Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119977
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios traídos; con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, Negri, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.977, "Teijeiro, Carlos Alberto contra GKN Sinter Metals de Argentina S.A. y otro. Despido".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Mercedes, con asiento en dicha ciudad hizo lugar a la excepción de cosa juzgada que como de previo y especial pronunciamiento dedujeron las accionadas; con costas a la parte actora (v. fs. 260/262).
Se dedujeron, por esta última, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 273/287 vta.).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 307/310 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente declaró operada la cosa juzgada administrativa con relación a la pretensión deducida por el señor Carlos Alberto Teijeiro contra GKN Sinter Metals de Argentina S.A. y Cotecsud Compañía Técnica Sudamericana S.A. de Servicios Empresarios, por la que procuraba el cobro de los rubros salariales e indemnizatorios que reclamó en la demanda (art. 31 inc. "d", ley 11.653).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 275 vta./279).
En esencia, denuncia que en la sentencia atacada se ha omitido el tratamiento de cuestiones oportunamente planteadas que resultaban, a su juicio, esenciales para la resolución de la litis. Plantea, a la vez, que el juzgador de origen otorgó valor gravitante a un acto jurídico inexistente, pues -sostiene- de las constancias de fs. 230 vta. surge que el proyecto de disposición 1.361/10 carece de rúbrica.
Sostiene entonces que el esquema y razonamiento jurídico expuesto en el fallo parte de considerar una homologación administrativa que se sustenta sobre un acto jurídico inexistente. Asegura que esa deficiencia ha sido advertida por primera vez por su parte en esta instancia extraordinaria, motivo por el cual no la dedujo previamente.
Afirma que tal irregularidad es suficiente para anular el pronunciamiento en crisis.
Sin embargo, desde otroángulo, alega que el a quo omitió abordar el planteo mediante el cual proponía diferir el tratamiento de la excepción de cosa juzgada al momento de dictarse sentencia definitiva, de modo tal que el actor pudiera acreditar el verdadero contrato de trabajo alegado y poner en evidencia la "cosa juzgadaírrita" denunciada.
En ese contexto, señala que tampoco se analizó en la sentencia el reproche acerca de la validez constitucional de la resolución del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires 135/08.
En suma, alega que el juzgador omitió resolver conjuntamente, y de acuerdo a lo expresamente peticionado a fs. 258, el planteo de cosa juzgada administrativa y cosa juzgadaírrita, teniendo presente el indicado en el párrafo anterior.
Por último, afirma que el planteo formulado en torno a la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador con relación a las diferencias salariales reclamadas no ha sido considerado por el juzgador.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, considero que el recurso no prospera.
De la simple lectura del escrito recursivo, se advierte que la crítica -dirigida a denunciar, por un lado, presuntas irregularidades cometidas en el marco de las actuaciones sustanciadas ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (expte. 21515-8366-09) y, por otro, a objetar la oportunidad en que el a quo abordó el tratamiento de la excepción de cosa juzgada deducida y el modo en que analizó el planteo de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador- en rigor, remite a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- excede el limitado marco de conocimiento propio del recurso de nulidad (causas L. 93.992, "Rodríguez", sent. de 1-IX-2010; L. 97.784, "Pagano", sent. de 10-VIII-2011 y L. 104.325, "Roldán", sent. de 22-VIII-2012).
Considero oportuno agregar que en lo que atañe al planteo de inconstitucionalidad de la resolución 135/08 obrante a fs. 143 y vta. que se denuncia omitido, entiendo que su tratamiento -tal como lo reconoce el propio recurrente- quedó desplazado como lógica consecuencia de la decisión que adoptó el órgano jurisdiccional al acoger la excepción de cosa juzgada. Como es sabido, el art. 168 de la Carta local sanciona con la nulidad del fallo aquellas omisiones incurridas por el juzgador por descuido o inadvertencia, mas no cuando la cuestión que se denuncia preterida aparece desplazada por el sentido de la sentencia o por el razonamiento expuesto en la misma (causas L. 98.131, "Izaguirre", sent. de 25-IV-2012; L. 117.166, "B., V. G.", sent. de 8-VII-2014 y L. 116.963, "Lloret", sent. de 15-VII-2015).
IV. Por lo expuesto, propongo rechazar el recurso extraordinario de nulidad traído, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Negri y de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de la instancia de origen admitió la excepción de cosa juzgada opuesta -como de previo y especial pronunciamiento (art. 31 inc. "d", ley 11.653)- por GKN Sinter Metals de Argentina S.A y Cotecsud Cía. Técnica Sudamericana S.A. de Servicios Empresarios contra la acción promovida por Teijeiro, mediante la cual había reclamado el pago de rubros salariales e indemnizatorios que individualizó (v. fs. 260/262).
Lo hizo por entender que el convenio suscripto y homologado en sede administrativa en el marco del expediente 21515-8366-09 producía los efectos de la cosa juzgada respecto de la pretensión del demandante.
