Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119370
En la ciudad de La Plata, a 17 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Pettigiani, de Lázzari, Negri, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.370, "Bellafronte, Néstor Fabián contra Desin S.A. Daños y perjuicios."
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 637/658).
Se interpuso, por Federación Patronal Seguros S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 667/673).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado admitió la demanda promovida por el señor Néstor Fabián Bellafronte y condenó a Federación Patronal Seguros S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de diferencias derivadas de la prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones del decreto 1.694/09 y la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 6/15- y la prevista en el art. 3 de la ley 26.773, con más el índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), dispuesto en esta última (v. fs. 641/658).
Resolvió de esa manera en tanto juzgó acreditado que el día 23 de febrero del año 2009 el actor sufrió un infortunio laboral a consecuencia del cual se originaron las dolencias que padece en su pie derecho (lesiones musculares y tendinosas con su repercusión funcional) y que le provocan una incapacidad parcial y permanente del 17% del índice de la total obrera. A su vez, tuvo por probado que en virtud del referido siniestro la Comisión Médica dictaminó una minusvalía del 12% del índice de la total obrera, por la que el actor percibió en concepto de prestación dineraria la suma de $17.926,98 de la aseguradora de riesgos del trabajo (v. fs. 638/639).
Con sustento en un precedente del mismo tribunal y en la doctrina autoral, estableció que tanto el decreto 1.694/09 como la ley 26.773, debían aplicarse a las contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Señaló que esta conclusión no importaba aplicarlos en forma retroactiva, puesto que se trataba de una reparación no consumada, en cuanto al momento de dictarse el fallo la prestación dineraria no se encontraba cumplida. Con ello, declaró ex officio la invalidez constitucional de los arts. 16 del citado decreto y 17 apartado 5 de la mencionada ley, por encontrarlos "en pugna con los arts. 14, 14 bis y 17 de la C.N. y con el principio de la aplicación inmediata de la nueva ley (art. 3 Cód. Civ.)", ponderando además, que dicha solución resultaba concordante con el "principio de progresividad" (fs. 650/652).
Sostuvo entonces que conforme las prescripciones contenidas en la Ley de Riesgos del Trabajo, al dependiente le correspondía percibir la suma de $25.317,98 según la siguiente operación aritmética: IBM ($1.300,92) x 53 (dec. 1.694/09) x 17% x 2,16 (65/30); efectuada de acuerdo a lo previsto en los arts. 12 y 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 652).
Sin embargo, evaluó que por aplicación del "Decreto 1694/09 art. 3°, hoy reformado por la Resolución de S.T. N° 6/2015, dicho resultado nunca podrá ser inferior al monto que resulte de multiplicar 713.476 por el porcentual de incapacidad, y en consecuencia, por aplicación de la misma (art. 2, Res 6/15)", el monto ascendía $121.290,92 (v. fs. 652 y vta.).
También juzgó que a este importe debía adicionarse el 20% establecido en el art. 8 -debió decir 3- de la ley 26.773 ($24.258,18) y descontarle el valor percibido de la aseguradora de riesgos del trabajo ($17.926,68; v. fs. cit.).
Luego, aplicó el índice RIPTE desde la fecha del accidente (febrero 2009) hasta el mes de diciembre de 2014, llegando a un total de $579.405,78 en concepto de prestaciones dinerarias de pago único. Expresó que para así decidir se apartaba de lo dispuesto en el art. 17 apartado 6 de la citada ley, por considerar que la aplicación del mecanismo de ajuste desde el día 1 de enero de 2010 resultaba contradictoria con el contenido del art. 2 de dicho plexo legal, pues -enfatizó- "el deber de reparar nace en el momento de acaecimiento del evento o determinación de la enfermedad" (fs. cit.).
En consecuencia, condenó a la aseguradora demandada a pagar la última suma indicada, y dispuso que, desde la fecha del evento dañoso, devengue "intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema Banca Internet Provincia" (fs. cit.).
II. La demandada Federación Patronal Seguros S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial; 14 y 17 de la Constitución nacional; y de doctrina legal que identifica (v. fs. 667/673).
Cuestiona la tasa de interés pasiva, en su variante denominada digital, que ordenó aplicar el a quo al capital de condena. Señala que al utilizar esa alícuota el juzgador se apartó de la doctrina legal que esta Suprema Corte sentara sobre el tópico en las causas Ac. 43.858, "Zgonc" (sent. de 21-V-1991) ; L. 88.156, "Chamorro" (sent. de 8-IX-2004); L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009; v. fs. 667 vta./668).
Le reprocha al tribunal haber transgredido el principio de congruencia, porque declaró -de oficio- la inconstitucionalidad de los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773 sin que lo haya peticionado el actor en la demanda (v. fs. 668 vta./669). También, haber omitido "aplicar los topes legales vigentes al tiempo de consolidación del daño", a pesar de que tampoco fueron objetados en su validez (v. fs. cit.).
A su vez, alega que la utilización retroactiva de los dispositivos indicados vulnera el principio de legalidad y los derechos al debido proceso y a la defensa en juicio (v. fs. 669 vta./670). Asimismo, la doctrina legal que esta Corte estableció en la causa L. 112.832, "G., D. H." (sent. de 2-V-2013), en la que se declaró que la fecha de la primera manifestación invalidante de la contingencia que afectó la salud del trabajador es la que debe ser considerada a los fines de definir el marco legal del caso (v. fs. 670 vta.).
En la misma línea, destaca el criterio análogo sentado por este Tribunal en los precedentes causas L. 94.119, "F., C. V." (sent. de 4-XI-2009) y L. 94.456, "Vecchi" (sent. de 2-VII-2010), y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Lucca de Hoz" (sent. de 17-VIII-2010), en cuanto declaró que la compensación económica debe determinarse conforme la ley vigente cuando ese derecho se concreta (v. fs. 671).
Añade que el art. 3 del anterior Código Civil "no consagra la retroactividad de la nueva ley sino la aplicación inmediata aún a las consecuencias de las relaciones o situaciones existentes, o sea que la nueva norma rige para los hechos que están in fieri o en curso de desarrollo, y no para las consecuencias de los hechos pasados que quedan sujetos a la ley anterior" (fs. cit.).
Desde esa perspectiva, concluye que el nuevo ordenamiento jurídico dispuesto por el decreto 1.694/09 y la ley 26.773 no tiene efectos retroactivos y por ende no se aplica al presente caso, toda vez que el infortunio se consolidó antes de su entrada en vigencia (v. fs. 672).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Merece favorable recepción el agravio que trae la interesada contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto cuantificó la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en el decreto 1.694/09 y en la ley 26.773.
III.1.a. Cabe liminarmente señalar, que si bien se efectúan en ciertos pasajes del recurso algunos señalamientos al respecto, ninguna crítica idónea trae la impugnante tendiente a evidenciar eventualmente, rebatiendo los argumentos brindados en el fallo, la ausencia en el caso de las condiciones para que el tribunal de grado desplegara oficiosamente el control de constitucionalidad, por lo que no cabe expedirse sobre este concreto aspecto del fallo.
III.1.b. Ahora bien, ingresando a la sustancia de la decisión, considero que merece ser revocada.
Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1.087; 301:1.062; 302:457 y 1.149; 303:1.708; 324:920 y 335:2.333; e.o.).
Puede observarse que bajo la aparente contradicción con ciertos preceptos de la Constitución nacional, la solución a la que arribó el sentenciante al marginar del caso a los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773, reposa en verdad en un argumento que, lejos de sustentarse adecuadamente en una regla de rango constitucional, pretende encontrar fundamento en una pauta general prevista en la legislación civil (la de la aplicación inmediata de la nueva norma; arts. 3, Cód. Civ. y 7, Cód. Civ. y Com.). Aunque ello se hace, reemplazando las normas especiales que contiene el régimen de infortunios laborales.
La reflexión plasmada en el pronunciamiento atacado no evidencia una falta de razonabilidad en el criterio escogido en las normas cuestionadas para determinar la entrada en vigencia de las disposiciones pertinentes teniendo en consideración la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante.
Tampoco la genérica alusión al "principio de progresividad" (art. 26, CADH), justifica la decisión adoptada; máxime cuando ningún argumento porta el fallo tendiente a demostrar la configuración en el caso de una situación de "total desamparo" relativa al damnificado que aconsejase aplicar una solución acorde con apoyo en el citado principio (causa CSJN "Arcuri Rojas Elsa c/ ANSeS", sent. de 3-XI-2009).
Lo resuelto por el tribunal de grado no se ajusta a aquellas directrices de este Tribunal que señalan que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal sólo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004).
Para más, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como este Tribunal se han expedido sobre la temática que gira en orden al ámbito temporal de aplicación del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773, debiéndose destacar que en dichas oportunidades ningún reproche constitucional mereció la pauta que recepta el art. 17 apartado 5 de la ley citada, cuya aplicación llevó a los mencionados tribunales a una solución que contrasta con la adoptada en la sentencia impugnada
Luego, debe ser dejada sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia.
III.1.c. Sentado lo anterior, el pronunciamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta, a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1.649 y 1.761; 308: 1.087; 310:670 y 2.246; 311:870 y 1.810; 312:555 y 89; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
Siendo ello así, habré de seguir -en esencia- el criterio expuesto por mi colega doctor Genoud en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), en la cual analizó la temática que aquí se ventila.
III.1.c.i. La ley 26.773 ("Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", B.O., 26-X-2012), dispone en su art. 17 apartado 5: "Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
Es indudable que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de las disposiciones pertinentes, la reforma de la ley 26.773 ha mantenido el criterio adoptado por las normas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, 410/01 y 1.694/09), relativo a que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito). Lo señalado no es un dato menor, en tanto en el caso, el a quo también consideró que debían emplearse las pautas indemnizatorias previstas en el decreto 1.694/09, arribando a una definición que, en fin, contrasta con la que emerge de la doctrina sentada -entre otras- en la causa L. 116.622, "B., V." (sent. de 15-IV-2015). Entonces, también deben reputarse aplicables al referido cuerpo legal, en principio, -y salvo que la nueva legislación haya establecido alguna excepción puntual a dicha regla- los criterios interpretativos mediante los cuales esta Suprema Corte ha zanjado los debates relativos a la aplicación en el tiempo de sus antecesoras (los citados decs. 1.278/00 y 1.694/09).
III.1.c.ii. Definido lo anterior, cabe analizar si el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, en cuanto regula el mecanismo de "ajuste" de las prestaciones por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, consagra una excepción a la aludida regla general establecida en el art. 17 apartado 5 del mismo texto legal, resultando eventualmente incluso a las contingencias acaecidas con anterioridad a su sanción.
El referido art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 prescribe: "Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1.694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010".
A su vez, a los fines de contextualizar el mecanismo al que hace referencia el citado art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 es indispensable tener presente el art. 8 del mismo cuerpo legal, en cuanto dispone que: "Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".
Más allá de las deficiencias que podrían endilgarse a la técnica legislativa utilizada por la ley 26.773 para regular estos aspectos, en mi opinión la interpretación sistemática de los preceptos legales aludidos lleva a concluir que el art. 17 apartado 6 del referido texto normativo no establece una excepción a la regla general establecida en su art. 17 apartado 5.
En primer lugar, esa supuesta excepción no fue plasmada expresamente en el texto de la ley.
Ese dato (que surge de la simple lectura de la norma) puede ser corroborado si se repara en la circunstancia de que, cuando la nueva normativa quiso excepcionar aquella regla general, lo hizo de manera expresa y categórica. Así, al disponer en el art. 17 apartado 7 que: "Las disposiciones atinentes al importe y actualización de las prestaciones adicionales por Gran Invalidez entrarán en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente, con independencia de la fecha de determinación de esa condición", la ley 26.773 ha excepcionado expresamente -sólo para el caso de las prestaciones por gran invalidez, hipótesis ajena al caso de autos- la regla general relativa a que las mejoras prestacionales y los mecanismos de actualización contemplados en la nueva legislación solo se aplican a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se haya producido con posterioridad a su publicación, disponiendo (exclusivamente para ese tipo de incapacidades) la aplicación inmediata de la reforma incluso a contingencias ocurridas con anterioridad a su sanción.
En ese contexto, y en tanto no corresponde suponer imprevisión o inconsecuencia en la tarea legislativa (causa B. 63.568, "García", sent. de 10-VIII-2011; e.o.), no cabe sino concluir en que, para todos los supuestos no excepcionados expresamente, rige sin ambages la regla general establecida en el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773.
Por otra parte, como ya fue anticipado, la disposición del art. 17 apartado 6 -en cuanto establece que las prestaciones dinerarias " se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010"- no puede interpretarse aislada de la norma del art. 8 del mismo cuerpo legal, que es la que dispone -plasmando una de las innovaciones principales de la ley 26.773 sobre el sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo- que las mentadas prestaciones dinerarias por incapacidad permanente se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del referido índice, a cuyos efectos la Secretaría de Seguridad Social "dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".
De la interpretación conjunta del sistema de normas en juego, se desprende que la ley 26.773 establece que el monto de las prestaciones por incapacidad correspondientes a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia (art. 17 apdo. 5) deben actualizarse semestralmente mediante el índice RIPTE (art. 8), precisando que, para cuantificar inicialmente (esto es, hasta que se implemente definitivamente el mecanismo de ajuste periódico de frecuencia semestral que la ley ordena realizar a la Secretaría de Seguridad Social) esa actualización, debe tomarse en cuenta la evolución del módulo escogido (RIPTE) desde el mes de enero de 2010 en adelante (art. 17 apdo. 6).
Como se observa, ninguna aplicación retroactiva o inmediata de las modificaciones legislativas incorporadas por la reforma surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del caso de las prestaciones por gran invalidez (art.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.