Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122795
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnular de oficio el pronunciamiento de fs. 57/63, remitiéndose los autos al tribunal de origen, para que, debidamente integrado, se pronuncie conforme corresponda (art. 168, Const. prov.).
MONTAÑO EZEQUIEL MANUEL DAMIAN C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE IN-ITINERE.
La Plata, 24 de abril de 2019.
El señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 con asiento en la ciudad de Lanús, en el marco de un juicio iniciado por Ezequiel Manuel Damian Montaño contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en concepto de indemnización por accidente in itinere , rechazó los planteos de inconstitucionalidad efectuados por la parte actora respecto de la ley 27.348, art. 1 de la ley 14.997 y decreto 54/17, y estableció la falta de aptitud jurisdiccional directa del tribunal para entender en las presentes actuaciones. Asimismo, declaró abstracto pronunciarse sobre la validez constitucional de los restantes preceptos de la ley 27.348, por no existir agravio o lesión que en esa instancia, lo justifique (v. fs. 57/63).
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 65/81 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 83/84.
III. Arribada la causa a esta instancia, considero que corresponde disponer de oficio la anulación del pronunciamiento atacado. Ello, en tanto dable es señalar que de la simple lectura del mismo se observa que los magistrados integrantes del tribunal colegiado decidieron plantear y votar una única cuestión, respecto de la cual se pronunció la señora jueza doctora Peliza, que inauguró la votación. Sin embargo, no existe voto o adhesión expresa de los magistrados destinados a sufragar en segundo y tercer término, doctores Valcarce y Monastero, advirtiéndose, asimismo, que un cuarto magistrado (doctor Miguel Angel Osso), quien no integraba en la especie el tribunal de grado, según la composición indicada en el encabezamiento del Acuerdo, es quien aparece adhiriendo al voto de la doctora Peliza (v. fs. 57/63).
Esta anomalía configura una violación a lo preceptuado por el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que requiere el juicio individual de cada uno de los jueces intervinientes, desde que las decisiones deberán adoptarse por mayoría de opiniones expuestas en los votos de los tres integrantes del tribunal del trabajo (art. 44 incs. "d", "e" y "f", ley 11.653), ya que la coincidencia o discrepancia de los magistrados en los tribunales colegiados del fuero laboral no pueden establecerse por vía de implicancia (causas L. 74.704, "Pérez", sent. de 19-III-2003, y L. 89.252, "Cintora", sent. de 15-II-2006; entre otras en igual sentido).
En el caso, entonces, el a quo incumplió con la exigencia contenida en la norma constitucional citada, omisión que no puede ser subsanada por la sola circunstancia de que rubricaran con sus respectivas firmas el acuerdo, atento a que la exigencia constitucional se encuentra directamente dirigida a los jueces, obligación que no resulta delegable en ningún otro funcionario (causas L. 50.971, "Areco", sent. de 21-XII-1993; L. 64.392, "Salvatore Care", sent. de 1-VII-1997; L. 82.773, "Potenza", sent. de 22-X-2008, y L. 97.987, "López", sent. de 16-XII-2009; e.o.).
Asimismo, cabe señalar que en nada obsta a la decisión que propongo el hecho de que no se haya deducido contra el pronunciamiento de grado el recurso extraordinario de nulidad, pues -como reiteradamente lo ha declarado este Tribunal- procede la anulación de oficio del fallo recurrido por vía extraordinaria aunque no medie denuncia de infracción a las normas de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia, pues nada exime a la Suprema Corte de la responsabilidad que le incumbe por la estricta observancia de las formas instituidas en procura de la mejor administración de justicia (causas L. 75.109, "Torres", sent. de 7-V-2002, y L. 79.354, "Valenzano", sent. de 1-IV-2004; entre muchas otras).
IV. Finalmente, convencido que la nulidad que conllevan este tipo de infracciones no resulta gratuita para los litigantes, me veo en la obligación de requerir a los miembros del tribunal del trabajo interviniente extremo celo en el cumplimiento de los requisitos formales constitucional y legalmente exigibles a los pronunciamientos y decisiones que emita el tribunal.
Por lo expuesto, corresponde anular de oficio el pronunciamiento de fs. 57/63.
Los autos deben volver al tribunal de origen para que, integrado con jueces hábiles, dicte el pronunciamiento que corresponda.
El señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto de mi distinguido colega el doctor de Lázzari.
Y sólo habré de aclarar que a igual solución he arribado en otras oportunidades sobre la base de un semejante desarrollo argumental que, en su versión completa, fue plasmado en mis votos de las causas L. 78.296, "Giacobbo", sent. de 6-XI-2002; L. 74.704, "Pérez", sent. de 19-III-2003; y L. 82.773, "Potenza", sent. de 22-X-2008; entre otras.
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos, adhieren al voto del señor Juez doctor de Lázzari.
Por ello, el Tribunal
Anular de oficio el pronunciamiento de fs. 57/63, remitiéndose los autos al tribunal de origen, para que, debidamente integrado, se pronuncie conforme corresponda (art. 168, Const. prov.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia