Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 74637
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Kogan, Soria, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa I. 74.637, "Fariña, Ernesto A. contra Prov. Bs. As. Inconst. art. 73, ley 6716".
El doctor Ernesto Agustín Fariña, por derecho propio, promueve la presente acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, contra la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad del art. 73 de la ley 6.716, en virtud de cuya aplicación la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires ha considerado desistido el cómputo de dos años (período 1992/1993) de aportes jubilatorios.
Corrido el traslado de ley, se presenta a contestar la demanda el señor Asesor General de Gobierno, oportunidad en la que se allana a la pretensión de inconstitucionalidad por lo cual solicita que se haga lugar al beneficio de exención de costas que establece el art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial.
Por su parte, la Caja de Previsión Social para Abogados, citada en calidad de tercero, sostiene la improcedencia de la pretensión articulada y, en consecuencia, pide el rechazo de la demanda con costas a la actora.
Consentido el allanamiento por la accionante, se da vista a la entonces señora Procuradora General, quien manifiesta que, conforme el antecedente sentado por este Tribunal en la causa I. 2.175, "Torregrosa Lastra" (sent. de 15-XII-2010), podría hacerse lugar a la demanda interpuesta.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El actor, de profesión abogado, manifiesta que se matriculó en el Colegio de Abogados de La Plata el 16 de octubre de 1980 y a partir del 14 de octubre de 1981 cesó su inscripción y continuó en el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Destaca que desde entonces ejerció la profesión libre y cumplió con los aportes correspondientes, con excepción del período comprendido entre el 1 de enero de 1986 y el 31 de diciembre de 1986 en el que suspendió la matrícula por cuestiones de incompatibilidad.
Señala que, con motivo de encontrarse próximo a cumplir con las condiciones necesarias para obtener la jubilación ordinaria básica (conf. art. 35, ley 6.716) presentó una nota en la entidad previsional con el objeto de recuperar el cómputo de los años 1992 y 1993 a aquellos fines y completar el mínimo correspondiente al año 1984. Afirma que, de ser reconocidos, a partir del 23 de enero de 2017, se encontraría en condiciones de solicitar el beneficio jubilatorio. Solicitud que -según señala- fuera reiterada ante la ausencia de respuesta de la entidad y la proximidad de la fecha citada.
Asevera que acaecida la misma, la Caja denegó la pretensión del cómputo de los años 1992 y 1993 por aplicación de lo dispuesto por el art. 73 de la ley 6.716 y, en consecuencia, manifiesta que se vio imposibilitado de obtener el beneficio jubilatorio en los términos solicitados "...conculcando de ese modo el derecho reconocido en el art. 39, inc. 3° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires" (v. fs. 22).
Denuncia que la norma en cuestión era terminante en tanto aseguraba que quien no pudiera completar el pago de las cuotas anuales obligatorias adeudadas, perdería esos años para el cómputo jubilatorio, más allá de que fuera incuestionado y evidente el ejercicio de la profesión en esos períodos; ya sea que hubiera optado por desistirlos o no, en tanto el silencio aparejaba las mismas consecuencias. Así, sostiene que en realidad no había posibilidad de optar "...pues los profesionales que no pagaran determinados años, los perderían igual e indefectiblemente para ser computados a los fines jubilatorios, independientemente que hubieran solicitado que se los tuviera por desistidos o no" (fs. 22/23).
Señala, además, que era escasa la información que se brindaba y el tiempo establecido a los efectos de optar conforme los términos del art. 73 cuestionado.
Como se adelantara, considera que la citada norma colisiona con lo dispuesto en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial, en especial, respecto del principio de irrenunciabilidad contenido en la cláusula, en tanto sostiene que los derechos relativos a la seguridad social no se pueden renunciar (v. fs. 23).
Incluso destaca que "...como el acto de renunciamiento es voluntario y no forzado, significa una limitación insalvable al ejercicio de la libre voluntad en beneficio de un derecho superior" y, por lo tanto, sostiene que "...al desistimiento expreso o tácito previsto por el art. 73 de la ley 6.716, no puede otorgarse el valor de un renunciamiento sin afectar su validez" (fs. 23 y vta.).
Sentado ello y en tanto alega que en su caso no hay discusión respecto del ejercicio efectivo de la profesión, invocando lo resuelto por este Tribunal en la causa "Torregrosa Lastra" (I. 2.175, sent. 15-XII-2010), manifiesta que "...no puede asimilarse a un renunciamiento la manifestación realizada en su momento respecto de los años 1992 y 1993 impuesta por el exiguo y arbitrario plazo de un año previsto en el art. 73 de la ley 6.716" (fs. 25 vta.).
Asimismo, solicita se tengan en cuenta los principios constitucionales de primacía de la realidad y, en caso de duda, interpretación a favor del trabajador (conf. art. 39 inc. 3, Const. prov.), de cuya aplicación -entiende- debe desprenderse que conserva el derecho a que se computen a los fines jubilatorios todos los años en que efectivamente ejerció la profesión y, por lo tanto, "...deben liquidarse los aportes correspondientes a los años adeudados, para proceder a su pago, siempre previa deducción de lo aportado después del 23/01/2017" (fs. 26).
Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II. El Asesor General de Gobierno, al contestar la demanda, se allana a la pretensión del actor en forma real, incondicionada, oportuna, total y efectiva, solicitando que se haga lugar al beneficio de exención de costas conforme lo dispuesto en el art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial.
Manifiesta que el interés de la presente causa es símil al planteado en el precedente I. 2.175, "Torregrosa Lastra" citado, cuyo resultado fue la declaración de inconstitucionalidad del art. 73 de la ley 6.716.
En función de lo decidido por este Tribunal en la mencionada causa, solicita se tenga presente su allanamiento y se lo exima del pago de los gastos del proceso, en tanto entiende que no se verifica en el caso un supuesto que pueda ser asimilado al que prevé el art. 70 inc. 1 in fine del Código Procesal Civil y Comercial.
III. Al comparecer en su carácter de tercero citado, la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires contesta la demanda.
Informa, respecto de los antecedentes del caso en sede administrativa (exped. administrativo n° 731.874/F/2016/19; v. fs. 38/71), destacando que en el legajo del doctor Fariña surge el "'Desistimiento de años previsionales-irrevocable' realizado por el actor el 27.12.1995" (el destacado figura en el original), respecto de los años 1992 y 1993, al mismo tiempo que señala que dejó constancia de que no abonaría los montos adeudados por las respectivas cuotas anuales obligatorias y que aquellos aportes que se registraban en su cuenta, fueran considerados para el año 1995, conforme el art. 57 quater de la ley 6.712(v. fs. 72 vta. y 73). No obstante, insiste en que en el escrito de demanda el actor no es claro en tanto no reconoce que en forma expresa optó por no pagar las cuotas adeudadas y desistir del cómputo jubilatorio de los años 1992/1993 (v. fs. 74 vta.).
Relata que con el art. 73 (t.o. ley 11.625) "...se sinceró el sistema frente a los resultados de un largo período en que campeó la voluntariedad en la aportación (37 años) y un corto lapso de obligatoriedad compulsiva (10 años)" que, no obstante revertir -durante el período 1985/1994- una tendencia de acentuada declinación en el número de afiliados que cubrían el aporte mínimo obligatorio "...había una morosidad de arrastre" producto de avatares económicos que afectaron el patrimonio de la Caja y sus afiliados (v. fs. 75).
Sostiene que a los afiliados deudores de esas cuotas obligatorias se los hizo depositarios de una opción, esto es: elegir entre el cómputo jubilatorio de los años adeudados y, por lo tanto, el pago de los aportes correspondientes o la pérdida de aquéllos, extinguiéndose la acción de la Caja para cobrar las deudas generadas durante los años desistidos.
En este sentido, señala que el actor hizo uso de la opción otorgada y decidió en forma expresa y consentida desistir del cómputo a los fines jubilatorios de los años 1992 y 1993 y no pagar los años no computables y, en consecuencia, entiende que no puede pretender modificar los efectos de aquel desistimiento, que califica de voluntario y consentido, en tanto iría en contra de sus propios actos. Incluso, sostiene que tal postura "ambivalente" transgrede el principio general de buena fe (v. fs. 75 vta. y 76).
Niega el derecho del doctor Fariña a obtener la jubilación ordinaria básica normal en tanto sostiene que éste no cumple con los requisitos establecidos a sus efectos y el pago de haberes devengados a partir del 23 de enero de 2017 (fecha en que cumplió los 65 años de edad); al mismo tiempo que señala que el actor se contradice con sus dichos en razón de continuar ejerciendo la profesión y no haber suspendido su matrícula.
Aún más, sostiene que el artículo 73 cuestionado no vulnera el principio de retroactividad en tanto el derecho a percibir la jubilación es precedido de expectativas que pueden ser alteradas toda vez que se obtiene cuando se cumplen los requisitos a los cuales se encuentra sujeto y, por lo tanto, es titular de una expectativa y no de un derecho adquirido.
Insiste en que en el caso no hay derechos irrenunciables vulnerados "...siendo muy parcial la inteligencia que el actor hace de la significación de manifestación expresa de voluntad y declaración jurada de desistimiento de los años 1992 y 1993" (fs. 77).
Ahora bien, se expide respecto del precedente de este Tribunal en la causa I. 2.175, "Torregrosa Lastra" (sent. de 15-XII-2010), en tanto manifiesta que el actor pretende ajustarse a los lineamientos sentados en aquel caso en donde se resolvió la inconstitucionalidad del art. 73 de la ley 6.716 (v. fs. 78).
Procede, entonces, a desarrollar y cuestionar los fundamentos de aquella sentencia (v. fs. 78/83 vta.), concluyendo que allí no se tuvo presente que la norma controvertida no extinguía el derecho a jubilarse y, por lo tanto "...no es ajustado a la verdad impugnar el mecanismo consagrado so pretexto de salvaguardar el derecho subjetivo a jubilarse" cuando en realidad se trata de un derecho sujeto a una condición suspensiva (v. fs. 84).
Así, sostiene que el art. 73 cuestionado no extingue un derecho adquirido por el afiliado y "[e]n última instancia, ante una opción negativa, puede ocurrir que le requiera al afiliado una mayor actividad profesional pero no le coarta la posibilidad de transformar una mera expectativa en un derecho adquirido, que se integra a su patrimonio. En otras palabras, está en juego una demora pero, en modo alguno, propone una frustración" (fs. 84 vta.).
Subsidiariamente y para el caso en que se dé curso a la pretensión demandada, solicita que se condene al peticionante al previo pago de la totalidad de las anualidades desistidas oportunamente (conf. arts. 58, 71 y concs., ley 6.716- t.o. dec. ley 4.771/95-).
Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
IV. De los traslados conferidos, la parte actora procede a contestar las presentaciones de la demandada y la citada como tercero.
Respecto de las formulaciones realizadas por la Caja, sostiene que, no obstante la existencia de errores o contradicciones en los datos de la documental adjuntada por aquella, no cuestiona la misma, incluido el formulario pre-impreso que lleva su firma de fecha 27 de diciembre de 1995 mediante el cual optó por desistir el computo de los años 1992/1993.
Pone de relieve que la Caja tenga aquel documento como el antecedente más importante y no así la cantidad de años en que desarrollara su profesión y el cumplimiento de los aportes requeridos e, incluso, el ofrecimiento de pago por los años 1992/1993. Ello si "...como puede verificarse de su simple lectura, sólo permitía llenar los claros con los datos personales y los años en cuestión" (v. fs. 97 vta.).
Sostiene que la presentación del referido formulario, implicaba no quedar expuesto al cobro compulsivo "...circunstancia que se rotulaba como muy favorable, si se sopesaba que en caso de no pagar las cuotas de los años pendientes, éstos se tendrían por desistidos de todos modos". Es decir, sólo se podía pagar; caso contrario, con o sin formulario, se tenían por desistidos (v. fs. 97 vta.).
Incluso, manifiesta que se trataba de un formulario pre-impreso, cuya redacción no admitía corrección y rezaba en su encabezamiento que el desistimiento de años previsionales era irrevocable; característica esta última que no surge del texto normativo ni entiende que pueda tratarse de una interpretación razonable de éste.
Bajo tales circunstancias y a la luz del principio de irrenunciabilidad contenido en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial, entiende que "...no puede otorgarse a ninguna manifestación, de cualquier naturaleza que fuera, el valor de una renuncia a obtener un beneficio jubilatorio en igualdad de condiciones que los demás colegas, cuando se cumplen la totalidad de los requisitos legales" (fs. 98).
Insiste en que la Caja no ha desconocido el ejercicio efectivo de su actividad profesional ni tampoco se opone -en el caso de admitirse la demanda-, al pago del haber jubilatorio más sus intereses a partir del 23 de enero de 2017 y al descuento de los aportes ingresados a partir de esa fecha, actualizados con idénticas pautas para determinar y pagar el importe de los aportes pendientes (v. fs. 101).
Respecto al allanamiento formulado por el Asesor General de Gobierno, presta su conformidad a los efectos de la eximición de costas solicitada (v. fs. 101 vta. y 102).
V. Por su parte, el señor Procurador General, analizadas las cuestiones de admisibilidad formal de la acción, propicia hacer lugar a la pretensión de la actora y, por lo tanto, declarar la inconstitucionalidad del art. 73 de la ley 6.716 y su inaplicabilidad al caso.
VI. Según los términos con que cada una de las partes ha expuesto su posición, el interrogante constitucional que se presenta consiste en determinar si resulta aplicable a la solución del caso lo resuelto por este Tribunal en la causa I. 2.175, "Torregrosa Lastra", invocada por el actor en sustento de la inconstitucionalidad planteada. Eventualmente, si el resto de su argumentación relativa a la renuncia expresa constituye un nuevo fundamento por el que debe invalidarse el art. 73 de la ley 6.716 por hallarse en contradicción con lo normado por el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
VI.1. Liminarmente, debe recordarse que el tantas veces mencionado art. 73 de la ley 6.716 (texto según ley 11.625, BO, 10-II-1995) concretamente establece:
"Los afiliados que hasta la vigencia de la presente ley no hubieran cumplimentado el pago de las cuotas anuales obligatorias instituidas por el art. 12°, inc. b), de la ley 6716, modificada por el art. 2° de la ley 10268, podrán optar, por única vez, por el cómputo del o los años respectivos a los fines jubilatorios o por la pérdida de dicho cómputo, en cuyo caso se extinguirán las obligaciones del afiliado frente a la Caja por los respectivos años".
"La opción referida deberá efectuarse dentro del primer año de vigencia de la presente ley; el silencio del afiliado se reputará como opción por la pérdida del cómputo de los años total o parcialmente adeudados".
"La opción por el cómputo del o los años respectivos a los fines jubilatorios importará la obligación de ingresar los aportes...".
VI.2. Dicha norma fue reputada inconstitucional por este Tribunal en ocasión de intervenir en la causa I. 2.175, "Torregrosa Lastra", sentencia de 15-XII-2010 (criterio sostenido con posterioridad en causas A. 72.268, "Salonia", sent. de 23-XII-2014 y A. 72.622, "García, Ana María", sent. de 29-VIII-2017) no obstante y conforme lo expondré, las consideraciones formuladas en tal precedente no son aplicables a la presente controversia, en tanto las circunstancias de hecho que aquí enmarcan el caso, difieren sustancialmente de las debatidas en aquella causa.
En primer lugar, cabe poner de relieve que en el fallo mencionado se discutía la constitucionalidad de la norma en virtud de cuya aplicación se había inferido el desistimiento del cómputo de diez años de aportes jubilatorios. Es decir, se hallaba especialmente en juego el segundo párrafo del art. 73 antes transcripto.
En aquel caso, si bien se advertía por parte del actor el incumplimiento del pago de las cuotas anuales obligatorias, además, se verificaba la ausencia de manifestación de su interés en conservar los años de desempeño profesional y, por lo tanto, la pérdida de diez años de ejercicio con la consiguiente extinción de tales obligaciones como efecto del silencio operado durante el transcurso del plazo establecido por la norma.
Este Tribunal confrontó la norma cuestionada con los principios emanados de la Constitución provincial, especialmente con lo dispuesto en el art. 39 inc. 3 y concluyó que "...la solución brindada por la norma en cuanto otorga al silencio del afiliado la significación de una renuncia por los años de actividad profesional respecto de los cuales no se hubiera integrado el mínimo de aportes, contradice abiertamente la norma constitucional".
Y agregó que "...en el caso particular del accionante la aplicación de la norma en crisis deja fuera de cálculo a los años que abarcan el período 1985-1994, inclusive; con lo cual, la merma de años computables que la disposición normativa permite, tiene sustancial incidencia en la consolidación del derecho al beneficio" y, por lo tanto, "A la luz del principio de irrenunciabilidad constitucionalmente consagrado, lo censurable del caso es que la norma infiera la renuncia de un derecho -cómputo de numerosos años de actividad profesional- que luego tendrá directa incidencia a la hora de perfeccionar el acceso al beneficio jubilatorio...".
Sin perjuicio de otorgarle importancia al ejercicio efectivo de la actividad al ponderar el derecho a la jubilación, lo relevante del caso es que el principio de irrenunciabilidad contenido en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial se vio vulnerado -insisto- al otorgarle al silencio del afiliado la significación de una renuncia de diez años de actividad profesional que impactaron directamente en la consolidación del derecho al beneficio jubilatorio.
Bajo esta tesitura, nótese que en aquella causa continúa señalándose que la norma en crisis no supera el test de razonabilidad (doctr. causas I. 1.164, "Rojas", sent. de 7-VII-1983 e I. 1.128, "Mondino", sent. de 28-XII-1982, "D.J.B.A.", T. 125, pág. 153) en tanto "...de todas las posibles variantes que el vínculo entre la Caja de Previsión y el afiliado otorgaba para el supuesto de falta de ejercicio de la opción, se ha seleccionado aquella que coloca al interesado ante la situación más desfavorable, de cara a su situación previsional (pérdida del cómputo de los años trabajados)", concluyendo que "...la norma analizada, en tanto estipula que el silencio se interpreta
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