Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120349
En la ciudad de La Plata, a 27 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri , Pettigiani , Genoud , de Lázzari , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.349, "Rosales, Marcos Darío contra Manufactura Fibras Sintéticas S.A. Despido".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción incoada, imponiendo las costas en el orden causado (v. fs. 312/340 vta.).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 353/366 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la demanda promovida por el señor Marcos Darío Rosales contra Manufactura de Fibras Sintéticas S.A. (en adelante, MAFISSA) y, en consecuencia, condenó a esta última al pago de diferencias indemnizatorias, reparación del daño moral derivado del despido discriminatorio (art. 1, ley 23.592) y recargos indemnizatorios previstos en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 (v. sent., fs. 321/336 vta.).
Para así resolver, liminarmente, declaró acreditado -con sustento en la prueba testimonial e informativa y por aplicación de la inversión de la carga probatoria establecida en el art. 39 de la ley 11.653 -que el actor, pese a la interposición fraudulenta de la empresa de servicios eventuales Personal Right S.A., trabajó bajo la dependencia directa de MAFISSA (art. 29, LCT), desde noviembre de 2005 (v. vered., primera cuestión, fs. 312/314).
Asimismo, consideró que el despido dispuesto por la empresa demandada el día 27 de noviembre de 2007 debía reputarse discriminatorio, toda vez que -por un lado- el actor acreditó una larga serie de indicios concordantes que lo condujeron a presumir que aquella decisión fue motivada en la intensa actividad sindical por él desplegada en forma contemporánea con la ruptura contractual y -por el otro-, el principal no sólo no invocó causa alguna para justificar el distracto, sino que, además, tampoco pudo probar los motivos tardíamente introducidos en la contestación de la demanda para justificar la extinción del vínculo, mostrándose por completo impotente para evidenciar la ajenidad de su accionar a la conducta discriminatoria y antisindical que le fue imputada (v. vered., cuarta cuestión, fs. 317/319 vta. y sent., fs. 330).
Seguidamente -y tras destacar que el trabajador no pretendía la reinstalación en el empleo, sino el cobro de un resarcimiento pleno-, expresó que en tanto el despido discriminatorio desborda los estrechos límites del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo para instalarse en el ámbito de la tutela antidiscriminatoria, en cuyo marco se admite expresamente la reparación del daño moral derivado del acto discriminatorio (art. 1, ley 23.592), no puede sostenerse válidamente que el daño moral quede cubierto por la tarifa prevista en la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 333 vta. y 334).
Sobre esa base, advirtió que no existen dudas que, por las circunstancias acreditadas en autos, el despido provocó al trabajador discriminado un sentimiento de angustia e impotencia que derivaron en un daño espiritual que debe ser resarcido por el responsable de ese acto ilícito, por cuanto los hechos demostrados en el veredicto evidencian que Rosales fue perseguido por haber ejercido el derecho fundamental a la libertad sindical, accionar protegido constitucionalmente que llevó a cabo con el objeto de proteger sus derechos laborales y los de sus compañeros que, paradójicamente, culminó dejándolo sin empleo.
Así las cosas, destacó que, en tanto el daño moral es un rubro autónomo -y no accesorio- del daño material, la determinación del perjuicio moral no necesariamente debe guardar proporción alguna con el material, fijándolo en la suma de $200.000 (v. fs. 334 vta./335 vta.).
Por otro lado, decretó maliciosa y temeraria la conducta de la demandada, imponiéndole la obligación de pagar la suma que indicó en el fallo en concepto de sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 336 vta./338).
II. Contra dicho pronunciamiento se alza la legitimada pasiva con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 14 y 15 de la Constitución nacional; 18 de la Constitución local; 1 de la ley 23.592; 1.044, 1.045 y 1.071 del Código Civil; 3 del Código Civil y Comercial de la Nación; 245 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo; 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 2 de la ley 25.323 y de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, denuncia la errónea aplicación al caso de la ley 23.592.
Afirma que su art. 1 le confiere al afectado por un acto discriminatorio la facultad de peticionar -por vía sumarísima- la nulidad del despido, la reinstalación en el puesto de trabajo y, accesoriamente, la reparación de los daños y perjuicios sufridos. Luego, continúa, el resarcimiento del daño que prevé la norma es consecuencia del acto anulado (circunstancia que se patentiza, a su criterio, por la utilización de la conjunción copulativa "y" en la norma examinada), razón por la cual, cuando esto último no se verifica, no corresponde en el marco de esa ley, la aplicación de la reparación allí prevista.
Con dicho sustento advierte que, en el caso, el acto extintivo resultó convalidado, por lo que no se ha decretado su nulidad e ineficacia y, por ende, la ley 23.592 no es aplicable para dar fundamento a una indemnización por fuera de la tarifada.
Para más -prosigue-, la doctrina legal que el juzgador cita como sustento de su decisión avala el criterio de la recurrente pues en las causas citadas (a saber: "Sffaeir" y "Auzoategui") se decretó la nulidad de los despidos y la reinstalación de los trabajadores, y recién luego se ordenó la reparación económica dispuesta con fundamento en aquella (v. fs. 354 vta./357).
II.2. En otro orden, objeta que el tribunal interviniente declarara configurado el carácter discriminatorio del despido.
En primer lugar, advierte que al quedar convalidada -por decisión del propio trabajador- la extinción contractual, no resulta de aplicación la ley 23.592 y, en consecuencia, no correspondía invertir la carga probatoria, por lo que era el actor quien debía demostrar que el despido le ocasionó un daño adicional no contemplado por la reparación prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Luego, indica que la sentencia es arbitraria por cuanto en la demanda no se cumplió con el recaudo exigido por el art. 26 de la ley 11.653 al no hacerse mención de los hechos en los que se fundó cada uno de los reclamos. En tal sentido, asegura que jamás explicó el accionante en qué consistió la función del trabajador como supuesto "delegado de hecho", en especial, por tratarse de un establecimiento que contaba con "delegados de derecho". Agrega que en el escrito de inicio se omitió por completo hacer referencia a que Rosales ejerciera una función de "representación" del colectivo de los trabajadores, como para que pueda considerarse configurativa del cumplimiento de una función de índole gremial, por lo que tampoco constituyó un hecho controvertido. Por el contrario, refiere que en dicha etapa procesal el reclamante se limitó a calificarse como "activista", "delegado de hecho" o "portavoz" (fs. 38), sin explicar cuáles fueron las circunstancias que condujeron a identificarlo de ese modo.
Expresa que la participación que uno o más trabajadores puedan tener en distintos reclamos, peticiones, movilizaciones o reivindicaciones tendientes a obtener el resguardo de los derechos e intereses del grupo al que pertenecen -y aún la adhesión que ello implique con respecto a determinada gestión que pudieran llevar a cabo los delegados-, no implica el desempeño de una actividad gremial o sindical cuando no está claramente patentizado que quien la lleva a cabo ejerza algún grado de representación de, al menos, un grupo de trabajadores.
Descalifica asimismo la validez de las declaraciones testimoniales para demostrar aquel extremo, por lo que considera absurda la sentencia en crisis. Ello, máxime cuando -reitera- a partir de tales circunstancias el juzgador dispuso alterar las reglas del onus probandi.
Advierte que el absurdo valorativo se exhibe patente al reparar en que, por un lado, el a quo decidió condenar a la demandada con base en indicios de que el actor fue cesanteado como consecuencia de su invocada calidad de "activista" y; por el otro; no hubo de considerar que la toma del establecimiento -no avalada por el sindicato-, la violenta expulsión de su personal jerárquico, el bloqueo del portón impidiendo el ingreso de materias primas y el egreso de mercadería elaborada durante meses; constituyen circunstancias que, por su gravedad, justifican la pérdida de puestos de trabajo.
En concreto, controvierte la sentencia en tanto valoró el motivo esgrimido en el inicial despido ocurrido el día 4 de junio de 2007 (luego dejado sin efecto) como indicio revelador del carácter de activista invocado por el actor; cuando -en rigor- dicha decisión extintiva encontró fundamento en la concreta imputación de haber participado en los gravísimos hechos en perjuicio de la empresa que nada tienen que ver con aquél carácter. Aduna que la accionada, al dejar sin efecto aquella determinación, adoptó una posición componedora y contraria a la discriminación.
Señala que tampoco se desprende de la demanda ni de las declaraciones de los testigos que la empresa tuviera conocimiento del supuesto rol del actor o de su carácter público, condición esencial para adjudicarle la intención subjetiva de perjudicarlo, por lo que no pudo válidamente concluirse que el despido sin causa del accionante involucre -en verdad- una razón discriminatoria cuando no se ha invocado ni demostrado que la metada actividad fuera conocida por todos (v. fs. 357/362).
II.3. Por otro lado -y de modo subsidiario- se agravia de la cuantía de la indemnización en concepto de daño moral establecida por el a quo .
Advierte que el juzgador no expuso los fundamentos tendientes a justificar la condena al pago de una suma de dinero tan elevada ($200.000) equivalente a ochenta remuneraciones del accionante, circunstancia que pone de manifiesto la arbitrariedad de la sentencia.
Sostiene, además, que en autos se transgredió el principio de congruencia toda vez que la parte actora peticionó en el escrito de demanda por dicho concepto la suma de $28.600 (equivalente a doce salarios), lo que supone un límite máximo en la estimación judicial, configurando -además- una afectación del derecho de defensa de la demandada al adecuar su réplica a la extensión de tal pedimento.
Concluye que la sentencia establece una cifra exorbitante -por el aludido rubro- sin considerar que el efecto compensatorio que debe ser el objetivo de la condena por daño moral, debe tomar en cuenta las circunstancias personales del indemnizado (dolor, inquietud espiritual, agravio a las afecciones legítimas, etc.), las que en el caso ni siquiera fueron mencionadas demostrando el absurdo valorativo (v. fs. 362/363).
II.4. Seguidamente, controvierte la condena al pago del recargo indemnizatorio establecido en el art. 2 de la ley 25.323.
Indica -en lo esencial- que el sentenciante transgredió la doctrina legal de la Suprema Corte en cuanto establece que la sanción contemplada en el referido dispositivo normativo sólo procede si el trabajador intima previamente a su principal para que abone sus acreencias, hipótesis que no se verificó en autos en tanto Rosales jamás emplazó a MAFISSA para que abonara las diferencias indemnizatorias que luego serían parte de la condena.
Señala que resulta absurdo considerar que dicho recaudo formal específicamente consagrado en la norma -y que el a quo desinterpreta- queda cumplido con el escrito de demanda, ya que el propósito de la norma -afirma- es desalentar la conducta renuente del empleador mediante la intimación previa para evitar la demanda judicial, disposición que con el referido criterio quedaría vacía de contenido (v. fs. 363 y vta.).
II.5. Finalmente, también se opone a la sanción por conducta temeraria y maliciosa invocando que es falso que la accionada haya evidenciado un comportamiento procesal revelador de "propósitos obstruccionistas y dilatorios" al pretender ocultar en el juicio actos fraudulentos en perjuicio del trabajador.
Entiende que, con anterioridad a la promoción del pleito, la empresa abonó espontáneamente la liquidación final y las indemnizaciones legales, sin evidenciar actitud alguna que colocara al actor en la alternativa de tener que promover una demanda judicial para percibir a través de esa vía una diferencia indemnizatoria, desde que en el intercambio postal dicho pedimento no fue introducido. Luego de promovida la acción -prosigue- MAFISSA se limitó a contestar la demanda y ejercer su legítimo derecho de defensa.
Agrega que no puede sostenerse que la accionada hubiera obstaculizado el devenir del proceso en tanto -asegura- no ofreció medidas probatorias inconducentes, no interpuso "chicanas procesales" de ninguna naturaleza, puso los libros contables (llevados en legal forma) a disposición del experto y no pidió unilateralmente suspensiones de audiencia de vista de la causa dilatando el proceso.
Sostiene que desde la perspectiva de análisis que llevó a cabo el tribunal de grado, ningún demandado podría ejercer su derecho de defensa, debiendo allanarse -sin más- a las pretensiones del actor.
Objeta la conclusión de grado por la que se indicó que el representante legal de la empresa conocía la situación de Rosales por haber participado como asesor de la empresa en la instancia administrativa, lo que resulta insostenible habida cuenta que: i) el presente juicio no versó sobre aquel reclamo colectivo; ii) aquella instancia administrativa tampoco reposó en la situación individual de ningún trabajador; iii) Rosales no tuvo participación en aquél trámite y iv) el letrado jamás tuvo conocimiento de la existencia de Rosales hasta la promoción del pleito.
Advierte que al aplicarse la sanción cuestionada se configuró la hipótesis de absurdo, en tanto -asegura- no se verificó la conducta denunciada a lo largo del proceso desde que, a excepción de la cuestión vinculada al ingreso por intermedio de una agencia -que, según entiende, a criterio del juzgador, debió reconocer sin defenderse-, no se identificó un proceder obstruccionista respecto de la pretensión tendiente a aplicar las disposiciones de la ley 23.592 y daño moral, que representaron el 98% del monto de condena (v. fs. 363 vta./366).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En primer lugar, alterando -por razones de conveniencia metodológica- el orden en el tratamiento de los agravios expuestos, adelanto que no acierta el interesado en cuanto pretende descalificar la conclusión por la que se declaró acreditado el carácter discriminatorio del despido.
III.1.a. En lo que interesa, juzgó probado el a quo (prueba documental, testimonial e informativa) que a comienzos del año 2007 comenzó a gestarse una organización de los trabajadores en el ámbito del establecimiento de la empresa demandada, que tuvo por finalidad exigir a la patronal mejoras en ciertas condiciones de trabajo, que ese grupo fue integrado en un rol preponderante por el actor, a quien sus compañeros identificaban como un referente o delegado de su sector, y que ese proceso reivindicativo culminó con un conflicto colectivo en el marco del cual terminó despidiendo a un número importante de trabajadores, entre los cuales se encontraba Rosales (v. vered., tercera cuestión, fs. 315/317).
En particular, con la prueba testimonial recibida en la audiencia de vista de la causa consideró demostrado que el actor desarrolló en forma ostensible actividad sindical y tuvo un rol relevante en ese proceso reivindicativo de derechos laborales que culminó en el conflicto colectivo aludido.
Expresó que el testigo García sostuvo que, teniendo en cuenta que en la empresa había muchos trabajadores "contratados" por medio de empresas de servicios eventuales que cumplían las mismas tareas de convenio que los "oficializados", aquellos comenzaron a organizarse sindicalmente en el marco de un proceso -que derivó en un conflicto colectivo- en el que Rosales era referente y como un "delegado" pero por fuera del sindicato.
A su turno, Osvaldo Fernández declaró que Rosales integraba la "comisión interna" y que fue despedido por su condición de activista, lo que -agregó- era frecuente en el ámbito de la empresa demandada en tanto "siempre que alguien hacía un reclamo laboral lo despedían", al punto que fue lo que sucedió con él mismo.
El testigo Ramón Fernández, por su parte, dijo que Rosales era delegado, que fue elegido por los compañeros de su sector y que tenían reuniones gremiales una vez por semana (v. vered., tercera cuestión, fs. 316 y vta.).
En lo específicamente vinculado al despido, consideró que una serie de indicios le permitieron inferir la vinculación causal entre el despido (finalmente consumado el día 27 de noviembre de 2007, tras haber sido cesanteado y reincorporado en dos oportunidades -el 4 de junio de 2007 y el 24 de octubre de 2007- por la intervención del Ministerio de Trabajo) y la relevante actividad sindical llevada a cabo por el actor en el marco del conflicto colectivo existente en el establecimiento de la empresa; mientras que, por el contrario, la accionada no logró probar las circunstancias invocadas en la réplica para explicar el distracto (a saber: la situación de crisis económica derivada de las medidas de acción directa que incluyeron, entre otras determinaciones, la toma del establecimiento, v. fs. 108 vta. y 109), ni la ajenidad del despido al conflicto sindical aludido.
Así las cosas -prosiguió-, en lo que respecta al inicial despido de Rosales (4 de junio de 2007), quedó evidenciado con toda claridad que la empresa pretendió despedirlo invocando expresamente su participación "activa" en una medida de acción sindical (v. carta documento de fs. 9), por lo que mal pudo afirmar en su réplica, sin contradecir sus actos propios, que Rosales nunca tuvo actividad sindical relevante; quedando expuesto -a su criterio- un primer indicio acerca del carácter antisindical del despido.
Agregó que un segundo indicio que sugiere la conexión causal entre el despido de Rosales y su actividad sindical surge de las declaraciones testimoniales de Osvaldo y de Ramón Fernández, en tanto -a su criterio- evidenciaron un patrón de conducta discriminatoria y antisindical de parte de la demandada que autorizan a presumir que el accionante fue objeto del mismo tratamiento.
Indicó luego, que más allá de lo que pudiera decirse acerca de la relación entre los sucesivos despidos del actor y su relación con los pronunciamientos de la autoridad administrativa -destacando que esta última había dictado una vez más la apertura de conciliación obligatoria e intimó a retrotraer la situación a la fecha anterior al 26 de noviembre de 2007, por lo que también debió dejar sin efecto el tercer despido del actor (en el que alegó expresamente que finalizado el período de conciliación obligatoria, ratificaba el despido dispuesto el 24 de octubre de 2007), orden que incumplió-, no podía desconocerse la íntima relación causal y temporal entre el despido de Rosales y la activa participación de éste en el extenso conflicto colectivo ocurrido en aquélla época en el seno de la empresa.
Del otro lado, c
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