Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120294
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos, con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 17 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri, Genoud, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.294, "Canelo, Raúl Eduardo contra CNA ART S.A. y otro/a. Accidente de trabajo - Acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 408/424 y aclaratoria, fs. 492/494).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley contra la sentencia de fs. 408/424 y la aclaratoria de fs. 492/494 (v. fs. 444/488 y 522/573, respectivamente).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 444/488?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del interpuesto a fs. 522/573?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de origen admitió parcialmente la demanda promovida por el señor Raúl Eduardo Canelo contra Construcciones Málaga S.A. y CNA ART S.A., mediante la cual había reclamado el pago de una indemnización integral por las secuelas incapacitantes derivadas de un accidente de trabajo. Asimismo, juzgó procedente la acción vinculada a la percepción de las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557 por las minusvalías provocadas por las afecciones que contrajo durante el cumplimiento de tareas prestadas para su empleadora (v. fs. 408/424).
Para así resolver, en el veredicto juzgó probado que, a consecuencia de las labores de albañilería y derivado de traumatismos menores pero repetidos, el accionante padece espondilolistesis de columna cervical, discopatías, hernia de disco y artrosis localizada exteriorizada por lumbalgia, que le provocan -sumados los factores de ponderación- una incapacidad del 22,8% del índice de la total obrera (v. fs. 408 vta. y 409).
Tuvo por acreditado además que, en fecha 23 de noviembre de 2010, el señor Canelo tropezó y cayó dentro de un pozo que realizaba un compañero de trabajo con una pala de punta, y que a consecuencia del evento padece amputación traumática del dedo índice de la mano derecha y reacción vivencial anormal neurótica grado IV, que lo incapacitan -sumados también los factores de ponderación- en el 36,6% del índice de la total obrera (v. fs. 409 vta. y 414 vta.).
En la sentencia halló configurados los presupuestos de atribución de responsabilidad objetiva de la empleadora en los términos del art. 1.113 del Código Civil, por la incapacidad derivada del referido infortunio (v. fs. 414 vta./416 vta.).
Luego abordó el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557. En ese trance, efectuó el cotejo de las cuantías resarcitorias a las que accedería el actor según se atienda a su reclamo conforme las previsiones del sistema de reparación de infortunios laborales o en el marco del régimen común de responsabilidad civil y verificada la insuficiencia de la ley especial, descalificó la validez constitucional de aquella norma (art. 39, ley 24.557; v. sent., fs. 416 vta. in fine /420).
Por otra parte, el a quo dispuso la condena de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo -CNA ART S.A.- al pago de las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557 por la minusvalía derivada de las dolencias columnarias contraídas (v. fs. 420 vta./421 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 14 bis, 17, 19, 28, 31, 33 y 75 incs. 19 y 22 de la Constitución nacional; 10, 11, 31 y 39 incs. 1 y 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 29 del Pacto de San José de Costa Rica; 23.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 25.1, XIV y XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 59 del Código Civil y Comercial de la Nación; 9 y 11 de la Ley de Contrato de Trabajo; 5, 6, 7, 12 y 16 de la ley 26.529; 11 apartado 4 inc. "a" y 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557; 7 del decreto 716/96; la errónea aplicación del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y la trasgresión de la doctrina legal que cita.
Alega que, el fallo de grado debe modificarse porque el tribunal calculó las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557 en forma diferenciada, esto es, estableciendo dos tipos de liquidaciones: una para la incapacidad derivada del accidente de trabajo, y otra, para resarcir la minusvalía provocada por las dolencias columnarias.
Afirma que, dicha circunstancia condujo al juzgador al error de cuantificar la indemnización que le fuera reconocida al actor en los términos del régimen especial establecido por la Ley de Riesgos del Trabajo, valiéndose de la fórmula matemática prevista en su art. 14 apartado 2 inc. "a", es decir, de aquella contemplada para calcular el valor de las prestaciones dinerarias vinculadas a incapacidades laborales menores o iguales al 50%.
Explica que, en supuestos como el ventilado en autos, la incapacidad laboral padecida por el trabajador es inescindible, totalizando la sumatoria de ambas minusvalías un 50,8%.
De allí que, continúa, el importe al que resultaría acreedor el promotor del pleito por aplicación del art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 asciende a $142.563,123; debiéndose añadir a dicho monto aquel que proviene de la prestación adicional de pago único contemplada en el art. 11 apartado 4 inc. "a" de la misma ley, que en el caso representa $80.000; totalizando la suma de $222.563,123.
En apoyo de su postura refiere que el pronunciamiento de grado ha transgredido la doctrina legal de esta Suprema Corte emanada del precedente L. 104.576, "Manrique Obregón, Krugger Neri c/ CNA ART S.A. s/ Accidente de trabajo" (sent. de 7-III-2012).
Por otra parte, objeta el rechazo de la pretensión vinculada al resarcimiento por daño estético.
En este aspecto, aduce que el tribunal de grado desestimó el reclamo por haberse negado el actor al reimplante del dedo amputado, arribando a dicha conclusión por conducto de valorar absurdamente el informe de la Clínica Gamma obrante a fs. 325 y los dichos brindados por el testigo Coceres, así como también por inaplicar las normas de los arts. 5, 6, 7, 12 y 16 de la ley 26.529.
III. El recurso no prospera.
III.1. De comienzo, cabe señalar que, en el caso, el valor de lo cuestionado está representado -en contraste con lo que postula la recurrente- por la diferencia que se verifica entre el importe proveniente de las prestaciones dinerarias de la ley 24.557, reconocidas al actor para resarcir las incapacidades derivadas del accidente de trabajo y las patologías columnarias ($63.837,30 y $26.100, respectivamente) y el que habría de obtenerse por aplicación de la normativa cuyo quebrantamiento se denuncia en el recurso ($222.563,123; v. fs. 473), a esto, cabe añadir el monto reclamado en concepto de daño estético cuyo rechazo se cuestiona ($10.000; v. demanda, fs. 21 vta.). La sumatoria de tales importes no supera el umbral establecido en la ley ritual como condición para la admisibilidad del remedio intentado a la fecha de su interposición ($198.500, representativo del valor de 500 jus arancelarios; conf. art. 278, CPCC -texto según ley 14.141, B.O., 15-VII-2010- y Acordada 3748/15 de esta Suprema Corte, vigente a partir del 1 de marzo de 2015).
Siendo ello así, la función revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014; L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; L. 119.642, "Short", sent. de 21-IX-2016 y L. 118.682, "Palacios", sent. de 15-XI-2017).
III.2. Dentro de tal marco, es posible anticipar que no se configura el supuesto de excepción examinado.
III.2.a. En primer término, se impone señalar que, contrariamente a lo que sostiene la quejosa (v. rec., fs. 522 vta./524), no se encuentra en debate una cuestión federal susceptible de justificar la apertura de la instancia extraordinaria con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2.b. Luego, la crítica dirigida a cuestionar la decisión de grado vinculada al modo como debe ser computada la incapacidad del actor resulta inatendible, en tanto la única doctrina que en relación al tópico el impugnante denuncia transgredida -proveniente de la causa L. 104.576, "Manrique Obregón" (sent. de 7-III-2012)- ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos disímiles a los del caso en juzgamiento.
En efecto, en dicho precedente arribó firme a esta instancia extraordinaria que como consecuencia del accidente de trabajo sufrido el día 10 de junio de 2005, el señor Manrique Obregón era portador de una minusvalía física del 56,12%, revocando esta Corte la sentencia del tribunal de grado que había rechazado el planteo de inconstitucionalidad del sistema de renta periódica previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 y condenado a la aseguradora de riesgos del trabajo a abonar al actor una cuota mensual que había cuantificado con arreglo a las pautas del art. 14 apartado 2 inc. "a" de dicha ley. Esto último, hubo de señalarlo en aquella oportunidad el a quo , con fundamento en la necesidad de suplir un vacío legal para establecer el "eventual pago único de la contingencia" en los términos del primero de los preceptos legales citados (v. punto III.2. del voto de quien fuera nuestro colega, el doctor Hitters).
