Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120744
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 17 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Genoud, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.744, "Martín, Oscar Alberto y otro/a contra DP S.A. y otro/a. Materia a categorizar".
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, se declaró incompetente para intervenir en la causa y ordenó su archivo (v. fs. 113/115 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 118/122 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. En lo que interesa, los señores Oscar Alberto Martín y Esteban Jacinto Cruz promovieron acción de amparo -con fundamento en el art. 47 de la ley 23.551- contra la empresa DP S.A. y el Sindicato de Choferes de Camiones Seccional Olavarría en procura de obtener la nulidad de la asamblea destitutiva, la restitución de sus cargos de delegados y el cese de la persecución por motivos sindicales (v. fs. 84/103).
Sostuvieron haber ingresado a prestar servicios para la empresa DP S.A. cumpliendo funciones de choferes de larga distancia, habiendo sido elegidos por sus compañeros como delegados representantes de los trabajadores: el señor Martín por distintos períodos (septiembre de 2010 a septiembre de 2012, 4 de noviembre de 2012 a 3 de noviembre de 2014 y 23 de noviembre de 2014 a 22 de noviembre de 2016) y el señor Cruz desde el día 11 de mayo de 2014 hasta el día 11 de mayo de 2016, pero que sus mandatos quedaron interrumpidos por la asamblea celebrada el día 13 de febrero de 2016 en el lugar de trabajo, con el personal de la empresa, convocada por el sindicato -sin especificar el tipo de asamblea, el motivo de su realización, quién o quienes la convocaban y su orden del día- y notificada sólo a uno de los actores (el señor Martín), en clara violación a su derecho de defensa, a la ley 23.551 y al estatuto sindical (v. fs. 85 vta.).
Indican que el día 12 de febrero de 2016 denunciaron ante el Ministerio de Trabajo (Delegación Regional Tandil) la situación por la que atravesaban (práctica desleal y violación a la libertad sindical) y que posteriormente (el día 23 de febrero de 2016) peticionaron la nulidad de la asamblea mediante la que se los destituyó de sus cargos. Asimismo, que la autoridad administrativa se expidió con fecha 16 de abril de 2016 respecto a la primera denuncia efectuada, declarando que en ese tipo de conflictos resultaba competente el órgano jurisdiccional ante el cual debían instar la acción correspondiente (v. fs. 85 vta. y 86).
Argumentaron luego sobre la conducta asumida por su empleadora y la labor sindical de los demandantes y relataron las distintas irregularidades que se verificaban en su destitución, entre ellas, que la asamblea no se realizó conforme lo previsto en el estatuto del sindicato de choferes de camiones (v. fs. 86/99 vta.).
I.2. Luego de interpuesta la demanda, el tribunal de grado consideró que no resultaba claro su objeto e intimó a la actora para que: 1) aclarase el derecho y fundase la competencia en relación a la pretensión de nulidad de asamblea y restitución de los cargos de delegado; 2) precisase si el reclamo por el "cese de persecución por motivos sindicales" encuadraba en una acción por práctica desleal y, en ese caso, explique y funde la competencia; y 3) de corresponder, recondujera la acción conforme las aclaraciones que se efectuaran (v. fs. 104).
Ante dicho requerimiento, los accionantes sostuvieron haber promovido un amparo en los términos del art. 47 de la ley 23.551, peticionando el cese del comportamiento antisindical debido a las prácticas desleales denunciadas (v. fs. 106/108). El a quo señaló que la querella por práctica desleal resulta una acción distinta a la prevista en el art. 47 de la ley 23.551 (arts. 53 y 54, ley cit.), requiriendo nuevamente a la actora que aclarase si accionaba por práctica desleal (v. fs. 109), a lo que ésta contestó que no era esa la acción interpuesta sino que se demandaba con sustento en el citado art. 47 de la ley 23.551 (v. fs. 110).
I.3. Pasados los autos al acuerdo (v. fs. 111), tras relatar los antecedentes del caso y con arreglo a la doctrina de esta Corte que individualizó, el tribunal de grado juzgó que la pretensión traducía preeminentemente en un conflicto intrasindical. Destacó que no obstaba a dicha conclusión la participación atribuida a la empleadora (v. fs. 113/114 vta.).
Sobre esa base, consideró que el acotado margen de actuación propio del art. 47 de la ley 23.551 no involucraba, a fin de dictar una medida útil, aquellas conductas que, como en autos, precisaban de amplitud de debate y prueba, impeliendo al tribunal a expedirse sobre el amplio régimen normativo de las asambleas y/o procedimientos (v.gr. convocatorias, medios de comunicación, legitimaciones, autoridades, etc.), lo que rebasaba su actuación jurisdiccional (v. fs. 114 vta.).
Agregó que no resultaba vinculante que el Ministerio de Trabajo Nacional se hubiera expedido atribuyendo competencia al órgano judicial y que tampoco quedaba patentizada la urgencia o peligro en la demora que pudiere justificar en el caso una intervención judicial de amparo, toda vez que los hechos narrados se ubicaban temporalmente seis meses atrás (v. fs. 115).
Por último, y reforzando el concepto de que no obstaba a su decisión la participación que los accionantes le endilgaran en los hechos a su empleadora, sostuvo que, aún en la hipótesis de que ello configurara una práctica antisindical, el prieto objeto de la demanda interpuesta (nulidad de la asamblea destitutiva y restitución en sus cargos a los delegados), de insoslayable observancia por el principio de congruencia, los colocaba ante una intromisión en la vida interna del sindicato, vedada a su conocimiento. Por todo ello, se declaró incompetente para conocer y decidir en autos (v. fs. 115).
II. La parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, donde denuncia absurdo y violación de los arts. 47, 53, 59, 60 y 63 de la ley 23.551; 2 inc. "b" de la ley 11.653; 15 y 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 18 de la Constitución nacional; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 118/122 vta.).
Se agravian de la decisión de grado que encuadró la pretensión deducida en autos como un "conflicto intrasindical". Sostienen que los hechos en que fundaron la acción interpuesta dan cuenta de un conflicto diferente, en tanto denunciaron que el mayor comportamiento discriminatorio y antisindical provenía de la empresa empleadora (DP S.A.), quien a través de su conducta defraudatoria logró que se los destituyera de sus cargos de delegados.
Refieren así que el a quo dejó de lado el reclamo formulado respecto de la patronal (persecución por motivos sindicales, prácticas abusivas y conductas antisindicales), violentando los arts. 47 y 53 de la ley 23.551. Postulan que la declaración de incompetencia del tribunal de grado carece de fundamento, por cuanto la maniobra dirigida a destituirlos de sus cargos gremiales fue perpetrada por la empleadora, más allá de que se hubiera unido al sindicato codemandado para llevarla a cabo. En este sentido, con apoyo en doctrina de esta Corte que citan, insisten en señalar que dirigen la acción promovida a hacer cesar el comportamiento antisindical de la patronal, lo que es competencia de la justicia local.
Alegan que, además, solicitaron una medida tendiente a procurar la reposición de la situación al estado anterior a la destitución en sus cargos, sin que el juzgador hubiera dictado al respecto la "medida útil" a la que aludió en su sentencia para garantizar el ejercicio regular de los principios y derechos sindicales comprometidos. Adunan a lo dicho que, contrariamente a lo sostenido en el fallo, a partir de la documentación agregada a la causa se constata la urgencia y/o peligro en la demora que justifica la acción de amparo promovida.
III. El recurso no prospera.
El planteo que porta la réplica no logra desvirtuar las conclusiones del fallo impugnado en cuanto al examen de la competencia rationae materia efectuado por el a quo a la luz de la interpretación y el alcance asignado al contenido de la pretensión deducida por los accionantes.
En efecto, los recurrentes circunscriben su embate a sostener que en el caso el comportamiento antisindical de su empleadora justifica la intervención de la justicia local en el marco de la acción fundada en el art. 47 de la ley 23.551.
Sin embargo, en ese cometido, soslayan hacerse cargo de lo expresado en la sentencia con relación al tema que impugnan.
Adviértase que ante el reiterado pedido de aclaraciones efectuado por el a quo en orden al alcance de los reclamos deducidos -esencialmente, respecto de la competencia- los accionantes se limitan a disentir con el temperamento adoptado en el fallo, fruto de la labor interpretativa llevada a cabo por el juzgador de las explicaciones brindadas en su demanda y las posteriores presentaciones.
De la sola lectura de los antecedentes transcriptos, es posible advertir que no formulan ninguna réplica con aptitud para descalificar la línea de razonamiento seguida en el pronunciamiento impugnado, según el cual el tribunal de origen concluyó que lo pretendido por los demandantes excedía su ámbito de actuación, sea para el dictado de una medida judicial útil o el eventual análisis de la participación endilgada al empleador en el marco denunciado.
En rigor, las alegaciones formuladas por los comparecientes sólo exhiben su mera discrepancia con el sentido y alcance otorgado por los jueces de grado a la pretensión contenida en su escrito postulatorio, a la vez que trasuntan una tardía intención de suplir el déficit en que incurrieran ante los reiterados requerimientos del a quo para que aclaren el objeto de su demanda.
Luego, los interesados contraponen su disconformidad con lo resuelto, siguiendo una línea argumental que -en rigor- tan sólo traduce un apartamiento de los fundamentos expuestos por el juzgador, carente de idoneidad a los fines pretendidos.
En definitiva, las argumentaciones traídas en la impugnación transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, sin concretar una réplica eficaz de las conclusiones plasmadas en el decisorio impugnado. Resulta de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 107.520, "Russo", sent. de 21-VI-2012; L. 114.397, "Perrota", sent. de 14-X-2015 y L. 119.492, "Geiser", sent. de 29-XI-2017; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia