Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119780
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Pettigiani, Negri, Soria, de Lázzari , Genoud , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.780, "Veliz, Jorge contra Asociart ART S.A. y otros. Accidente de Trabajo - Acción Especial".
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 391/427).
Se interpuso, por Metrogas S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 441/453), el que fue concedido por el citado tribunal a fs. 538/539 vta.
Por su parte, las codemandadas Asociart ART S.A. (v. fs. 466/482) e Ingepo S.R.L. (v. fs. 515/522) dedujeron sendos recursos de inaplicabilidad de ley, los que fueron desestimados a fs. 537 y vta. y 587 y vta., respectivamente.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente tuvo por acreditado que, como consecuencia del accidente sufrido el día 21 de mayo de 2010 en ocasión de cumplir con las tareas que prestaba bajo la dependencia de Ingepo S.R.L., el actor -quien se desempeñaba como oficial fusionista en labores de mantenimiento, reparación y conexión de redes de gas- es portador de menisectomía con secuelas que lo incapacitan en forma parcial y permanente en un 12% del índice de la total obrera, incluyendo los factores de ponderación (v. vered., fs. 392/393).
Asimismo, tras declarar que no se verificó en autos conducta negligente de la empleadora que pudiera tener relación causal con el infortunio, juzgó que el riesgo propio de la tarea específica del demandante (hacer zanjas con palas, romper pavimentos con martillos neumáticos y reparar caños de gas introduciéndose en las zanjas) tuvo relación causal directa con el accidente sufrido al caer a una zanja mientras intentaba trasladar un martillo neumático hasta la camioneta (v. vered., fs. 395 vta. y 396).
En otro orden, no resultó controvertido que Metrogas S.A. había contratado a Ingepo S.R.L. para realizar la instalación y renovación de cañerías de gas, tarea que -conforme la prueba testimonial- delegaba en terceras empresas o bien cumplía con personal propio (v. vered., fs. 394/395).
Luego, consideró que si bien el ingreso base mensual del actor tomando las remuneraciones registradas del año anterior al siniestro era de $1.751,44, el verdadero salario de Veliz -conforme la prueba testimonial- ascendía a $5.000 mensuales promedio y que -entonces- el ingreso base mensual, calculado de conformidad con lo normado por el art. 12 de la ley 24.557 era de $5.413,70.
Siendo ello así -prosiguió- la indemnización que le correspondería al actor de acuerdo con el procedimiento de cálculo establecido en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 arroja un importe de $63.942 ($5.413,70 x 53 x 12% x 1,8571), suma que en caso de declararse aplicable el régimen legal peticionado por aquél (ley 26.773) se incrementaría -previo descuento de los $10.800 ya abonados por la aseguradora- por aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables –RIPTE- (coeficiente 3,59) hasta $190.779 (v. vered., fs. 395 vta./396 vta.).
En la etapa de sentencia, y en lo que resulta especialmente relevante, halló configurados los presupuestos de atribución de responsabilidad objetiva de la empleadora en los términos del art. 1.113 del Código Civil (ley 340), pues entendió que la expresión "cosa" utilizada por ese precepto -conforme la doctrina legal que cita- excede el marco restringido de la definición del art. 2.311 de dicho digesto y se extiende para abarcar, en la actualidad, las tareas específicas del trabajador y la actividad laboral toda (v. fs. 501/503).
Tras juzgar configurada la responsabilidad civil de la patronal, por aplicación de la fórmula "Méndez", estimó el daño material en la suma de $283.538,54, a la que adicionó $56.707,70 en concepto de daño moral; arribando a un total de $340.246 (v. fs. 503/505 vta.).
Efectuado el cotejo de las cuantías resarcitorias a las que accedería el actor según su reclamo fuera atendido conforme las previsiones del régimen asistencial especial o en el marco del régimen común de responsabilidad civil, advirtió que este último importe es notablemente superior al fijado por la tarifa de la ley 24.557, por lo que declaró la inconstitucionalidad de su art. 39 apartado 1 (v. fs. 506/510).
Sentado ello, y dispuesto a dilucidar la responsabilidad de la codemandada Metrogas S.A., recordó que de los hechos que se tuvieron por probados en el veredicto surge que las tareas encomendadas por esta última a Ingepo S.R.L. encuadran dentro de las normales y habituales de la actividad específica propia de aquella que, incluso, destinaba parte de su personal a su cumplimiento. Además -prosiguió- Metrogas S.A. no invocó razón alguna para justificar la realización de tareas propias mediante la utilización de interpósitas personas, por lo que -a su criterio- dicha mecánica constituye una maniobra fraudulenta dirigida a evadir en parte el pago de aportes y contribuciones a los organismos de la seguridad social. Esto último, en tanto contrataba a personas jurídicas registradas como empresas constructoras que encuadraban su personal en el régimen de la construcción y consignaban en su documentación formal remuneraciones según escalas del convenio colectivo de la actividad, aunque sin registración se abonaban importes superiores.
Agregó que -como surge del veredicto- Metrogas S.A. no se limitaba a encomendar a la contratista una tarea determinada, desligándose de la calidad y resultados de la misma, sino que le exigía su cumplimiento de conformidad con pautas predeterminadas, le indicaba diariamente los trabajos a cumplir y los fiscalizaba estrictamente con personal propio, le proporcionaba los materiales y capacitaba al personal de Ingepo S.R.L.
Luego, concluyó que la situación examinada encuadra en las previsiones del art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y que la verdadera y única empleadora del actor fue la codemandada Metrogas S.A., mientras que Ingepo S.R.L. simplemente prestó su estructura jurídica formal para figurar como empleadora, interponiéndose ilegalmente en el contrato laboral existente entre Metrogas S.A. y el actor, todo lo que encuadra en la normativa del art. 14 de la Ley de Contrato de Trabajo y torna aplicable el ya citado art. 29 del mismo ordenamiento de fondo.
Por todo ello, consideró que la condena en autos debía caer solidariamente contra los demandados, pudiendo el actor reclamar su cumplimiento a ambos o a cualquiera de ellos (v. sent., fs. 510/512).
En lo que concierne a la aseguradora de riesgos del trabajo, el sentenciante -por mayoría- declaró no aplicables al caso de autos las prescripciones de la ley 26.773 pues -a su criterio- esta última sólo rige para aquellas contingencias acaecidas con posterioridad a la fecha de su entrada en vigencia, por lo que condenó a Asociart ART S.A. al pago de $53.142 ($63.942 - $10.800) en concepto de saldo de las prestaciones por incapacidad laboral permanente de la ley 24.557 y a Metrogas S.A. e Ingepo S.R.L. por la suma de $276.304,24 que completan la reparación integral del daño provocado por la minusvalía que presenta el actor, incluido el daño moral (v. fs. 517/523 vta.).
Finalmente, dispuso aplicar intereses sobre el capital de condena, desde el 21 de mayo de 2010 y hasta el efectivo pago, con arreglo a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires a través del sistema denominado "Banca Internet Provincia" (v. sent., fs. 516 vta. y 517).
II. Contra esta forma de resolver Metrogas S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 622 del Código Civil; 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, se agravia de la decisión por la que se le extendió solidariamente la condena a Metrogas S.A.
Señala que se encuentra acreditado en autos la existencia de un contrato de naturaleza comercial entre Metrogas S.A. e Ingepo S.R.L. -empresa dedicada a la construcción, e inscripta en el Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) como tal- por el que esta última se obligaba a realizar una obra "mecánica y civil" para la instalación y renovación de cañerías y servicios de gas en la zona de la Provincia de Buenos Aires que especifica, a cambio del pago acordado conforme las condiciones de contratación, contra entrega de facturas mensuales.
En tal sentido, argumenta que -de acuerdo a las conclusiones expuestas en el veredicto- las labores encomendadas al actor (la realización de zanjas mediante la utilización de un martillo neumático) se circunscriben específicamente a la construcción, no constituyendo actividad específica ni accesoria de la recurrente, la cual está ceñida -exclusivamente- a la distribución de gas.
Desde esa perspectiva, resulta -a su entender- absolutamente infundado sostener que Metrogas S.A. encomendó a una tercera empresa el cumplimiento de su propia actividad.
Advierte que la conclusión de que Metrogas S.A. dirigía el trabajo de los empleados que prestaban servicios bajo la dependencia de Ingepo S.R.L. para aplicar la hipótesis consagrada en el art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo carece de sustento. Ello, máxime cuando se acreditó en autos que la empresa demandada se dedica al rubro de la construcción, que la actividad del promotor del pleito -prueba testimonial- coincide con ello y que la recurrente cumplió con las obligaciones establecidas en los arts. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo y 32 de la ley 22.250.
Cuestiona que la fiscalización diaria de las tareas a cargo de Ingepo S.R.L. por parte del personal de Metrogas S.A. se interprete como el ejercicio de una dirección respecto de la actividad, pues entiende que verificar el cumplimiento del servicio de la contratista no implica dar órdenes ni supervisar el trabajo del empleado que era encargado de realizarlo sino, antes bien, constituye una condición necesaria para la facturación.
Aclara que por aplicación de la resolución n° 44 de ENARGAS, Metrogas S.A. tiene la obligación de capacitar a las personas para cumplir funciones en contacto con gas, por lo que la circunstancia de que cuenten con una credencial extendida por la empresa no significa que trabajan en tareas propias de ella ni bajo su dependencia (v. rec., fs. 445/447 vta.).
II.2. Seguidamente, se agravia de la atribución de responsabilidad a la empleadora en los términos del derecho común.
En lo esencial, tras destacar que el tribunal de grado concluyó que no se verificó en autos conducta negligente atribuible a Ingepo S.R.L. que tuviera relación de causalidad con el infortunio, afirma que si bien el juzgador endilgó responsabilidad con fundamento en el carácter riesgoso de la actividad, no expuso en modo alguno el fundamento de dicha definición ni explicó de qué manera acaeció el accidente.
Sostiene que el accionante no produjo prueba idónea tendiente a demostrar qué fue lo que ocasionó su caída ni el modo en que se produjo el infortunio, que bien pudo haberse causado -apunta- por su propia negligencia.
Afirma que si este último no logró probar el incumplimiento de las normas de seguridad, o que no hubiese una zona peatonal en la zanja o el peso del martillo neumático, mal puede considerarse que el trabajo es una actividad riesgosa. Ello, máxime cuando descalifica al único testigo presencial del accidente por entender que era chofer y no operario en la zona del infortunio y que no fue preciso al declarar.
Concluye que resulta incongruente que se considere que la patronal dio efectivo cumplimiento a las normas de Seguridad e Higiene laborales y que, por otro lado, sin prueba fehaciente del modo en que se produjo el accidente, condene a Metrogas S.A. por el riesgo no acreditado de la actividad (v. fs. 447 vta./448 vta.).
II.3. Por otro lado, se agravió del monto de la remuneración que se tuvo por comprobado.
Apunta que del análisis de los recibos de haberes glosados a la causa y de la referencia incorporada por el experto en la pericia contable, emerge -sin cavilaciones- que el salario del actor ascendía a $1.700 mensuales. Luego, si el juzgador entendió que la remuneración registrada era inferior a la efectivamente percibida debió acudir a un criterio de razonabilidad sobre la base del estudio del Convenio Colectivo de Trabajo 76/75, en lugar de apoyarse en las declaraciones imprecisas de dos testigos y en la liquidación practicada por el perito contador de conformidad con lo indicado en el escrito de demanda.
En tal sentido, observa que el sentenciante fijó el salario del trabajador ($5.413,70) en casi un 250% más respecto de la categoría que tenía registrada e, incluso 150% por sobre la que denunció tener (v. fs. 449 vta./450 vta.).
II.4. Objeta asimismo el monto de la condena a cargo de la aseguradora de riesgos del trabajo.
Argumenta que del monto de condena a cargo de las codemandadas ($340.000) debió descontarse el importe correspondiente a Asociart ART S.A. ($63.942) reajustado, de acuerdo a los términos de la sentencia, por el índice RIPTE (que arroja un total de $201.579), lo que implicaba una importante reducción en el capital reconocido.
Denuncia que tal omisión lesionó su derecho de propiedad.
También cuestiona la fórmula utilizada por el sentenciante para determinar la cuantía de la reparación integral -especialmente, la consideración de la vida útil del actor de 74 años de edad-, la que considera exorbitante.
Solicita la aplicación de un índice de corrección sobre el monto de condena de la aseguradora de riesgos de trabajo que disminuya el monto al que ha sido condenada la recurrente (v. fs. 450 vta./451 vta.).
II.5. Finalmente, solicita la reducción de los honorarios profesionales por considerarlos elevados, circunstancia que, según entiende, surge nítidamente del importe regulado por el a quo .
Asimismo, denuncia la violación de los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 505 del Código Civil -conforme la redacción de la ley 24.432-. Refiere que el porcentaje de los honorarios regulados -con más aportes e Impuesto al Valor Agregado (IVA)- constituye más del 54% del capital e intereses de condena (v. fs. 451 vta. y 452).
III. El recurso prospera parcialmente.
Razones de índole metodológica aconsejan alterar el orden de tratamiento de los agravios que porta la queja.
III.1. Resulta inatendible el embate por el que se controvierte la responsabilidad que el órgano judicial de grado le atribuyó a Ingepo S.R.L. con base en el art. 1.113 del Código Civil (ley 340).
III.1.a. Esta Corte ha declarado reiteradamente que tanto la selección y jerarquización del material probatorio aportado por las partes al proceso, como determinar si se configuraron o no los presupuestos de responsabilidad que eventualmente tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del derecho común, corresponde al ámbito de las facultades privativas de los jueces de mérito, salvo que se invoque y demuestre eficazmente la existencia de absurdo (causa L. 116.978, "Dalfonso", sent. de 8-IV-2015).
La aludida anomalía no queda demostrada con el argumento de que la opinión de los sentenciantes es objetable, discutible o poco convincente, ya que se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 107.337, "Verburg", sent. de 27-VI-2012 y L. 93.909, "Galusso", sent. de 22-VIII-2012).
III.1.b. Los argumentos desplegados por la compareciente -orientados a descalificar las conclusiones del sentenciante por considerar no probado el carácter riesgoso de la tarea ni el modo en que acaeció el infortunio- resultan -como anticipé- estériles en el intento de abastecer tales fundamentales extremos que hubieran permitido habilitar la facultad revisora de este Tribunal.
En efecto, colocada la recurrente en un eventual supuesto de desacierto en la valoración del marco fáctico y probatorio, no sólo omite denunciar la configuración del vicio de absurdo, sino que, además, focaliza su crítica a la labor axiológica del sentenciante únicamente en la errónea apreciación de la prueba testimonial, contraponiendo su personal criterio con la facultad privativa que los magistrados de la instancia de grado tienen para valorar tanto el mérito como la habilidad de las exposiciones, así como de la confiabilidad que alguna o algunas de ellas le merezcan en relación a otras, sin que las conclusiones que establezcan al respecto puedan ser revisadas por esta Suprema Corte (causas L. 95.895, "Linsalata", sent. de 6-VI-2011; L. 103.036, "Molina", sent. de 16-V-2012 y L. 106.682, "Vilchez", sent. de 8-VIII-2012).
Al respecto, indicó el sentenciante que la exposición del testigo Castaño -único que presenció el accidente- coincide con el relato de los hechos efectuado en la demanda, por lo que le brindó total convicción para juzgar probada la mecánica del infortunio. En tal sentido, memoró que el trabajador tomó en sus manos un pesado martillo neumático para cargarlo en la camioneta en que se desplazaba, cuando cayó en una de las zanjas que habían cavado para efectuar la reparación ordenada (v. vered., fs. 392 vta. y 393).
Seguidamente, concluyó que la tarea específica del demandante, que consistía en hacer zanjas con palas, romper pavimentos con martillos neumáticos y reparar caños de gas introduciéndose en esas zanjas y deambulando en sus cercanías, devenía riesgosa para la seguridad del trabajador (v. vered., fs. 395/396).
Bajo tales premisas, es dable advertir que las divergencias planteadas por la recurrente acerca de la aptitud conferida a la prueba oral, sumada a su personal apreciación respecto al modo en que -a su criterio- debieron apreciarse los hechos, no logran conmover la definición del fallo en lo relativo a la calificación de la actividad como productora del daño, pues sus alegaciones al respecto no superan el registro de una mera discrepancia de opinión.
Para más, en nada modifica la situación el hecho de que el juzgador haya declarado que no se verificó en autos el incumplimiento por parte de Ingepo S.R.L. respecto de las normas de Seguridad e Higiene laborales, pues esta última hipótesis sólo adquiriría relevancia a los fines de definir la ausencia de responsabilidad de la patronal en su faceta subjetiva.
III.2. No es de recibo el agravio que se dirige a cuestionar lo resuelto por el tribunal de trabajo en cuanto juzgó que el actor percibía parte de su remuneración fuera de registración y tuvo por cierto el haber mensual denunciado en el escrito de demanda.
III.2.a. En lo que interesa, destacó el tribunal de grado que el experto determinó el ingreso base del trabajador, tomando como sustento la documentación laboral exhibida por Ingepo S.R.L. (en la que figuraba inscripto en carácter de "ayudante" con arreglo al CCT 76/75), en la suma de $1.751,44. Sin embargo, tras apreciar en conciencia las declaraciones testimoniales de los señores Castaño, Romero y Bozzolo -coincidentes con lo expuesto en el escrito de demanda-, consideró acreditado que su remuneración era variable y que dependía de la cantidad y calidad de los trabajos realizados bajo la dependencia de su empleadora pero en favor de Metro
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