Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119763
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, de Lázzari, Soria, Pettigiani, Negri, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.763, "Belén, Carlos Omar contra Asociart S.A. ART. Diferencia indemnización".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 89/97 vta.).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 107/121).
Dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado admitió la demanda deducida por el señor Carlos Omar Belén contra Asociart S.A. ART, condenándola a esta última al pago de diferencias por la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución general del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTE y SS) 34/13- y de la contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, ello, con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto en la última de las leyes citadas. Asimismo, dispuso que al monto resultante se le aplicarán intereses conforme la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia".
Para así decidir, el a quo -habiendo declarado a fs. 69/70 la cuestión debatida como de puro derecho- tuvo por acreditado que el promotor del juicio padece una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 40,39% del índice de la total obrera contraída en relación causal con el accidente de trabajo ocurrido el día 24 de agosto de 2012.
Asimismo, que Asociart S.A. ART el día 5 de julio de 2013 le abonó al aquí demandante $48.191,18, en concepto de la prestación dineraria de pago único en los términos del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 por el 14,5% de incapacidad que le reconociera prima facie ; y con fecha 29 de junio de 2015 la suma de $86.046,19 (v. sent., fs. 91 y vta.), para completar el importe total de $134.237,41 determinado por el propio tribunal en la sentencia dictada en los autos "Belén, Carlos Omar c/ Asociart S.A. s/ Apelación Resolución Administrativa" en la que se definió el porcentaje de incapacidad del reclamante conforme lo indicado en el párrafo que precede.
Sentado ello, tras declarar aplicables al caso las pautas indemnizatorias previstas en la ley 26.773 y en la resolución general del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 34/13 (art. 4 inc. "b"), fijó el quantum de la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 en la cifra de $168.403,27.
Para arribar a ese guarismo, tuvo en cuenta, en primer lugar, que por aplicación de la referida resolución, la indemnización que corresponda por aplicación del art. 14 apartado 2 incs. "a" y "b" de la ley 24.557 -y sus modificatorias- nunca será inferior al monto que resulte de multiplicar $416.943 por el porcentaje de incapacidad.
A dicho importe, adicionó -además- el 20% que fija el art. 3 de la ley 26.773, que asciende a la suma de $33.680,65; arribando a un total de $202.083,92.
Seguidamente, procedió a descontarle los $48.191,18 ya abonados por la aseguradora, arrojando un saldo de $153.892,74.
Consideró luego el a quo que correspondía revalorizar el importe por aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773. En tales condiciones, y toda vez que el mencionado índice publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre los meses de agosto de 2012 -fecha del infortunio- (739,38) y julio de 2013 (934,63) arrojaba un coeficiente de 1,26, declaró procedente recomponer la prestación, estableciéndola en la suma de $193.904,85 ($153.892,74 x 1,26) -ver sentencia, fs. 95 y vta.-.
Para justificar la decisión de declarar aplicable al caso la ley 26.773, el tribunal se pronunció por la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 del citado texto legal.
En concreto, sostuvo que debían aplicarse al caso las disposiciones de la ley 26.773 por cuanto, aun cuando la contingencia fuese anterior a la fecha de entrada en vigencia de la citada normativa, al momento de dictarse el fallo la deuda se encontraba impaga, aunque sea parcialmente (v. sent., fs. 94).
Al respecto, con apoyo en lo decidido por el tribunal en otras causas y a la luz del principio de aplicación inmediata de la ley consagrado en el art. 3 del Código Civil, expresó -con cita de doctrina- que la aplicación de las mejoras introducidas por el decreto 1.694/09 -haciendo un paralelismo con la normativa aplicable al caso- a aquellos "...infortunios ocurridos con anterioridad pero no cancelados a la fecha de vigencia de la norma no afecta el derecho de propiedad de las aseguradoras (arts. 14 y 17 de la CN), sino que protege a los trabajadores que no han visto cancelados sus créditos oportunamente y han debido recorrer un proceso administrativo o judicial durante cuyo transcurso cambiaron las circunstancias económicas reconociendo la nueva legislación la exigüedad del régimen original, por lo que no cabe castigar al trabajador otorgándole una prestación depreciada al momento de percibirla, conclusión que concuerda con el principio de progresividad (art. 75 inc. 22 y 23 CN y los tratados internacionales reconocidos en el inc. 22)...".
En esa línea, concluyó que la ley 26.773 debía aplicarse a las contingencias acaecidas antes de la fecha de entrada en vigor de dicho texto legal que se encontraran incumplidas e impagas aunque sea parcialmente; pues -prosiguió- sólo el pago total quita virtualidad a la ley que rige en el momento de colocar las cosas en el lugar que se encontraban antes del daño (v. sent., fs. 91 vta./94 vta.).
En consecuencia, como se adelantó, declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 por encontrarse en pugna con los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución nacional y con el principio de aplicación inmediata de la nueva ley (art. 3, Cód. Civ.); hizo lugar a la demanda contra Asociart S.A. ART y la condenó a pagar a la actora la suma indicada, a la que dispuso adicionar intereses calculados -desde la fecha de acaecido el evento dañoso (el 24 de agosto de 2012) y hasta la de la percepción de la prestación parcial de $86.046,19 (la cual primeramente se descontará de intereses y luego a capital adeudados), todo ello hasta su total y efectivo pago- con arreglo a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., fs. 95 vta. y 96).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la aseguradora denuncia absurdo y la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 1.197 y 1.198 del Código Civil (ley 340); 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 34 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 16 del decreto 1.694/09; 17 apartado 5 de la ley 26.773; 14 apartado 2, 23, 26 apartados 3 y 6 de la ley 24.557; 118 de la ley 17.417; 7 y 10 de la ley 25.561; 7 de la ley 23.928 y de la doctrina legal que identifica.
Plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 26.773.
Sostiene, en lo esencial, que toda vez que el infortunio que originó la incapacidad del actor acaeció y se agotó (24 de agosto de 2012) con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773, lo resuelto transgrede el principio de irretroactividad de las leyes previsto en el art. 3 del Código Civil y afecta las garantías constitucionales de propiedad, debido proceso y defensa en juicio.
Agrega que, además, al hacerse una aplicación retroactiva del decreto 1.694/09 y de la ley 26.773 -contrariando expresamente lo establecido en sus arts. 16 y 17 apartado 5-, la sentencia incurre en absurdo.
Argumenta que el art. 17 apartado 5 de la ley citada es claro al establecer que la misma regirá para los infortunios laborales ocurridos a partir de su publicación en el Boletín Oficial (26 de octubre de 2012); mientras que el art. 17 apartado 6 constituye parte integrante de la regla general mencionada en primer término, y hace referencia a la forma de actualizar los créditos emergentes de los infortunios cuya primera manifestación invalidante sea posterior a la entrada en vigencia de la ley, por el período transcurrido entre el 1 de enero de 2010 y el 26 de octubre de 2012. Luego de dicha fecha -prosigue- rige el ajuste periódico semestral previsto en el art. 8 de la misma normativa (v. fs. 109/113 vta.).
Expresa que, si bien el juzgador declaró aplicables al caso las disposiciones de la ley 26.773 -decisión que aparejó el apartamiento de los topes legales prestacionales vigentes al momento del infortunio-, inobservó las prescripciones del art. 17 apartado 5 sin declarar -sostiene- su inconstitucionalidad ni expedirse sobre el fundamento de su decisión, transgrediendo así -además del principio de no aplicación retroactiva de las normas- el postulado de congruencia.
En tal sentido, apunta que la arbitrariedad que evidencia este último aspecto de la sentencia genera un desequilibrio financiero en las aseguradoras de riesgos del trabajo, en tanto cobran primas a sus afiliados en función de un riesgo presunto cubierto por la legislación vigente con los topes legales previstos en ella; no pudiendo condenarlas más allá de las obligaciones asumidas (v. fs. 113 vta./116 vta.).
En apoyo de su argumentación transcribe diferentes precedentes jurisprudenciales (v. fs. 117/118).
II.2. Por otro lado, se agravia por cuanto entiende que el tribunal interviniente omitió deliberada y arbitrariamente descontar del capital de condena, la suma percibida por el trabajador en concepto de prestación dineraria.
En concreto, alega que a los $193.904,85 calculados por el juzgador en concepto de diferencia indemnizatoria (con más los intereses desde el momento en que acaeció el siniestro) no hubo de deducirle los dos pagos efectuados por la aseguradora demandada: el primero de ellos por $48.191,18 en sede administrativa, y el segundo por $83.046,23, conforme depósito judicial acreditado en autos y percibido por el actor de plena conformidad.
Concluye -entonces- que el sentenciante debió descontar del capital (determinado con arreglo a la normativa vigente a la fecha del accidente) los montos efectivamente abonados y definir los intereses en base a lo expuesto (v. fs. 118 vta. y 119).
II.3. Finalmente, objeta que el tribunal de grado haya aplicado intereses sobre el capital de condena a la tasa pasiva digital fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
En tal sentido, argumenta que el a quo transgredió la doctrina legal de esta Suprema Corte establecida a partir de la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), en la que se declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.399 (v. fs. 119 vta./120 vta.).
III. El recurso, en mi opinión, debe prosperar parcialmente.
III.1. Considero que le asiste razón a la quejosa en cuanto sostiene que se aplicaron erróneamente al caso las disposiciones de la ley 26.773.
III.1.a. Cabe señalar, liminarmente, que la decisión concerniente a la inconstitucionalidad declarada del art. 17 apartado 5 de dicha ley debe ser revocada.
En primer lugar, resulta necesario puntualizar que si bien la interesada sostiene -incurriendo en un claro yerro- que el juzgador dispuso lisa y llanamente no aplicar las disposiciones contenidas en los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773 sin declarar su inconstitucionalidad; lo cierto es que la validez del primero (aplicable al caso de autos dada la fecha del siniestro) no ha sido puesta en discusión por el sentenciante, mientras que -contrariamente a lo indicado (v. rec., fs. 113 vta.)-, declaró la invalidez constitucional del segundo. Por tal razón, el análisis ha de circunscribirse al dispositivo mencionado en el párrafo que antecede.
Luego, se advierte que la solución a la que arribó el sentenciante al declarar la invalidez del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, se asienta en un argumento que, lejos de sustentarse adecuadamente en una regla de rango constitucional, pretende encontrar fundamento en una pauta general prevista en la legislación civil (la de la aplicación inmediata de la nueva norma; art. 3, Cód. Civ. y art. 7, Cód. Civ. y Com.).
En este marco, es dable recordar que si bien el principio de no retroactividad de la ley carece de jerarquía constitucional, tiene un límite claro, configurado por la interdicción de todo menoscabo sustancial a situaciones subjetivas consolidadas al amparo de un régimen jurídico válido anterior (art. 17, Const. nac.; causa L. 96.278, "Mussio", sent. de 11-III-2013), como sucede en la especie.
Al respecto, la Corte Suprema de la Nación en la causa "Lucca de Hoz" (Fallo: 333:1433) recordó que "...el fallo judicial que impone el pago de una indemnización por un infortunio laboral sólo declara la existencia del derecho que lo funda, que es anterior a ese pronunciamiento; por ello la compensación económica debe determinarse conforme a la ley vigente cuando ese derecho se concreta, lo que ocurre en el momento en que se integra el presupuesto fáctico previsto en la norma para obtener el resarcimiento, con independencia de la efectiva promoción del pleito que persigue el reconocimiento de esa situación y de sus efectos en el ámbito jurídico (Fallos: 314:481; 315:885); sostener lo contrario conllevaría la aplicación retroactiva de una ley nueva a situaciones jurídicas cuyas consecuencias se habían producido con anterioridad a ser sancionada (Fallos: 314:481; 321:45)".
Finalmente, cabe agregar que la genérica alusión al "principio de progresividad" que el tribunal sitúa en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. sent., fs. 94 vta.), tampoco justifica la decisión adoptada; máxime cuando ningún argumento porta el fallo tendiente a demostrar la configuración en el caso de una situación de "total desamparo" relativa al damnificado que aconsejase aplicar una solución acorde con apoyo en el citado principio (CSJN causa "Arcuri Rojas Elsa c/ ANSeS", sent. de 3-XI-2009).
III.1.b. Desde este enfoque, y más allá de la inatinencia de la denunciada transgresión del principio de congruencia -en tanto la recurrente no desarrolló eficientemente los motivos por los que considera violado dicho postulado-, es mi convicción que no cabe la descalificación del precepto impugnado, toda vez que no lo advierto en pugna con derechos y garantías de jerarquía constitucional.
III.2. Zanjada entonces la cuestión vinculada a la constitucionalidad de la citada norma, corresponde seguidamente abordar el fondo del agravio traído, dirigido a controvertir la aplicación al caso de la ley 26.773.
Me he expedido respecto de la temática al emitir mi sufragio en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), oportunidad en la que adherí al voto del doctor Genoud, por lo que habré de reproducir aquí, en lo que resulte pertinente, las consideraciones plasmadas en aquella oportunidad.
III.2.a. La ley 26.773 ("Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", B.O., 26-X-2012), dispone en su art. 17 apartado 5: "Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
III.2.b. De ello se colige que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2001 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009).
En efecto, el decreto de necesidad y urgencia 1.278/00 prescribió en su art. 19: "Las modificaciones introducidas por el presente decreto a las leyes Nº 24.241 y 24.557, entrarán en vigencia a partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial", precisando el art. 8 de su decreto reglamentario 410/01 (B.O., 17-IV-2001) que: "Las modificaciones previstas en el Decreto que se reglamenta serán aplicables a todas las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir del 1 de marzo de 2001".
En la misma línea, el art. 16 del decreto 1.694/09 determina: "Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
III.2.c. Conforme lo expuesto, resulta indudable que la modificación del sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo implementada por la ley 26.773 ha mantenido la regla general establecida en las reformas previas, relativa a que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio, tema sobre el que me explayaré más adelante. En este escenario cobran virtualidad los criterios interpretativos mediante los cuales esta Suprema Corte ha zanjado los debates relativos al ámbito de aplicación temporal de los decretos 1.278/00 y 1.694/09, antecesores de la ley que aquí es motivo de análisis.
En tal sentido, este Tribunal ha descartado que las modificaciones introducidas a la Ley de Riesgos del Trabajo por el decreto 1.278/00 puedan regir respecto de aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se hubiese producido con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del mentado reglamento (causas L. 90.384, "N., P. A.", sent. de 9-V-2007; L. 94.904, "Bertino", sent. de 22-X-2008; L. 94.119, "F., C. V.", sent. de 4-XI-2009; L. 94.456, "Vecchi", sent. de 2-VII-2010; L. 107.414, "S., A. R.", sent. de 26-IX-2012 y L. 109.850, "Aguirre", sent. de 12-VI-2013).
A idéntica solución arribo, dada la similitud de los contextos normativos (arts. 19, dec. 1.278/00; 8, dec 410/01 y 16, dec. 1.694/09), en ocasión de dirimir la vigencia temporal del decreto 1.694/09 (causas L. 116.513, "Orellana", sent. de 26-III-2014 y L. 116.622, "Bracco", sent. de 15-IV-2015).
III.2.d. Definido lo anterior, resta ahora analizar si el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, en cuanto regula el mecanismo de ajuste de las prestaciones por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, consagra una excepción a la aludida regla general establecida en el art. 17 apartado 5 del mismo texto legal, resultando por tanto aplicable incluso a situaciones acaecidas con anterioridad a su sanción.
III.2.d.i. El referido art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 prescribe: "Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.