Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74401
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Genoud, de Lázzari, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.401, "Fariña Mario Carlos Rene y otros contra Municipalidad de Quilmes. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, rechazó los recursos de apelación deducidos por la parte actora y la demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- condenó a la Municipalidad de Quilmes a abonar a los actores el 50% de los salarios devengados desde la aplicación de la cesantía dispuesta el 7 de enero de 2004 por el decreto 28/04, hasta su reincorporación el 1 de marzo de 2008 mediante decreto 836/08 (arts. 165, CPCC; 917, 944, 1.026 y concs., Cód. Civ.). Impuso las costas en el orden causado (arts. 51, texto según ley 14.437, 55, 56, 58 y concs. del CCA; v. fs. 934/944).
Disconformes con dicho pronunciamiento, ambas partes interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 950/955 vta. y 956/977), los que oportunamente fueron concedidos por la Cámara interviniente (v. fs. 979/980).
Mediante resolución obrante a fs. 993/994, esta Suprema Corte declaró mal concedido el recurso extraordinario deducido por los actores (conf. arts. 278, CPCC; 60, CCA); y llamó a autos para resolver el recurso de inaplicabilidad de ley de la Municipalidad demandada (conf. arts. 283 y 284, CPCC).
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, rechazó los recursos de apelación deducidos por la parte actora y la demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- condenó a la Municipalidad de Quilmes a abonar a los actores el 50% de los salarios devengados desde la aplicación de la cesantía dispuesta el 7 de enero de 2004 por el decreto 28/04, hasta su reincorporación el 1 de marzo de 2008 mediante decreto 836/08 (arts. 165, CPCC; 917, 944, 1.026 y concs., Cód. Civ.).
I.1. Para así decidir, indicó que la controversia se circunscribió al alcance dado por las partes al decreto 836/08 (sobreviniente a la demanda de autos, por el que se reincorporó a los actores atento la previa cesantía dispuesta por el decreto 28/04), en tanto la demandada niega la procedencia de los salarios caídos por falta de servicios prestados y los actores los exigen como consecuencia de su reincorporación como jueces de faltas.
Sostuvo que el acta compromiso de fs. 317 (suscripta por las partes atento la reincorporación), no resultaba un acuerdo transaccional o de conciliación con fuerza ejecutiva puesto que no fue homologado y remitía, para su validez, a las resultas del proceso en lo atinente a la reparación patrimonial a la que limitan el conflicto las partes. Asimismo, indicó el valor probatorio que le confiriera el juez de primera instancia y consideró, a ese respecto, que implicaba el reconocimiento de la procedencia del reclamo de los actores, estando admitida por lo tanto la ilegitimidad de la cesantía.
En ese contexto, limitó la controversia a determinar cuál debía ser la extensión del reconocimiento del derecho de los actores, a consecuencia del decreto 836/08 de reincorporación, el que reportó como mecánica de extinción de la conducta irregular que asumiera (y por dicho medio saneara) la comuna demandada.
I.2. Sobre esa base, recordó los aspectos centrales de la doctrina legal de esta Suprema Corte en torno a la temática de autos (cit. causa B. 63.780), por la que se sostuvo que el reclamo de las remuneraciones devengadas constituye un pedido implícito de resarcimiento del perjuicio material ocasionado por el cese ilegítimo, tomando como parámetro de la reparación a la remuneración no percibida, determinando distintos porcentajes en función de las circunstancias de cada caso.
Indicó que ese daño se presume por la ilegitimidad del acto que cercena la garantía constitucional a la estabilidad y, no obstante, sostuvo que la determinación de la magnitud del perjuicio padecido no debe ser identificada directamente con la totalidad de los salarios caídos durante el período en que perduró la separación del cargo.
Señaló que antes bien, la extensión del daño debe estar supeditada a la demostración que efectúe la parte actora, y en tal caso, a la prueba en contrario de la demandada, en virtud del juego interactivo y dinámico de las cargas en materia probatoria (doctr. art. 375, CPCC; remisión art. 25, CCA; conf. art. 50 y concs., CCA; y Ac. 25.443, "Álvarez", "Acuerdos y Sentencias", 1978-III-622), debiendo atenderse las especiales circunstancias de la causa y la facultad conferida al juzgador por la última parte del art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable al proceso administrativo en los términos del art. 77 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
Manifestó que la doctrina de esta Suprema Corte ponderó que el Tribunal Supremo de Justicia de la Nación se rehusó a reconocer el pago indiscriminado de salarios por funciones no desempeñadas (como resulta del período que media entre la separación del agente público dado ilegítimamente de baja y su reincorporación; Fallos 307:1199, 1215; 308:732, 1795; 321:635, e.o.); e indicó que ese criterio había sido mitigado para los casos en que medie una irregular aplicación de regímenes de prescindibilidad, donde se reconoce, aún en ausencia de norma, el derecho del agente a la percepción de los haberes caídos desde la fecha del cese hasta la reincorporación dispuesta como consecuencia de una acción judicial (CSJN, Fallos 297:415).
Concluyó entonces que, en los supuestos en los que un agente público fuera afectado por una medida segregativa (sea producto de un procedimiento disciplinario o adoptada en el marco de un régimen de prescindibilidad), luego declarada ilegítima por el órgano judicial, debe admitirse la procedencia de una indemnización tendiente a reparar los perjuicios materiales padecidos por el agente, que tome en cuenta los salarios caídos (como pauta de medición de la reparación), puesto que la falta de prestación de servicios, en última instancia, no resulta imputable al agente (cit. causa B. 31.212, "Acuña", sent. de 23-IX-1947).
Afirmó que dicha hermenéutica fue acogida legislativa en el art. 73 inc. 1 apartado "c" de la ley 12.008 (t.o. ley 13.101), el que resulta aplicable en el proceso especial reglado en el Capítulo II del Título III de dicho cuerpo normativo; e indicó que, en tanto no es el seguido en el sub examine, debía ser adoptado como una pauta interpretativa útil en la materia (conf. causa B. 57.183, "Chaparro", sent. de 12-XI-2003).
Estimó, en esa inteligencia, que la menor o mayor extensión de la indemnización por el daño causado, estaba ligada a las constancias de la causa y a la prueba reunida en el proceso (arts. 77, ley 12.008 -t.o. ley 13.101-; 375, CPCC), en tanto la invalidación judicial de la medida segregativa no conlleva inevitablemente al pago de todos los sueldos dejados de percibir, más tampoco obsta a que pueda invocarse y acreditarse toda clase de perjuicios ocasionados por la baja ilegítima (CSJN, Fallos 313:472; 321:2748).
Agregó que ello resulta afín a la doctrina legal de esta Suprema Corte (cit. causa B. 56.550, "Gamboa", sent. de 15-III-2006; en sent. conc. B. 56.810, "Gardes", cit; B. 57.624, "Richard", sent. de 20-VI-2007; B. 59.399, "Navarro", sent. 20-VI-2007; B. 57.566, "Catelén", sent. de 22-VIII-2007; e.o.), por la que se afirmó que no cabía reconocer sin más la cuantía equivalente al 100% de los salarios caídos, solución que, con esa extensión, no supone ni determina la norma procesal prevista para el proceso sumario en materia disciplinaria de empleo público (art. 73, inc. 1, "c", ley 12.008).
Consideró entonces, teniendo en cuenta las pautas que surgían de la citada doctrina y las particularidades del caso, que la estimación en el 50% efectuada por el juez de primera instancia, no había sido objeto de un embate que demuestre la desmesura que esgrime la demandada, no sólo por registrarse antecedentes donde se fijara un porcentaje semejante (v.gr. causa B. 63.780, cit.), sino también de acuerdo a la plataforma que presenta la causa en análisis.
Indicó que la solución dada responde y se adecúa a la alegación y prueba considerada por el a quo respecto a la repercusión que, en la esfera de intereses de los actores, tuvo la medida ilegítima (v.gr. informe de fs. 758 y sigs.), sin que se haya acreditado la ausencia de daño patrimonial.
Con ello sostuvo que los argumentos ensayados por la accionada no aportaban pruebas excluyentes del daño, que le permitieran valorar como excesiva o impertinente la estimación decidida por el juez de primera instancia, que consideró ajustada a derecho, a las pautas jurisprudenciales en la materia y a las constancias de la causa.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia violación de la doctrina legal, del principio de congruencia normado por los arts. 34 inc. 4, 161 inc. 2 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial y errónea aplicación del art. 71 del mismo.
II.1. Sostiene que mediante el acta acuerdo los actores renunciaron a la totalidad de los rubros reclamados en la demanda originaria, salvaguardando específicamente los salarios dejados de percibir en el caso de que así lo decida el organismo jurisdiccional; y que por la cláusula tercera desistieron expresamente de reclamar a la comuna de Quilmes toda suma derivada de cualquier otro rubro, que exceda el 100% de los salarios caídos.
Alega, en ese marco, que los precedentes de esta Suprema Corte "Domínguez Elba", "Olivari" y "Gamboa María Elva", no deben ser aplicados a autos, en tanto difieren las circunstancias de hecho allí tenidas en cuenta.
Indica, a dicho fin, que en aquellas causas se reclamó el resarcimiento de daños y perjuicios y en la última se presumió el daño material, utilizándose los salarios caídos como medida para calcular esa indemnización; mientras que en autos los actores voluntariamente renunciaron al resarcimiento de daños y perjuicios, y limitaron su pretensión propiamente a los salarios caídos.
Afirma que, de existir un perjuicio, éste fue desistido por los actores y que, en ese contexto, el decreto de cesantía y el posterior de suspensión del cese de los agentes, debían presumirse legítimos a la luz del acta compromiso.
II. 2. Aduce que la Corte nacional no admite la procedencia del pago de salarios por funciones que no fueron prestadas por el agente o funcionario respectivo.
Denuncia que los actores, durante el trascurso del cese, no prestaron servicio alguno a favor de la comuna de Quilmes (que justifique el pago de salarios caídos), ni tuvieron bloqueo de título, por lo que pudieron continuar ejerciendo la profesión de abogados de modo normal y habitual. Agrega que tampoco hubo declaración judicial de ilegitimidad, en tanto se suscribió un acta compromiso y que, oportunamente, los actores recibieron una indemnización por la cesantía.
En esta línea, insiste con que los accionantes renunciaron a todo reclamó indemnizatorio, quedando limitada la pretensión de autos sólo a los salarios caídos, los que conforme la doctrina legal aplicable, no son admisibles por servicios no prestados.
Arguye que a partir del fallo "Caldas" del 5-V-1977 (Fallos 297:427) se dispuso que "salvo disposición expresa y específica para el caso, no se debe producir el pago de sueldos por funciones no desempeñadas correspondientes al lapso entre la separación del cargo del agente y su reincorporación", y que específicamente se condicionó el alcance de los arts. 27 del decreto ley 6.666/57 y 20 de la ley 16.507 a que el recurrente haya seguido el procedimiento especial de impugnación de la cesantía que establecen ambas normas, en razón de que ellos imponen un trámite sumario y rápido, en un lapso limitado para interponer el recurso, todo lo cual permite una solución definitiva en un breve tiempo.
Con ello manifiesta que no se deben abonar salarios caídos si no se prestaron de modo efectivo servicios o funciones, y señala que no posee relevancia el hecho de que la desafectación del cargo sea legítima o ilegítima, en tanto el salario es una contraprestación a la fuerza de trabajo prestada por el empleado, y que sólo se reconocen excepciones a estos principios cuando una ley así lo establezca expresamente, lo que considera no se da en la especie.
II.3. Denuncia violación al principio de congruencia normado por los arts. 34 inc. 4, 161 inc. 2 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial.
Sostiene que la disponibilidad de la acción la tiene la parte, y en consecuencia al haberse desistido de modo expreso al resarcimiento de cualquier rubro que no sean los salarios caídos, la sentencia impugnada vulneró la voluntad expresa de las partes y, con ello, el principio de congruencia.
II.4. Alega que no hay declaración judicial de actividad ilegítima de la Municipalidad, ya que los reclamos de la parte actora culminaron de manera transaccional, por acta compromiso asumida por las partes.
Aduce que tampoco el acto es ilegítimo por el sólo hecho de haberse producido la reincorporación de los magistrados de faltas, ya que el cese y la reincorporación se dieron en distintas gestiones políticas.
Insiste con que el a quo no puede declarar la ilegitimidad del acto, siendo que se trata de objetivos y metas políticas, que fundamentaron el cese de funciones por supresión de los juzgados de faltas y que su nueva apertura, con el consecuente restablecimiento de los jueces en su cargo, fue realizada por otra gestión.
II.5. Sostiene que yerra el Tribunal de Alzada cuando resta valor vinculante al convenio por no haber sido debidamente homologado.
Denuncia que se trata de un instrumento jurídico solemne que cumple con todas las formalidades que exige la legislación, por el que se dispusieron derechos, sin alterar cuestiones de orden público, y que fue suscripto por abogados en su pleno discernimiento, intención y voluntad.
Asimismo, cita la doctrina legal emergente de la causa C. 119.849, en el que se indicó que no era necesaria la homologación de un acuerdo parental para su validez, de conformidad con el art. 655 del Código Civil y Comercial.
II.6. Por último, se queja de la imposición de costas que efectuara el juez de primera instancia, y que fuera confirmada por la Cámara interviniente, por cuanto se omitió ponderar que las partes han dado por si solas fin al litigio, habiendo desistido los actores de todo lo solicitado a excepción del cobro de los haberes dejados de percibir, en caso de corresponder.
Con ello aduce que la imposición debió ser en el orden causado, por aplicación del art. 71 del Código Procesal Civil y Comercial que establece, para el caso de vencimiento recíprocos parciales y mutuos, la distribución de costas en proporción a los respectivos vencimientos.
III. El recurso no prospera atento la insuficiencia técnica que porta (art. 279, CPCC).
III.1.a. El Tribunal de Alzada confirmó la sentencia de primera instancia y, para ello, sostuvo que la controversia se ciñó a determinar el alcance de los derechos reconocidos por el decreto 836/08, por el que se reincorporó a los actores como mecánica de extinción de la conducta irregular que asumiera y saneara la comuna demandada. Sostuvo también que el acta compromiso carecía de perfil transaccional o de conciliación con fuerza ejecutiva, pues no fue homologado, y remitía a las resultas del proceso todo lo relativo a la reparación patrimonial, a la que limitaron el conflicto las partes.
En ese contexto confirmó que correspondía otorgarles a los actores una indemnización por los perjuicios causados por la cesantía ilegítima, y para calcular un monto adecuado, estimó correcta una suma equivalente al 50% de los salarios caídos.
Ahora bien, la recurrente, basa su fundamentación en dicha acta compromiso y alega, por un lado, que provocó la renuncia a la reparación de los daños sufridos, manteniéndose el reclamo sólo en relación a los salarios caídos, respecto de los cuales denuncia su improcedencia; y por otro, aduce que no existió ilegitimidad en el actuar del municipio, ni sentencia que así lo declare, sustentando dicha premisa en el hecho de que el acta labrada resulta un acuerdo transaccional que pone fin –en ese aspecto- a la controversia.
III.1.b. El quejoso estructura su argumentación recursiva sobre los efectos del acta suscripta, intentando valerse de la renuncia a la reparación de daños y perjuicios, como de la falta de declaración de ilegitimidad de la cesantía. Pero no cuestiona el razonamiento sobre el que la Cámara construyó su decisión, esto es: que el acta compromiso sólo acredita que el propio demandado reconoce el deber de recompensar por su actuar ilegitimo a los actores, pero carece de validez en sus restantes términos por cuanto no fue homologada y estaba sujeta a las resueltas de este proceso. Tal conclusión llega incólume a esta instancia, atento no haber sido refutada idóneamente.
En vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -insisto, al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (doctr. A. 74.943, "Attanasio, Mónica Adela", sent. de 29-VIII-2018; C. 95.758, sent. de 9-XII-2010; C. 101.569, sent. de 22-XII-2010; C. 94.540, sent. de 10-III-2011; C. 108.027, sent. de 11-V-2011; A. 72.392, "Bonomi", sent. de 16-III-2014; e.o.).
Asimismo, resta señalar que si la Cámara, en ejercicio de facultades que le son propias, concluyó que el acta compromiso no tenía fuerza vinculante para tener por renunciado el derecho a la reparación que en autos reclaman los actores y con ello consideró ilegitima la cesantía, resulta ineficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, como en la especie, no logra evidenciar que esa conclusión del a quo sea producto de un razonamiento absurdo (conf. doctr. causas A. 71.558, sent. de 4-VIII-2016; A. 70.136, sent. de 21-IV-2010; A. 69.344, sent. de 4-VI-2008; e.o.). Vicio que se configura mediante un error palmario, grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (conf. causas A. 69.076, "M., L.L.", sent. de 29-VI-2011; A. 72.442, sent. de 6-XI-2012; C. 116.205, sent. de 11-IX-2013 y A. 71.351, "Latorre", sent. de 25-II-2015) lo que no se demostró en el sub lite, donde el recurrente sólo manifestó su disconformidad con las conclusiones expuestas, discurriendo por otras vías .
En efecto, pese a que la misión del impugnante consistía en demostrar el desvío lógico en la decisión del Tribunal de Alzada, evidenciando la aplicación incondicionada del acta compromiso al caso, con la consiguiente renuncia a la reparación de daños y perjuicios y la legitimidad de la medida segregativa, se limitó a expresar ante esta Suprema Corte argumentos similares a los brindados al formular su apelación, omitiendo atacar de manera eficaz el razonamiento actuado por la Cámara interviniente.
III.2. Ahora bien,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.