Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73805
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Genoud, de Lázzari, Soria, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 73.805, "Orel S.A. contra Municipalidad de Avellaneda. Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derecho. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata desestimó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda entablada (v. fs. 283/292 y 341/346).
Disconforme con dicho pronunciamiento, el representante de la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 349/354), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 356/357).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 361) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. La firma Orel S.A. promovió demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Avellaneda en reclamo de la suma de $276.735,84, que habría sido reconocida -pero no abonada- en concepto de trabajos adicionales a una obra en el parque comunal "Presidente Illia", contratada mediante licitación.
La jueza de primera instancia rechazó dicha pretensión, por considerar que la actora no prosiguió el procedimiento administrativo necesario a tal fin, en cuyo marco -sostuvo- debió darse cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 140 y 141 del Reglamento de Contabilidad, que -entre otras- impiden al Departamento Ejecutivo reconocer deudas de ejercicios anteriores no registradas en la contabilidad municipal, sin previa comprobación de la legitimidad del derecho invocado por el acreedor y autorización del Concejo Deliberante. Señaló que se trataba en autos de trabajos no autorizados en forma expresa y que en sentido coincidente se había expedido ya el Tribunal de Cuentas.
La Cámara de Apelación interviniente compartió el criterio reseñado. Destacó en esa línea que la falta de una autorización expresa que exteriorizara la referida extensión del contrato celebrado, emanada de autoridad competente bajo las formas regulares de expresión administrativa, conllevaba la necesidad de satisfacer lo establecido por los ya citados arts. 140 y 141 del Reglamento de Contabilidad.
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, el impugnante denuncia violación del Reglamento de Contabilidad, de la Ley Orgánica de las Municipalidades y de los arts. 9 y 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 330, 354, 375 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial.
Asimismo, acusa absurdo en la interpretación de las pruebas rendidas. Plantea que en sede administrativa se cumplieron los pasos necesarios para obtener el pago reclamado (aprobación de informe técnico, dictamen favorable de la Dirección de Asuntos Legales, acuerdo, entre otras), el que no se pudo concretar en virtud de los "pruritos rituales" previstos en los arts. 140 y 141 del Reglamento de Contabilidad, cuya omisión resulta -a su entender- imputable a la propia comuna y por ende no debería perjudicarlo. Al respecto, denuncia a su vez violación de la doctrina sobre exceso ritual manifiesto sentada por esta Corte en la causa C. 107.906, "Merech", sentencia de 13-XI-2012, entre muchas otras.
Asegura que el pronunciamiento cuestionado consagra un enriquecimiento sin causa y que vulnera la doctrina del caso B. 52.821, "Conyca", sentencia de 1-VI-2011 y otros análogos. Añade que -en su visión- el fallo cercena también el principio de buena fe contractual y la doctrina sentada al respecto en la causa B. 55.980, "Puente Roma", sentencia de 11-VII-2001, entre otras.
III. El recurso no prospera.
III.1. Sabido es que una de las notas características de la instancia extraordinaria ante esta Suprema Corte está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas técnicas que debe seguir la pieza recursiva.
El cumplimiento de los requisitos que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial supone que el impugnante indique con claridad la ley o la doctrina legal que se repute violada o aplicada erróneamente, indicando igualmente en qué consiste la violación o el error (conf. causas A. 68.138, sent. de 23-XI-2005; L. 83.599, sent. de 8-XI-2006; L. 89.656, sent. de 31-X-2007; A. 68.934, sent. de 3-XI-2008 y A. 73.163, sent. de 30-III-2016).
Pues bien, en la especie, el recurrente se limita a denunciar violación de distintas normas, sin desarrollar argumentos tendientes a explicar en qué consistirían dichas transgresiones, salvo en lo atinente a los arts. 140 y 141 del Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, con respecto a los cuales únicamente plantea, en definitiva, que se trata de preceptos que consagran "pruritos rituales" por cuya omisión no debería responder.
Tan genéricas manifestaciones no alcanzan para tener por cumplido el requisito de suficiente fundamentación precedentemente referido e implican desentenderse, además, de la línea de razonamiento desplegada por el Tribunal de Alzada, que al dictar su pronunciamiento expresamente consideró que "la prudencia de un buen hombre de negocios" resulta "exigible [...] en cualquier contratista del Estado" (v. fs. 343) y que la firma actora no la evidenció, pues desarrolló trabajos sin orden expresa y regular de autoridad administrativa competente, motivo por el cual, para cobrar lo reclamado por la vía intentada, debió seguir el trámite especial prescripto en las normas indicadas. De allí que los agravios en tratamiento aparezcan como meras afirmaciones dogmáticas, sin constituir una crítica concreta de los fundamentos dados en el pronunciamiento impugnado.
