Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 118427
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Kogan, Negri, de Lázzari, Soria, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 118.427, "Violini, Enrique Víctor contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y otro/a. Accidente de Trabajo-Acción Especial."
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes hizo lugar a la demanda promovida, con costas a la parte accionada (v. fs. 265/281 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 292/315 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley respecto de los agravios orientados a cuestionar el pronunciamiento del tribunal de origen en cuanto a la decisión sustancial?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado en cuanto denuncia la violación del art. 505 del Código Civil y la doctrina legal que cita?
En su caso:
3ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado rechazó la excepción de prescripción articulada por las codemandadas e hizo lugar a la acción deducida por el señor Enrique Víctor Violini y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y a la Dirección General de Escuelas y Cultura de la Provincia de Buenos Aires por la suma que estableció en concepto de indemnización por daños y perjuicios (v. fs. 265/281 vta.).
Para así decidir, tras evaluar los escritos constitutivos de la litis, la prueba documental, pericial médica (v. fs. 192 y 225/226, luego de refoliatura fs. 210 y 243/244) y testimonial, juzgó demostrado que el actor padece disfonía con mucosa granulomatosa irregular en la comisura posterior, así como también que el accidente que sufrió el día 15 de septiembre de 2008 le provocó una deformación en el tobillo derecho con nula rotación, signos de edema celular subcutáneo, fenómenos degenerativos artrósicos a nivel del tarso, aumento de la señal del ligamento peronéo astragálico anterior y mínima cantidad de líquido peritendinoso hacia el tibial posterior que le afecta su normal funcionamiento, dolencias que le provocan una incapacidad parcial y permanente del 33% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 265/266 vta.).
En este sentido, consideró que la veracidad del infortunio alegado por el accionante quedó constatada con las declaraciones testimoniales brindadas en la audiencia de vista de la causa. Asimismo, que las tareas que desempeñara el señor Violini como profesor de física y química en distintas escuelas estatales del distrito Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, las condiciones y el ámbito de su concreción, resultaron una causa eficiente para la producción de la incapacidad que porta (v. vered., fs. 266 y vta.).
Tuvo también por acreditado que la empleadora no había cumplido con la realización del examen médico preocupacional ni los controles periódicos, así como tampoco con la entrega de elementos de prevención, ni había instruido y capacitado a sus empleados para evitar los riesgos ocasionados por el trabajo que realizaban (arts. 27 y 28, dec. 170/96; v. vered., fs. 267 y vta.).
Luego, habida cuenta que no se fijó una fecha de toma de conocimiento en la pericia médica y que la parte actora no había acreditado -como era su carga- el momento en que se anotició de su minusvalía, juzgó que ese hito debía ser determinado en la oportunidad en que el accionante había otorgado la carta poder (v. fs. 2), es decir: el día 31 de mayo del año 2010, pues indicaba el momento en que aquél tomó conciencia del menoscabo permanente en su salud (v. vered., fs. 266 vta./267), por lo que habiéndose iniciado la demanda el día 9 de agosto de 2010 consideró que no se encontraba cumplido el plazo prescriptivo y rechazó la defensa opuesta por ambas accionadas (arts. 256, LCT y 4.037, Cód. Civ.; v. vered., fs. 268 y sent., fs. 270 vta.).
Ya en sentencia, el tribunal de origen determinó la existencia de los factores de atribución de responsabilidad civil de la empleadora (conf. arts. 1.109 y 1.113, Cód. Civ.) y, tras realizar el cotejo entre el monto correspondiente a las prestaciones previstas en la ley 24.557 ($106.047,88, conf. art. 14, LRT) y aquel otro que presupuestó en concepto de reparación integral ($119.737,33 por daño material, más $24.180 por daño moral, es decir: $143.917,33), descalificó la validez constitucional del art. 39 apartado 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. sent., fs. 270 vta./277 vta.).
Sin embargo, consideró que el monto calculado en el marco del derecho común no alcanzaba para reparar adecuadamente al actor por el daño sufrido y decidió elevar los importes antes fijados a la cantidad de $315.000 por daño material y $38.200 por daño moral, arribando a un total definitivo de $353.200 (v. sent., fs. 277 vta./279). Condenó entonces a la codemandada Provincia ART S.A. al pago de la suma correspondiente a las prestaciones previstas en la ley especial ($106.047,88) y dispuso que el empleador (Fisco de la Provincia de Buenos Aires), responda por el monto remanente hasta alcanzar el importe determinado en concepto de reparación integral ($247.152,12; v. sent., fs. 279 y vta.).
