Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 120699
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe se declara la nulidad de todo lo actuado a partir de fs. 3.715/3.717. En consecuencia, los autos deberán volver a la instancia de origen para que, debidamente integrada, dicte un nuevo pronunciamiento.
Costas por su orden, en virtud de los motivos que llevan a la anulación (art. 68, 2da. parte, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, de Lázzari, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 120.699, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Pehuajó. Concurso preventivo".
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, en el marco del concurso preventivo del Sindicato de Trabajadores Municipales de Pehuajó, modificó el fallo del juez de origen quien -a su turno- hiciera lugar a la solicitud impetrada por los señores Antonio y Raúl Eduardo Gagliano respecto de la readecuación de los créditos novados en el acuerdo homologado (v. fs. 3.764/3.767 vta. y fs. 3.796/3.800).
Se interpuso, por el concursado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 3.802/3.807).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde declarar de oficio la nulidad de las actuaciones a partir de fs. 3.715/3.717?
En caso negativo,
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Pehuajó -a través de su representante legal- solicitó la declaración de su concurso preventivo, en atención al estado de cesación de pagos en el que se encontraba (v. fs. 221/226 vta.).
Constatados prima facie los requisitos materiales y formales exigidos por la ley, el magistrado a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen hizo lugar al pedido (v. fs. 227/230).
Posteriormente, una vez transitada la etapa informativa del proceso, el deudor obtuvo la conformidad necesaria y logró homologar el acuerdo presentado (v. fs. 2.454/2.455).
I.2. Durante el período de cumplimiento de dicho concordato, se presentaron los acreedores Credifa S.A., Mercedes Arive y Natalia Domato y solicitaron la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia a sus créditos convenidos en dólares estadounidenses, en virtud de las consideraciones que allí expusieron (v. fs. 2.832/2.834 vta. y fs. 3.024 y vta.).
I.3. A su turno, el judicante de grado acogió el pedido, ordenándole al Síndico interviniente que procediera a reliquidar tales créditos, aplicándole las leyes de emergencia económica desde la fecha en que se hayan efectuado los reclamos en adelante (v. fs. 3.199/3.200 vta.).
I.4. La cuestión vinculada con la aplicabilidad de la ley 25.561 motivó la interposición de un recurso de apelación por parte de los señores Raúl y Alberto Gagliano (v. fs. 3.204 y vta.), el que fue receptado por la Cámara en lo Civil y Comercial Departamental (v. fs. 3.715/3.717). En tal sentido, se dispuso que la liquidación ordenada tenía que practicarse tomando la fecha en la cual el crédito se había tornado exigible y, además, que los pagos efectuados hasta ese momento tenían que ser catalogados como a cuenta (v. fs. cit.).
II. Practicadas las liquidaciones por los acreedores (v. fs. 3.723/3.724 y fs. 3.234/3.235 vta.), se suscitaron sendas impugnaciones por parte del deudor (v. fs. 3.731 y fs. 3.742/vta.).
Ante tal situación, el juez de origen resolvió que el concursado debía cumplir el pago de cada cuota concordataria abonando la suma que resulte de transformar a pesos el capital reclamado en moneda extranjera, a razón de un peso por dólar estadounidense, con más el 50% de la brecha que exista entre un peso y la cotización de la mencionada divisa en el mercado libre de cambio, tipo vendedor, del día que corresponda efectuar el pago, salvo que la aplicación del C.E.R. arroje un resultado superior, con más el 7,5 % anual de intereses entre moratorios y punitorios desde la fecha en que se produjo la mora y hasta la del efectivo pago (v. fs. 3.764/3.767 vta.).
III. Esta solución fue motivo de apelación por parte de los señores Raúl y Alberto Gagliano y del concursado (v. fs. 3.770 y fs. 3.771), siendo receptado parcialmente el primero y rechazado el segundo (v. fs. 3.796/3.800).
