Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119678
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan , Pettigiani , Soria , Negri , de Lázzari , Genoud , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.678, "Bertinelli, Gustavo Adrián contra Montarg S.A. Despido".
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 592/606 y aclaratoria de fs. 615/619).
Se dedujo, por la actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 624/634).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda deducida por el señor Gustavo Adrián Bertinelli contra Montarg S.A. en concepto de diferencias de haberes por el período octubre de 2009 a agosto de 2010, haberes del mes de septiembre de 2010, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales e indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso y las previstas en los arts. 53 ter de la ley 11.653; 1 y 2 de la ley 25.323; 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y 15 de la ley 24.013. Desestimó, en cambio, los reclamos que procuraban el pago de los honorarios por las tareas de dirección, representante técnico y proyectista, aportes y matrícula profesional, así como aquellos con sustento en los arts. 9 de la ley 25.013 y 275 de la ley 20.744 (v. sent., fs. 592/606 y aclaratoria de fs. 615/619).
Para así resolver, en lo que resulta de interés destacar, encontró acreditado que el actor realizó tareas de "supervisión de obras" en la ciudad de Bahía Blanca, correspondientes a la categoría de capataz general de obra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 151/75 de los Empleados de la Construcción y Afines, y que -asimismo- actuó como "Director de obra, Representante técnico y proyectista" en tres obras ejecutadas en la Provincia de La Pampa (v. vered. primera cuestión, fs. 592/594).
En cuanto a la remuneración del actor, consideró probado que la accionada le abonaba al trabajador, con habitualidad, importes superiores a los que surgían de los recibos de sueldo de los meses de abril de 2009 y junio de 2010. Sin embargo, remarcó que el accionante no había acompañado ninguna prueba tendiente a probar que hubiera convenido con el empleador el pago de la matrícula profesional ni de honorarios por las tareas de director de obra, representante técnico y proyectista para las obras ejecutadas en La Pampa (v. vered., fs. 595 vta.).
Ante ese contexto, en la sentencia consideró justificada la denuncia del contrato de trabajo efectuada por el trabajador por la injuria económica reiterada inferida por la empleadora (v. sent., fs. 600). A continuación, señaló -con sustento en el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial- que el actor no había acreditado la existencia del convenio individual relativo al pago de la matrícula profesional y de los honorarios por las tareas de dirección, representante técnico y proyectista, por lo que rechazó el reclamo en tal sentido (v. sent., fs. 603).
Desde otra perspectiva, rechazó la procedencia de la indemnización prevista en el art. 9 de la ley 25.013, en el entendimiento que, al tratarse de un despido indirecto dispuesto por el trabajador, no se configuraba la situación prevista por dicha norma, que procede solamente en casos de falta de pago en término de la indemnización por despido sin expresión de causa (v. sent., fs. 602 vta.).
Por último, también desestimó la aplicación de la sanción prevista por el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, por considerar que la accionada -más allá de ejercer su legítimo derecho de defensa- no había incurrido en la conducta establecida en la mentada normativa (v. sent., fs. 602 vta. y 603).
II. La parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 624/634) en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 9, 11, 12, 21, 22, 23, 62, 74, 103, 115 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo; 9 de la ley 25.013; 14, 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita.
Plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, objeta el rechazo del reclamo en procura del pago de los honorarios por los trabajos de "Dirección, representante técnico y proyectista" en las localidades de Santa Isabel, Algarrobo del Águila, La Humada y Santa Rosa de la Provincia de La Pampa.
Expresa que se encuentra acreditado que el señor Bertinelli prestó servicios como supervisor de obras en la ciudad de Bahía Blanca, abonándole la accionada por dichas tareas el sueldo básico y adicionales de la categoría "Capataz General de Obra" en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 151/75, con más diversas sumas "en negro". Agrega que también se encuentra probado que el actor cumplió tareas de "Dirección, representante técnico y proyectista" de diferentes obras en la Provincia de La Pampa (v. recurso, fs. 627/628 vta.).
En este contexto, afirma que yerra el tribunal de origen al invertir la carga de la prueba y requerirle que demuestre su derecho a cobrar una remuneración por las referidas tareas. Sostiene, por el contrario, que, acreditada la prestación de servicios, surge la obligación patronal de abonar la remuneración, puesto que el trabajo no se presume gratuito (v. recurso, fs. 629). Así, arguye que la decisión del órgano judicial de grado realizó una errónea interpretación de los principios fundamentales que imperan en el orden público laboral y que se encuentran reconocidos en los arts. 23, 48, 74, 103 y 115 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. recurso, fs. 629/630).
Desde otra perspectiva, objeta la labor axiológica desplegada por los magistrados de origen al concluir que el actor "no acreditó el convenio de pago de dichos rubros". Sostiene que del informe del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de La Pampa obrante a fs. 529/548, surge claramente las obras en las que intervino el actor, las tareas desplegadas y los honorarios y aportes correspondientes (v. recurso, fs. 630).
II.2. Por otro lado, cuestiona la decisión del órgano judicial de grado que consideró improcedente la sanción contemplada en el art. 9 de la ley 25.013.
Destaca que la aplicación de la multa es automática ante la mora en el pago de los rubros indemnizatorios, sin que pueda diferenciarse entre despido directo e indirecto, citando -en apoyo de su postura- doctrina legal de esta Corte (v. recurso, fs. 630 vta./631 vta.).
II.3. Finalmente, se agravia del rechazo de la sanción impuesta con fundamento en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Puntualiza que desde el primer momento procesal la conducta de la accionada fue maliciosa, ya que negó tanto las tareas denunciadas como la remuneración percibida. Afirma que resulta evidente que la demandada obstaculizó y demoró la dilucidación del presente pleito, por lo que -a su criterio- resulta aplicable la multa prevista en el art. 275 de la ley 20.744 (v. recurso, fs. 632/633).
III. El recurso no prospera.
III.1. No logra el impugnante conmover la conclusión relativa al rechazo del reclamo en procura del cobro de honorarios por los trabajos de "Dirección, representante técnico y proyectista" desarrollados en la Provincia de La Pampa.
III.1.a. Inicialmente he de advertir que el planteo vinculado a la violación de las cargas de la prueba deviene insuficiente, ya que carece de la indispensable denuncia de infracción de la norma actuada en este tramo del pronunciamiento -art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial-, no pudiendo esta Suprema Corte suplir de oficio, por inferencias o interpretación, esa omisión (causas L. 98.892, "Mena", sent. de 22-XII-2010; L. 106.591, "Marán", sent. de 21-XII-2011; L. 116.812, "Rodriguez", sent. de 5-III-2014; e.o.).
III.1.b. De todas formas, anticipo que la recurrente no consigue descalificar lo decidido en este punto.
Ello por cuanto, establecer si en el caso se ha demostrado o no -con la prueba aportada- la existencia de un convenio individual relativo al pago de los honorarios profesionales por las tareas desarrolladas, concierne a una típica cuestión de índole fáctica, reservada a los jueces de grado, y las conclusiones que al respectoéstos formulen no son susceptibles de revisión ante la Suprema Corte, salvo el supuesto de absurdo. El mismo hace referencia a la existencia en el fallo impugnado, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una grosera desinterpretación material de la prueba producida. No cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para juzgarlo configurado, porque es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía manifiesta o inconciliable con los elementos objetivos de la causa (causas L. 99.449, "Barrionuevo", sent. de 28-XII-2010; L. 112.985, "Glavan", sent. de 27-III-2013 y L. 117.113, "Bernedo", sent. de 18-III-2015).
En este contexto -y sin que implique abrir juicio sobre el grado de acierto que corresponda atribuirle a lo decidido en este aspecto por el tribunal de grado- entiendo que el interesado no logra evidenciar la configuración de aquel excepcional vicio, pues la estructura de su queja se asienta sobre la base de la propia interpretación y alcances que adjudica al informe del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de La Pampa de fs. 529/548.
En tales condiciones, la argumentación que porta el recurso, sustentada en que el convenio individual relativo al pago de los honorarios profesionales por las tareas desarrolladas se encuentra acreditada con el referido informe, en modo alguno es suficiente para demostrar el absurdo invocado, ya que la crítica así expuesta se agota en el mero intento de disputarle a los magistrados de origen la facultad privativa que les asiste de apreciar y seleccionar la prueba (causas L. 116.658, "Racedo", sent. de 15-VII-2015 y L. 117.113, cit.).
En efecto, no logra rebatir la conclusión que impugna, ya que los cuestionamientos que formula no exteriorizan más que su discrepante opinión personal en orden a la valoración de los medios probatorios y a las conclusiones arribadas, criterio que indudablemente no puede sustituir al de los jueces de mérito ni tampoco basta para acreditar el absurdo imputado (causas L. 102.699, "Mascareño", sent. de 7-XII-2011 y L. 119.315, "Loma Negra", sent. de 7-IX-2016).
Desde esta óptica, la pretensión de modificar la solución final contenida en el pronunciamiento, se desdibuja absolutamente a tenor de la inapropiada sistemática recursiva que estructura la impugnación traída y de su manifiesta insuficiencia técnica.
III.2. Por su parte, corresponde desestimar la censura afincada en la supuesta violación del art. 9 de la ley 25.013.
El art. 9 de la ley 25.013, así como el art. 2 de la ley 25.323, han tenido por objeto generar el incremento en el pago a cargo del empleador cuando las indemnizaciones por despido no se hayan abonado en término. De esta manera, y tal como lo sostuve al votar en la causa L. 93.095, "Poma" (sent. de 9-XII-2010), reiterando los conceptos que exterioricé en el precedente L. 90.473, "Dolcini" (sent. de 23-IV-2008), entiendo que ambas leyes contemplan un correctivo ante el mismo hecho desencadenante: la falta de pago en término de las indemnizaciones, aunque con distinto ámbito de aplicación temporal, personal y material. Es por ello que, mediante la ley 25.013, el legislador incorporó una presunción a favor del trabajador y posteriormente la ley 25.323 intentó desalentar las conductas dilatorias de los empleadores. Por ende, quien hubiera eludido el pago inmediato de las indemnizaciones legales y obligara al trabajador a afrontar las consecuencias de un juicio que, por lo general, ha de insumir varios años de tramitación con el consecuente deterioro de la calidad de vida que de por sí el desempleo acarrea, verá incrementada la obligación indemnizatoria, ante la falta de pago oportuno, en un 50%.
En consecuencia, en la medida que el tribunal de origen reconoció esta última (art. 2, ley 25.323; v. sent., fs. 601 y vta.), no procede la acumulación de aquella otra indemnización (art. 9, ley 25.013) que resulta equivalente.
Dicha circunstancia es suficiente para sellar la suerte adversa de la pretensión, resultando abstracto ingresar a analizar tanto los motivos esgrimidos por el juzgador para rechazar la sanción prevista en la norma del art. 9 de la ley 25.013, como los argumentos mediante los cuales el quejoso pretende demostrar los errores en que -a su juicio- habría incurrido el sentenciante.
III.3. Tampoco resulta de recibo el agravio destinado a objetar el rechazo de la sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Sobre el punto, cabe recordar que es facultad privativa de los jueces de grado ponderar la conducta de las partes a los fines de la aplicación de la citada norma legal y, lo resuelto en tal sentido se encuentra detraído de la casación, salvo la demostración de absurdo (causas L. 103.477, "Reynoso", sent. de 23-XI-2011 y L. 113.258, "López", sent. de 5-VI-2013).
Si bien el recurrente denuncia la configuración de tal error sentencial, los planteos que exhibe el medio de impugnación resultan inhábiles para revisar las conclusiones en las que se sustenta el fallo de grado.
Ello así, toda vez que los argumentos que nutren la impugnación en examen se agotan en la expresión de una opinión discordante en torno a la valoración de las circunstancias fácticas de autos y a la conclusión establecida en la sentencia, lo que indudablemente no constituye un método eficaz a los fines de satisfacer la acentuada carga que importa la acreditación del mencionado vicio invalidante (causa L. 113.865, "Asociación Viajantes Vendedores de la Argentina de Industria, Comercio y Servicios", sent. de 25-IX-2013).
Al respecto, cabe señalar que el absurdo no queda configurado aun cuando el criterio de los jueces pueda calificarse de objetable, discutible o poco convincente, pues se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 113.258, "López", sent. de 5-VI-2013 y L. 111.781, "Avalos", sent. de 8-X-2014).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Adhiero a lo expresado por la doctora Kogan en los puntos III.1. y III.3. de su voto.
