Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122191
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
MERLO SUSANA BEATRIZ C/ FEDERICO VICENTE FABIAN Y OTRO/A S/ DESPIDO.
La Plata, 20 de marzo de 2019.
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda que Susana Beatriz Merlo interpuso contra Fabián Vicente Federico y Mónica Beatriz Ibarra en la que procuraba el cobro de una indemnización por despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 120/125 vta.).
Para así decidir, consideró que, mediante la prueba aportada a la causa, no resultó acreditada la relación de dependencia entre la trabajadora y los codemandados.
II. La parte actora interpone recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y, subsidiariamente, de nulidad (v. fs. 127/135), ambos concedidos por el a quo a fs. 136 y vta., el primero en el marco de la excepción contenida en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III. De modo liminar, cabe aclarar que no obstante que la vía extraordinaria de nulidad ha sido articulada en forma subsidiaria al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el remedio cumple con el recaudo legal de fundamentación autónoma (arts. 279 y 297, CPCC; causas Ac. 99.517, "Ose", resol. de 14-II-2007; L. 114.906, "Ramos", resol. de 2-XI-2011; L. 116.807, "Gutiérrez", resol. de 19-IX-2012 y L. 121.863, "Asociación sindical de profesionales", resol. de 26-IX-2018). Aclarado ello, corresponde, para su tratamiento, invertir el orden de los remedios incoados, y abordar en primer lugar la vía prevista en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución provincial.
III.1. En su presentación alega el quebrantamiento de los arts. 156 y 159 (rectius: 168 y 171) de la Constitución provincial. Solicita la declaración de nulidad de la sentencia fundada en la falta de fundamentación legal, vaguedad e imprecisión y violación de la garantía constitucional del debido proceso.
III.2. Al respecto, corresponde señalar que el remedio previsto en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución de la Provincia únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 89.528, "Maldonado", sent. de 23-VII-2008; L. 93.996, "Pérez Baglivo", sent. de 19-X-2011 y L. 100.717, "Miño", sent. de 28-XII-2011).
III.3. Así, en el caso, si bien se alega conculcación de los arts. 156 y 159 (rectius: 168 y 171) de la Constitución provincial, en realidad la escueta impugnación se dirige a objetar la forma en que el juzgador resolvió la contienda, lo que importa la imputación de típicos errores in iudicando , ajenos al carril intentado y propios del de inaplicabilidad de ley (causas L. 87.056, "Heugas", sent. de 27-III-2008; L. 79.779, "Gelis", sent. de 20-VIII-2008 y L. 108.824, "Hospital", resol. de 2-XII-2009).
III.4. Por otra parte, en lo que atañe a la violación del debido proceso, tiene resuelto este Tribunal que lo relativo a la infracción del derecho constitucional mencionado, no constituye tema que pueda someterse a juzgamiento a través del recurso extraordinario de nulidad, en tanto resulta propio del de inaplicabilidad de ley (causas L. 82.549, "Bernabé", sent. de 29-VIII-2007 y L. 94.844, "Rodríguez", sent. de 3-VI-2009).
III.5. Por lo demás, el fallo se encuentra fundado en expresas disposiciones legales (art. 171, Const. local; causas L. 90.026, "S.,P.P.", sent. de 1-IV-2009; L. 92.398, "Correa", sent. de 10-VI-2009 y L. 120.821, "Sosa", resol. de 13-IX-2017).
IV. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la actora denuncia absurdo y arbitrariedad en la apreciación de la prueba, abusiva aplicación del principio de apreciación en conciencia. Entiende que el fallo de grado es infundado y desprovisto de todo apoyo legal. Objeta que el a quo omitió aplicar la presunción contenida en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, violando el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, en cuanto a la carga de la prueba. Alega que existe errónea aplicación del art. 9 de la ley 20.744 en tanto, en caso de duda, el fallo debería haber sido favorable a los intereses de la trabajadora y no a los de los codemandados. Por último, solicita la nulidad de la sentencia.
IV.1. De modo liminar, cabe señalar que no habiendo sido cuestionada por la apelante la declarada insuficiencia del valor de lo cuestionado establecida en el auto de concesión del remedio extraordinario deducido (v. fs. 136 y vta.) corresponde verificar la existencia o no, en el caso, de la hipótesis de excepción que contempla la norma del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.578, "Duarte", resol. de 21-VI-2012; L. 118.113, "Salgado", resol. de 20-XI-2014 y L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015).
IV.2. Tal situación se encuentra ausente, toda vez que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, en rigor, la impugnante trae a consideración agravios vinculados a cuestiones fácticas o probatorias -como lo es, en el caso, determinar si se demostró o no la existencia de relación laboral-, las cuales se encuentran detraídas de la revisión en el marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 117.819, "Natiello", resol. de 18-VI-2014; L. 118.298, "Lillo", resol. de 20-XI-2014; L. 118.629, "Paganini", resol. de 24-VI-2015; L. 120.799, "Honeker", resol. de 11-X-2017 y L. 121.659, "Onorato", resol. de 17-X-2018).
Cabe añadir a lo expuesto que las doctrinas que emergen de las causas que cita la recurrente referidas al vicio de absurdo, tampoco son idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55 de la ley ritual (causas L. 94.682, "Mangione", sent. de 2-IX-2009; L. 118.048, "Medina", resol. de 15-VIII-2015 y L. 120.585, "Naldo", resol. de 5-IV-2017).
Asimismo, tampoco se configura el excepcional supuesto de admisibilidad cuando las doctrinas que se denuncian como transgredidas se vinculan a la interpretación de preceptos de carácter adjetivo (v.g., violación de las normas que regulan la atribución de la carga de la prueba; causas L. 114.725, "Cruz", resol. de 13-VII-2011; L. 119.345, "Cuellar", resol. de 22-XII-2015; L. 119.693, "Tapia", resol. de 15-VI-2016 y L. 121.347, "Burgos", resol. de 6-VI-2018).
Por otro lado, es menester recordar que reiteradamente ha dicho esta Corte que no constituye doctrina legal, en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 112.025, "Carta", resol. de 22-IX-2010; L. 114.725, "Cruz", resol. de 13-VII-2011; L. 114.788, "Fernández", resol. de 7-IX-2011; L. 117.465, "Aloe", resol. de 25-IX-2013; L. 121.094, "Quinteros", resol. de 13-IX-2017 y L. 122.403, "Rodríguez", resol. de 19-XII-2018).
Finalmente, corresponde agregar que propiciar la anulación de oficio de un pronunciamiento no es propio de los litigantes (causas L. 105.943, "Ramírez", sent. de 29-II-2012; L. 97.080, "Szucs", sent. de 1-IX-2010 y L. 117.926, "Recalde", resol. de 4-VI-2014).
El señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que respecta al recurso extraordinario de nulidad, comparto la solución propuesta por los colegas que me preceden. Ahora bien, respecto de lo resuelto en el punto III.5, lo hago con el siguiente alcance:
La postura que, respecto del deber de motivación y fundamentación de las sentencias, sustenté en la causa C. 56.599, "Blanco" (sent. de 23-II-1999) ha resultado minoritaria. En dicho precedente, en prieta síntesis, sostuve que el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires impone que las sentencias sean "fundadas en el texto expreso de la ley; y a falta de éste, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso". Este último pasaje del texto constitucional reviste definitoria trascendencia. Para satisfacer la exigencia de fundamentación la cláusula en examen no impone únicamente la cita del precepto. La labor no se agota allí. Según la Constitución ha de indicarse el texto expreso de la ley o de los principios aplicables, "teniendo en consideración las circunstancias del caso", esto es, complementando esa cita con la referencia explícita, puntual y concreta de las particulares modalidades por las cuales esa ley o esos principios se relacionan con el caso. En otras palabras, el propio art. 171 desalienta la mención ritual o automática de la ley, erigiendo la indicación de su cabal relación con las circunstancias de la causa en elemento igualmente esencial.
Sin embargo, la mayoría de esta Suprema Corte ha ratificado los principios que informan la doctrina según la cual la exigencia del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires está dirigida a sancionar aquellas decisiones que no tienen otro fundamento que el arbitrio de los juzgadores, por lo que no se viola dicha norma si la sentencia se encuentra fundada en ley, aun cuando supuestamente no hubiese sido acertada la invocación de las normas (causas C. 33.428, "Peralta", sent. de 23-X-1984; C. 35.577, "Barce de Carretoni", sent. de 5-IX-1986; C. 47.080, "Banco Río de la Plata S.A.", sent. de 21-IX-1993 y C. 53.392, "Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 12-VIII-1997). Vale decir que a los efectos del andamiento del carril extraordinario de nulidad nada importa el acierto de la decisión atacada, ya que lo que interesa es que esté basada en una norma, aunque no se apoye en la pertinente, es decir, aun en la situación que el precepto invocado nada tenga que ver con el caso juzgado. La reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema, y lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif. me llevan (siempre dejando a salvo mi opinión al respecto) a adherir a lo expresado por los colegas que me preceden (causas C. 118.269, "San Pedro", resol. de 18-XII-2013; C. 118.708, "Bassi", resol. de 2-VII-2014 y C. 119.348, "Ganadera Nor-Este SA", resol. de 20-XI-2014).
II. Con relación a la restante vía extraordinaria deducida, por iguales motivos adhiero a lo manifestado por mis colegas preopinantes.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia