Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 118911
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Pettigiani, Negri, Soria, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 118.911, "De la Canal, María del Carmen contra Provincia ART S.A. y otro. Accidente de trabajo".
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada (v. fs. 558/569).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 579/590 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Ha sido bien concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Corresponde responder afirmativamente al interrogante planteado en virtud de lo resuelto por este Tribunal en el precedente L. 118.131, "Vaccaro", (resol. de 3-XII-2014) y posteriores (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
I.1. En el citado precedente L. 118.131, esta Corte recordó que la carga pecuniaria establecida en el art. 56 de la ley 11.653 busca asegurar la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones el crédito del trabajador del que la sentencia recurrida constituye fuerte presunción favorable en cumplimiento del mandato constitucional dirigido a la protección del trabajador (arts. 14 bis, Const. nac. y 39, Const. prov.). Asimismo, estableció que la incorporación de la excepción a la mentada carga dispuesta por la ley 14.552 no constituye más que una manifestación legislativa del ejercicio de la facultad constitucional de reglar los recaudos procesales de admisión de los remedios extraordinarios locales, con arreglo a la cual se sustrae a la Provincia de Buenos Aires del cumplimiento de esa erogación económica -comprensiva de capital, intereses y costas- en caso de sentencia de condena.
Desde esta perspectiva, este Tribunal concluyó que la exención no se exhibe reñida con el propósito legal, ni se vislumbra irrazonable o arbitraria, toda vez que no aparece comprometida la finalidad tuitiva del precepto, en tanto y en cuanto se torna operativa la presunción de solvencia que ampara a los Estados provinciales (CSJN causas L. 118.XXII, "La Plata Remolques S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa" Fallo: 311:1835, sent. de 13-IX-1988; U.19.XXII "Universidad Nacional de Tucumán c/ Catamarca, Provincia de s/ acción meramente declarativa", sent. de 6-IX-1988; A.667.XXII "Asistencia Médica Privada S.A.C. c/ Chaco Provincial del s/ cobro de pesos", sent. de 12-VI-1990; C.378.XXII "Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente c/ Chaco, Provincia del s/ Ejecución fiscal", sent. de 30-V-1995), aun en situaciones de emergencia (CSJN causa S.2960.XXXVIII, "Salta, Provincia de c/ Estado Nacional s/ ejecutivo", sent. de 1-IX-2003; Fallos: 316:107; 318:1.084 y sus citas; 324:1.784; e.o.).
En consecuencia, se resolvió -por mayoría- declarar la validez constitucional de la reforma legislativa introducida por el art. 86 de la ley 14.552 en el segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial.
I.2. La reiteración de pronunciamientos emitidos con ulterioridad a la entrada en vigencia de la ley 14.552, en casos sustancialmente análogos al presente (causas L. 118.131, "Vaccaro", resol. de 3-XII-2014; L. 118.390, "González", resol. de 26-III-2015; L. 118.168, "Grismau", resol. de 26-III-2015; L. 118.403, "Bruch", resol. de 1-IV-2015; L. 118.045, "Chocobar", resol. de 1-IV-2015 y L. 118.193, "Liporace", resol. de 1-IV-2015; e.o.), y toda vez que no se advierten razones que justifiquen apartarse de la doctrina allí establecida, autoriza a adoptar la decisión que aquí se propicia (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
II. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial y, en consecuencia, bien concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó la primera cuestión también por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Disiento con la opinión del colega doctor de Lázzari.
La reforma del art. 56 de la ley 11.653 introducida por el art. 86 de la ley 14.552, en cuanto exime al Fisco provincial de realizar el depósito previo de capital, intereses y costas de condena como requisito de admisibilidad de los recursos extraordinarios, es inconstitucional.
Esta Corte ha expresado en reiteradas oportunidades que la carga pecuniaria establecida en el citado art. 56, sin ser un pago anticipado de la sentencia (causas L. 105.908, "Bernardello", sent. de 30-IX-2009; L. 93.978, "Battini", sent. de 22-IX-2010 y L. 101.237, "Mulleady", sent. de 2-VII-2014; e.o.), tiene por finalidad asegurar la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones el crédito del trabajador, del que el pronunciamiento recurrido constituye fuerte presunción favorable (causas Ac. 37.218, "Avena Mora", resol. de 30-IX-1986; Ac. 102.960, "Aparicio", resol. de 8-VIII-2008 y L. 117.394, "Báez", resol. de 12-VI-2013; e.o.).