II. Comparto también su propuesta de rechazar la pretensión de condena en los términos del art. 9 de la ley 25.013.
II.1. El tribunal de origen desestimó la sanción reclamada al considerar que el supuesto aprehendido en aquella norma queda limitado a los casos en los que el empleador rescinde el contrato sin expresión de causa en la comunicación pertinente, mas no cuando el despido es dispuesto por el propio trabajador, como ocurrió en la especie (v. sent., fs. 602 vta.).
Asiste razón a la recurrente cuando denuncia que tal interpretación es errónea.
El art. 9 de la ley 25.013 establece: "En caso de falta de pago en término y sin causa justificada por parte del empleador, de la indemnización por despido incausado o de un acuerdo rescisorio homologado, se presumirá la existencia de la conducta temeraria y maliciosa contemplada en el artículo 275 de la ley 20.744 (t.o. 1976)".
Lo expuesto pone en evidencia que la disposición no alude al modo en que se concreta la extinción, sino al resarcimiento que la ley pone a cargo del empleador, tanto sea en la hipótesis de despido directo injustificado (art. 245, LCT) como en la de indirecto justificado (art. 246, LCT; causa L. 90.265, "Jouannys", sent. de 27-II-2008).
II.2. Sin embargo, y pese a tal equívoco, lo relevante para dirimir este aspecto de la cuestión es que en la sentencia se declaró procedente -en conclusión firme- la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323 (v. fs. 601 y vta.).
Luego, dado que el incumplimiento que el actor pretende sea reprimido mediante la aplicación del art. 9 de la ley 25.013 -falta de pago en término de las indemnizaciones derivadas del despido- ya fue castigado por el sentenciante al condenar a la demandada a pagar el resarcimiento previsto en el art. 2 de la ley 25.323, la crítica debe ser desestimada, habida cuenta que lo contrario importaría aplicar al autor del acto ilícito -en el caso, el empleador remiso a pagar en tiempo y forma los créditos alimentarios derivados de la extinción inmotivada del contrato de trabajo- dos sanciones frente a un mismo incumplimiento (causas L. 104.565, "Florido", sent. de 5-XI-2014 y L. 117.039, "Dietrich", sent. de 13-V-2015).
III. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso admite una procedencia parcial.
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi colega la doctora Kogan en el punto III.1. de su voto.
I.2. En cambio, en cuanto a la crítica que gira en torno al art. 9 de la ley 25.013, las siguientes reflexiones me conducen a una solución diversa a la propuesta por la ponente:
I.2.a. En primer lugar, concuerdo con los argumentos que el colega doctor Pettigiani despliega en el punto II.1. de su sufragio para afirmar que la norma resulta aplicable tanto a los supuestos en que concurren despidos directos como indirectos.
Queda evidenciado el error en el que incurrió el tribunal de grado.
I.2.b. Sentado lo anterior, y discrepando en el punto con los ministros que me preceden en el orden de votación, opino que la condena impuesta a la demandada al pago del agravamiento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323 no impide juzgar la procedencia del reclamo impetrado al amparo del art. 9 de la ley 25.013.
I.2.b.i. En lo fundamental, cabe señalar que no obstante que ambas normas legales aluden -en lo que interesa- a la falta de pago de la indemnización por despido, la de la ley 25.013 -dejando a un lado las opiniones que pueda merecer-, reenviando expresamente al art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, ha introducido una causal legal de presunción de conducta con temeridad y malicia.
Esta conducta puede diferenciarse del mero incumplimiento objetivo que representa la no cancelación oportuna del mentado resarcimiento; además, acarrea una consecuencia indemnizatoria que también se distingue de aquella contemplada en el art. 2 de la ley 25.323.
Efectuados estos señalamientos, no se advierte, en el caso, que el art. 9 de la ley 25.013 resulte inaplicable. Esa disposición legal, desde ya vigente (dable es recordar que si bien el art. 41, ley 25.877 derogó muchas de sus disposiciones, nada dijo respecto de la analizada) forma parte del ordenamiento jurídico laboral.
Con todo, no ha de soslayarse que, en la especie, pese a los serios argumentos blandidos por la parte actora para justificar la procedencia conjunta de las dos pretensiones (v. demanda, fs. 173 vta./174 vta.), la accionada al contestar la demanda, ni aun en subsidio de sus principales defensas opuso razón alguna para desvirtuar la postura desplegada por la contraria (v. fs. 268/284 vta.).
I.2.b.ii. Luego, y en tanto la valoración del comportamiento de las partes es por regla faculta
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