Con lo cual, bien se puede ver, dentro del delimitado marco en el que se analiza el recurso (art. 55, ley 11.653), la situación fáctica ventilada en autos difiere de la comprobada en el precedente que se reputa violado, donde -reitero- no fue motivo de análisis en esta instancia extraordinaria el grado de incapacidad del cual era portador el actor como consecuencia del infortunio sufrido, en tanto en las presentes actuaciones el promotor del pleito se agravia y pone en tela de juicio el porcentaje al que asciende la minusvalía y sobre el que entiende correspondería calcular el resarcimiento.
En tales condiciones, y con arreglo a conocida doctrina de este Tribunal (causas L. 116.422, "Robles", sent. de 18-XII-2013; L. 106.529, "Rojo", sent. de 8-X-2014 y L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015), el agravio debe ser rechazado.
III.2.c. Similar suerte adversa ha de correr el restante cuestionamiento que porta la queja, dirigido a rebatir la definición de grado que rechazó el reclamo por daño estético.
Tras valorar la declaración testimonial brindada por el señor Coceres en la audiencia de vista de la causa y el informe elaborado por la Clínica Gama (obrante a fs. 325), el tribunal de trabajo declaró acreditado que el actor se negó al reimplante del dedo que estaba en condiciones de realizarse, pese al consejo profesional sobre su potencial éxito (v. vered., fs. 409 vta.).
A partir de esa conclusión, juzgó que no correspondía condenar a la demandada a la reparación del daño estético (v. sent., fs. 418 vta.).
De lo expuesto se advierte que tanto los fundamentos de la decisión cuestionada como los agravios que se expresan en el recurso sub examine (reseñados en el punto II) arraigan en típicas cuestiones de hecho y prueba, cuyo planteo -y análisis- resulta ajeno al ámbito de la casación por la vía transitada.
En tal sentido, esta Corte reiteradamente ha declarado que no se verifica la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, si la interesada sólo pretende la revisión de cuestiones de índole fáctica y probatoria (causas L. 118.539, "López", resol. de 28-X-2015; L. 119.564, "Nieres", resol. de 30-III-2016 y L. 121.010, "Leguizamón", resol. de 6-XII-2017).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Negri, Genoud y Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión en el mismo sentido.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Contra la sentencia aclaratoria de fs. 492/494, también se alza la parte actora con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 522/573).
La crítica reproduce los argumentos expuestos en su anterior presentación, alegando en lo sustancial que las disposiciones contenidas en los arts. 11 apartado 4 y 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557, no hacen una distinción entre accidentes y enfermedades, sino que se refieren a la incapacidad como un todo global, única e inescindible.
Con sustento en doctrina de esta Suprema Corte afirma que "La ley indemniza incapacidades laborativas y no enfermedades y, sea que éstas aparezcan simultánea o contemporáneamente o espaciadas en el tiempo, no genera sino una sola incapacidad".
II. El recurso no prospera.
Sin perjuicio de otras consideraciones, y toda vez que los cuestionamientos que porta el presente medio de impugnación evidencian una similitud manifiesta con aquellos que fueran analizados en la anterior cuestión, remito -por razones de brevedad- a lo allí expresado para disponer su rechazo (v. puntos III.1. y III.2.a., III.2.b. y III.2.c. de la primera cuestión).
Sólo cabe agregar que la doctrina cuya vulneración invoca la impugnante a fs. 559 vta., tampoco resulta idónea para sustentar el agravio, habida cuenta que se halla vinculada a una normativa -ley 9.688- que no es de aplicación al pleito.
III. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Negri, Genoud y Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechazan los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia