Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 120769
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria , de Lázzari , Genoud , Negri , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 120.769, "Banco Platense S.A. contra Curi, Carlos Alberto y otros. Acción de responsabilidad".
La Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto hizo lugar a las acciones de responsabilidad -concursal y societaria- incoadas por la sindicatura falencial del Banco Platense S.A. contra Carlos Alberto Curi, Mario Paissan, Juan Baudino, José Armando Raed y Curi Hnos. S.A., hoy su continuadora Construcciones del Estero S.A. (v. fs. 4.603/4.710 y fs. 5.299/5.332). Por el contrario, revocó la decisión de origen elevando el monto de la condena y extendió parcialmente esta última respecto del coaccionado José Luis Alardi por los créditos y cargos efectivizados con posterioridad a la fecha en que el nombrado procedió a integrar la Comisión de créditos.
Se interpusieron, por la firma Construcciones del Estero S.A. y el señor José Luis Alardi, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 5.358/5.391 vta. y fs. 5.392/5.391).
Oído el señor representante del Ministerio Público, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad de fs. 5.368 vta./5.375 vta.?
En caso negativo:
2. ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de fs. 5.362 vta./5.368 vta.?
En su caso:
3. ¿Lo es el de fs. 5.382/5.391?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata modificó el fallo de origen que, a su turno, hiciera lugar a las acciones de responsabilidad -concursal y societaria- incoadas por la sindicatura falencial del Banco Platense S.A. contra Carlos Alberto Curi, Mario Paissan, Juan Baudino y José Armando Raed, Curi Hnos. S.A., hoy su continuadora Construcciones del Estero S.A. De otra parte, elevó la condena de estos últimos y la extendió parcialmente respecto del codemandado José Luis Alardi (v. fs. 4.603/4.710 y fs. 5.299/5.332).
II. Tal forma de decidir motivó la articulación del recurso extraordinario de nulidad de fs. 5.368 vta./5.375 vta. de la firma Construcciones del Estero S.A., en cuyo marco alega la omisión de cuestiones esenciales y falta de fundamentación legal (v. fs. 5.368 vta./5.375 vta.).
III. En concordancia con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 5.452 y vta., estimo que el recurso no puede prosperar.
III.1. En su pieza recursiva, el impugnante denuncia la vulneración de los arts. 168 y 171 de la Constitución local.
Concretamente aduce que yerra el tribunal de grado al decir que arribó firme a esa instancia lo decidido respecto de los créditos otorgados a Lornell S.A. y a Luis Carlos Castagno, tópico que fue controvertido por su parte. De otra parte, tacha de nulo el pronunciamiento por no haber identificado el supuesto previsto en el art. 54 de la Ley de Sociedades por el cual dicta la condena a su respecto, cuestión esencial que dice preterida y que, a la par, trasluce la falta de debida fundamentación legal.
III.2. Las quejas ensayadas en tales términos no son de recibo. Veamos.
Conforme reiterada doctrina de esta Corte, la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que provoca la nulidad de la sentencia no es aquélla en que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con nulidad el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de respuesta a una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del juzgador y no la forma en que ésta fue resuelta (conf. doctr. causas C. 119.798, "Rodríguez", resol. de 10-VI-2015; C. 120.588, "Faienza", resol. de 30-III-2016; C. 121.486, "Poy", resol. de 23-V-2017; entre muchas).
Ahora bien, de la atenta lectura del fallo en crisis surge que los tópicos relacionados con la procedencia de los créditos de la firma Lomell S.A. y del señor Castagno, en orden a su irregular otorgamiento, han sido desplazados en virtud de las razones expuestas por la Cámara y que el propio recurrente refiere, esto es la falta de impugnación a su respecto (v. fs. 5.370). De otra parte, el tribunal a quo abordó expresamente lo atinente a la debatida responsabilidad de la sociedad (v. fs. 5.325/5.326 vta.).
En este contexto, los agravios expuestos que, en rigor, se relacionan con la demostración del error judicial en tal desplazamiento y la supuesta falta de indicación del tipo de responsabilidad social sentenciado (v. fs. 5.370/5.373 vta. y fs. 5.373 vta./5.375 vta.), se erigen en cuestionamientos al acierto jurídico del pronunciamiento, aspectos extraños a la vía intentada pues giran en tomo al mérito de la decisión atacada (conf. doctr. causas C. 119.851, "Fernández", resol. de 17-VI- 2015; C. 119.932, "Varela", resol. de 1-VII-2015 y C. 120.728, "Macovoz", resol. de 29-VI-2016; e. o.).
III.3. Igual suerte adversa ha de seguir la protesta por la supuesta conculcación del art. 171 de la carta magna provincial que el impugnante procura fundar en la omisión de precisar el supuesto legal contemplado en el art. 54 de la ley 19.550, en el que el Tribunal de Alzada apoyó su decisión en torno a la responsabilidad societaria (v. fs. 5.373 vta./5.375 vta.).
En efecto, la vulneración a la manda constitucional aludida sólo se produce cuando la sentencia carece de fundamentación jurídica, faltando la referencia de los preceptos legales pertinentes y más allá de la apropiada o no aplicación a las circunstancias del caso y su correspondencia con los planteos de la parte (conf. doctr. causas C. 89.527, "Negruzzi", sent. de 30-XI-2011; C. 120.618, "Wichser", resol. de 29-VI-2016; C. 121.304, "L. M., R. C.", resol. de 8-111-2017; e. v.). En el caso, tal extremo no se advierte configurado ya que el fallo expone el texto de la ley en que se apoya (v. fs. 5.325/5.326 vta.).
IV. En consecuencia, si mi opinión resulta compartida, de conformidad con lo expuesto por el Procurador General a fs. 5.452 y vta., deberá rechazarse el recurso extraordinario de nulidad. Con costas a la impugnante vencida (arts. 68 y 298, CPCC).
Voto por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria y me permito adicionar que la postura respecto del deber de motivación y fundamentación de las sentencias que sustenté en la causa Ac. 56.599, "Blanco" (sent. de 23-II-1999), ha resultado minoritaria.
En dicho precedente, en prieta síntesis, sostuve que el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires impone que las sentencias sean "fundadas en el texto expreso de la ley; y a falta de éste, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso". Este último pasaje final del texto constitucional reviste definitoria trascendencia.
Para satisfacer la exigencia de fundamentación la cláusula en examen no impone únicamente la cita del precepto. La labor no se agota allí. Según la Constitución ha de indicarse el texto expreso de la ley o de los principios aplicables "teniendo en consideración las circunstancias del caso", esto es, complementando esa cita con la referencia explícita, puntual y concreta de las particulares modalidades por las cuales esa ley o esos principios se relacionan con el caso.
En otras palabras, el propio art. 171 desalienta la mención ritual o automática de la ley, erigiendo la indicación de su cabal relación con las circunstancias de la causa en elemento igualmente esencial.
Sin embargo, la mayoría de esta Suprema Corte ha ratificado los principios que informa la doctrina según la cual la exigencia del art. 171 de la Constitución de la Provincia está dirigida a sancionar aquellas decisiones que no tienen otro fundamento que el arbitrio de los juzgadores, por lo que no se viola dicha norma si la sentencia se encuentra fundada en ley, aun cuando supuestamente no hubiese sido acertada la invocación de las normas (conf. doctr. causa C. 53.392, "Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 12-VIII-1997 y sus citas).
Vale decir que a los efectos de la procedencia del carril extraordinario de nulidad nada importa el acierto de la decisión atacada, ya que lo que interesa es que esté basada en una norma, aunque no se apoye en la pertinente, es decir, aún en la situación en que el precepto invocado nada tenga que ver con el caso juzgado.
La reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema me lleva (siempre dejando a salvo mi opinión al respecto), a adherir a lo expresado por la colega que me precede.
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud y Negri , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Como fuera adelantado, la Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata, en el marco de una acción de responsabilidad social incoada por la sindicatura falencial del Banco Platense S.A. contra la firma Construcciones del Estero S.A. como continuadora de la firma Curi S.A., modificó la solución de la instancia liminar que, oportunamente, acogiera la pretensión incoada, elevando el capital de condena por el cual debía responder (v. fs. 4.603/4.710 y fs. 5.325/5.326 vta.).
II. Frente a ello, el letrado apoderado de la accionada vencida interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que denuncia la infracción a los arts. 33 y 54 de la ley 19.550.
II.1. En primer término, expresa que el fallo atacado omitió precisar cuál de los supuestos contemplados en el art. 54 de la Ley de Sociedades sustenta la condena a su representada (v. fs. 5.362 vta./5.363). Señala, al respecto, que el primer párrafo de la norma citada indica que el deber de indemnizar sólo procede ante el daño provocado a la sociedad, mientras que la hipótesis aprehendida en su último párrafo nace por la actuación social que causa daños a terceros. Afirma que para que proceda la pretensión impetrada debe existir un uso antifuncional, esto es una utilización irregular o abusiva de la sociedad como un instrumento para el beneficio del controlante, lo que no ha sucedido en estos actuados (v. fs. 564 vta./5.365).
En aval de su crítica, esgrime diversas circunstancias fácticas que entiende han de llevar a dejar sin efecto la sentencia en crisis. Puntualmente, alega: a] que Curi Hnos. S.A. -hoy Construcciones del Estero S.A.- no es una sociedad ficticia o fraudulenta; b] que no fue constituida en abuso del derecho; c] que no fue constituida con el propósito de violar la ley; d] que no evade normas legales; y e] que tampoco -en el caso- existe gravedad institucional que permita presumir fundadamente que la calidad del sujeto del derecho fue obtenida al efecto de generar una situación abusiva o violar la ley (v. fs. 5.365).
II.2. En segundo orden, se agravia de la errónea aplicación del art. 33 de la ley societaria (v. fs. 5.366 vta./5.367) por cuanto considera que no puede extenderse a la sociedad controlante la responsabilidad de los directores por el supuesto daño provocado al otorgarse créditos aún en condiciones irregulares.
Sobre el particular, afirma que la falta de pago de un crédito, incluso irregularmente otorgado por el Directorio, no constituye un daño y no genera responsabilidad para la controlante. Que entre los miembros del órgano de administración y la controlante no hay relación de subordinación alguna que pueda generar culpa por vigilar o en la elección, siendo que nuestro derecho societario se funda en la teoría del órgano para explicar la naturaleza jurídica de la actuación de los administradores, en contraposición a la teoría del mandato (v. fs. 5.366 vta.).
Alega, además, que para soslayar la limitación de la responsabilidad social deben coexistir los presupuestos propios del régimen de responsabilidad civil -especialmente el factor de atribución y la relación de causalidad-, con más los determinados por la ley especial para la procedencia de la responsabilidad del socio previstos por el art. 54 en cuestión, entre ellos, la existencia del daño por la utilización irregular de la personalidad del ente en beneficio del accionista (v. fs. 5.368).
III. Este recurso no prospera.
III.1. Conforme surge de la reseña efectuada, la sociedad controlante inicia su ataque alegando la falta de individualización del supuesto contemplado en el art. 54 de la Ley de Sociedades que da fundamento a la condena.
La queja ensayada en tales términos no es de recibo. Como acertadamente indica el Procurador General en su dictamen, los considerandos del fallo recurrido resultan claros y dan cuenta de que la responsabilidad que el tribunal a quo juzgó configurada a su respecto es aquélla a la que alude el primer párrafo del citado art. 54 y los arts. 512 y 902 del Código Civil.
Consecuentemente, devienen inatingentes los restantes agravios planteados en derredor del supuesto previsto en el tercer párrafo del art. 54 de la Ley de Sociedades que refiere el supuesto de inoponibilidad de la personalidad jurídica, hipótesis ajena al sub examine .
III.2. Sentado lo anterior, la protesta dirigida a cuestionar las razones en las que el Tribunal de Alzada apoya la responsabilidad atribuida a la sociedad controlante, lucen insuficientes a fin de conmover el pronunciamiento.
III.2.a. A efectos de confirmar el progreso de la acción de responsabilidad social e incrementar el monto de capital de condena establecido en la instancia de origen, el Tribunal de Alzada partió del incontrovertido control interno que ejercía la firma Curi Hnos. S.A. -hoy Construcciones del Estero S.A.- sobre su par Banco Platense S.A., para luego adentrarse en el análisis de la actuación desplegada por la controlante, verificando su grado de culpabilidad y la existencia de una relación de causalidad entre tal obrar y los daños sufridos por la entidad con motivo del otorgamiento irregular de créditos (v. fs. 5.325).
A juicio del tribunal a quo , en la especie medió una falta de diligencia imputable a la controlante accionada durante la crisis económico-financiera que atravesó el Banco Platense S.A. -hoy fallido-. En este sentido, hizo especial hincapié en la posibilidad de control que tuvo la sociedad codemandada respecto de la gestión del Banco, en tanto poseía el 98% de la participación accionaria del banco fallido (v. fs. 5.325 vta.). Señaló, asimismo, que aun cuando se interpretara -como esgrimía la apelante- que su actuación solamente se materializaba mediante su intervención en las asambleas, la nombrada podría haber desaprobado los estados contables, removido a todo o parte del directorio o someterlo a un control más estricto o modificar las normas internas de la entidad, motivo por el cual los argumentos relacionados con la conformidad a la gestión de los administradores y el control que ejercía el Banco Central de la República (BCRA), debían ser descartados (v. fs. 5.325 vta./5.326). Entendió, por tanto, que el accionar desplegado en el marco de las citadas asambleas, votando siempre favorablemente a la gestión de los administradores del ente bancario controlado, evidenciaba un desapego palmario del destino de este último.
Seguidamente, sin desconocer que el accionista no puede estar al corriente de lo que pasa en el día a día de las operaciones del Banco, juzgó que ello no enerva el deber de observar siquiera un mínimo de diligencia en la consideración de la gestión que se le somete a aprobación. En ese marco, ninguna medida fue adoptada por la sociedad controlante, aun cuando los informes del BCRA y los resultados de ejercicio venían alertando acerca de la crítica situación del Banco Platense S.A. (v. fs. 5.325 vta./5.326).
Sobre tal plataforma, concluyó que los daños irrogados al Banco Platense S.A. a partir de los créditos irregularmente otorgados resultaban una consecuencia inmediata de ese obrar desaprensivo, pues de haberse extremado los recaudos que exigía la crítica situación atravesada, aquéllos no habrían acontecido (v. fs. 5.326).
III.2.b. Pues bien, la ponderación de la conducta desplegada por la codemandada controlante a partir de un detenido examen de los diversos elementos de prueba colectados en la causa, a efectos de establecer si aquélla resultaba representativa del obrar culposo contemplado en el art. 54 de la ley 19.550, constituye una facultad privativa de las instancias de grado, irrevisable ante esta Corte salvo absurdo, vicio que más allá de no haberse alegado de modo expreso, tampoco la recurrente logra evidenciar (art. 279, CPCC).
En efecto, las motivaciones que dieran apoyo a la sentencia atacada no han sido objeto de un ataque idóneo que permita advertir el desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado.
La accionada mayormente agota su discurso impugnativo en la alegada falta de explicitación del supuesto por el cual se le atribuye responsabilidad y en doctrina referida a una hipótesis diversa a la de autos -esto es, la inoponibilidad contemplada en el último párrafo del art. 54 de la Ley de Sociedades-. Por lo demás, los restantes argumentos expuestos resultan ineficaces a fin de demostrar el grave yerro valorativo del tribunal al tener por configurada la conducta imprudente desplegada por la controlante en la crisis empresaria que atravesó la entidad bancaria y que lo llevara a estimar operativa la responsabilidad contemplada en el art. 54 en su primer párrafo.
Como es sabido, no cualquier error, ni la apreciación opinable, poco convincente u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar el vicio del absurdo; es necesario, por el contrario, que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales que pongan en evidencia la irracionalidad de las conclusiones a las que se ha arribado (conf. doctr. causas C. 120.316, "Calfin", sent. de 22-VI-2016; C. 118.307, "Turismo Flecha S.R.L.", sent. de 23-V-2017), extremo que la recurrente no logra patentizar.
Lo expuesto basta para repeler el intento revisor bajo análisis y descartar las infracciones normativas expuestas a lo largo del remedio articulado (arts. 279 y 289, CPCC).
IV. Por todo ello, de conformidad con lo dictaminado por el Procurador General, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas a la vencida (arts. 68, 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari , Genoud y Negri , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. 1. En el sub lite , en cuanto interesa destacar a los fines del tratamiento del presente recurso, la sindicatura a cargo del proceso falencial del Banco Platense S.A. inició la acción de responsabilidad concursal prevista en el art. 173 de la ley 24.522 contra los administradores de la entidad señores Carlos Alberto Curi, Mario Paissan, José Luis Alardi, Benito Juan Baudino y José Armando Raed y demandó la responsabilidad societaria contra los nombrados con fundamento en el art. 274 de la ley 19.550 (v. fs. 883/960 vta.).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.