En esta dirección, el a quo dispuso que los acreedores deberían practicar una nueva liquidación conforme lo indica el decreto 214/02 en lo pertinente y el art. 11 de la ley 25.561, convirtiendo la deuda en divisa extranjera a razón de un dólar un peso, más el C.E.R., con más una tasa de interés que debe tematizarse, sustanciarse y decidirse en primera instancia, debiendo imputarse a cada uno de los pagos hechos por la concursada en las oportunidades en que fueron realizados como pagos a cuenta (v. fs. 3.799).
IV. Frente a ello, el señor Arturo Leandro Oriani, en representación del concursado, interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que denuncia infracción a la ley 23.551 -modificada por la ley 26.681- y a los arts. 16 y 18 de la Constitución nacional (v. fs. 3.802/3.807).
V. Luego de la reseña efectuada advierto que el interrogante que abre el acuerdo merece una respuesta afirmativa.
V.1. Las presentes actuaciones se iniciaron por ante los tribunales ordinarios del Departamento Judicial de Tranque Lauquen (v. fs. 1) y fue designado para intervenir el Juzgado en lo Civil y Comercial n° 2.
En un primer momento, el magistrado a cargo de dicho órgano resultó ser el doctor Toribio Enrique Sosa quien, entre otros trámites procesales, dispuso la apertura del concurso, dictó sentencia verificatoria y homologó el acuerdo preventivo (v. fs. 227/230, fs. 2.394/2.399 y fs. 2.454/2.455).
En una segunda etapa, intervino la doctora Silvia Ethel Scelzo quien, entre sus resoluciones más destacables, admitió acreencias en el pasivo concursal, aprobó proyectos de distribución, ordenó libranzas de pago y recibió los escritos de solicitud de aplicación del coeficiente de estabilización de referencia (v. fs. 2.507, 2.746, 2.755, 2.775, 2.781, 2.832 y 3.024 vta.).
Posteriormente, quien se hizo cargo de dicho organismo -más allá de las subrogaciones que fueron suscitándose- fue el doctor Gustavo Néstor Bertola y, finalmente, el doctor Sebastián Alejandro Martiarena, actual juez del trámite.
V.2. El proceso desarrollado hasta aquí presenta anomalías.
V.2.a. A la hora de resolver el recurso de apelación interpuesto por los señores Raúl y Alberto Gagliano (v. fs. 3.204 y vta.) contra la decisión que estimara la aplicación de las normas de emergencia (v. fs. 3.199/3.200 vta., emitida por el doctor Bertola), intervino la Cámara de Apelación en el fuero departamental, integrada por los doctores Toribio Enrique Sosa, Carlos Alberto Lettieri y la doctora Silvia Ethel Scelzo (v. fs. 3.714).
En tal pronunciamiento, que dispuso que las liquidaciones a practicarse debían hacerse tomando el momento en el cual crédito se había tornado exigible y, además, que los pagos efectuados hasta esa circunstancia tenían que ser catalogados como pagos a cuenta, tuvo como primer votante al doctor Lettieri y contó con las adhesiones de la doctora Scelzo y el doctor Sosa, en segundo y tercer orden, respectivamente (v. fs. 3.715/3.717).
V.2.b. Una vez que se practicaron las liquidaciones por parte de los acreedores, el magistrado de origen (v.gr. doctor Martiarena) resolvió hacer lugar a ellas, fijando el modo en el cual debía ser calculado el C.E.R. y añadida la tasa de interés (v. fs. 3.764/3.767 vta.). Recurrida que fuera tal decisión, el a quo , con idéntica integración, la modificó (v. fs. 3.795).
Mediante el sufragio de la doctora Scelzo, en primer término, y las adhesiones de los doctores Lettieri y Sosa, en segundo y tercer lugar, dispuso que se debía practicar una nueva liquidación de conformidad con lo regulado por el decreto 214/02 y la ley 25.561, agregándose una tasa que debería tematizarse, sustanciarse y decidirse en primera instancia, debiendo imputarse cada uno de los pagos realizados por la concursada en las oportunidades en que fueron hechos, como pago a cuenta (v. fs. cit.).
V.2.c. De lo expuesto, surge evidente la doble actuación en el trámite concursal por parte del doctor Sosa y la doctora Scelzo, interviniendo en estas actuaciones como jueces de primera instancia y, luego, como jueces de Cámara.
El Código Procesal Civil y Comercial provincial establece el deber del juez de apartarse espontáneamente del conocimiento del asunto cuando se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación establecidas en el art. 17 del Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo, le brinda la posibilidad –o, mejor dicho, la facultad- de hacerlo "cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza" (conf. art. 30, Cód. cit.).
Dichas causales son taxativas y de interpretación restringida, teniendo en cuenta que su aplicación provoca el desplazamiento de la legal y normal competencia de los jueces y la consecuente alteración del principio constitucional del juez natural (conf. art. 18, Const. nac.).
Respecto del derecho de abstención, la ley adopta una fórmula flexible que, remitiendo fundamentalmente a las motivaciones subjetivas del juez, tiende a respetar toda incertidumbre considerable que éste manifieste en orden a una posible sospecha sobre la objetividad de su actuación.
Este Tribunal ha dicho que la figura de prejuzgamiento, vinculada al art. 17 inc. 7 del Código ritual, el cual dispone la posibilidad de apartamiento cuando el juez haya sido "defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado", nace en aquellos supuestos en que el magistrado, en el mismo proceso, ha anticipado o dejado traslucir su opinión sobre el fondo de la causa u otro aspecto que sólo corresponde decidir en la sentencia definitiva (conf. causas Ac. 67.705, "Ticona Valdivia", resol. de 2-IX-1997; C. 102.687, "Scorpino", sent. de 3-XI-2010 y L. 106.493, "Florentín González", sent. de 22-VIII-2012).
Asimismo, corresponde agregar que la norma involucrada comprende las diversas actuaciones en las que el judicante emite una opinión acerca de la temática central y que no configuran necesariamente la sentencia de mérito, es decir, la que termina condenando o absolviendo al demandado.
La idea del prejuzgamiento consiste en haber juzgado antes -prejuzgar-, haber dado un parecer, antes o después del litigio (v. Eduardo J. Couture; Estudios de Derecho Procesal Civil , Tomo III, Ediar S.A., Buenos Aires, 1950, pág.163).
En base a dichas consideraciones, se advierte que en la especie se encuentran vulnerados deberes a cargo de los magistrados involucrados y ello no corresponde que se convalide, en tanto se encuentran afectadas diversas garantías constitucionales que hacen al debido proceso (arts. 18 y concs., la Const. nac. y 15 y concs. de su par local).
El impedimento señalado, concebido como una situación personal de los jueces para que se abstuvieran de administrar justicia, en estricto apego a la garantía de la imparcialidad, indispensable para toda la sociedad y las partes, tuvo su origen a partir de fs. 3.715/3.717, momento en el cual los magistrados volvieron a emitir su opinión en segunda instancia, cuando ya habían sido magistrados de la primera.
En consecuencia, la falta de apartamiento oportuno torna -inexorablemente- la inhabilidad de las decisiones de fs. 3.715/3.717 y fs. 3.796/3.800.
VI. Por lo expuesto, deberá declararse la nulidad de todo lo actuado a partir de fs. 3.715/3.717. Los autos deberán volver a la Cámara de origen para que, integrada como corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento.
En cuanto a las costas, éstas deberán ser impuestas por su orden, en virtud de los motivos que llevan a la anulación (art. 68, segunda parte, CPCC).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Soria y de Lázzari y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
En razón de la forma en que se ha resuelto la primera cuestión, no corresponde abordar esta segunda.
Los señores Jueces doctores Soria y de Lázzari y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron en igual sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se se declara la nulidad de todo lo actuado a partir de fs. 3.715/3.717. En consecuencia, los autos deberán volver a la instancia de origen para que, debidamente integrada, dicte un nuevo pronunciamiento.
Costas por su orden, en virtud de los motivos que llevan a la anulación (art. 68, 2da. parte, CPCC).
Notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
CARLOS E. CAMPS
Secretario
Fin de la sentencia