Al respecto, este Tribunal tiene dicho que deviene ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental del fallo y se dedica a impugnar el mismo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (conf. causas Ac. 85.405, "Colombo", sent. de 31-III-2004; Ac. 94.798, "de Cárdenas", sent. de 13-XII-2006; Ac. 87.123, "Aldecoa", sent. de 3-VIII-2005 y Ac. 88.175, "Frenkel", sent. de 24-V-2006).
Es que, en vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja firme la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (doctr. causas Ac. 73.447, sent. de 3-V-2000; Ac. 72.204, sent. de 20-VI-2001; Ac. 81.965, sent. de 19-III-2003; C. 186.183, sent. de 22-XII-2010; A. 70.596, sent. de 24-IX-2014 y A. 70.977, sent. de 25-II-2015).
III.2. Por otra parte, debe puntualizarse que no basta con la mera individualización del precedente y la trascripción de un sumario para sustentar la denuncia de violación de la doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, sino que deben indicarse los aspectos fácticos del caso donde se sentó el criterio que pretende se le aplique a la pretensión incoada y la similitud con las circunstancias fácticas y jurídicas de la causa.
En efecto, sólo será suficiente un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando se individualice concretamente la doctrina que se dice violada y se señalen los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que se pretende aplicar, debiéndose indicar en la respectiva denuncia la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el tribunal de apelación (doctr. causas A. 73.250, sent. de 26-X-2016 y A. 73.228, sent. de 19-X-2016).
A la luz de lo expuesto, los planteos articulados en autos resultan insuficientes, en tanto el recurrente ha omitido desarrollar la correspondencia fáctica y jurídica existente entre los antecedentes que cita y el presente caso y no ha explicado de qué manera concreta dichos precedentes se relacionarían con la supuesta actuación indebida de la Cámara interviniente (arg. art. 279, CPCC).
III.3. Tampoco logra evidenciar el absurdo que alega, en tanto no acredita la existencia de un error grave, grosero y fundamental, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa.
Para tener por configurado el absurdo, es necesario demostrar la concreta desinterpretación de la prueba, de modo que las razones de los juzgadores aparezcan como un dislate, no siendo suficiente para abrir la vía extraordinaria la exteriorización de un punto de vista discrepante con el del sentenciante y acorde con el personal enfoque del material probatorio efectuado por quien aquí recurre (arts. 279 y 384, CPCC; causas C. 92.282, "AFIP-DGI", sent. de 7-II-2007; C. 95.273, "Sucesores de Cañete", sent. de 15-X-2008; C. 98.890, "Cipriano", sent. de 11-II-2009; A. 71.095, "Urbanizaciones Los Altos S.A.", sent. de 9-V-2012 y A. 72.246, "Rafaniello", sent. de 7-IX-2016).
IV. Por los fundamentos expuestos, que estimo suficientes a tenor de lo traído a esta instancia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (conf. arts. 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA, texto según ley 13.101 y 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La firma actora dedujo su pretensión a fin de que le fuera abonada una suma de dinero que sostiene le fue reconocida en concepto de trabajos adicionales a una obra en el parque comunal "Presidente Illia", de cuya licitación resultó adjudicataria.
Los motivos que determinaron el rechazo de la demanda en las instancias anteriores se vincularon con el incumplimiento empresarial del procedimiento fijado en los arts. 140 y 141 del Reglamento de Contabilidad, los cuales habrían impedido al Departamento Ejecutivo del municipio de Avellaneda efectuar el pago sin la previa comprobación de la legitimidad del derecho reclamado y la autorización del Concejo Deliberante.
II.1. Entiendo que, para dar debido tratamiento al litigio, es necesario referirme a ciertas situaciones que han quedado patentizadas en el expediente y que conducen a un desenlace distinto.
Del relevamiento efectuado por el magistrado de primera instancia, surge el dictamen de la Dirección General de Asuntos Legales del municipio de Avellaneda -del 18 de abril de 2002-, en el cual se afirma que los trabajos en demasía fueron verificados en el terreno, de acuerdo a los informes técnicos, la conveniencia de confeccionar un acta de recepción y la citación de la firma actora para establecer un acuerdo de pago (v. fs. 54; 288 vta./289).
Asimismo, valoró la existencia de diferencias económicas en favor de la adjudicataria.
II.2. Es decir, el caso plantea la existencia de trabajos realizados por la contratista, por fuera de la licitación original y de los que no se ha acreditado su orden de servicio -debidamente autorizada-, pero que sin embargo fueron aceptados y abiertos a la comunidad por parte de las autoridades municipales.
II.3. En definitiva, el obstáculo puesto de manifiesto por la demandada se limita a la exégesis de los mencionados arts. 140 y 141 del Reglamento de Contabilidad.
III. En oportunidad de sentenciar la causa B. 63.951, "T.C. Haedo S.R.L." del 3-XII-2008, este Tribunal determinó que las supuestas prestaciones que habrían originado el crédito reclamado por la actora en aquella oportunidad se habían cumplido al margen de los procedimientos en vigor para las contrataciones administrativas en el ámbito provincial.
Sin embargo, se dejó aclarado que, para que dichas prestaciones fuesen tratadas como "legítimo abono", resultaba indispensable que se encontrase plenamente acreditada la recepción por parte de la Administración -a quien se sindicaba como comitente- de los servicios que se decían haber prestado a su solicitud.
Posteriormente, al examinar la causa C. 117.643, "Juárez, Horacio Cipriano", sentencia de 4-III-2015, situación similar a la presente -en la que además se hallaba involucrado el mismo municipio-, reiteré tales conceptos.
IV.1. Entiendo entonces que el recurso articulado ante esta instancia debe ser admitido.
En efecto, ha quedado en evidencia -detalle estructural del fallo impugnado y respecto al cual el municipio ni siquiera atinó a esbozar una réplica idónea- que los trabajos sobre el dominio municipal fueron realizados y aceptados en cuanto a su funcionalidad, procediéndose a su justipreciación según valores cercanos a los reclamados en la demanda.
A ello se añade la recomendación de formular un acuerdo de pago con la contratista.
IV.2. En las circunstancias señaladas, entiendo que se encuentran reunidos los requisitos para la procedencia de la acción in rem verso puesto que se ha producido un desplazamiento patrimonial de la actora a favor del municipio al haber recibido los trabajos en cuestión sin contraprestación alguna.
En dicha tarea es necesario recomponer el desequilibrio producido, compensando el detrimento sólo en la medida en que se ha producido (CSJN Fallos: 326:2457, cons. 11), circunstancia que debe ser prudentemente valorada (doctr. CSJN Fallos: 323:3924, cons. 11).
IV.3. La ausencia de contradicción válida limita la situación subjetiva postulable por el demandante (doctr. causa B. 64.068, "Investigaciones Médicas", sent. de 24-V-2011). Se trata de un acotamiento plenamente justificado, toda vez que el vínculo anudado al margen de la legalidad no puede equipararse a aquel que resulta de un contrato regularmente celebrado. Una solución opuesta, lejos de favorecer los fines de interés general que procuran salvaguardar las regulaciones sobre las contrataciones públicas, estimularía la realización de prácticas que, a más de vaciarlas de contenido normativo, conllevan fuertes distorsiones en la asignación legal del gasto público (doctr. causa B. 55.399, "La Jirafa Azul S.A.", sent. de 14-XII-2005; conf. art. III, pto. 5, Convención Interamericana contra la Corrupción, ley 24.759).
La pretensión de cobro no puede prosperar en toda su extensión pues desborda aquello que razonablemente debe restituirse a la actora como consecuencia del acto anulado (arg. arts. 1.052, Cód. Civ. y 390, Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
Es de advertir que la empresa actora asumió voluntariamente los riesgos de quien realiza una operatoria comercial con ligereza y sin el cuidado y previsión necesarios en orden a la observancia de las normas para celebrar una contratación administrativa regular (arg. art. 1.198, Cód. Civ., similar en este punto al hoy vigente en el art. 961, Cód. Civ. y Com., antes referido).
V. Toda vez que las decisiones registradas en las instancias anteriores adoptaron un criterio de solución que difirió del análisis que aquí se señala, al desechar la pretensión sobre el incumplimiento del procedimiento fijado en los arts. 140 y 141 del Reglamento de Contabilidad, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar la sentencia impugnada y devolver los autos a fin de que, debidamente integrado, renueve los actos procesales que estime conducentes y dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a las pautas aquí señaladas.
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la afirmativa .
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia