Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122053
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
MONTECINOS JOSE ADAN C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL.
La Plata, 10 de abril de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri y Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la demanda promovida por José Adán Montecinos contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires en virtud del accidente de trabajo que denunció padecer (v. fs. 166/173 vta.).
Para así decidir, consideró que no resultó acreditada en la causa la fecha del incidente denunciado, ni arrimó el actor elementos probatorios suficientes que corroboren la mecánica del mismo.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo, mediante presentación electrónica, dedudjo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, concedido por el a quo a fs. 181.
En su impugnación, con denuncia en las normas y doctrinas que alega conculcadas, se agravia de que el tribunal no haya tenido por acreditado el accidente, en virtud de una absurda valoración de la prueba y violación de la doctrina de los actos propios. En segundo lugar, objeta que las costas le hayan sido impuestas a su parte.
III.1. En primer lugar, vale recordar que reiteradamente ha declarado esta Corte que la tarea de interpretar los escritos constitutivos del proceso, y establecer los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria, y su decisión al respecto sólo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en la interpretación y violación del principio de congruencia (causas L. 99.910, "López de Armentía", sent. de 21-XII-2011 y L. 99.441, "Batista", sent. de 27-VI-2012).
En el caso, el recurrente no sólo no evidencia en forma cabal el señalado vicio, sino que omite denunciar la violación del evocado postulado y de las normas adjetivas que lo receptan (causas L. 113.611, "Guzmán", resol. de 30-III-2011 y 117.540, "Sangronis", resol. de 30-X-2013).
III.2. Sentado lo anterior, cabe recordar que esta Corte ha señalado que la apreciación del material probatorio, así como el análisis y establecimiento de conclusiones referidas a la existencia de un accidente de trabajo, constituyen cuestiones reservadas a la instancia de grado y, en consecuencia, se encuentran al margen de la competencia casatoria (causas L. 112.819, "Gibout", sent. de 11-IX-2013 y L. 116.884, "Contín", sent. de 3-XII-2014).
Tratándose de típicas cuestiones de índole fáctica, su revisión queda subordinada a la cabal demostración del vicio de absurdo, y ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 116.445, "Bayona", sent. de 6-XI-2013 y L. 118.007, "Marcucci", sent. de 30-III-2016).
El apelante, con una inadecuada técnica, no logra conmover la esencial motivación del fallo, en orden a que de conformidad con los elementos probatorios reunidos en autos, no consigue probar cuando ocurrió el hecho denunciado y menos aún que el mismo hubiera acontecido tal y como lo relató en su demanda, máxime que la solo circunstancia del reconocimiento de la denuncia del infortunio laboral no trae consigo la prueba de su mecánica, ni que las dolencias que presenta el actor hayan sido causadas por tal accidente.
Cabe en este punto recordar que si bien la pericia médica deviene idónea para evidenciar el tipo de dolencia que padece el trabajador y la minusvalía que lo aqueja, no resulta hábil para acreditar la existencia misma del accidente de trabajo que se invoca (causas L. 107.854, "Moreno", sent. de 3-IV-2014; L. 116.908, "C., G. J." sent. de 3-IX-2014 y L. 120.037, "Olguín", sent. de 30-V-2018).
En definitiva, a partir de la propia y particular visión que aporta acerca de la correcta interpretación que debió efectuar el tribunal de grado sobre lo que fue materia de controversia, el recurrente se limita a efectuar un nuevo análisis de los hechos y las constancias probatorias según su propio criterio valorativo, sistema este que resulta impropio para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al vicio de absurdo invocado (causas L. 117.399, "Rivera", sent. de 10-IX-2014; L. 118.537, "De Lucca", sent. de 28-X-2015; L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016 y L. 118.557, "Sánchez", sent. de 17-V-2017).
III.3. Por otro lado, tampoco resulta acertada la crítica dirigida a objetar la forma en que el sentenciante de grado distribuyó la carga de la prueba. En ese contexto, es oportuno recordar que esta Corte ha dicho que el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial solo se quebranta cuando el juzgador, alterando aquellas reglas, impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 116.063, "Peralta", sent. de 29-V-2013 y L. 117.758, "Pío", resol. de 29-X-2014), lo que no acontece en el presente caso.
III.4. La insuficiencia técnica señalada no es salvada con la invocación de quebrantamiento de la teoría de los actos propios, dado que los agravios ensayados a su respecto remiten a cuestiones cuya definición es privativa de los jueces ordinarios, en tanto supone el análisis de la conducta observada por las partes (causas L. 85.191, "Escalada", sent. de 22-X-2008; L. 120.034, "Reyna", resol. de 27-IX-2017 y L. 121.176, "González", resol. de 30-V-2018).
III.5. Por último, el cuestionamiento relativo a las costas tampoco es atendible. Como es sabido, los jueces ordinarios tienen amplias facultades en su aplicación, regulación y distribución, y su decisión en la materia no es, en principio, susceptible de revisión en esta instancia extraordinaria, a excepción de que se demuestre que ha mediado una irracional o irrazonable meritación de las circunstancias de la causa que conduzca a alterar burdamente el carácter de vencido, o a establecer una iniquidad manifiesta en el criterio de distribución de las mismas (causas L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-VII-2014; L. 118.118, "Giménez", resol. de 26-III-2015 y L. 121.320, "Nayar", resol. de 11-VII-2018).
Aquí, la pretendida revisión no es viable, pues en el escrito recursivo se ha omitido denunciar y demostrar la existencia de alguno de los vicios precedentemente indicados.
Para más, a mayor satisfacción del recurrente, conviene recordar que el beneficio de gratuidad consagrado en el art. 22 de la ley 11.653 no impide la imposición de costas al vencido, sino que sus efectos sólo se proyectan de pleno derecho como un eximente de pago hasta que mejore de fortuna (causas L. 89.615, "Ortigosa", sent. de 28-V-2008; L. 93.926, "Segovia", sent. de 28-V-2010; L. 106.545, "Falcón", sent. de 24-IV-2013; L. 100.830, "Abelen", sent. de 3-XII-2014 y L. 121.320, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia