Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120432
En la ciudad de La Plata, a 17 de abril de 2019, habiéndose establecido de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, de Lázzari, Soria, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.432, "Cuellar, Domingo A. contra Federación Patronal Seguros S.A. y ot. Daños y perjuicios".
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Avellaneda hizo lugar parcialmente a la acción instaurada (v. fs. 489/499), imponiendo las costas del modo que especificó.
Se dedujo, por la aseguradora de riesgos del trabajo codemandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 532/545 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que interesa, hizo lugar a la acción deducida por el señor Domingo Alfredo Cuellar y condenó a Federación Patronal Seguros S.A. al pago de la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial en los términos del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (conf. ley 26.773; dec. 1.694/09 y resol. de la Secretaría de Seguridad Social 28/15; v. fs. 489/499).
Resolvió de esa manera, en tanto juzgó acreditado que, como consecuencia de los accidentes que sufrió en su lugar de trabajo, el accionante el día 15 de julio de 2009 tomó conocimiento que padece una incapacidad laboral permanente que lo invalida en un 12% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 490).
En la etapa de sentencia, al momento de cuantificar la prestación que le correspondía al demandante, con apoyo en citas jurisprudenciales, en la opinión de doctrina autoral y a la luz del principio de aplicación inmediata de la ley consagrado en el art. 3 del Código Civil, consideró aplicable la ley 26.773, el decreto 1.694/09 y la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 28/15.
En ese orden, juzgó que la normativa que ha intentado mejorar la situación de los trabajadores debe aplicarse inmediatamente a todas aquellas situaciones no resueltas a la fecha de vigencia de dichos preceptos jurídicos. Explica que mientras exista un crédito a favor del trabajador, si una norma jurídica nueva mejora su situación debe ser aplicada sin más, en virtud de los principios de progresividad y de la aplicación de la norma más favorable al trabajador, que surgen no sólo de la legislación local vigente, sino además de diversos tratados internacionales y convenios de la Organización Internacional del Trabajo aplicables (v. fs. 494 vta.).
Indicó que la finalidad de las sucesivas reformas incorporadas a la Ley de Riesgos del Trabajo -decretos 1.278/00, 1.694/09 y ley 26.773- fue la de mejorar las prestaciones dinerarias del sistema originario, teniendo en cuenta las desactualizaciones que el transcurso del tiempo produce en las sumas que deben percibir los trabajadores siniestrados (v. fs. cit.).
En función de todo lo expuesto, resolvió condenar a la demandada al pago del importe de $101.022,72 (ley 26.773; dec. 1.694/09 y resol. 28/15) con más el adicional establecido en el art. 3 de la ley 26.773, obteniendo una suma total de $121.227,26. A dicho monto aplicó intereses calculados según la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito -plazo fijo digital a treinta días- (v. fs. 496).
II. Contra dicho pronunciamiento, la aseguradora de riesgos del trabajo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 532/545 vta.).
II.1. En primer lugar, se agravia de la decisión con arreglo a la cual se dispuso la aplicación en el caso del decreto 1.694/09 y la ley 26.773.
En sustancia, alega que la decisión del a quo importa la aplicación retroactiva de normas cuya entrada en vigencia es posterior al acaecimiento del infortunio que motiva el reclamo de autos y sostiene que en la especie resulta de aplicación la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00. Cita en apoyo de sus argumentos doctrina de esta Corte.
II.2. Luego, cuestiona la tasa a la que fueron calculados los intereses adeudados sobre el capital de condena, toda vez que -sostiene- el tribunal de grado liquidó tales accesorios apartándose de la doctrina de esta Corte emanada de los precedentes que cita.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Cabe resaltar que en la especie el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.121, "Bustos", sent. de 15-VII-2015 y L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015).
III.2. En ese marco, merece favorable recepción la impugnación en cuanto cuestiona las pautas que utilizó el tribunal de grado para cuantificar la indemnización sistémica.
III.2.a. He de recordar que este Tribunal ha resuelto que las modificaciones introducidas a la ley 24.557 por el decreto 1.694/09 (B.O., 6-XI-2009) no resultan aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante hubiere ocurrido con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de dicho decreto (causas L. 116.513, "Orellana", sent. de 26-III-2014; L. 116.622, "Bracco", sent. de 15-IV-2015; L. 117.439, "Rivero", sent. de 23-V-2017 y L. 117.431, "Corbalán", sent. de 29-VIII-2017; e.o.).
Lo expuesto es suficiente para reconocer la procedencia de este aspecto del recurso, en razón del quebrantamiento de la doctrina legal emanada de los precedentes mencionados, a cuyo contenido en extenso remito por razones de celeridad.
III.2.b. Por similares motivos, es atendible el reproche vinculado a la aplicación de las disposiciones de la ley 26.773.
En ese punto es dable destacar que el pronunciamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta, a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
En este contexto de análisis, corresponde revocar la aplicación de la ley 26.773 al caso examinado.
Ello, toda vez que, en el marco de lo regulado en la ley citada, esta Corte tiene dicho que -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo sólo operan para el futuro, resultando aplicable a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia, lineamiento establecido en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) -que reitera el criterio adoptado en torno a las normas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo-, y a la que por razones de brevedad remito.
III.2.c. A tenor de lo expresado y teniendo en cuenta que a la fecha en que el Tribunal estableció -en conclusión firme- como determinante para definir el régimen jurídico aplicable, esto es el día 15 de julio de 2009 (v. vered., fs. 490; sent., fs. 494/496), el decreto 1.694/09 (B.O., 6-XI-2009) y la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012) no se encontraban vigentes, asiste razón a la recurrente en cuanto postula que no resultan aplicables al caso las normas actuadas en el pronunciamiento impugnado y así debe ser declarado en el caso.
En consecuencia, debe revocarse la sentencia en este aspecto y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que, con diferente integración, dicte nuevo pronunciamiento.
III.3. En cambio, considero que no puede prosperar el embate por el que se cuestiona la tasa de interés pasiva, en su variante denominada digital, aplicada por el tribunal de grado al capital de condena, en tanto la misma se condice con la doctrina legal de esta Suprema Corte provincial al respecto.
III.3.a. Sobre la presente cuestión, esta Suprema Corte sostuvo -bajo la norma del art. 622 del Código Civil, cuando ni las partes ni la legislación especial han previsto una alícuota determinada- la "tasa pasiva de interés plazo fijo a 30 días", tal como surge de numerosos precedentes como en las causas Ac. 43.448, "Cuadern" (sent. de 21-V-1991) y Ac. 59.059, "Giani" (sent. de 25-III-1997), que han sido ratificados en otros con fechas posteriores (así en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce", sents. de 21-X-2009).
Asimismo, ante la sanción de la ley 14.399 (B.O., 12-XII-2012), que modifica el art. 48 de la ley 11.653, esta Corte declaró la inconstitucionalidad de la misma en las causas L. 108.164, "Abraham"; L. 102.210, "Campana" y L. 108.142, "Díaz" (sents. de 13-XI-2013). Esencialmente, se consideró que dicha ley provincial se encuentra en pugna con la Constitución nacional (arts. 31, 75 inc. 12, 126 y concs.), en tanto legisla sobre una materia de derecho común cuya regulación es competencia del Congreso de la Nación.
Luego, con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (ley 26.994, B.O., 8-X-2014 y ley 27.077, B.O., 16-XII-2014), en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), sostuve que por el período comprendido desde la exigibilidad del crédito hasta el día 31 de julio de 2015, los intereses moratorios están regulados por el art. 622 del Código Civil, por lo que deviene aplicable, en consecuencia, la doctrina legal de esta Suprema Corte conformada en torno a dicha norma, en la que se ha sostenido que, a partir del día 1 de abril de 1991, los importes adeudados deberán ser abonados con intereses que se calcularán de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (arts. 7 y 10, ley 23.928, texto según ley 25.561 y 622, cit.). Y, por el período que va del día 1 de agosto de 2015 hasta su efectivo pago, ante el cambio normativo que importó el art. 768 inc. "c" del Código Civil y Comercial (ley 26.994), que conlleva una particular incidencia en la ponderación judicial al estar ante un circunscripto y concreto espectro de opciones, y teniendo en cuenta los valores de igualdad y seguridad jurídica, deberá aplicarse la tasa pasiva de interés "plazo fijo digital a 30 días" a través del sistema "Banca Internet Provincia" (conf. arts. 7 y 10, ley 23.928, modif. por ley 25.561 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
Esta postura, en las causas mencionadas, resultó minoritaria.
En cambio, la posición que conformó allí la mayoría de opiniones sostuvo que la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hallan determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial, impone precisar la doctrina que el Tribunal ha mantenido hasta ahora en carácter de doctrina legal. En ese marco, se declaró que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
III.3.b. Ahora bien, ante la consolidación de la doctrina legal recién reseñada debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (causas L. 118.587 y C. 119.176, cits.; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016) y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura en ella sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.2.c. del presente.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
II.1. Comparto la solución propuesta en el voto inaugural respecto del agravio orientado a rebatir la decisión del tribunal de grado de cuantificar la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en el decreto 1.694/09 y la ley 26.773, por las siguientes consideraciones.
Inicialmente, cabe destacar que si bien acompañé con mis votos la conformación de la doctrina legal de esta Corte en cuanto estableció que las pautas indemnizatorias previstas en los decretos 1.278/00 y 1.694/09 no resultan aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se hubiera producido con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia (causas L. 90.384, "N., P. A.", sent. de 9-V-2007; L. 94.456, "Vecchi", sent. de 2-VII-2010; L. 109.850, "A., M. C.", sent. de 12-VI-2013 y L. 116.622, "B., V.", sent. de 15-IV-2015; e.o.), en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), hube de modificar mi posición, proponiendo una nueva interpretación sobre las cuestiones relativas a la vigencia intertemporal de las sucesivas reformas a la Ley de Riesgos del Trabajo.
En efecto, en aquel precedente he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, he de plegarme al voto de mi distinguido colega doctor Pettigiani, en cuanto su respuesta se ajusta a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7-VI-2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
II.2. Lo expuesto es suficiente para dar respuesta al interrogante planteado y reconocer la procedencia del recurso en razón del quebrantamiento de la doctrina legal de esta Corte, conforme se señala en el punto III.2.c. del voto inaugural.
II.3. En otro orden, no es de recibo el reproche a la tasa de interés (pasiva en su modalidad "digital") establecida por el tribunal de grado.
Tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", como en la causa C. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días.
Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015 y L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
En función de lo dicho y -reitero- dejando a salvo mi opinión personal, me atengo a la referida doctrina legal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), sentada en las citadas causas y propongo el consecuente rechazo de este aspecto del remedio deducido.
III. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Costas por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
II.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Pettigiani en los puntos III.1. y III.2. de su sufragio.
II.2. En orden a la tasa de interés aplicada por el tribunal de grado, comparto la solución a la que arriba el distinguido colega, ello, conforme las consideraciones que expuse al sufragar en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016) -y en adhesión al voto emitido por mi colega doctora Kogan en la causa L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016)-, a las que remito por razones de brevedad.
III. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, conforme se señala en el apartado final del voto inaugural.
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a la propuesta del doctor Pettigiani de declarar inaplicable al caso las disposiciones del decreto 1.694/09 y la ley 26.773, pues estimo que la impugnación deducida a su respecto satisface los recaudos de una adecuada fundamentación (art. 55, ley 11.653). En ese marco, remito en razón de brevedad a los fundamentos dados al sufragar las causas L. 116.955, "Enríquez" (sent. de 29-III-2016) y L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016).
I.2. En lo que hace a la tasa empleada para estimar los intereses moratorios, coincido con la propuesta decisoria del distinguido colega, a tenor de las consideraciones que expuse al sufragar las causas L. 118.587, "Trofe"; C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016) y L. 119.397, "Santillán" (sent. de 25-X-2017), entre otras.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.