En su versión anterior a la reforma que se analiza, el depósito previo no admitía otras excepciones (además, claro está, de la relativa al trabajador dado el beneficio de gratuidad previsto en el art. 22 de la ley 11.653) que no fueran las derivadas de la "quiebra o concurso civil del demandado declarados judicialmente", es decir, las provenientes de casos de desapoderamiento patrimonial o de la demostración de imposibilidad de afrontar el pago de la condena. Se admitió también, por vía jurisprudencial, que en caso de que el recurrente alegue una desproporcionada magnitud del monto a depositar y su capacidad económica y la falta de medios para cumplir el depósito previo previsto en la norma procesal laboral, el a quo deberá sustanciar un incidente a fin de que se produzca la prueba tendiente a demostrar esos extremos (causas L. 113.578, "Leiva", resol. de 22- XII-2010; L. 113.681, "Gómez de Saravia", resol. de 1- VI-2011; L. 117.370, "Abalone", resol. de 16-X-2013 y L. 118.053, "Acosta", resol. de 16-VII-2014; e.o.).
Como puede verse, el resto de los condenados solventes -incluido el Fisco provincial- debía hacer frente a esa carga procesal pecuniaria.
Al respecto este Tribunal declaró invariablemente que el Fisco provincial no estaba exento del cumplimiento del depósito previo (L. 232, sent. de 4-VI-1957, Acuerdos y Sentencias 1957-III-1953; Ac. 34.564, "Ferrara", resol. de 19-III-1985 y Ac. 50.406, "Goldín", resol. de 14-IV-1992; e.o.), y precisó, incluso, que no correspondía eximirlo atendiendo a su solvencia dado que esa exigencia procesal procuraba que el trabajador cobrara de forma inmediata su crédito, del cual la sentencia recurrida que lo acogía constituía fuerte presunción (Ac. 36.873, "Liporace", resol. de 12-VIII-1986).
Coincidente con esa finalidad de facilitar la materialización de los créditos laborales, en este proceso, como regla, los arts. 294 y 295 del Código Procesal Civil y Comercial -relativos a la pérdida del depósito previo- no se aplican al condenado recurrente cuando el resultado del recurso no le fuera favorable o la Corte lo declarara bien denegado; tampoco existe un dispositivo legal de contenido similar en el ordenamiento especial.
La norma, en su versión anterior a la reforma introducida por la ley 14.552 se correspondía conceptualmente con los mandatos constitucionales de protección del trabajador -sujeto de preferente tutela constitucional-, y de igualdad (arts. 14 bis y 16, Const. nac.). La reforma, por el contrario, colisiona con esos derechos.
La presunta solvencia del Estado provincial antes que justificar su exención del depósito previo, es el dato relevante que lo coloca en igualdad de situación con el resto de los empleadores del sector privado cuya quiebra o concurso no fueron declarados o que no demostraron la desproporcionada magnitud del monto con relación a su capacidad económica y la falta comprobada e inculpable de los medios para afrontar dichas erogaciones (causa L. 117.977, "Yungblut", resol. de 16-VII-2014). Si el Estado es solvente ¿cuál es el motivo para, a diferencia de los otros recurrentes condenados, dejar de hacer el depósito previo que las sucesivas leyes procesales laborales han impuesto desde el año 1947? Ninguna pista da la ley 14.552 de Gastos y Recursos de la Administración Provincial (B.O., 23 y 24-XII-2013) por lo que no encuentro otro motivo que no sea el de concederle una ventaja exclusiva, sin causa que justifique, que daña la igualdad entre empleadores a la vez que atenta contra la indemnidad del trabajador.
Si bien es cierto que la concesión de los recursos extraordinarios está sujeta a la reglamentación legislativa a través de las leyes de procedimiento, esa facultad de reglar los recaudos procesales de admisión de las impugnaciones extraordinarias no puede desentenderse de los principios sustanciales que necesariamente se proyectan al ámbito adjetivo y de que el proceso es un instrumento realizador del derecho de fondo.
Ese derecho de fondo que además de procurar la seguridad física del trabajador se ha prolongado naturalmente en la idea de su seguridad económica.
Y no otra finalidad tuvo la disposición que imponía la carga del depósito previo de capital, intereses y costas de la condena, en cuanto a la regulación puesta al servicio de hacer operativas las garantías de percepción íntegra, oportuna y cómoda de las indemnizaciones y otros créditos laborales.
Por ello, una reforma legislativa como la que se analiza es claramente incompatible con el principio de progresividad y no regresividad consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, art. 2.1), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH, art. 26) y en el Protocolo Adicional a esta última o Protocolo de San Salvador (art. 1). Y el Estado provincial no ha justificado esa regresividad, es decir, no se ha ocupado de intentar explicar, siquiera, que pese a implicar un retroceso en un derecho, la norma ha importado un avance teniendo en cuenta la totalidad de los derechos previstos en el Pacto.
Por ello, y en razón de todo lo demás expuesto, la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al art. 56 de la ley 11.653 debe ser declarada inconstitucional en la medida que resulta violatoria de los arts. 14 bis y 16 de la Constitución nacional, 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales, 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 1 del Protocolo de San Salvador (art. 75 inc. 22, Const. nac.).
Atento el modo como se resuelve, corresponde intimar a la recurrente para que en el plazo de cinco días integre el depósito del art. 56 de la ley 11.653, bajo apercibimiento de denegar el recurso interpuesto.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó la defensa de prescripción opuesta por Provincia ART S.A. y acogió la demanda promovida por María del Carmen De la Canal, por la que pretendía -con fundamento en la ley especial- el cobro de una indemnización por la incapacidad laborativa derivada del accidente de trabajo que protagonizó el día 10 de septiembre de 2007.
Para así decidir, juzgó acreditado que en la fecha señalada, mientras prestaba servicios en las instalaciones del ex Colegio Nacional, la actora cayó de un escenario y se fracturó el pilón tibial de su rodilla izquierda (v. fs. 559 y vta.) Asimismo que, como consecuencia del mencionado infortunio, la accionante padece una incapacidad laboral permanente del 26% del índice de la total obrera (v. fs. cit.).
Luego, consideró que el resarcimiento reclamado por la trabajadora "se hace exigible a partir del cese de la incapacidad temporaria, la que en el caso de autos debe entenderse que ocurrió al año del infortunio" (art. 7 apdo. 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo; v. fs. 562 vta.).
A partir de esa conclusión, el a quo declaró que el plazo prescriptivo bienal -previsto en el art. 44 de la misma ley- comenzó el día 10 de septiembre de 2008 y, por ende, al momento de impulsarse el proceso (8 de octubre de 2009) no había fenecido (v. fs. cit.).
Por otro lado, tras cuantificar el importe de la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, declaró aplicable al caso el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 y, en consecuencia, ordenó ajustarlo conforme al índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), (v. fs. 562 vta./563).
En ese sentido, explicó que, si bien el apartado 5 de esta norma establece que las disposiciones del mismo cuerpo legal sean aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjera a partir de su entrada en vigencia, el apartado 6 consagra una regla especial que se aparta de aquella regla general. Ello así, no solo porque este último hace referencia a las prestaciones en dinero por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y su actualización mediante el decreto 1.694/09 (y no "a las prestaciones establecidas por la propia ley 26.773 referidas en el art. 17 apartado 5"), sino también, porque, de haber querido el legislador declarar aplicable el mecanismo de ajuste solo a las contingencias futuras, no hubiese redactado el apartado 6, máxime cuando dicha interpretación resulta coherente con los considerandos del mensaje de elevación del proyecto de ley, en los cuales se alude a la "imperfección estructural del sistema como instrumento de protección social" (fs. 564 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, violación de las leyes 23.928 y 25.561, de los decretos 658 y 659/96, y de los arts. 44 inc. "e" de la ley 11.653; 8 y 12 de la ley 24.557; 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773; 3 del Código Civil; y 17 y 18 de la Constitución nacional.
II.1. En primer lugar, se opone a la aplicación del art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 porque no se encontraba vigente al momento de la primera manifestación invalidante de la actora (v. fs. 582 vta.).
Sostiene que dicha norma no constituye una excepción al principio general contenido en el apartado 5, sino que establece la forma de ajustar las prestaciones en dinero por incapacidad permanente conforme al índice RIPTE (v. fs. 583 vta.).
Señala que las excepciones a la regla de entrada en vigor de una ley deben ser expresamente establecidas, por lo que -afirma- no cabe presumirlas ni interpretarlas en beneficio de las victimas (v. fs. 584 vta.).
Destaca que la ley 26.773, siguiendo el criterio establecido en las normas jurídicas que anteriormente modificaron el sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00 y 1.694/09), no resulta de aplicación retroactiva, sino que se aplica a aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su entrada en vigencia (v. fs. cit.).
Desde esa perspectiva, concluye que, en el caso, se ha demostrado que el tribunal de grado ha incurrido en una errónea aplicación de la ley 26.773, contraria a la seguridad jurídica, al derecho de propiedad y al principio de irretroactividad de las leyes (v. fs. cit.).
En ese sentido, citando doctrina legal de esta Corte, indica que "el Código Civil consagra el principio de irretroactividad (art. 3), en tanto la norma nueva no puede incidir sobre las relaciones constituidas ni regularlas, debiendo por el contrario respetarlas, cuando se hayan concretado los presupuestos de hecho que eran necesarios y suficientes para que, según la norma vigente en aquél momento, el derecho naciese, todo ello conforme a la exigencia de estabilidad de las relaciones jurídicas ya constituidas" (fs. 585).
II.2. A su vez, objeta el porcentaje de incapacidad que se declaró acreditado en el veredicto (v. fs. 586).
Alega que el juzgador efectuó una absurda valoración de la prueba porque, para establecer dicha decisión, se sustentó en las conclusiones establecidas en la experticia médica pese a las inexactitudes oportunamente denunciadas en la impugnación (v. fs. 586 vta./587). Entiende que "debió tener en cuenta el baremo dispuesto por el decreto 658 y 659/96 para la patología estimada por el perito" (fs. 587 vta.).
II.3. También le reprocha al a quo haber tenido en cuenta el ingreso base mensual denunciado por la actora soslayando los recibos agregados al expediente (v. fs. 582 vta./586).
II.4. Por último, se agravia por el rechazo de la defensa de prescripción y, en ese orden, impugna la conclusión del tribunal respecto al comienzo del curso de la prescripción (v. fs. 589). Entiende que se inició en la fecha del accidente, porque allí la trabajadora tomó conocimiento de su fractura y percibió las primeras prestaciones médicas (v. fs. cit.).
Con apoyo en la doctrina de esta Corte, añade que "en el supuesto de accidentes de trabajo la fecha en que el trabajador toma conocimiento de su incapacidad, generalmente coincide con el acaecimiento del infortunio cuando en esa oportunidad se produjo la minusvalía permanente de aquél" (fs. 589 vta.).
III. El recurso admite una procedencia parcial.
III.1. Inicialmente, debo destacar que -a contrario de lo que erróneamente sostiene la recurrente a fs. 580- el valor de lo cuestionado ante esta instancia no supera el mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
En el caso, dicha suma está representada por el importe del capital que el tribunal ordenó pagar a la demandada -integrado por la indemnización prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y la actualización establecida en el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773- sin que corresponda adicionar a éste el de los intereses (causas L. 90.108, "Rodríguez", sent. de 30-IX-2009; L. 90.482, "Jaime", sent. de 18-VIII-2010; L. 99.161, "P., D." sent. de 15-XII-2010; L. 96.351, "Bonifacich", sent. de 6-IV-2011; L. 114.932, "Alfonso", sent. de 26-X-2011 y L. 103.756, "Davila", sent. de 6-XII-2011; e.o.).
Aun cuando la interesada no ha formulado con precisión los cálculos necesarios para determinar el importe indicado -incumpliendo así la carga procesal de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en la ley ritual para la admisibilidad del recurso (causas Ac. 33.533 y Ac. 33.534, "Fani y Vivarelli S.C.C.", sents. de 10-IX-1985; L. 96.737, "Coccioli", sent. de 1-X-2008; L. 100.898, "Olazar", sent. de 3-III-2010; L. 101.519, "R., L.", sent. de 21-IV-2010; L. 95.744, "Toscano", sent. de 14-VII-2010; L. 107.973, "Cale", sent. de 4-VII-2012; L. 104.322, "Echave", sent. de 11-VII-2012 y L. 115.072, "Cipolletti", sent. de 28-VIII-2013; e.o.)-, ello surge evidente con solo reparar en el hecho de que, aun sumando la totalidad de los montos correspondientes al capital ($38.959,20) y a la actuali
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