador imputados a las demandadas y a partir de los cuales les atribuyó responsabilidad en el marco del ordenamiento civil, debiendo -por ende- cargar con las consecuencias de tal omisión. Agregó que conforme las reglas que gobiernan el onus probandi el reclamante -para la procedencia de la acción en el ámbito del Código Civil- debía acreditar no sólo la incapacidad, sino también la existencia de la cosa productora del daño, de la relación entre sus efectos nocivos y la dolencia y/o de la culpa del empleador o dueño o guardián de la cosa (v. segundo y cuarto apdos. del vered., fs. 465/466 vta. y 467 vta./468).
En dicho contexto, en la sentencia consideró como contingencia cubierta dentro del sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo a la minusvalía que porta el demandante. Tras precisar que el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 era la norma aplicable al caso, juzgó inconstitucional el pago en renta establecido en dicho artículo y dispuso que el monto indemnizatorio se efectúe en un pago único (v. sent., fs. 471/473 vta.).
Señaló, luego, que para determinar la indemnización debida al actor debía recurrirse a las pautas establecidas en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, arribando a la suma de $149.276,76 en concepto de prestación dineraria por incapacidad parcial, permanente y definitiva. A continuación, y en tanto el referido quantum superaba el tope legal establecido por la citada norma con la redacción dada por el decreto 1.278/00, declaró -de oficio- la inconstitucionalidad del referido tope tarifario (v. sent., fs. 473 vta./475 vta.).
Con carácter previo a expedirse respecto de la pretendida declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, destacó que si bien del material probatorio incorporado al proceso resultaba suficiente para encuadrar la situación en el ámbito de la Ley de Riesgos del Trabajo, no lo era respecto de los presupuestos fácticos requeridos para la aplicación de la normativa civil. Subrayó que, si bien la parte interesada había argumentado sobre la actividad riesgosa del chofer de micros, no brindó los elementos necesarios que conduzcan a la aplicación de la teoría del riesgo creado. Adunó que tampoco había acreditado los incumplimientos atribuidos a la empleadora y a la aseguradora de riesgos del trabajo en cuanto a las medidas de prevención, contralor y asesoramiento necesarias para evitar el daño a la salud del trabajador (v. sent., fs. 475 vta. y 476).
Respecto de la demanda impetrada en el ámbito del ordenamiento civil contra la empleadora, consideró que debía acogerse la eximente prevista en el art. 1.113 del Código Civil, ya que si bien el actor -por un lado- individualizó como "cosa productora del daño" al micro que conducía el día del infortunio -por el otro- asumió haber colisionado su unidad con una camioneta que se encontraba detenida en la calzada (conf. arts. 375, CPCC; 499, Cód. Civ.; v. sent., fs. 475 vta./476 vta.). Asimismo, rechazó la demanda en procura de una reparación integral contra Consolidar ART S.A., por cuanto entendió que los elementos probatorios reunidos resultaban insuficientes para acreditar el incumplimiento de los deberes de control y prevención en los que fundó este aspecto de la demanda (conf. arts. 31, ley 24.557; 499 y 1.074, Cód. Civ.; v. sent., fs. 476 vta./477 vta.).
II. La parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y la violación de los arts. 26, 44 inc. "d", 47, 63 y concordantes de la ley 11.653; 456, 474 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 512, 622, 1.109 y 1.113 del Código Civil; 75 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1, 2, 6, 8 y 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo; 17 y 18 de la Constitución nacional; así como de la doctrina legal que cita (v. rec., fs. 508/512 vta.).
II.1. Se agravia, en primer término, del porcentaje de incapacidad establecido por el a quo (v. rec., fs. 508 vta. y 509).
Arguye que en tanto la Comisión Médica n° 11 le determinó un 66,7% de invalidez al actor a los fines del Retiro Transitorio por Invalidez, dicho porcentaje representa la incapacidad total permanente y definitiva que porta el accionante a consecuencia del infortunio laboral.
II.2. Desde otra perspectiva, controvierte que el órgano de origen haya calculado el importe de la prestación dineraria por incapacidad parcial, permanente y definitiva prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo conforme las pautas fijadas por el decreto 1.278/00. Afirma que tratándose de un siniestro que no se encontraba liquidado a la fecha de la publicación de la ley 26.773 en el Boletín Oficial, corresponde su revalorización inmediata a la luz de lo dispuesto por los arts. 3 y 17 apartado 6 de la citada ley. Destaca que la aplicación inmediata de la ley laboral más beneficiosa encuentra su fundamento en los principios de progresividad y justicia social (v. rec., fs. 509/510).
Por otro lado -aunque de forma no del todo clara- el recurrente aduce que el tope establecido por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 es inconstitucional (v. rec., fs. 509 y vta.).
II.3. Asimismo, objeta el rechazo de la reparación integral pretendida (v. rec., fs. 510/512).
Alega, por un lado, que el a quo interpretó erróneamente el escrito de demanda ya que de su simple lectura surge el riesgo de la cosa -es decir, del ómnibus conducido por el señor Vietta- y que la demandada debe cargar con la responsabilidad por los daños causados por ser propietaria y guardiana jurídica de la cosa o explotación que desarrolla.
Afirma que el fundamento del deber de reparar de las demandadas está dado por el carácter riesgoso de la cosa conforme los arts. 1.113 y concordantes del Código Civil y -también- por la infracción del deber de seguridad prevista en los arts. 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, 512 y 1.109 del Código Civil velezano.
Desde otroángulo, sostiene que el pronunciamiento de grado es absurdo y dogmático, porque pasa por alto las constancias objetivas de la causa y debido a que en el veredicto no se plantearon las cuestiones esenciales para la correcta solución del litigio, remitiéndose a lo expuesto al fundar el recurso extraordinario de nulidad.
Aduce que el fallo apelado sin ninguna fundamentación aplica la eximente de responsabilidad alegada por la demandada El Rápido Argentino Compañía de Microómnibus S.A., en tanto ningún elemento probatorio acredita la supuesta responsabilidad del trabajador en la mecánica del accidente. Agrega que el tribunal de grado soslayó material probatorio esencial y decisivo para la suerte final de esta litis, alejándose de la posibilidad de arribar a la verdad material en el sub lite .
III. El recurso no prospera.
III.1. Resulta infructuosa la crítica dirigida a censurar el porcentaje de incapacidad que los magistrados de origen atribuyeron a las dolencias que a consecuencia del infortunio laboral porta el actor.
Ha señalado reiteradamente esta Suprema Corte que la determinación del porcentaje de incapacidad constituye una cuestión reservada a la apreciación de los jueces de grado, y las conclusiones que al respecto formulen no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo efectiva configuración del vicio de absurdo (causas L. 118.683, "Moreno", sent. de 23-XI-2016; L. 118.299, "L., J. A.", sent. de 31-V-2017; e.o.), extremo este último no verificado en la especie.
Ello así, por cuanto el recurrente se limita a afirmar que en tanto la Comisión Médica n° 11 le determinó un 66,7% de invalidez al actor a los fines del Retiro Transitorio por Invalidez, dicho porcentaje representa la incapacidad total, permanente y definitiva que porta el accionante a consecuencia del infortunio laboral. El cuestionamiento así estructurado carece de la solvencia necesaria para sostener la denuncia del vicio invalidante de absurdo que formula, en tanto el compareciente se limita a exponer su criterio discrepante con las conclusiones del fallo pero omitiendo toda referencia a las pericias médica y psicológica en las cuales el tribunal de origen sustentó este aspecto del pronunciamiento. Tal sistemática, con arreglo a conocida doctrina de este Tribunal, resulta ineficaz para conmover lo resuelto en la instancia de grado (causas L. 107.481, "O., A. A.", sent. de 31-VIII-2011 y L. 116.617, "Clerici", sent. de 11-IX-2013).
III.2.a. A su turno, el planteo orientado a procurar la aplicación inmediata de las disposiciones de la ley 26.773 para cuantificar la indemnización debida al trabajador, en tanto ha sido introducido por primera vez en el proceso ante esta instancia extraordinaria, deviene novedoso y -por ende- ineficaz para habilitar la vía recursiva intentada.
En efecto, ha declarado reiteradamente esta Suprema Corte que no puede traerse a consideración en la instancia extraordinaria la pretensión que no fue llevada a conocimiento del tribunal de grado, deviniendo en una cuestión novedosa y, por ende, inatendible en casación (causas L. 94.114, "Iturriaga", sent. de 29-XII-2008; L. 103.117, "Sorli", sent. de 18-V-2011; L. 117.347, "Pini", sent. de 23-XII-2014; e.o.).
En este orden, se advierte que durante el largo trámite del presente proceso, el interesado no desplegó ningún argumento tendiente a requerirle al a quo la aplicación de aquella normativa, posibilitando -de ese modo- la bilateralidad del debate sobre el particular (art. 18, Const. nac.).
Sólo ante el resultado del fallo, pretende el impugnante introducir en casación un argumento que nunca fue puesto a consideración del sentenciante, constituyendo por ello, sin abrir juicio sobre los motivos que fundan la petición, una cuestión novedosa no susceptible de ser abordada por este Tribunal, tal como lo sostuvo recientemente esta Corte al resolver en las causas L. 118.677, "Alarcón" (sent. de 19-X-2016) y L. 119.736, "Yucra Coronado" (sent. de 21-II-2018).
III.2.b. Cabe agregar que los fallos de otros tribunales de justicia, no constituyen doctrina legal en los términos establecidos por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 101.885, "V., N. N.", sent. de 10-III-2011 y L. 110.732, "Bustos", sent. de 1-VII-2015).
III.2.c. Por último, resta puntualizar que también es ineficaz la parcela de la queja destinada a señalar que el tope establecido en el art. 14 apartado 2 inc. "a" último párrafo de la ley 24.557 es inconstitucional. Los escuetos argumentos esgrimidos por el recurrente parecen señalar la confusión en la que ha caído en este tema, en tanto el tribunal -tal como fuera reseñado precedentemente- declaró de oficio la inconstitucionalidad del tope tarifario del citado artículo por encontrarlo en pugna con los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 31 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador) y por resultar el trabajador sujeto de preferente tutela y elementales principios de equidad, solidaridad, progresividad y justicia social (v. sent., punto 4, fs. 474/475 vta.).
Ello, sin que implique pronunciarme sobre el acierto sustancial de la decisión del a quo de calcular la prestación dineraria del actor conforme las pautas establecidas en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo, pues -sabido es- que la potestad revisora de la Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. De allí, entonces, que la insuficiencia del remedio deducido impida -como ocurre en el caso- revisar el acierto o desacierto de la decisión de origen (causas L. 102.289, "Quiroz", sent. de 6-IV-2011; L. 108.706, "Arhancetbehere", sent. de 21-VI-2012; L. 113.378, "Lasso", sent. de 26-II-2013; e.o.).
III.3. Finalmente, los agravios referidos al rechazo de la reparación integral pretendida, tampoco son de recibo ante la evidente insuficiencia de la impugnación.
III.3.a. En primer lugar, es preciso destacar que -evidenciando una deficiente técnica recursiva- el impugnante omite denunciar las normas sustantivas y procesales invocadas por el tribunal para dar sustento a esta parcela del pronunciamiento, específicamente el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial y el art. 1.074 del Código Civil.
Esto alcanzaría por sí sólo para sellar la suerte del recurso, desde que esta Corte siempre ha considerado insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que carece de la indispensable denuncia de infracción de las normas vinculadas con los agravios que expone -lo que representa el incumplimiento de la exigencia contenida en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial-, pues no puede esta Suprema Corte suplir, por inferencia o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse (causas L. 116.741, "Marini", sent. de 9-X-2013; L. 116.812, "Rodríguez", sent. de 5-III-2014; L. 104.779, "C., S. S.", sent. de 30-X-2013; e.o.).
III.3.b. A mayor abundamiento, cabe resaltar que igualmente insuficiente resulta el reproche que porta la impugnación apontocado en la denuncia de absurdo alegando que el a quo "soslayó material probatorio esencial y decisivo" (v. rec., fs. 510 vta./511 vta.).
Ello así, pues el recurrente omite identificar cuáles son los elementos que habrían sido absurdamente ponderados por el juzgador, lo que impide ingresar a analizar si se ha configurado el vicio invocado, toda vez que corresponde a la parte que lo alega demostrar la existencia de "absurdo" y no a la Suprema Corte explicar por qué no se configura (causas L. 102.319, "Villar", sent. de 3-XI-2010; L. 101.165, "Prado Delgadillo", sent. de 10-III-2011 y L. 93.901, "Orellana", sent. de 29-VI-2011).
III.3.c. Pero además, y siempre en el registro de la insuficiencia, la queja se presenta también deficitaria en tanto omite rebatir frontal o eficazmente las esenciales motivaciones a las que arribó el juzgador para rechazar el reclamo contra el empleador en el marco del ordenamiento civil, vinculada a que el propio damnificado asumió haber colisionado su unidad con una camioneta que se encontraba detenida (v. sent., fs. 476), y que resultó de innegable trascendencia en el esquema del decisorio.
La impugnación, entonces, guarda absoluto silencio frente a esa esencial conclusión, y ante dicha circunstancia es dable destacar -conforme el criterio reiteradamente expuesto por esta Corte- que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que en su línea argumental evidencia un notorio desencuentro con el fundamento del fallo apelado, omitiendo descalificar las conclusiones de hecho y de derecho en que este último se sustenta (causas L. 88.822, "Simone", sent. de 28-IX-2005; L. 100.603, "Taverna", sent. de 13-VII-2011; e.o.).
III.3.d. Por último, cabe destacar que la insalvable deficiencia técnica de esta parcela de la pieza recursiva se patentiza aún más, al observarse que el recurrente pretende abastecer la fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley mediante una impropia remisión a los agravios introducidos en el de nulidad (v. rec., fs. 511), lo que resulta inaceptable. Las vías de impugnación extraordinarias deben bastarse a sí mismas; de allí que su fundamentación deba abastecer los requisitos inherentes al remedio elegido, lo que no se verifica en la especie (causas L. 85.206, "Gerdyszman", sent. de 15-XII-2004; L. 112.489, "Sartal", resol. de 24-XI-2010; e.o.).
III.3.e. A partir de lo expuesto, se desvanecen las argumentaciones que trae el quejoso respecto del rechazo de la reparación integral pretendida contra las codemandadas.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Negri
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