Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119372
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Negri, Genoud, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.372, "Fortini, Carlos Rolando contra Aguas Bonaerenses S.A. y otro. Accidente de Trabajo".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 663/680).
Se interpuso, por la codemandada Aguas Bonaerenses S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 709/720).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Carlos Rolando Fortini contra Aguas Bonaerenses S.A., por la que pretendía con fundamento en las normas del derecho común el cobro de una indemnización integral por los daños y perjuicios derivados de la minusvalía que padece como consecuencia de las tareas prestadas bajo relación de dependencia de aquella. En cambio, rechazó la acción entablada contra Provincia ART S.A., con fundamento en el art. 1.074 del Código Civil.
Para así decidir, tras analizar el material probatorio aportado al proceso, el a quo juzgó acreditado que el actor sufre una enfermedad profesional (hipoacusia bilateral) que le genera una incapacidad del 17,2% del índice de la total obrera y tiene relación causal con el trabajo y el ambiente en el que se desempeñó (v. fs. 672).
También, consideró probado que la accionante percibió de la firma aseguradora la suma de $42.682,89, como indemnización a causa de la disminución de la capacidad laborativa fijada por la Comisión Médica n° 13 (v. fs. cit.).
Ya en la sentencia, el tribunal juzgó que Provincia ART S.A., en tanto cumplió con los deberes de prevención y seguridad impuestos por la Ley de Riesgos del Trabajo, no podía ser responsable de los daños sufridos por el accionante en los términos de la norma legal indicada anteriormente (v. fs. 673 y vta.).
Posteriormente, al analizar el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 articulado en la demanda, con apoyo en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Aquino", consideró que mediante dicha ley "...se consagró un marco reparatorio de alcances menores que los del Código Civil, apartándose de la concepción reparadora integral, ya que ésta sólo indemniza daños materiales y dentro de éstos, únicamente el lucro cesante menguadamente"; declaró así que "...la citada norma resulta contraria al orden constitucional (art. 14 bis, 19, 22, 28, y 75 inc. 22 CN)" (fs. 673 vta. y 674).
Luego, sobre la base de los hechos acreditados en el veredicto, juzgó que en la especie se encontraban configurados los presupuestos necesarios para atribuirle responsabilidad objetiva a la empleadora en los términos del art. 1.113 del Código Civil (v. fs. 674/675).
A partir de esa conclusión, calculó la indemnización que de conformidad con el derecho común obtendría el actor en concepto de daño material en el monto de $151.734,62, al que agregó el importe de $15.000 relativo al daño moral. Así, teniendo en cuenta lo percibido de la Aseguradora de Riesgos, condenó a la empleadora al pago de la suma de $109.051,73, más lo presupuestado en concepto de reparación del daño moral (v. fs. 675 vta./677).
II. La codemandada Aguas Bonaerenses S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo en la valoración de la prueba; violación del principio de congruencia; de los arts. 14, 16, 17 y 19 de la Constitución nacional; 10, 25 y 171 de la provincial; 1.109 y 1.113 del Código Civil; 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo; 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 709/720).
Se agravia porque el tribunal de grado rechazó la demanda promovida contra la aseguradora de riesgos del trabajo, y condenó a su parte, con fundamento en las normas del Código Civil (v. fs. 711 vta.).
Sostiene que el juzgador efectuó una absurda apreciación de las pruebas y circunstancias que surgen de la causa (v. fs. 711 vta./715).
En ese orden, señala que el a quo , antes de "desvincular" a Provincia ART S.A., debió haber realizado el cotejo correspondiente entre la reparación pecuniaria a las que accedería el demandante según las previsiones de la Ley de Riesgos del Trabajo o del Código Civil para determinar si el régimen de la ley 24.557, en el caso concreto, cumple -o no- con la finalidad de resarcir adecuadamente la integridad psicofísica del trabajador (v. fs. 715 vta.).
Explica que, asimismo, debió precisar el límite hasta el cual debe responder la compañía mencionada y condenarla en la medida del seguro (v. fs. 718 y vta.).
Desde esa perspectiva aduce que el sentenciante se apartó de la doctrina legal que esta Corte estableció en las causas L. 87.394, "V. d. C., M. C." y L. 81.826, "Yaman" (sents. de 11-V-2005; v. fs. cit.).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Inicialmente cabe destacar que -contrariamente a lo que sostiene la recurrente a fs. 710- el valor de lo cuestionado ante esta instancia no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141- (Acordada 3748/15).
En el caso, dicha suma está representada por el importe del capital que el tribunal ordenó pagar a la codemandada Aguas Bonaerenses S.A., sin que corresponda adicionar a éste el de los intereses (causas L. 90.108, "Rodríguez", sent. de 30-IX-2009; L. 90.482, "Jaime", sent. de 18-VIII-2010 y L. 96.351, "Bonifacich", sent. de 6-IV-2011; e.o.).
A tenor de lo señalado, el examen de admisibilidad del recurso sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de esta Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 104.305, "Instituto Nuestra Señora del Huerto", sent. de 20-III-2013; L. 116.431, "Velásquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015).
III.2. En el acotado marco de revisión indicado, el agravio en el cual se cuestiona la valoración de la prueba realizada por el tribunal, que lo condujo a juzgar configurados los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida contra la empleadora, es inadmisible. Al respecto, esta Corte ha establecido que no se verifica la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653 si el planteo propuesto en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley remite al análisis de típicas cuestiones de índole fáctica y probatoria (causas L. 101.141, "Valenzuela", sent. de 9-XI-2011; L. 106.956, "Bonasso", sent. de 11-IV-2012 y L. 117.748, "Castelluccio", sent. de 6-V-2015).
III.3. También debe ser desestimado el cuestionamiento referido a la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, toda vez que la recurrente no logra evidenciar la violación de la doctrina legal que invoca.
Si bien en el caso el órgano judicial de grado no realizó ningún cálculo aritmético tendiente a explicar la insuficiencia de las prestaciones de la ley 24.557 en comparación con la suma que le correspondía percibir al actor de conformidad con los parámetros de la reparación integral propia del anterior Código Civil, no lo es menos que zanjó la cuestión de manera implícita al valorar -para descalificar constitucionalmente a la mentada norma- la circunstancia de que el sistema resarcitorio de la ley especial exhibe "...alcances menores que los del Código Civil [...] ya que [...] solo indemniza daños materiales y dentro de estos, únicamente al lucro cesante menguadamente" (fs. 673 vta. y 674).
Ante ello, es dable advertir que dicho razonamiento encuentra respaldo en la doctrina legal que este Tribunal ha elaborado con sustento en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente A.2652.XXXVIII "Aquino, Isacio c/Cargo Servicios Industriales S.A." (sent. de 21-IX-2004), donde -vale recordarlo- declaró que uno de los factores que habilitaban la descalificación constitucional del art. 39 de la ley 24.557 residía, precisamente, en la circunstancia de que dicho cuerpo legal se había apartado de la concepción reparadora integral, al no admitir indemnización por ningún otro daño que no sea la pérdida de la capacidad de ganancias del trabajador, la cual, a su vez, resulta conmensurable de manera restringida (conf. cons. 6° del voto de los doctores Zaffaroni y Petracchi; 9° del voto de los doctores Belluscio y Maqueda; 11° del voto de la doctora Highton de Nolasco; 4° del voto del doctor Boggiano, en el citado caso "Aquino"; causas L. 81.826, "Yaman", L. 87.394, "V. d. C., M. C. y otros", sents. de 11-V-2005 y L 84.882, "Barbusano", sent. de 9-V-2007, de esta Suprema Corte).
De tal manera, la decisión del a quo , que en oportunidad de dictar la sentencia definitiva descalificó constitucionalmente al art. 39 de la ley 24.557 al juzgar "...demostrada la insuficiencia de lo reparado por la Ley de Riesgos para cubrir integralmente los daños efectivamente sufridos por el trabajador" (fs. 674), se adecua a la doctrina legal establecida por este Tribunal sobre la cuestión debatida (causas L. 81.826; L. 87.394 y L 84.882, antes citadas).
III.4. Lo expuesto, no obsta a juzgar la procedencia de aquel otro cuestionamiento que contiene el recurso, dirigido a obtener un pronunciamiento que responsabilice a la aseguradora de riesgos del trabajo en los términos del seguro.
En efecto, de la lectura del fallo se desprende que el a quo evitó pronunciarse respecto a la responsabilidad que le pudo caber a Provincia ART S.A. -por la enfermedad profesional que padece Fortini- en el marco de la ley 24.557; ello, al encuadrar la pretensión bajo el exclusivo ámbito de la normativa civil.
En tales condiciones, se verifica la transgresión de la doctrina legal que denuncia la recurrente (causa L. 87.394, cit.), toda vez que esta Corte -teniendo en consideración lo expresado por el Alto Tribunal en el mencionado precedente "Aquino"- asimismo ha declarado que, aún derribado en un caso concreto -por inconstitucional- el valladar a la reparación integral contenida en el art. 39 de la ley 24.557, las aseguradoras de riesgos del trabajo no han de quedar relevadas de satisfacer las obligaciones que han contraído en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo, posibilitando que el empleador pueda encontrar protección en la medida de su aseguramiento (causas L. 93.601, "Gómez", sent. de 9-IX-2009; L. 93.024, "Ojeda", sent. de 2-VII-2010 y L. 97.816, "Greco", sent. de 21-XII-2011; e.o.).
En consecuencia, corresponde revocar la sentencia de grado en este aspecto, y devolver los autos al tribunal de origen para que -nuevamente integrado y con arreglo a las circunstancias fácticas acreditadas- determine la responsabilidad sistémica que le podría caber a Provincia ART S.A. en los términos del contrato de afiliación celebrado en el marco de dicha ley y no controvertido entre las partes.
IV. Por todo lo dicho, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y casar la sentencia impugnada con los alcances indicados en el último párrafo del apartado anterior.
Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que, con diferente integración, renueve los actos procesales necesarios y dicte el pronunciamiento que corresponda de conformidad con lo que aquí se decide.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, atento al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Adhiero a lo manifestado por el doctor Soria en los puntos III.1., III.2. y III.4., de su voto.
II. En lo que concierne a la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo, pronunciada por el tribunal de grado, considero que debe ser confirmada por los fundamentos que expuse en numerosos precedentes (causas L. 78.519, "Silva", sent. de 6-IX-2006; L. 99.545, "Caballero", sent. de 12-XI-2008 y L. 84.558, "Branca", sent. de 30-IX-2009; e.o.), a los que, en honor a la brevedad, me remito.
III. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con el alcance indicado en el sufragio inaugural.
Costas por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC)
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. Hallándose controvertida en la especie la declaración de responsabilidad civil de la empleadora y, por ende, el importe íntegro de la sentencia de condena (comprensiva del capital y los intereses calculados en consecuencia), estimación de la que no sólo da cuenta la propia sentencia (v. fs. 677), sino también la liquidación practicada por el actuario en cumplimiento del imperativo previsto en el art. 48 de la ley procesal laboral, considero que en la especie el valor de lo cuestionado a los fines de juzgar la admisibilidad del recurso, supera el importe mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. Brito Peret, José I. y Comadira, Guillermo L.; Procedimiento Laboral en la Provincia de Buenos Aires- Ley 7.718 . Segunda edición actualizada, pág. 550, Ed. Astrea, febrero 1995).
Bajo esos lindes examinaré la impugnación traída.
I.2. La crítica que alude a la verificación de los presupuestos de responsabilidad de la empleadora no prospera.
Como es sabido, determinar si se configuran o no los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del Código Civil, es una potestad privativa de los jueces de mérito, salvo absurdo, que debe ser demostrado por la recurrente (causas L. 101.689, "Soneyra", sent. de 18-V-2011; L. 107.246, "A., P." y L. 108.969, "Van Opstal", sents. de 5-IX-2012; L. 113.462, "Irigoyen", sent. de 13-XI-2013 y L. 116.978, "Dalfonso", sent. de 8-IV-2015).
En este marco de análisis, juzgo que la interesada no logra demostrar que la valoración de la prueba efectuada por el a quo para arribar a conclusión en pugna se encuentra viciada por absurdo.
Apartada de la línea reflexiva y de la apreciación en conciencia de la prueba que llevó a los jueces de grado a plasmar la decisión expuesta en la sentencia, la agraviada sólo intenta un nuevo análisis del material probatorio obrante en la causa según su propio y personal criterio valorativo, sistema este que -reitero- se ha juzgado impropio para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que constituye el vicio del absurdo (causas L. 98.234, "Pérez", sent. de 28-V-2010; L. 111.001, "Liendo", sent. de 21-IX-2011 y L. 113.518, "Capris", sent. de 29-X-2014).
I.3. En lo que atañe a la validez constitucional del art. 39 de la ley 24.557 y la responsabilidad sistémica de Provincia ART S.A., coincido con los señalamientos que formula el doctor Soria a partir del punto III.3. de su voto, que comparto.
II. Con los alcances indicados en el punto IV del sufragio que inicia el acuerdo, corresponde admitir parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
Costas por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto .
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia