Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121135
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Genoud, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.135, "Molina, Germán contra La Segunda ART S.A. Accidente de trabajo - acción especial".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 160/171 vta.).
Se interpuso, por la legitimada pasiva, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 187/224 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la acción deducida por el señor Germán Molina y condenó a La Segunda ART S.A. al pago de la suma de $507.238,75 en concepto de diferencias de prestaciones dinerarias contempladas en los arts. 11 apartado 4 inc. "b" y 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557, con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto en la ley 26.773 (v. sent., fs. 170 vta./171 vta.).
Resolvió de esa manera, en tanto juzgó acreditado que el actor el día 29 de julio de 2012 sufrió un accidente de trabajo y que como consecuencia de dicho infortunio padece una incapacidad que asciende al 72,39% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 160/161 vta.).
Asimismo, consideró probado que la aseguradora le abonó al trabajador "sin discriminación ni explicación alguna" la suma de $82.697, en relación con la incapacidad de 37% asignada por la Comisión Médica (v. vered., fs. cit.).
Puesto a determinar el importe de la prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "b" y el adicional de pago único establecido en el art. 11 apartado 4 inc. "b" de la Ley de Riesgos del Trabajo, el a quo las cuantificó inicialmente en las sumas de $164.545,18 y $100.000 respectivamente (v. sent., fs. 169).
Luego, a dichos montos dispuso aplicarles el índice RIPTE vigente entre el 1 de enero de 2010 hasta la entrada en vigencia de la ley 26.773 (octubre 2012); arribando a un coeficiente de 2,23 por el que multiplicó las cifras antes señaladas, obteniendo -luego de deducir lo ya percibido- un total de $507.238,75 ($284.238,75 + $223.000; v. sent., fs. cit.).
Para arribar a ese guarismo, tuvo en cuenta lo resuelto por esta Corte en la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), donde -afirma- se estableció "...que el índice RIPTE resulta de aplicación únicamente a partir del decreto 1694/09 hasta la sanción de la ley 26.773" (sent., fs. 168 y vta.).
Finalmente, dispuso calcular los intereses moratorios, desde la fecha del evento dañoso (29 de julio de 2012) y hasta su efectivo pago, conforme la "tasa pasiva" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., fs. 169 y vta.).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la aseguradora denuncia absurdo, arbitrariedad y la violación de los arts. 14 y 15 de la ley 24.557; 8, 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 7 del Código Civil y Comercial; 14, 16, 17, 18 y concordantes de la Constitución nacional; y de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de la ley 26.773.
II.1.a. Sostiene que toda vez que el infortunio que originó la incapacidad del trabajador acaeció con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773 -mientras era aplicable el decreto 1.694/09-, lo resuelto deviene absurdo, transgrediendo -asimismo- el principio de irretroactividad de las leyes previsto en el art. 3 del Código Civil (actual art. 7, CCC) la doctrina legal emergente de la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y lo resuelto -en idéntico sentido- por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito".
II.1.b. Asimismo, se agravia por cuanto -entiende- el a quo sustentó su decisión realizando una errónea interpretación de la doctrina sentada por esta Corte en el precedente L. 118.532, "Godón" (sent. de 5-IV-2017). Argumenta que en la citada causa este Tribunal determinó cual sería la correcta aplicación del índice RIPTE previsto en la ley 26.773, que -contrariamente a lo que ocurre en el presente caso- se encontraba vigente al momento del accidente de trabajo. Además, explica que allí se resolvió que el referido índice se aplica únicamente sobre los pisos mínimos y los adicionales de pago únicos, y no sobre una fórmula polinómica, como lo hizo el órgano de grado. Finalmente, señala que el juzgador declaró aplicable el índice RIPTE a partir del decreto 1.694/09 hasta la sanción de la ley 26.773, cuestión que -sostiene- en ningún tramo del fallo esta Corte hizo referencia.
II.2. Cuestiona que el tribunal, sobre un cálculo indemnizatorio actualizado, descuenta lo pagado por su parte conforme el dictamen de la Comisión Médica, lo cual considera que resulta irrazonable.
Afirma que, tratándose de una deuda valor, el a quo debió tomar la incapacidad determinada en autos (72,39%), y a ella descontarle el porcentaje ya abonado (37%), y a partir de ahí, calcular la reparación sobre la incapacidad restante (v. fs. 222 vta./223 vta.).
II.3. Aduce que en el sub judice se resolvió en franca contradicción con otros pronunciamientos del mismo tribunal.
Manifiesta que el órgano de grado fijó los intereses a partir de la fecha del evento dañoso, mientras que en otro precedente ordenó liquidarlos a partir del día en que se dictó la sentencia (v. fs. 223 vta.).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Inicialmente debe destacarse que el veredicto de fs. 160/161 vta. carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47, ley 11.653. Asimismo, se observa que la secretaria del tribunal de origen no rubricó el mentado veredicto (v. fs. 161 vta.), ni la sentencia (v. fs. 170).
Al respecto, cabe precisar que, en tanto los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solas a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2.a. Ingresando en el análisis del recurso, ha de señalarse que merece favorable recepción la crítica que trae la interesada contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto cuantificó la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
Esta Corte tiene dicho que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2000 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia, lineamiento establecido -entre varias- en la causa L. 118.695, citada, y a la que por razones de brevedad remito, en sentido concordante con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
A tenor de lo señalado, y teniendo en cuenta que a la fecha de ocurrencia del infortunio laboral se encontraba vigente la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09 -y no así la ley posterior-, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso, y revocar lo resuelto en el pronunciamiento de grado en cuanto allí se determinó el importe de las prestaciones dinerarias con apoyo en lo dispuesto en los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, norma cuya inaplicabilidad se declara.
III.2.b. Sin perjuicio de lo resuelto en el apartado anterior, cabe subrayar que en el caso, el tribunal de grado tampoco interpretó debidamente lo juzgado por esta Corte en la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), oportunidad en la cual hubo de pronunciarse con relación al modo de aplicación y los conceptos sujetos a ajuste del índice RIPTE respecto de las prestaciones correspondientes a contingencias cuyas primeras manifestaciones invalidantes sean posteriores a la entrada en vigencia de la ley 26.773 (es decir, 26 de octubre de 2012).
III.3. No puede tener favorable recepción el planteo por el cual cuestiona que el tribunal haya tomado a valor histórico lo abonado por la aseguradora en sede administrativa.
La interesada no ha cumplido con la carga de formular denuncia alguna orientada a demostrar una supuesta transgresión normativa o, en su caso, un apartamiento de la doctrina de este Tribunal. Sobre el particular tiene reiteradamente dicho esta Corte que, para que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley reúna los requisitos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial y su doctrina, debe cumplir ante todo con el recaudo básico relativo a la indicación en términos claros y concretos de la ley o doctrina que se repute violada o erróneamente aplicada. La deficiencia que patentiza el incumplimiento de dichas cargas, resulta insalvable, pues la Suprema Corte no puede suplir de oficio por inferencias o interpretación la omisión de las citas legales que debieron efectuarse para sustentar la impugnación (causas L. 68.486, "Catania", sent. de 26-X-1999; L. 82.977, "Chiorazzi", sent. de 11-VI-2003 y L. 96.737, "Coccioli", sent. de 1-X-2008; e.o.).
III.4. Igual suerte adversa, y por las mismas consideraciones volcadas en el apartado anterior, ha de correr la parcela del recurso destinada a objetar el período por el cual el juzgador de grado ordenó liquidar los intereses.
III.5. Finalmente, y en atención al señalamiento formulado en el punto III.1. de este voto, debe exhortarse a los señores jueces sobre las irregularidades que se advierten en el dictado del veredicto y sentencia de la presente causa.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia de grado en cuanto allí se aplicó para definir el capital de condena las disposiciones contenidas en la ley 26.773.
Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento de conformidad con lo que aquí se decide.
Costas por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Adhiero al voto del doctor Soria, con las siguientes consideraciones.
I.1. En lo que respecta a la aplicación retroactiva de la ley 26.773, en la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, he dejado plasmada mi postura en torno a su vigencia temporal, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7, (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7-VI-2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
I.2. Luego, comparto lo manifestado por el doctor Soria en los puntos III.2.b., III.3. y III.4. de su sufragio.
I.3. Finalmente, y en atención al señalamiento formulado por el colega ponente en el punto III.1. de su voto, me veo compelido a exhortar nuevamente a los señores jueces del Tribunal de Trabajo de Junín sobre las irregularidades -algunas graves- que se advierten en el dictado de sus sentencias, que esta Corte ha debido revisar. El proceso no es un conjunto de solemnidades y rituales sin sentido, ni puede ser exigido el cumplimiento puramente formal de cada una de las reglas que lo regulan. Pero tampoco es terreno anómico donde las cosas puedan hacerse de cualquier manera. Así, la falta de fecha y lugar en el veredicto, la omisión del Actuario de rubricar el veredicto y la sentencia, se constituyen en evidencias de la displicencia y liviandad con que los intereses en juego han sido tratados.
II. Sentado lo que antecede, el recurso debe acogerse conforme se indica en el apartado final del sufragio que abre el acuerdo.
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. Por las consideraciones que habré de exponer, discrepo en el tratamiento de la crítica por conducto de la cual se impugna la aplicación al caso de la ley 26.773.
En mi opinión, esa decisión no ha de modificarse, aunque los fundamentos para mantenerla difieren de los expuestos por el tribunal de origen.
I.1.a. En lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, he de volcar aquí lo expresado al votar la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 en cuanto a que la ley 26.773 ha reiterado como regla general el criterio adoptado por normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904, "Bertino", sentencia de 22-X-2008 y los que siguieron, con motivo de las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00.
Entonces, por establecer el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 una regla general similar a la contenida en normas anteriores, tal doctrina le resulta aplicable.
I.1.b. Sin embargo, lo expuesto no alcanza para acompañar la totalidad de su planteo pues, en mi opinión, la decisión de grado debe ser confirmada aunque por distintos fundamentos.
A fin de dar solución a este conflicto debo recordar una vez más, como lo he expresado a lo largo de los años en las causas L. 51.220, "Lorenzi", sentencia de 10-VIII-1993; L. 51.550, "Vivas", sentencia de 22-II-1994; L. 53.740, "Schmidt", sentencia de 27-II-1996 y L. 83.781, "Zaniratto", sentencia de 22-XII-2004, entre muchas otras, que la declaración de oficio de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan pues el tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes.
Luego, considero que la indemnización por incapacidad parcial, permanente y definitiva, calculada conforme la norma vigente al momento de la primera manifestación invalidante, importa una insuficiencia reparatoria que la torna una indemnización inadecuada y, por ende, pese a que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional, una clara vulneración del derecho -también constitucional- a obtener una reparación razonable y equitativa de los daños en el presente caso.
La insuficiencia de tal prestación aún parcialmente insatisfecha fue expresamente asumida por el Poder Ejecutivo nacional al expresar en el mensaje remitido al Honorable Congreso de la Nación acompañando el proyecto de ley relativo al "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" (hoy ley 26.773) en donde reconoce que pese a que con el decreto 1.694/09 se dispuso la mejora de las prestaciones dinerarias del sistema a la vez que el establecimiento de medidas concretas para perfeccionar sus aristas de gestión, la imperfección estructural de la ley 24.557 y sus modificatorias como instrumentos de protección social no fue saneada y que el régimen vigente en materia de riesgos del trabajo "...ha profundizado el impacto en la sociedad de sus aspectos más negativos, llegando a distorsionar y comprometer el funcionamiento de la totalidad del sistema", concluyendo que con las reformas impulsadas (hoy concretadas en la ley 26.773) se pretendió avanzar "...en una respuesta legal que supere los factores más controvertidos del sistema presente, con el fin de instalar un régimen reparatorio que brinde prestaciones plenas, accesibles y automáticas...".
Si se toma en cuenta que el actor sufrió un accidente de trabajo el día 29 de julio de 2012 y que a la fecha aún permanece parcialmente insatisfecho su derecho a una reparación razonable del daño que padece como consecuencia de ese infortunio, las indemnizaciones previstas en la ley 24.557 calculadas -como pretende la demandada- de acuerdo a pautas tarifarias fijadas en el año 2009 por el decreto 1.694, por insuficiente, es inconstitucional y así debe ser declarada.
En ese contexto, estimo apropiado a fin de establecer el importe indemnizatorio -como lo ha hecho el tribunal de origen- acudir a las pautas tarifarias contenidas en la ley 26.773, por considerar que dicha norma (pese a no ser aplicable atento la fecha en que ocurrió la contingencia que dio lugar a estos autos) provee -en este caso- pautas para el cálculo de una reparación razonable y equitativa.
I.2. En cambio, ha de prosperar el agravio vinculado al modo en que se dispuso la aplicación del índice RIPTE.
En la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), esta Corte determinó que los conceptos sobre los que opera la aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773, a partir de una razonable lectura de los preceptos en juego, son los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2; las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4; y los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 establecida en la primera de las leyes citadas (arts. 8 y 17 apdo. 6, ley 26.773; resols. de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 y 3/14 -y las que siguieron su línea-; dec. 472/14).
En este marco, le asiste razón a la impugnante en cuanto sostiene que no corresponde calcular dicho índice sobre el resultado de la fórmula tarifada del art. 14 de la ley 24.557, pues tal método no se condice con lo dispuesto en la normativa de aplicación conforme la interpretación que le ha dado la doctrina legal de esta Corte anterio
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