II. El Fisco provincial, por sí y por la representación que ejerce respecto de Provincia ART S.A. (dec. 3.858/07), interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 16, 505, 512, 513, 514, 901 a 906, 1.066, 1.069, 1.071, 1.074, 1.078, 1.083, 1.086, 1.109 y 1.113 del Código Civil; 2, 4 y 39 de la ley 24.557; 37, 44 inc. "d", 47 y 48 de la ley 11.653; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 165, 375, 384 y 456 del Código Procesal Civil y Comercial; 17, 18 y 19 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita (v. fs. 292/315 vta.).
Objeta inicialmente el rechazo del planteo de prescripción articulado al contestar la demanda. Expresa que en el caso se acumularon dos acciones, una por enfermedad profesional y otra por el supuesto accidente de trabajo acaecido el día 15 de septiembre de 2008, por lo cual mal pudo el sentenciante establecer una única fecha de toma de conocimiento (v. fs. 296 vta./297 vta.).
Con sustento en lo previsto en el art. 44 de la Ley de Riesgos del Trabajo, postula que el a quo debió situar la fecha de toma de conocimiento del infortunio al momento en que se produjo el alta médica (19 de diciembre de 2007) otorgada por una caída con entorsis del tobillo derecho. Y respecto de la enfermedad reclamada, alega que el absurdo de la decisión surge notorio porque el perito médico manifestó en su informe que el propio actor le dijo que "a partir de los 6 o 7 años de actividad comienza con disfonía...", lo que denota que esa dolencia comenzó en el año 1998. Aduna a lo expuesto que tampoco se tuvo en cuenta que el demandante inició la presente cuando ya se había acogido a los beneficios previsionales y que nunca denunció la patología a la aseguradora, lo que "hace presumir que la causa es ajena al trabajo y de antigua data" (v. fs. 297 vta./299 vta.).
Cuestiona luego la conclusión del tribunal en cuanto definió a la función docente como "actividad riesgosa" subsumible en los términos del art. 1.113 del Código Civil. Alega que dicha calificación proviene de una absurda ponderación de las circunstancias de la causa, y que la parte actora no ofreció ni produjo la prueba conducente e imprescindible para demostrar las circunstancias constitutivas de la actividad riesgosa en el caso concreto, como era su carga (v. fs. 299 vta./301 vta.).
Impugna la habilidad y mérito otorgado a los testimonios brindados en autos en orden a acreditar el presupuesto objetivo de la responsabilidad civil atribuida a su parte (v. fs. 301 vta./302 vta.). Postula además que el sentenciante transgrede la doctrina de la causa "Ferreyra" citada en la sentencia, por cuanto en el caso no pueden admitirse incluidas las tareas en el concepto de cosa del art. 1.113 del Código Civil, puesto que no existen pruebas suficientes que "constituyan" a la actividad docente en tarea riesgosa (v. fs. 303).
Aduce que tampoco se probó la configuración de los presupuestos de la responsabilidad civil en lo que respecta al accidente de trabajo denunciado, desde que no se ha acreditado cual fue la cosa riesgosa que ocasionó la caída del actor supuestamente acaecida el día 15 de septiembre de 2008, desde que -refiere- la declaración de un testigo que afirma haber visto lo sucedido, si bien puede resultar suficiente para considerar demostrado el siniestro a los fines del otorgamiento de las prestaciones de la ley 24.557, no lo es en el marco del reclamo deducido con sustento en el derecho común (v. fs. 303 y vta.).
Agrega que "el hecho de que la empleadora haya dado intervención a su aseguradora ante la denuncia por parte de la actora de la ocurrencia de un supuesto accidente, no implica en modo alguno el reconocimiento de la realidad del suceso en cuestión, ni releva a la reclamante de aportar a la causa los elementos de prueba" que lo acrediten, puesto que la denuncia deriva de una obligación legalmente impuesta a su parte (art. 1, dec. 717/96; v. fs. 303 vta./304 vta.).
Controvierte la valoración realizada por el tribunal de grado de la pericia médica y que no hubiera tenido en cuenta las impugnaciones formuladas por su parte, al tiempo que reprocha que se basara en dicho elemento de prueba para juzgar acreditada la existencia de nexo causal entre las dolencias y las tareas y/o el siniestro (v. fs. 305 y vta.).
Objeta también que se le hubiera atribuido responsabilidad civil subjetiva. Afirma que la conducta negligente que le fuera imputada -incumplimiento de las normas de seguridad e higiene y ausencia de controles médicos, específicamente- es producto de un análisis arbitrario y absurdo de las constancias de la causa (v. fs. 306). Expresa que en tanto no existe norma concreta que obligue a la empleadora a entregar micrófonos no se configura la omisión en los términos del art. 1.074 del Código Civil ni culpa en función de lo normado en el art. 512 del citado cuerpo normativo (v. fs. 306 vta./307 vta.).
Insiste luego en que resulta absurda la definición vinculada a la existencia de una relación de causalidad entre las tareas desempeñadas por el señor Violini, el infortunio, el daño y la incapacidad. Postula que "la mecánica siniestral descripta en la demanda no parece tener la tremenda potencia dañosa que aquí se le atribuye", a lo que se suma que la responsabilidad adjudicada a su parte se tuvo por verificada en base a la prueba testimonial (v. fs. 307 vta.).
Reprocha la atribución de causalidad respecto de las tareas desarrolladas por el demandante, pues en el informe sólo se afirma que la actividad docente es potencialmente idónea para generar la enfermedad, sin que los testigos sean un medio probatorio idóneo a esos fines. Señala que el a quo realizó una valoración atomizada y absurda del informe médico, a la vez que indica que en la experticia no se tuvieron en cuenta los factores que demuestran la preexistencia de dicha patología y, en definitiva, que la afección sólo puede ser consecuencia natural y ordinaria del hecho de vivir (v. fs. 307 vta./309 vta.).
Alega que no se explicó en el fallo de qué manera incidieron en la patología del accionante las supuestas omisiones en que incurrió su parte, como tampoco qué elementos de prevención debió otorgar que la hubieran evitado, ni se valoraron las concausas existentes (v. fs. 310/311 vta.).
Por otro lado, impugna la determinación del quantum indemnizatorio, por considerar que en el pronunciamiento no se han brindado pautas debidamente fundadas para cuantificar el daño considerado resarcible. Sostiene que el a quo sin ninguna fundamentación fijó en una suma exorbitante la indemnización por daño material y moral. Desarrolla distintos argumentos por los que considera que esa decisión es absurda y discrecional (v. fs. 311 vta./314 vta.).
Por último, sostiene que el importe de las costas a su cargo excede el tope legal del veinticinco por ciento (25%) del monto de la sentencia, vulnerando así los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, según la modificación introducida por la ley 24.432 (v. fs. 314 vta./315).
III. El recurso -a partir del tenor de la cuestión planteada- no prospera.
III.1. Cabe inicialmente señalar que el recurso ha sido bien concedido pues esta Corte, en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, resolvió -por mayoría- declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 que consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, excepción que también resulta aplicable en los supuestos en que éste deduzca un recurso extraordinario en representación de Provincia ART S.A. (dec. 3.858/07), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.390, "González" y L. 118.168, "Grismau", resoluciones de 26-III-2015; L. 118.403, "Bruch"; L. 118.045, "Chocobar" y L. 118.193, "Liporace", resoluciones de 1-IV-2015; entre otras, sin que se adviertan aportadas razones que justifiquen -en la especie- apartarse de la doctrina allí establecida por este Tribunal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2. Sentado ello, corresponde recordar que determinar la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad y establecer el momento en el que debe comenzar a correr el plazo de la prescripción constituyen cuestiones de índole fáctica reservadas a la apreciación de los jueces de grado, y las conclusiones que al respecto se formulen no susceptibles de revisión en casación, salvo absurdo que debe ser eficazmente demostrado (causas L. 94.576, "F., G.", sent. de 9-IX-2009; L. 99.423, "Primo", sent. de 17-III-2010; L. 98.778, "Guevara", sent. de 5-V-2010; L. 99.333, "Ramos", sent. de 10-VIII-2011; L. 97.077, "Escobar", sent. de 4-VI-2014; L.117.723, "Sarmiento", sent. de 15-VII-2015; e.o.).
En el caso, la interesada estructura su agravio sobre la base de la propia visión que despliega respecto del momento en que -opina- el trabajador se habría anoticiado de la incapacidad derivada del infortunio denunciado como ocurrido el día 15 de septiembre de 2008 y de la patología (disfonía) alegada,áseñalando que tal hito debió situarse en una fecha distinta y anterior en cada caso a la fijada por el a quo .
Sin embargo, los argumentos que expone no son suficientes para conmover la decisión de grado, desde que la quejosa no logra demostrar por qué la solución correcta al caso sería la que propone; en fin, el reproche sólo refleja una mera contraposición de criterios que, como tal, luce inhábil (causa L. 104.665, "Vergara", sent. de 7-III-2012), a lo que he de agregar que no advierte ni denuncia como infringidas las normas legales actuadas por el tribunal de trabajo y que dan sustento al fallo (arts. 256, LCT y 4.037, Cód. Civ.).
III.3. También ha expresado este Tribunal que tanto el análisis del material probatorio aportado por las partes al proceso, como la determinación relativa a si se configuran o no los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en el marco del derecho común, es facultad privativa de los jueces de mérito, salvo absurdo que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 92.726, "Galán", sent. de 17-XII-2008; L. 96.362, "Alincastro", sent. de 28-X-2009; L. 102.695, "Santillán", sent. de 10-VIII-2011; L. 105.399, "G., S", sent. de 14-III-2012; L. 116.962, "Sobrero", sent. de 15-VII-2015; e.o.).
Bajo tales directrices, es dable avizorar que a partir de un análisis aislado y separado de las distintas circunstancias fácticas y probatorias evaluadas por el a quo , la interesada no logra descalificar el razonamiento que sobre la base de la valoración en conjunto de los distintos elementos de juicio obrantes en la causa, condujo al tribunal a considerar configurados en el caso los presupuestos de la responsabilidad fundada en el art. 1.113 del Código Civil
He de destacar aquí que establecer si la parte actora demostró -o no- con la prueba aportada el acaecimiento del accidente de trabajo invocado, así como determinar la existencia de relación causal o concausal entre las tareas, el infortunio y el daño sufrido, constituye una facultad privativa de los jueces de grado, y las conclusiones que al respecto formulen no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, salvo efectiva demostración de absurdo (causas L. 95.261, "Villalba", sent. de 25-III-2009; L. 98.855, "González", sent. de 21-IV-2010; L. 110.970, "Sánchez", sent. de 27-VI-2012; L. 111.383, "Canovil", sent. de 26-III-2014; e.o.); como así también lo es evaluar el material probatorio, y específicamente lo atinente al mérito y fundamento de la pericia médica (causas L. 88.088, "Molina", sent. de 26-X-2010; L. 102.219, "G., E. M.", sent. de 29-VI-2011; e.o.).
III.3.a. En ese marco, y sin perjuicio de la entidad probatoria que se le asigne a la denuncia del empleador ante la aseguradora de riesgos que haya contratado, la disquisición planteada por la compareciente en torno a la falta de acreditación del infortunio laboral denunciado por el demandante no alcanza para desvirtuar lo resuelto.
Ello así pues, el tribunal de grado tuvo por verificado el acaecimiento del siniestro de fecha 15 de septiembre de 2008 con apoyo en las declaraciones testimoniales, cuya aptitud y ponderación no resulta descalificada a través de la alegación de que el testimonio del que hizo mérito el a quo sólo tendría valor probatorio en el marco del reclamo por las prestaciones de la ley especial.
Es además sabido que en el proceso laboral la valoración de la prueba testimonial queda reservada a los jueces de grado, quienes gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 106.461, "Yarcho", sent. de 12-XII-2012; L. 111.831, "Lelli", sent. de 11-VI-2014 y L. 116.830, "Baigorria", sent. de 13-V-2015).
III.3.b. Luego, sin impugnar la exégesis realizada por el a quo para incluir la actividad del actor en el concepto de "cosa" a que alude el art. 1.113 del Código Civil, la interesada refuta por absurda dicha conclusión.
Empero, las manifestaciones que realiza afincadas sustancialmente en su propia interpretación sobre el valor que cabe conferir a la prueba pericial médica y testimonial, así como en el alcance que debe adjudicarse a la circunstancia de que no se hubieran producido los elementos de juicio que indica (v.gr. pericial técnica e informativa), no pasan de ser la expresión de un criterio discrepante, insuficiente para acreditar la configuración del vicio de absurdo (causas L. 108.468, "Camio", sent. de 5-IX-2012; L. 102.677, "Chavanne", sent. de 27-XI-2013 y L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015).
Una vez más, los argumentos de la compareciente sólo exteriorizan su opinión subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión de los hechos y de cómo debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 89.528, "Maldonado", sent. de 23-VII-2008 y L. 95.836, "Legarra", sent. de 18-II-200
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