En ese sentido, especificó que los sujetos que asumen la condición de partes en el presente proceso son los mismos entre los cuales se sustanciaron ante el Ministerio de Trabajo las referidas actuaciones agregadas en la causa. Sentado ello, consideró que ambas contiendas reconocían, asimismo, idéntico objeto toda vez que los rubros reclamados en el citado expediente eran los mismos reclamados en la demanda judicial (v. fs. 260 vta. y 261).
Luego, expresó con relación al pago de las multas establecidas en las leyes 24.013, 25.323 y 25.345 que en el acuerdo celebrado (obrante a fs. 214 y vta.) el actor había dejado expresa constancia que una vez percibido el importe allí pactado, nada más tendría para reclamar a ninguna de las firmas accionadas, desistiendo expresamente de formular cualquier otro reclamo posterior contra GKN Sinter Metals de Argentina S.A. (v. fs. 261).
Destacó además que la seguridad jurídica impone que el acuerdo conciliatorio celebrado y homologado en sede administrativa debe asimilarse en sus efectos a una sentencia firme, adquiriendo valor de cosa juzgada y agregó que en el caso se había cumplido con las prescripciones establecidas por el art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo toda vez que al homologar el convenio se había evaluado que se hubiera alcanzado una justa composición de derechos e intereses (v. fs. 261 vta.).
A continuación, el juzgador ponderó que en el marco del ya citado expediente 21515-8366-09, más de dos años después de la celebración del convenio y con nuevo patrocinio letrado, el actor impugnó el auto homologatorio alegando que no había adquirido firmeza por no haber sido correctamente notificado al trabajador y aduciendo vicios en la conformación del acuerdo que sustentaban su petición de nulidad. Señaló también que dicho remedio fue desestimado mediante resolución del Subsecretario de Trabajo 1.118/15 (de fecha 4 de febrero de 2015) que confirmó la disposición 1.361/10 homologatoria del acuerdo suscripto entre las partes y que fuera notificada al accionante con fecha 27 de marzo de 2015, quedando firme -dijo- también esta resolución (v. fs. 261 vta. y 262).
II. Contra dicha decisión, se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación de los arts. 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 50, 74, 128, 231, 232, 233, 245, 260 y concordantes de la ley 20.744; 953, 954, 955, 1.047 y 1.050 del Código Civil; 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 3, 10, 11, 15, 39 y concordantes de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 279/287 vta.).
En sustancia, sostiene que el tratamiento de la excepción de cosa juzgada fue prematuro, pues debió haber sido resuelta la cuestión en la sentencia definitiva, luego de sustanciada la causa y producida la totalidad de las pruebas ofrecidas en atención al planteo de revisión de "cosa juzgadaírrita" formulado por el actor al contestar la excepción opuesta por ambas demandadas.
Alega que dicha cuestión propuesta por la parte actora resultaba esencial para el debate de las circunstancias ventiladas en la causa y no fue considerada por el juzgador al momento de determinar si operaba el instituto de la cosa juzgada con relación al acuerdo celebrado en sede administrativa.
En ese contexto, además de cuestionar por absurda la calificación como acto jurídico válido otorgada a la "inexistente" resolución homologatoria de fs. 230, asegura que al haber planteado en forma tempestiva la nulidad del convenio y ofrecido prueba en sustento de ello no resultaba posible -como lo hizo el juzgador- pronunciarse en torno a la existencia de cosa juzgada administrativa sin antes ordenar la recepción, para su oportuna valoración, de las pruebas ofrecidas en pos de esclarecer y definir los alcances de un convenio cuya validez -indica- fue expresamente objetada en legal tiempo y forma de acuerdo a lo dictaminado y resuelto a fs. 246 y 250 por el Ministerio de Trabajo.
En ese sentido cuestiona la valoración que efectuó el a quo de las constancias del expediente 21515-8366-09 agregado en la causa, las que demostrarían -a su juicio- la existencia de un patente fraude laboral.
Insiste en denunciar que el acuerdo al que se arribó en sede administrativa encubre una palmaria renuncia a derechos indisponibles y que no podría tener efectos cancelatorios -contrariamente a lo decidido por el a quo - sobre los créditos reclamados en demanda. Al respecto, se agravia de la conclusión que establece la existencia de identidad de objeto toda vez que -dice- si bien la denominación de los rubros era coincidente (con excepción de las diferencias salariales) su alcance y contenido en ambos procesos es absolutamente distinto (v. fs. 284 vta. y 285).
Señala, además, que los términos del acuerdo suscripto (obrante a fs. 214) contradicen incluso lo informado en las piezas incorporadas al propio expediente administrativo.
Se agravia también porque el tribunal de origen esgrimió como otra justificación para admitir la excepción de cosa juzgada la firmeza que había adquirido la resolución administrativa. Sin embargo -expresa- soslayó que habiéndose formulado el planteo nulificante en debido tiempo y forma no sólo en sede administrativa, sino además, por necesaria consecuencia de lo dictaminado en el Ministerio de Trabajo, también en sede judicial, no correspondía oponer recurso alguno frente a lo resuelto el día 4 de febrero de 2015 justamente -puntualiza- por encontrarse en trámite la presente causa (v. fs. 286).
En suma, afirma que el caso de autos se trata de un supuesto en el que, en el marco del expediente administrativo se homologó un acuerdo con base en un contrato de trabajo irreal, absolutamente distinto del verdadero expresamente invocado por el trabajador tanto en el intercambio epistolar previo, como en el propio expediente administrativo y, por último, en la demanda (v. fs. 287).
III. El recurso no prospera.
III.1. Como en reiteradas oportunidades lo ha declarado este Tribunal, la apreciación por los jueces de grado sobre la concurrencia del instituto de la cosa juzgada así como el análisis de las cuestiones vinculadas al alcance y validez del acuerdo al que han arribado las partes provienen de una labor que les compete en forma privativa y, en principio, no puede revisarse en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 95.481, "Micheli", sent. de 16-III-2011; L. 106.055, "Pellejero", sent. de 14-XII-2011; L. 109.685, "Scantamburlo", sent. de 19-XII-2012; L. 114.207, "Ledesma", sent. de 25-IX-2013 y L. 116.828, "Altamirano", sent. de 26-II-2014).
Asimismo, en línea con la referida doctrina, ha señalado esta Corte que la valoración formulada por los jueces de origen sobre las consecuencias de las "identidades" de la cosa juzgada resulta, por regla, materia ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por tratarse de una cuestión de índole fáctica que sólo puede ser revisada si se demuestra fehacientemente que la conclusión impugnada es el resultado de una absurda valoración de las constancias del proceso que se ventila y del anteriormente tramitado, y de la consecuente comparación entre lo pretendido y juzgado en él y lo que se ofrece como pretensión en el presente (causas L. 95.748, "García", sent. de 3-VI-2009; L. 98.386, "Castañon", sent. de 6-IV-2011 y L. 111.164, "Giménez", sent. de 19-IX-2012).
Debe recordarse también que para determinar la existencia de la cosa juzgada los tribunales de trabajo no se encuentran sujetos a fórmula alguna que defina sus requisitos ni a la exigencia de la estricta concurrencia de la triple identidad de sujeto, objeto y causa (causas L. 59.298, "Pirosanto", sent. de 29-IV-1997 y L. 114.245, "Monzón", sent. de 3-VII-2013).
III.2. Bajo estas directrices, observo que el recurso deducido carece de la necesaria aptitud para acreditar el absurdo que invoca y obtener la modificación de lo resuelto en la instancia de origen. Ello teniendo en mira los precisos alcances de lo señalado a fs. 162 en relación a la documentación obrante a fs. 116/117.
En efecto, el recurrente no aporta ningún elemento convincente que demuestre el vicio de absurdo endilgado a la labor desplegada por el sentenciante, pues la impugnación se sustenta en sus propias y personales apreciaciones, basadas en los elementos de juicio que él considera que el a quo debió valorar para resolver la cuestión sometida a conocimiento de los magistrados de origen de un modo favorable a sus intereses.
Ello así, pues el embate está dirigido esencialmente a ratificar su convicción en torno a la nulidad del acuerdo celebrado ante el Ministerio de Trabajo y a cuestionar la oportunidad en que el a quo resolvió la excepción de cosa juzgada, constituyendo -además- tales planteos una reiteración de los argumentos expuestos a lo largo del proceso, que el a quo valoró y desestimó al resolver como lo hizo.
En efecto, la impugnación estructurada sobre estas bases exhibe su particular análisis de las constancias de la causa -especialmente del contenido de las actuaciones administrativas- asignando relevancia a elementos de juicio que -desde su óptica- fueron ignorados y, a la par, restándole valor a los ponderados por el sentenciante.
De ese modo no logra concretar una réplica con aptitud suficiente para descalificar el razonamiento que condujo al a quo -en ejercicio de sus facultades privativas- a establecer la concurrencia de los presupuestos invocados por la parte demandada al plantear la excepción de cosa juzgada.
Es oportuno recordar que el vicio de absurdo hace referencia a la existencia en la sentencia de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o una grosera desinterpretación material de la prueba producida. No cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo, sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, que debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (causas L. 112.985, "Glavan", sent. de 27-III-2013; L. 117.113, "Bernedo Cornejo", sent. de 18-III-2015 y L. 118.470, "Castro", sent. de 24-VIII-2016).
IV. Por los fundamentos expuestos, debe rechazarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Negri y de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General respecto del de nulidad, se rechazan los recursos extraordinarios traídos; con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia